Judiciales ⚖️
A 7 años de la detención de Milagro Sala: denuncian persecución de Morales
La líder de la Tupac Amaru considera que mantenerla presa «le sirve» a Morales en época de campaña electoral, más aún cuando hoy está lanzado a la carrera presidencial por la UCR.
La dirigente social Milagro Sala cumple siete años detenida en Jujuy por liderar un acampe y su situación procesal se agravó desde entonces con la acumulación de causas y condenas, y mientras continúa bajo arresto domiciliario recibe muestras de apoyo y solidaridad por parte de organizaciones y personalidades que denuncian el «accionar persecutorio» que padece por parte del Gobierno provincial que encabeza el radical Gerardo Morales.
Aquel 16 de enero de 2016, el reclamo en la plaza central de Jujuy, copada por más de 20 organizaciones sociales, para exigir respuestas al mandatario jujeño sobre el funcionamiento de las cooperativas de trabajo derivó en la detención de Sala por «instigación a cometer ilícitos y tumultos», hecho que se investigó y fue elevado a juicio oral en 2019.
La prisión para Sala significó un devenir de causas judiciales que se instruyeron a nivel local: algunas llegaron a juicio oral, donde fue condenada; otras están pendientes de resolución y, en algunas, fue sobreseída.
Además de la causa por el acampe, se debatirá en un juicio oral el expediente conocido como «Megacausa», en el que también están involucrados exfuncionarios incluyendo al exgobernador Eduardo Fellner y varios exjefes comunales por fraude en la construcción de viviendas.
Además, la Justicia jujeña dispuso la elevación a juicio de la causa por los incidentes del 8 de marzo de 2021 en el barrio Campo Verde de San Salvador, y en la que Sala está acusada de ser la instigadora.
De este modo, con una causa tras otra que el Ministerio Público de la Acusación ha venido impulsando tras su conformación, con Morales gobernador, la dirigente ha permanecido con prisión preventiva.
Al comienzo estuvo en la cárcel de Mujeres de Alto Comedero (cuatro días después de la detención por el acampe), y desde el 2017 cumple su condena con arresto domiciliario luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictara una sentencia en tal sentido y que fuera ordenada por la Corte Suprema de Justicia.
La inquietud de Sala en los últimos años, según ella misma manifestó, tiene que ver con que su situación judicial «ha empeorado» porque tiene «más causas que las que tenía en 2019», y además porque hay otras por las que estarán yendo a juicio ella y otras personas por delitos de fraude o lavado de dinero.
Lejos de ver con optimismo que algo pueda cambiar en su situación procesal, cuando en su espalda tiene un «sistema judicial persecutorio», la líder de la Tupac Amaru considera que mantenerla presa «le sirve» a Morales en época de campaña electoral, más aún cuando hoy está lanzado a la carrera presidencial por la UCR.
Señaló más de una vez que, si en un juicio no recibe sentencia, «Morales hace lo que sea» para que después le dicten una «sí o sí», como pasó en el «Juicio de las bombachas» donde había resultado absuelta pero después le dieron dos años de prisión tras haber estado sentada «cinco días en el banquillo».
Más allá de las acusaciones en su contra, Sala asume la realidad con la seguridad de haber hecho las cosas «bien» mientras estuvo al frente de la red de organizaciones sociales: haber podido llevar adelante numerosas obras significó crear fuentes laborales para muchos jujeños en distintas localidades de la provincia.
«Las obras no son inventadas», expresó en varias ocasiones.
De ese modo se refirió hace poco al conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia que mantuvo firme su condena a 13 años de prisión por asociación ilícita en la causa «Pibes Villeros», que según afirmó estuvo «plagada de irregularidades».
Las obras de la Tupac Amaru
Las diversas obras puestas en marcha y terminadas por la Tupac Amaru implicaron además que muchos jujeños pudieran contar con casa propia, colegios secundarios, centros de salud y otros tantos espacios con fotografías que dan cuenta de las obras realizadas en la provincia.
