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Reglamentan Ley de Creación del Régimen de Protección Integral del Niño y Adolescente con Cáncer

La normativa busca garantizar el acceso gratuito, adecuado y oportuno de la cobertura sanitaria, desde un enfoque de derechos y en todas las fases de estas enfermedades.

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El presidente Alberto Fernández mantuvo un encuentro hoy en la residencia de Olivos con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, autoridades y especialistas del Instituto Nacional del Cáncer y del Hospital Garrahan, en el cual se firmó la reglamentación de la Ley de Creación del Régimen de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer, que apunta a garantizar la equidad y calidad en el acceso al diagnóstico y tratamiento oportunos en todo el país.

El mandatario analizó junto a las autoridades sanitarias la implementación de los distintos aspectos que contempla la Ley de Creación del Régimen de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer (N° 27.674), aprobada por unanimidad en junio de 2022 por el Congreso de la Nación, informaron fuentes oficiales.

La normativa busca garantizar el acceso gratuito, adecuado y oportuno de la cobertura sanitaria, desde un enfoque de derechos y en todas las fases de estas enfermedades, y establece una asignación económica provista por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a los pacientes que se encuentren con tratamiento activo.

También contempla la gratuidad para viajar en el transporte público, la garantía para el acceso a la educación y a una vivienda adecuada o a la adaptación de la vivienda familiar para los pacientes en situación de vulnerabilidad social; así como la emisión de licencias laborales especiales destinadas a uno de los progenitores o a quien este cargo del acompañamiento del paciente, que estén en relación de dependencia.

En este caso, durante la licencia el trabajador y/o la trabajadora percibirá una suma igual a la remuneración bruta que le hubiese correspondido percibir.

Para tal fin, la iniciativa establece la obligatoriedad de inscripción en el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA), dependiente del Instituto Nacional del Cáncer, de los pacientes de hasta 18 años de edad inclusive, tanto de instituciones públicas y privadas, así como la creación de un Centro Coordinador que dependerá del Ministerio de Salud y funcionará en el ámbito del Hospital Garrahan.

Vizzotti destacó la decisión política del Presidente de priorizar la salud y aseguró que la Ley de Oncopediatría es muy importante «porque no solamente cubre el tratamiento de niñas y niños con cáncer, sino que además contempla un abordaje integral para toda su familia».

En ese sentido, señaló que la normativa incluye el acompañamiento a las familias con fondos desde Anses, licencias laborales que pueden intercalar madre y padre durante el tratamiento de la niña o el niño, y desde Desarrollo Social se garantizará el acceso a una vivienda adecuada o la adaptación de la vivienda familiar.

La ministra resaltó también el trabajo en conjunto con todas las áreas del Gobierno, el Instituto Nacional del Cáncer, el Hospital Garrahan y distintas organizaciones civiles. «Tenemos un Estado presente que salva vidas e invierte en salud para disminuir brechas con los que menos tienen. Vamos a seguir trabajando con una mirada de ampliación de derechos para tener más y mejor salud, más accesible, más equitativa y por supuesto de calidad», concluyó.

Participaron de la audiencia la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado; por parte del Instituto Nacional del Cáncer, la directora nacional, María Verónica Pesce; el consejero ejecutivo Marcelo José Scopinaro, la directora de sistemas de Información y Gestión del Conocimiento, Susana Blanco, la coordinadora del Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer y Directora del ROHA, Florencia Moreno, y por parte del Hospital Garrahan, Patricia Rubio Longo, Walter Cacciavillano, Fabián Lubieniecki y Patricia García Arrigoni.

Fake News

Pensiones “truchas” y videos falsos: la ofensiva de LLA contra la discapacidad

Santiago Caputo afirmó sin pruebas que el 60% de las pensiones por invalidez son falsas, la diputada Gabriela Flores acusó de mentir a quienes marchan el 15 de octubre y un sitio libertario reflotó un video ya desmentido. Todo mientras se discute la prórroga de la Emergencia y el Presupuesto 2027.

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El Argentino Diario-Discapacidad.
Estigmatizar para ajustar: el libreto oficial contra la discapacidad en plena discusión del Presupuesto 2027.

“Aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez son truchas”. La frase, sin un solo dato que la respalde, la escribió el asesor presidencial Santiago Caputo en su cuenta de X, y el presidente Javier Milei la reposteó, como es su costumbre. Fue la primera piedra de una nueva oleada de estigmatización contra las personas con discapacidad, lanzada justo cuando el Congreso discute cuántos recursos tendrá el sector en el Presupuesto 2027 y si se prorroga la Ley de Emergencia.

Caputo repitió además un argumento que el oficialismo ya había ensayado en tiempos de Manuel Adorni como vocero: «Tenemos más pensiones por invalidez que un país que haya sufrido una guerra». Después llegaron la diputada libertaria salteña Gabriela Flores, con acusaciones directas contra las familias que convocan a movilizarse, y el portal militante La Derecha Diario, que volvió a difundir un video que había sido desmentido el año pasado.

