DDHH
La seguridad insegura: Los niños no son un peligro, están en peligro
La Cámara de Diputados no logra avanzar en el pedido de Juicio político al presidente y los funcionarios de su gobierno.
Por Adolfo Pérez Esquivel
La Cámara de Diputados convocó a representantes de los organismos de Derechos Humanos para tratar la situación de los diputados y diputadas que fueron a la prisión a visitar a los genocidas, condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar.
Después de los testimonios de los organismos de DDHH, los legisladores comenzaron el debate para la formación de una Comisión Investigadora para determinar la responsabilidad de los diputados/as que visitaron a los represores.
Durante la reunión varios diputados y diputadas abandonaron momentáneamente su lugar y bajaron a la calle preocupados por la fuerte represión policial contra los jubilados, a quienes les habían arrojado gas pimienta y golpeado.
Los días miércoles, se reúnen frente al Congreso Nacional para reclamar sus derechos a una jubilación justa y una vida digna, hoy denigrada , no les alcanza más que 10 ó 15 días y denuncian el veto a la reforma jubilatoria efectuado por el presidente Milei. La respuesta fue la represión y no el diálogo.
Milei dice hasta el cansancio- “No hay plata…no hay plata…carajo…” los hechos lo contradicen, en los seis meses de gobierno aumentaron los efectivos de las fuerzas de seguridad, y fuerzas armadas, comprando aviones, tanques y armas, tanquetas, motocicletas, vallas, imponiendo el miedo y el control social, detenciones contra las protestas y contra los reclamos a la política que somete al pueblo al hambre y la pobreza, aumentando los despidos y cierre de fuentes de trabajo como las Pymes, medianas y pequeñas empresas, generando mayor inseguridad social.
El Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich impone su protocolo y “orden” a la población y “satura la ciudad de policías y reprime a los jubilados y movimientos sociales.”
El gobierno de Milei abandona la responsabilidad del Estado y reniega del mismo, abandona la protección a la niñez, vulnerando sus derechos , como la educación y la salud pública, busca bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Los niños no son un peligro, están en peligro.
La inseguridad y abusos del poder es sacar las reservas de oro del país y llevados a Londres con total impunidad generando más inseguridad a la población. Está desmembrando el país y busca privatizar las empresas del Estado y recursos naturales, el poder judicial esta paralizado y actúa con miedo a las represalias o en complicidad con el gobierno. Actitud semejante a varios gobernadores provinciales.
La Cámara de Diputados no logra avanzar en el pedido de Juicio político al presidente y los funcionarios de su gobierno.
El pueblo tiene reservas y valores éticos, la cultura de la resistencia se puso de manifiesto en situaciones de crisis que vivió el país. Tenemos la esperanza de encontrar caminos de recuperar las banderas de los Derechos Humanos y de la libertad en una democracia participativa.
DDHH
«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump
Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.
Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump
El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.
El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse
Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.
La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.
El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».
Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»
El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.
La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.
El caso argentino que expuso la crisis humanitaria
Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.
La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.
El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.
La lógica del miedo y sus límites
El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.
Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.
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