El Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) emitió un comunicado en el que denuncia una campaña de agresiones constantes como parte de un ataque coordinado en redes sociales contra los movimientos feministas y de derechos humanos, se nos atribuye una posición falsa sobre el homicidio de Lucio Dupuy. Medios de comunicación, periodistas y legisladores replican la mentira.

“Atravesamos una campaña de agresiones coordinadas contra el CELS que lleva cuatro días sin detenerse. Se nos atribuye, a la organización y a Paula Litvachky en su rol de directora, una posición que nunca escribimos, ya que nunca emitimos ninguna opinión sobre el juicio por el homicidio del niño Lucio Dupuy“, sostienen a través de un comunicado. 

“Desde el CELS una abogada llamada Paula Litvachky, propone dejar libre a la madre lesbiana de Lucio porque no tuvo la oportunidad de abortarlo y por eso tuvo el derecho a asesinarlo”, sentencia un troll. “Más hijaputez imposible”, agrega. Nunca jamás existió tal afirmación de parte de la titular del centro cuyo referente fue Horacio Verbitsky. El tuit se encaminaba a las 800 mil impresiones. Estaba acompañado por una foto de la dirigente y una captura del programa “La Cruel Verdad” de A24.

La militante antiderechos y legisladora santafesina, Amalia Granata, es una de las que se subió a la mentira y pese a las aclaraciones no la borró. “Como no lo asesinó desde el vientre le corresponde matarlo en vida”, dijo la rosarina con el pañuelo celeste en la muñeca.

“El programa ‘“’La Cruel Verdad’ del canal América 24 nos atribuyó una opinión sobre el homicidio de Lucio Dupuy que no tuvimos: utilizaron una serie de notas publicadas en LatFem.org, el 29 de enero de 2021, sin ninguna conexión con el tema, en la que distintas referentes, especialistas en justicia y feminismos, responden la pregunta ‘¿De qué hablamos cuando decimos reforma judicial transfeminista?’“, escribió el CELS en el comunicado.

El CELS aclaró que en esa publicación, Paula Litvachky, dijo lo siguiente:

“La pregunta por la reforma judicial feminista tiene varias capas de respuesta. Creo que lo primero es salir de una mirada meramente institucionalista de la idea de reforma. No se trata únicamente de dos o tres ajustes al sistema actual, ni de lograr que más mujeres ocupen lugares judiciales. Esto puede ser importante pero no conduce necesariamente a un cambio de lógica de respuesta judicial. La pregunta es fundamentalmente política. Estos cambios vendrán también del reclamo que se consiga organizar con otres colectivos que demandan también cambios profundos. Demandas sociales, por un lado, y nuevas formas de defenderse y demandar judicialmente por consideración y reconocimiento. El activismo judicial feminista interseccional (por ponerle un nombre) ha venido haciendo un surco que muestra cuán lejos está el sistema judicial de dar una respuesta reparadora de las injusticias y cuán presentes están los prejuicios, el clasismo, el racismo y el machismo en las formas jurídicas, en las interpretaciones que hacen de estas categorías, en los tiempos de la burocracia judicial, en la formas de escucha y en las decisiones de política judicial. El sistema judicial procesa conflictos, reclamos, disputas de distribución y reconocimiento. Las reformas judiciales que se necesitan (en plural) tienen que estar orientadas a trabajar sobre este diagnóstico. Reformas procesales, planes de acceso a la justicia, cambios en la integración de la estructura judicial, repensar las respuestas para encontrar formas de reparación que no profundicen las desigualdades. Y, por último, la pregunta sobre la representación. Les fiscales, por ejemplo, representan los intereses de la sociedad. ¿Pero qué intereses y qué sociedad? Las discusiones sobre el ministerio público, sobre el acceso a la justicia y las defensas públicas debieran estar atravesadas también por discusiones sobre esta representación, sobre cómo visibilizar a quienes reclaman e intentan visibilizar formas particulares de violencia, desigualad o discriminación.”

Otra organización, entre una serie de propuestas para una reforma judicial transfeminista, incluyó que se revisaran “los procesos judiciales donde se han condenado mujeres cis, personas trans, lesbianas, no binaries acusadas de homicidio agravado por el vínculo sin haber tomado en cuenta el atenuante de no haber podido acceder en tiempo y forma al IVE (Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo).” Esta propuesta se refería a personas que habían abortado y que habían sido condenadas por homicidio.

“La muerte de Lucio Dupuy nos entristece y muestra que se necesitan políticas activas de protección de la niñez. No dudamos que estuvo desprotegido y que necesitó una presencia estatal que no tuvo“, sentencia el CELS

El viernes 27 de enero: el diario La Nación en sus ediciones en papel y digital se sumó a esta campaña con la editorial “La violencia no tiene género”, afirmando que el CELS pedía la absolución de las acusadas de matar al niño Lucio Dupuy. “Eso es una mentira que podrían haber chequeado fácilmente”, concluyen.

“La viralización de los discursos en nuestra contra provocó que recibamos muestras de solidaridad y también genuinas consultas acerca de si es cierto lo que se difunde sobre el CELS“, cierra el comunicado.

El conductor del programa de A24 desmintió la publicación al día siguiente.