Cuatro titulares y una sola consigna

La ofensiva discursiva coincide con un nuevo cambio de mando en el área. El Gobierno designó a Diego Masaragian, hasta ahora administrador nacional de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), como cuarto responsable de discapacidad desde el inicio de la gestión libertaria. Reemplaza a Pablo Di Liscia, quien había asumido tras la salida de Alejandro Vilches, a su vez sucesor de Diego Spagnuolo, desplazado en medio del escándalo de corrupción en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Al anunciar el nombramiento, el Ministerio de Salud fijó como prioridad profundizar los controles y las auditorías. En paralelo, el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, que prevé un reempadronamiento total de los titulares en un plazo de 90 días. La rotación de funcionarios cambia los nombres, pero la orientación sigue intacta: sospechar primero de los beneficiarios y ajustar después.

El Foro Permanente Discapacidad, que nuclea a organizaciones del sector, salió al cruce de los dichos de Caputo: «Exigimos que presente la documentación y las pruebas que las respalden». Y advirtió: «Las declaraciones que estigmatizan a las personas con discapacidad generan dudas y desvían el foco de lo urgente: garantizar los derechos, los apoyos y las prestaciones que necesitan quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad».

«Hemos recibido solo palos de este gobierno»

Flores apuntó contra quienes convocan a la marcha de este 15 de octubre. «Mentir es de cobardes. Y esto va para todo ese colectivo de actrices y defensores de personas con discapacidad que están llamando a una marcha el 15 de octubre. Te están mintiendo», afirmó la legisladora de La Libertad Avanza, que sostiene que el dictamen impulsado por su bloque supera a la Ley de Emergencia vigente.

La respuesta llegó de la actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo y una de las referentas más visibles de la lucha del sector. Le reclamó que, antes de acusar, explique por qué votó a favor de derogar la Ley de Emergencia, y cuestionó que el dictamen libertario sea superador. Según Bassi, ese texto «se hizo a espaldas de las personas con discapacidad y muchas instituciones, transportistas, familiares y personas con discapacidad están llamando a los aliados para reunirse, indicándoles que hay puntos que sí o sí tienen que incorporarse a ese nuevo dictamen para que podamos salir de la emergencia».

«No está bueno, diputada, que ataquen a las personas y sus familiares justo cuando en teoría se está haciendo una ley para garantizar sus derechos (…) Estamos colapsados. Necesitamos que se nos escuche. Hemos recibido solo palos de este gobierno», le dijo Bassi a Flores.

El trasfondo es la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso en 2025 pese a la resistencia del Ejecutivo, que la vetó y debió aceptar que ambas cámaras insistieran con la norma. La emergencia rige hasta el 31 de diciembre de 2026 y puede prorrogarse un año más, una decisión que hoy está en disputa en el Parlamento.

El video desmentido que volvió a circular

La Derecha Diario se sumó a la ofensiva con un video de un hombre que sale con muletas de hacer un trámite y luego camina con normalidad, al que acusó de simular una discapacidad para cobrar una pensión. La versión ya había sido desmentida: la organización de verificación Chequeado retomó la constatación de Ruido, integrante de la Red Federal de Periodismo e Innovación, según la cual las imágenes fueron filmadas en la sucursal del Banco Nación de Río Tercero, en Córdoba.

El hombre es José, un jubilado de 67 años con enfermedad de Parkinson, según aseguró su hija, Verónica Navarro, quien además presentó el Certificado Único de Discapacidad (CUD) de su padre. El Parkinson explica que por momentos camine con dificultad y por momentos no; la difamación, en cambio, no tiene explicación médica. La reaparición del video ocurre mientras los pacientes con esa enfermedad expresan preocupación por la continuidad del acceso a su medicación.

Un método repetido

La estrategia no es nueva. Cuando todavía era vocero presidencial, Adorni mostró una radiografía de un perro para acusar a una persona de haber cobrado una pensión con documentación falsa, aunque ese beneficio nunca se otorgó a nadie con esa radiografía. Adorni llegó luego a la Jefatura de Gabinete, cargo al que renunció en junio de este año en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

El patrón se repite: frente a cada discusión presupuestaria, el oficialismo instala la sospecha generalizada sobre un colectivo vulnerable para justificar recortes que, de otro modo, serían políticamente indefendibles. Mientras tanto, la única corrupción comprobada en el área sigue siendo la que estalló dentro del propio Gobierno.

Lo que tenés que saber:

  • Santiago Caputo afirmó en X que «aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez son truchas», sin presentar pruebas; Milei reposteó el mensaje.
  • El Foro Permanente Discapacidad le exigió que presente la documentación que respalde esa cifra.
  • La diputada Gabriela Flores acusó de mentir a quienes convocan a la marcha del 15 de octubre; Valentina Bassi le respondió que el sector recibió «solo palos de este gobierno».
  • La Derecha Diario reflotó un video desmentido: el hombre señalado es un jubilado de 67 años con Parkinson y tiene CUD.
  • Diego Masaragian es el cuarto responsable del área de discapacidad en la gestión de Milei.
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