Son más de más de 10 mil viviendas las construidas en Jujuy con fondos nacionales y que se concretaron «con menos plata» que la que recibían las empresas de construcción para realizar los mismos trabajos, advirtió.
Pero ello fue «dejado de lado» por la Corte Suprema que «evitó tratar la cuestión de fondo y se negó» a verificar si los proyectos de la organización social se habían realizado.
En Jujuy se levantó la consigna de «Libertad de todos los presos políticos de la provincia», al crearse el Comité por la Libertad de Milagro Sala el 7 de julio de 2016, y en el que confluyeron numerosas instituciones, entidades sociales, políticas, académicas, profesionales y de Derechos Humanos para expresar su apoyo y solidaridad permanente -también a nivel internacional- a la dirigente social.
Si bien Sala, por el momento, no volverá a una cárcel común, como había pedido el propio Morales tras la decisión de la Corte por la condena contra la dirigente social en la causa «Pibes Villeros», la organización reclama que se resguarden las condiciones de su arresto domiciliario, mínimamente, y dejar a un lado el propósito del mandatario provincial.
Se pronunció en tal sentido el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) respecto a que esa resolución «no modifica la obligación del Estado de proteger su salud física y psíquica», y advirtió que cualquier regresión «significa una profundización del hostigamiento contra ella» ante el pedido de los fiscales para que pase a cumplir pena en cárcel común.
El traslado de Sala a prisión domiciliaria fue ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante su delicado estado de salud.
Sala estuvo internada el año pasado por un proceso que tiene que ver por una trombosis venosa profunda.
Investigación 🔎
Curro con alas: sobreprecios y falta de controles en la compra de aviones de la Fuerza Aérea
Una investigación expuso un patrón de contrataciones cuestionadas en la adquisición de aviones Embraer, Boeing y Saab que se habría repetido desde 2021, con plazos inusualmente cortos, precios inflados y mecanismos de pago que dificultan la trazabilidad de los fondos públicos.
Irregularidades en la Fuerza Aérea: sobreprecios y licitaciones sospechosas en la compra de aeronaves
★ Una investigación periodística reveló presuntas irregularidades en la compra de aeronaves realizada por la Fuerza Aérea Argentina (FAA) durante los últimos años, con epicentro en la adquisición de un avión Embraer ERJ-140LR concretada en 2025. Según DataClave, la operación habría sido direccionada desde el inicio, concretada con sobreprecios, plazos inusualmente cortos y condiciones que especialistas del sector aeronáutico calificaron de irregulares.
La licitación exprés
El proceso licitatorio se inició el 30 de mayo de 2025, identificado bajo el expediente EX-2025-47131427-APN-DAM#FAA, y quedó adjudicado en menos de dos meses, un plazo que los propios reglamentos de contrataciones públicas consideran insuficiente para operaciones de esta envergadura. La convocatoria, publicada a través del portal COMPREX de la FAA, establecía como fecha límite de presentación de ofertas el 13 de junio de 2025, lo que implica apenas dos semanas de ventana para que los potenciales oferentes presentaran propuestas en una licitación internacional.
Entre las principales irregularidades detectadas figura que el requerimiento técnico fue impulsado por un ingeniero sin funciones operativas vinculadas al transporte aéreo, mientras que las especificaciones del pliego habrían sido redactadas de manera tal que solo determinados modelos pudieran calificar para presentarse. El resultado fue previsible: la adjudicación recayó sobre la firma estadounidense Regional One Inc., que resultó la única oferente calificada según los criterios establecidos.
El precio y el avión pintado de antemano
La aeronave fue adquirida por USD 4.085.000, según surge de la resolución de adjudicación de la licitación pública Nº 40/03-002-LPU25, a pesar de que al menos otra empresa, identificada como Alpha, cuyos representantes impugnaron el proceso, había ofertado un avión de características similares a menor valor. El pedido de impugnación firmado por Guillermo Galván, responsable de Alpha, fue presentado ante el Comité de Evaluación de la FAA el 9 de julio de 2025 y, según fuentes consultadas por este medio, fue descartado sin respuesta sustancial.
