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Gremiales

Gremios del INTA lanzan batalla judicial contra decreto de Milei

Sindicatos inician medidas contra la intervención del Ejecutivo, que reduce autonomía, elimina estructuras clave y pone en riesgo miles de empleos.

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Lo que tenés que saber

  • APINTA presentará amparos judiciales y realizará tomas simbólicas en todo el país
  • El decreto elimina la autarquía del INTA y transfiere el control a Agricultura y Economía
  • Universidades y Aacrea pierden representación en el directorio del organismo
  • Se estima el cierre de 300 unidades de extensión y 1.500 puestos en riesgo
  • También buscarán respaldo legislativo para frenar la reforma en el Congreso

Reforma del INTA: sindicatos lanzan ofensiva legal y política

El decreto presidencial que modifica el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) generó una inmediata reacción gremial. La Asociación del Personal del INTA (APINTA) anticipó acciones judiciales y medidas de visibilidad pública en rechazo a los cambios impulsados por el gobierno de Javier Milei. “Vamos a trazar bien la estrategia de presentar amparos y cuántos”, afirmó Mario Romero, secretario general del sindicato.

Además, el gremio prevé tomas simbólicas en edificios del organismo y gestiones con gobernadores para obtener apoyo político en el Congreso, donde buscarán frenar la reforma tanto en Diputados como en el Senado.

Qué cambia con el decreto presidencial

El decreto firmado por el Ejecutivo transforma la estructura del INTA al convertir su Consejo Directivo en un Consejo Técnico, eliminar su autarquía y trasladar el control presupuestario al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Agricultura. Universidades y la entidad Aacrea pierden sus asientos en el directorio, y el organismo ya no podrá crear estaciones experimentales por decisión propia.

Además, el presidente del INTA pasará a tener rango de secretario de Estado y nuevas atribuciones. Desde el oficialismo aseguraron que la reforma apunta a reducir estructuras “ineficientes” y remarcaron que “la dotación del INTA supera los 6000 agentes y tiene un presupuesto anual aproximado de $229.000 millones”.

Sindicatos alertan por pérdida de autonomía y despidos masivos

“Esto que hicieron es la destrucción del INTA; vamos a ser un INTA muy chiquito, quieren un organismo de ciencia comprando los paquetes tecnológicos afuera”, denunció Romero. Advirtió además que el nuevo modelo deja de lado la diversidad regional: “proponen un INTA unitario, con una mirada particular de la pampa húmeda y de espaldas a las economías regionales”.

Romero estima que podrían cerrarse 300 unidades de extensión, venderse campos experimentales, y que 1500 trabajadores quedarían en disponibilidad. “Esperemos poder frenarlo en la Cámara de Diputados y el Senado, si no con la Justicia”, agregó el dirigente gremial.

Desde ATE también rechazaron la decisión del Ejecutivo. “Este decreto es lo que necesitaban definitivamente para implementar este plan sistemático de llevarse todo puesto”, sostuvo Julieta Boedo, delegada del gremio. Señaló además que “con el verso de la casta se quedan con todas las cajas de todos los organismos, sobre todo de los de ciencia y técnica”.

Estructura y legado del INTA, en peligro

Boedo subrayó que la autarquía del organismo “está establecida por ley desde hace 70 años” y que la reforma implica la pérdida de su capacidad de gestión y control patrimonial. “Ahora van a estar a merced de lo que disponga el Ministerio de Desregulación”, apuntó.

También destacó que el INTA logró sostenerse durante décadas gracias a una estructura de gobernanza público-privada. Bajo el nuevo esquema, ese equilibrio desaparece: el organismo quedará bajo el mando de una sola figura con autoridad ejecutiva.

Estrategia judicial y parlamentaria en marcha

El gremio confirmó que los recursos legales se presentarán ante el fuero Contencioso Administrativo Federal. Los amparos apuntarán a los fundamentos del decreto y su legalidad en términos de afectación de la autonomía institucional y del uso del presupuesto asignado por ley.

Además, la dirigencia sindical buscará sumar respaldo político en ambas cámaras del Congreso, confiando en que el rechazo a la reforma pueda extenderse más allá del ámbito judicial.

Economía 💲

Morosidad al 12,7% y 30.000 pymes cerradas: la otra cara del supuesto “éxito” económico que Milei vende al mundo

La CGT, las CTA, la UTEP y cámaras pymes tomaron las calles de Buenos Aires este jueves para reclamar contra el endeudamiento de las familias y el cierre de miles de pequeñas empresas. La movilización ocurrió el mismo día en que Javier Milei expuso en el lujoso hotel Alvear ante el Council of the Americas, mientras Luis Caputo insiste en que las deudas de los hogares son «un asunto entre privados».

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El Argentino Diario-Javier Milei en Davos.
La morosidad en créditos a familias trepó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,7% en junio de 2026, según el BCRA.

La imagen fue elocuente: mientras Javier Milei disertaba ante ejecutivos y representantes del capital internacional reunidos en el hotel Alvear para la edición 2026 del Council of the Americas, a pocas cuadras de allí la CGT, las dos CTA, la UTEP y decenas de cámaras pymes marchaban hacia el Ministerio de Economía y la Plaza de Mayo. El contraste no fue casual. Fue, en todo caso, la radiografía más precisa del país que el modelo libertario está construyendo: uno para los que tienen acceso al poder financiero y otro para los millones que acumulan deudas para pagar la luz, la nafta y la comida.

