Por Hugo Yasky*

Ahora que el caso de Bélgica volvió a poner el tema en el tapete, ¿es una locura discutir la reducción de la jornada laboral en Argentina? ¿Se trata de un debate sólo permitido a los países desarrollados? ¿Sería descabellado discutirlo en nuestro país, con un mapa laboral partido entre trabajadores con convenio e informales y una desocupación que afecta particularmente a jóvenes y mujeres?

Cuando presenté un proyecto para reducir de 48 a 40 horas semanales de la jornada legal en Argentina que rige de 1919, Guillermo, un obrero metalúrgico bonaerense, me escribió para contarme que trabajaba 9 horas y viajaba 3 entre su casa y la fábrica y que los sentía como una especie de “esclavitud”. Al final me decía: “Creo igual que todo el empresariado va a poner trabas para que esto no suceda ya que ellos no ponen el cuerpo (…) pero quisiera tener un poco de esperanza aún”. No le erraba al vizcachazo Guillermo con su mezcla de escepticismo y esperanza. El discurso dominante pretende convencernos de que no podemos ni pensar que la incorporación de tecnología deba ser aprovechada para beneficio de toda la comunidad. Es la misma cantinela de los que hace 150 años abominaban de las 8 horas diarias y el descanso dominical.

Sin embargo, las revoluciones tecnológicas aplicadas a la producción hicieron que el tiempo de trabajo sea cuatro veces más productivo que hace un siglo. Es decir, con dos horas de trabajo se produce lo mismo que antes con ocho. ¿Por qué debemos conformarnos a que los avances científicos sean sólo un recurso para elevar los márgenes de ganancias? ¿Por qué no buscar una ecuación armónica acorde a los nuevos tiempos entre innovación tecnológica, productividad, margen de utilidad empresaria y derecho a una vida mejor de quienes trabajan?

Reducir la jornada sin pérdida de salario permite, además de repartir más equitativamente el empleo, una mejor distribución de las tareas de cuidado, una vida menos agobiante y, al mismo tiempo, reducción de la combustión, del gasto de energía, de la circulación en las grandes urbes. Y demostró una mejora en la productividad, reducción del ausentismo y los accidentes laborales.

Lo fundamental es no vincular la reducción de la jornada a la pérdida de ningún derecho laboral, bajo la excusa, largamente desmentida por la realidad, de que la desregulación generaría más empleo. La inversión productiva no va donde hay menos regulaciones sino donde hay más crecimiento económico. Y eso depende de que haya asalariados con ingresos suficientes para robustecer el consumo interno.

*Hugo Yasky es diputado nacional y secretario general de la CTA de los Trabajadores