Uno de los elementos más llamativos del caso es que el avión adjudicado ya se encontraba pintado con los colores y el esquema institucional de la Fuerza Aérea Argentina antes de concretarse formalmente la compra. Según la denuncia, la aeronave habría sido acondicionada desde 2023, lo que alimentó las sospechas de que la operación estaba definida mucho antes de que se publicara cualquier convocatoria. De hecho, la propia licitación exigía la entrega «llave en mano» con pintura institucional ya aplicada, una cláusula inusual que encajaba a la perfección con el estado en que se encontraba el avión de Regional One Inc.
Un informe técnico posterior a la adquisición detectó, además, múltiples deficiencias en la unidad comprada: signos de desgaste excesivo, posibles fugas y faltantes de equipamiento esencial. Las observaciones técnicas contradijeron el dictamen de conformidad operativa que habilitó la operación.
Los nombres de la cadena de mando
La investigación de DataClave, publicada en diciembre de 2025, identificó a los responsables institucionales de la operación: el brigadier general Xavier Isaac, entonces jefe de la Fuerza Aérea, y el brigadier mayor Fernando Mengo, quien se desempeñaba como comandante de Adiestramiento y Alistamiento al momento de concretarse la compra. El medio señaló también que el ex ministro de Defensa Luis Petri podría verse alcanzado por las irregularidades, dado que las adquisiciones se realizaron durante su gestión al frente de la cartera.
Otro dato que encendió las alarmas: los registros de la licitación en el portal oficial comprex.faa.mil.ar, donde debería figurar toda la documentación del proceso, ya no están disponibles públicamente. La Fuerza Aérea parece haber dado de baja los antecedentes de la compra, lo que profundiza las sospechas sobre la transparencia del procedimiento.
Cuentas escrow y trazabilidad opaca
La investigación también apuntó al mecanismo de pago utilizado: la operación se habría canalizado a través de cuentas «escrow», un instrumento legal en el comercio internacional pero que dificulta la trazabilidad de los fondos y reduce la transparencia de las operaciones con dinero público. La utilización de este esquema en compras estatales plantea interrogantes sobre el circuito de autorización presupuestaria, ya que, no se conoce ninguna Decisión Administrativa del jefe de Gabinete que aprobara la partida correspondiente, pese a que el monto total para las dos aeronaves adquiridas en el período ascendió a USD 6.856.200, una cifra que excede la competencia de autorización del jefe de la institución.
Un patrón que se repite desde 2021
El caso del Embraer ERJ-140LR no sería un episodio aislado. Según las denuncias, irregularidades similares se habrían verificado en otras adquisiciones de material aéreo realizadas desde 2021, incluyendo aeronaves de las marcas Boeing, Saab y Embraer, todas con presuntas inconsistencias en precios y procedimientos. El patrón descripto, que combina pliegos a medida, plazos acotados, adjudicatarios predeterminados y mecanismos de pago opacos, configura lo que la denuncia interna de la propia Fuerza Aérea caracterizó como «defraudación contra la Administración Pública mediante el direccionamiento de licitaciones».
Esa investigación interna fue archivada. Según fuentes militares consultadas por este medio que pidieron reserva de identidad, el expediente «corrió por los pasillos del Edificio Cóndor» hasta llegar a las puertas del Ministerio de Defensa, donde fue igualmente descartado.
Puntos clave
- La Fuerza Aérea Argentina adquirió un avión Embraer ERJ-140LR por USD 4.085.000 a través de una licitación que se adjudicó en menos de dos meses, con un pliego que habría favorecido a la firma Regional One Inc. desde el inicio.
- El avión ya estaba pintado con colores institucionales de la FAA antes de concretarse formalmente la compra, lo que sugiere una definición previa al proceso licitatorio.
- Una empresa competidora (Alpha) impugnó el proceso en julio de 2025; la impugnación fue desestimada sin respuesta sustancial.
- Los registros del proceso licitatorio fueron eliminados del portal oficial comprex.faa.mil.ar.
- El patrón de irregularidades se habría repetido en compras de aeronaves Boeing, Saab y Embraer desde 2021; una investigación interna de la propia institución fue archivada.
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