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«El Senado ejerció su legítima función de legislar la nueva conformación de la Corte»

En una serie de posteos por la red social Twitter, el ministro de Justicia y Derechos Humanos recordó que, al asumir la gestión de Gobierno, Mauricio Macri había designado por decreto a dos integrantes del Máximo Tribunal.

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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, afirmó que el Senado, que el jueves dio media sanción a la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, ejerció su “legítima función de legislar sobre la nueva conformación» del máximo tribunal , en una publicación por redes sociales en la cual cuestionó la cobertura mediática que la noticia tuvo por parte de los diarios Clarín y La Nación.

En una serie de posteos por la red social Twitter, el funcionario recordó que, al asumir la gestión de Gobierno, Mauricio Macri había designado por decreto a dos integrantes del Máximo Tribunal.

“2015: Macri y su prófugo en Uruguay designan a 2 jueces de la Corte por decreto, violando la Constitución”, indicó Soria.

Tras diferenciar por contraposición lo ocurrido el jueves en el Senado cuando, de acuerdo con los mecanismos previstos en la Constitución Nacional, el cuerpo dio media sanción por mayoría de votos a un proyecto que propone ampliar la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Soria compartió las portadas de los diarios La Nación y Clarín tanto de ese momento -la designación por decreto de dos ministros de la Corte, en 2015- como las publicadas este viernes, sobre el proyecto de ley aprobado en la Cámara alta.

“¿Adiviná cuál es una «embestida contra los jueces» para los socios del lawfare?”, resaltó el ministro.

El Senado de la Nación aprobó y giró la noche del jueves a la Cámara de Diputados un proyecto de ley impulsado por el oficialismo, que amplía de cinco a quince el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en tanto que establece además criterios para la paridad de género.

Tras un debate de ocho horas, la iniciativa obtuvo 36 votos a favor y 33 rechazos de la oposición, en tanto hubo tres ausencias.

Para Parrilli, la ampliación «dará respuesta a la deslegitimación de la Justicia»

El senador neuquino Oscar Parrilli (Frente de Todos) consideró este viernes que con la ampliación de la Corte «se dará respuesta a la deslegitimación de la Justicia» y además cuestionó al máximo tribunal tras asegurar que «está manejado por (Héctor) Magnetto», director del Grupo Clarín, lo que «garantiza impunidad» para el expresidente Mauricio Macri.

«Creemos que con la ampliación de los miembros de la Corte vamos a dar respuesta a este problema inmediato que tenemos de una Corte deslegitimada», señaló Parrilli en declaraciones a FM La Patria.

En ese sentido, precisó: «Además vamos a poder darle protagonismo a una Corte más federal, representativa, plural, democrática y sobre todo una Corte Suprema que no mantenga de rehén al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo».

«La ampliación de la Corte es por varios motivos. En primer lugar, porque cinco miembros parece un numero ilógico por la cantidad e importancia de las causas», apuntó.

En una crítica al máximo tribunal, el legislador neuquino sostuvo que «hoy los miembros son parte de una Corte que ha convalidado todas las intromisiones y las barbaridades que hizo el macrismo con la Justicia».

«Es una Corte que está absolutamente deslegitimada, e incluso tiene problemas de funcionamiento entre ellos. Es un tribunal que le garantiza la impunidad a Macri porque está manejada por el expresidente y por Magnetto. Algunos dirigentes del PRO que van a los programas de los canales de televisión afines y los castigan a los legisladores de la oposición si hacen algún acuerdo con el Gobierno para dar una mejor Justicia», remarcó.

En ese sentido, concluyó que «todas las leyes que tengan que ver con mejorar el funcionamiento de la Justicia en la Argentina, ellos se oponen».

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Argentina

Jujuy: Morales instaló una «empresa de espionaje ilegal»

Así lo denunció la Comisión Nacional de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos.

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El-Argentino-Gerardo Morales

La Comisión Nacional de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos denunció hoy el funcionamiento de «una empresa de espionaje ilegal» en Jujuy, con participación de la justicia en el «armado de causas con hipótesis delictivas» y con infiltraciones de la policía en las organizaciones sociales, lo cual «están vulnerando las garantías y derechos constitucionales de la democracia».

En tal sentido, presentaron una denuncia penal en la fiscalía federal de Jujuy contra el ministro de Seguridad de la provincia, Luis Alberto Martín; el jefe de Policía, Héctor Herbas Mejía; el titular de la Agencia Provincial de Delitos Complejos de la Policía provincial, Marcelo Rodríguez; el fiscal del Ministerio Público de la Acusación Diego Funes y del juez de Control en lo penal y Delitos contra la Administración Pública de Jujuy Rodolfo Fernández «por la presunta comisión de delitos de acción pública, por hechos violatorios de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional».

«La primera acción de esta empresa de espionaje fue infiltrar, ese es el primer hecho que denunciamos, la infiltración (en marchas y movilizaciones). Acá se persiguen a todos los opositores, no hay nadie en particular, se los persigue a todos», dijo a la prensa la directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti, en la CTA de Jujuy.

«Cometida la infiltración, el fiscal Funes solicita allanamientos, que también constan en la denuncia, y con eso va construyendo hipótesis delictivas de las que el juez de control toma intervención tres meses después», precisó.

Detalló que «se violaron dos leyes federales, por eso la competencia es federal y no pueden desestimarla», dado que «se realizaron tareas de espionaje ilegal sin denuncias previas que vinculen la comisión de una actividad criminal».

«Estas tareas de espionaje ilegal según los hechos y las pruebas que constan en esta denuncia fueron encomendadas a la Agencia de Delitos Complejos provincial», apuntó.

Consideró que «es importante que la población entienda cómo funciona esta estructura judicial policial que estamos denunciando; definitivamente una empresa de espionaje ilegal». Añadió que obedece a «una estrategia» del Gobierno para «el aniquilamiento del que piensa diferente, donde (el gobernador Gerardo) Morales debe ser también el garante de que se cumpla la Constitución Nacional en la provincia, con los debidos procesos, tratados internacionales, así como en todas las jurisdicciones del país».

Carpinetti indicó que toda esta estructura «constituyó una empresa de espionaje ilegal» y la fiscalía «debe investigar los hechos, abrir a prueba e iniciar con las testimoniales».

La denuncia se realizó en el marco de la cuarta visita de la Comisión en Defensa de los Derechos Humanos a Jujuy con participación de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia.

Durante su permanencia en Jujuy para hacer un relevamiento sobre vulneración de derechos, la Comisión visitó Tilcara y San Pedro de Jujuy y advirtió la presencia de un policía que los estaba espiando mientras tomaban las denuncias, dijeron.

«En San Pedro recepcionamos muchísimas denuncias de pequeños productores muy preocupados porque les están iniciando causas, algunos ya imputados, debido a que tienen una orden de desalojo de la tierra que ocupan para la agricultura familiar», relató la abogada del Ministerio de Justicia de la Nación Daniela Verón, integrante de la Comisión.

«Sufrimos un acto de espionaje ilegal, infiltración, en particular lo puedo comentar porque lo sufrimos, era un oficial de policía vestido de civil que también es ayudante de un fiscal», afirmó y dijo que «tras advertirle se retiró».

El referente del Movimiento Evita de Jujuy José Zurita indicó que la práctica del espionaje la «observan continuamente» a través de «la Brigada de Investigaciones de la Policía de Jujuy que va a las casas de los compañeros y compañeras y le pregunta a los vecinos si los conoce, qué hacen, de qué vive y trabaja».

También esto ocurre, dijo, en los comedores y merenderos donde hay niños y adultos mayores.

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