Una jornada, dos columnas y una misma crisis

Las columnas sindicales y sociales concentraron desde las 14 en Paseo Colón y Estados Unidos y en la esquina de Independencia y Paseo Colón, para converger luego frente al Palacio de Hacienda, en Hipólito Yrigoyen 250. El eje del reclamo fue el desborde del endeudamiento familiar: millones de hogares que tomaron créditos para afrontar gastos esenciales y que hoy no pueden pagar. La UTEP, conducida por Alejandro Gramajo, llamó a una «masiva movilización» y advirtió que la falta de acceso al crédito formal empuja a los sectores populares hacia el financiamiento informal. «La crisis del endeudamiento en los barrios populares no puede esperar», señalaron en el comunicado de convocatoria.

Simultáneamente, referentes de cámaras pymes se concentraron en Plaza de Mayo en el marco del Día del Empresario Nacional. La convocatoria reunió a la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), la Cámara Industrial de la Manufactura del Cuero (CIM), la Fundación Pro Tejer, la Cámara Económica Sanmartinense, PYME SUR, la Confederación General de la Producción y la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de San Martín, entre otras organizaciones. El sector estima que unas 30.000 empresas dejaron de operar desde que asumió Milei y reclama que el Congreso avance con la Ley de Emergencia PyME impulsada por ENAC, que contempla medidas específicas para sostener la actividad productiva.

Los números del BCRA: la morosidad que el Gobierno llama «privada»

El reclamo callejero tiene sustento en datos inapelables. Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la tasa de incumplimiento de los préstamos a familias trepó al 12,7% en junio de 2026, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024. En menos de dos años, la morosidad se quintuplicó. En el segmento de fintech y billeteras virtuales, la situación es aún más crítica: un informe de la Defensoría del Pueblo bonaerense ubicó la mora en torno al 33% de los deudores. El mismo informe indicó que el 56,6% de los hogares tomó algún crédito durante el último año y que, dentro de ese grupo, el 73,5% todavía mantiene deudas activas.

Esos números no son solo estadísticas. Son familias que pidieron prestado para comprar alimentos, pagar una factura de gas o costear un turno médico. Son jubiladas, trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas que hoy están atrapados en una espiral de intereses que el Estado nacional se niega a desactivar.

La respuesta del Gobierno: que lo arregle el mercado

La postura oficial frente a esta emergencia social fue coherente con la filosofía del modelo. El 2 de agosto, en una entrevista en LN+, Milei rechazó cualquier forma de asistencia estatal y preguntó: «¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No. Entonces, decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarles la cuenta a todos los demás». El ministro de Economía, Luis Caputo, definió el endeudamiento familiar como «un tema entre privados» durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba. El vocero presidencial, Adrián Ravier, descartó la implementación de un «plan platita» para los deudores en mora.

La lógica es conocida: el Estado ausente como virtud. El problema es que esa abstención no opera en el vacío, sino sobre un tejido social que acumula años de ajuste, tarifazos y pérdida de poder adquisitivo. Según datos del IIEP (UBA-CONICET), los servicios públicos acumularon subas superiores al 525% desde diciembre de 2023. El transporte subió cerca del 900%, el gas más del 700%. En ese contexto, endeudarse no fue una elección: fue la única estrategia de supervivencia disponible para millones de personas.

El Congreso, con cerca de 30 proyectos y sin dictamen

La problemática llegó al Poder Legislativo. Distintos bloques de la oposición presentaron cerca de 30 iniciativas. Entre las más relevantes, una propuesta de los diputados Diego Giuliano y Caren Teep plantea crear un Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas mediante una línea de crédito de la ANSES destinada a trabajadores, jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones y monotributistas de las categorías más bajas, con créditos de hasta $1,5 millones y cuotas que no superen el 30% del ingreso neto. Otra iniciativa propone condonar al menos el 40% de los intereses moratorios y punitorios acumulados con planes de hasta 60 meses. También se presentó la creación de un Registro Nacional de Personas y Hogares Endeudados por Gastos Esenciales (RENAPHEGE) y, en el Senado, un proyecto con quitas de intereses y financiación de largo plazo.

La Fundación Alameda y más de 40 organizaciones también lanzaron una campaña de recolección de firmas para impulsar una Ley de Emergencia Nacional por Deudas Esenciales. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas avanzó en el Congreso, donde el oficialismo mantiene capacidad de bloqueo suficiente para impedir la formación de dictámenes.

Council of the Americas: el otro país

Mientras todo esto ocurría en las calles, Javier Milei participó de la edición 2026 del Council of the Americas en el hotel Alvear, el espacio de encuentro anual entre el poder político y el capital financiero internacional. La elección del escenario no es menor: la gestión libertaria construyó su narrativa económica sobre la promesa de integración a los mercados globales y la confianza de los inversores externos. Ese relato se sostiene mientras las familias se endeudan a tasas usurarias para llegar a fin de mes y las pymes cierran por cientos cada semana. La contradicción no es un accidente: es el modelo.

Puntos clave

  • La morosidad en créditos a familias trepó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,7% en junio de 2026, según el BCRA.
  • En el segmento fintech, el 33% de los deudores está en mora, según la Defensoría del Pueblo bonaerense.
  • Las organizaciones pymes estiman que unas 30.000 empresas cerraron desde la asunción de Milei.
  • Hay cerca de 30 proyectos legislativos sobre endeudamiento familiar, ninguno con dictamen.
  • El Gobierno rechazó cualquier intervención estatal y calificó el problema como «un asunto entre privados».
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