Por Lois Pérez Leira

La historia argentina de los años setenta está marcada por la violencia, la represión y el dolor. Dentro de ese oscuro capítulo, el accionar terrorista de la organización parapolicial conocida como la Alianza Anticomunista Argentina, más temida como la Triple A, ocupa un lugar central. Sin embargo, aún hoy, décadas después, la máxima responsable política de ese aparato de exterminio goza de una impunidad que resulta inadmisible: Isabel Martínez de Perón.

Isabel Martínez no era solo la presidenta constitucional de la Nación; era la jefa del Estado y, como tal, la responsable última de las fuerzas de seguridad y de sus ministros.

Su relación política y personal con José López Rega, su confidente, su “brujo” y su ministro de Bienestar Social, no es un detalle menor, sino la clave para entender cómo funcionó la maquinaria criminal de la Triple A.

López Rega fue el arquitecto de la organización, pero operó con la venia, la pasividad o la complicidad activa de la entonces presidenta. Fue bajo su gobierno que la Triple A persiguió, amenazó y asesinó a centenares de militantes, intelectuales, artistas, religiosos y dirigentes sindicales.

Uno de sus principales ejecutores, el ex comisario Alberto Almirón, fue parte de la estructura operativa y directamente responsable de varios crímenes emblemáticos, entre ellos, el asesinato del Padre Carlos Mugica, un sacerdote comprometido con los pobres y las villas de emergencia, cuya prédica molesta le costó la vida.

Pero Mugica no fue la única víctima. La Triple A dejó un reguero de sangre que alcanzó a personalidades fundamentales para la vida cultural y política del país. Fueron asesinados el reconocido abogado y defensor de presos políticos Rodolfo Ortega Peña; el destacado intelectual y legislador Silvio Frondizi, hermano del ex presidente Arturo Frondizi; el profesor y decano Guillermo Dowling; el sacerdote Jorge Vernazza; el dirigente sindical Julio Troxler, sobreviviente de los fusilamientos de José León Suárez; y el escritor y militante peronista Marcelo Kurlat, entre muchos otros.

Julio Troxler, antes de ser asesinado en 1974, había advertido en una entrevista premonitoria:
«La represión no es un hecho aislado ni espontáneo. Hay un aparato armado que actúa desde el Estado y que está decidido a eliminar a cualquiera que piense diferente. Quieren aniquilar al adversario político. Y lo están haciendo con total impunidad.«

Sus palabras resuenan hoy con una fuerza dolorosa porque describieron con exactitud el modus operandi de la Triple A: listas negras, amenazas, persecuciones y asesinatos selectivos.

El tiempo y el exilio no borran las responsabilidades. Almirón fue hallado años después en Valencia, España, donde fue detenido a instancias del Movimiento Argentinos en el Exterior, organización que luchó por la memoria y la justicia desde fuera del país. Su arresto reabrió la causa de la Triple A en la Argentina, obligando a Isabel Martínez —por entonces residente en Madrid— a declarar, aunque por unas breves horas y sin mayores consecuencias.

Tuve la oportunidad de viajar desde España a Buenos Aires para declarar como testigo ante el juez Oyanarte cuando la reapertura de la causa comenzó a echar luz sobre estos crímenes que precedieron al genocidio perpetrado por la última dictadura militar. Porque eso fue la Triple A: el prólogo del terrorismo de Estado más sistemático y brutal que conoció la Argentina.

Almirón murió en prisión, cumpliendo condena, pero los niveles superiores de responsabilidad política nunca enfrentaron un verdadero proceso judicial. La figura de Isabel Martínez de Perón sigue intacta, protegida por una red de olvido y desinterés, viviendo con comodidad en las afueras de Madrid.

Esto no solo es una deuda con la historia, es una deuda con las víctimas y con el derecho internacional: los crímenes de la Triple A son delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, y sus responsables, incluidos los políticos, deben ser juzgados.

La sociedad argentina no puede aceptar que la cabeza política de una organización terrorista que sembró el terror, que elaboró listas negras y que eliminó físicamente a quienes consideraba enemigos, continúe impune.

Es hora de que la justicia actúe con la firmeza que este capítulo merece. Isabel Martínez debe ser llamada a responder por su rol en uno de los períodos más siniestros de nuestra historia. La impunidad no puede ser el cierre de esta página; debe ser la justicia. La Argentina con el gobierno de Milei y la Ministra Patricia Bulrich pueden repetir esta historia siniestra de la argentina.

Las opiniones expresadas en la presente nota de opinión y/o análisis son las de los autores. No pretenden reflejar las opiniones de El Argentino Diario o de sus integrantes. Las denominaciones empleadas en la misma y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de El Argentino Diario juicio alguno sobre la información y/o datos y/o valoraciones aquí expuestas.