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Análisis

La crueldad como política: bajar la edad de imputabilidad es abandono de Estado

El marketing del miedo de Bullrich y Milei.

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El Argentino Diario-Adolescentes miran celular.

La carta abierta del juez de menores Rodrigo Morabito al presidente Javier Milei, en pleno debate por la baja de la edad de imputabilidad, no es solo una advertencia jurídica. Es un llamado ético y político frente a una agenda que vuelve a cargar el peso del fracaso estatal sobre los más vulnerables: niños, niñas y adolescentes.

“El derecho penal no repara lo que el Estado no supo cuidar a tiempo”, escribió Morabito desde su experiencia cotidiana en el fuero penal juvenil. No habló desde una torre académica ni desde la comodidad del punitivismo televisivo, sino desde el contacto directo con adolescentes atravesados por el abandono estructural, la violencia familiar, la expulsión escolar, el consumo problemático y la pobreza extrema.

Punitivismo tardío, Estado ausente

La baja de la edad de imputabilidad reaparece, como siempre, en contextos de crisis social y ajuste económico. No es casual. Cuando el Estado se retira de la educación, la salud, la protección social y las políticas de cuidado, reaparece con su rostro más brutal: el castigo.

El problema es que el castigo llega tarde.

Llega cuando el daño ya está hecho.

Llega cuando el Estado falló en absolutamente todo lo anterior.

Morabito lo dice con crudeza: los tribunales reciben a chicos y chicas “rotos”, no porque hayan nacido violentos, sino porque fueron violentados primero. Bajar la edad de imputabilidad no evita ese recorrido: lo consolida.

No es seguridad, es marketing del miedo

El argumento oficial se repite como un mantra: “hay que dar respuestas”. Pero se trata de respuestas falsas, diseñadas para el aplauso fácil y el rating, no para reducir la violencia ni proteger a las víctimas.

La evidencia empírica es contundente en Argentina y en el mundo:

bajar la edad de punibilidad no reduce el delito, no previene la reincidencia, no protege a las víctimas, y sí aumenta la criminalización de la pobreza.

La cárcel temprana no construye ciudadanía: produce trayectorias penales cada vez más largas y más violentas. El encierro, lejos de reparar, profundiza el daño.

Una matriz que siempre castiga a los mismos

El proyecto de bajar la edad de imputabilidad no es un hecho aislado. Forma parte de una matriz anti derechos coherente y sostenida del gobierno de Milei, que tiene un patrón claro: ajustar, recortar y castigar siempre a los mismos sectores.

Jubilados empujados a la miseria en nombre del “equilibrio fiscal”. Mujeres y diversidades atacadas por políticas negacionistas y discursos de odio. Niños y adolescentes tratados como amenazas, no como sujetos de derechos.

No hay proyectos para fortalecer el sistema de protección integral, para garantizar escuelas que contengan, equipos interdisciplinarios, salud mental comunitaria, políticas de inclusión real. Lo que hay es una obsesión punitiva que convierte el fracaso del Estado en culpa individual.

Castigar antes en lugar de cuidar a tiempo

La respuesta no está en castigar más temprano. La respuesta está en no abandonar tan temprano”, escribió Morabito. Esa frase debería ser suficiente para cerrar cualquier debate honesto.

Cada adolescente que llega a un tribunal penal juvenil no es un enemigo interno: es una prueba viva de una cadena de derechos vulnerados. Criminalizar esa historia es una forma de cobardía institucional.

La baja de la edad de imputabilidad no es justicia.No es seguridad.No es reparación.Es la renuncia definitiva del Estado a su obligación básica: cuidar a las infancias.

Y cuando un gobierno elige el castigo antes que el cuidado, lo que está en juego no es solo el destino de los pibes y pibas, sino el tipo de sociedad que estamos dispuestos (o no) a aceptar.

Análisis

La hidrovía del rio Paraná: una cuestión geopolítica 

El juez federal Daniel Rafecas rechazó este jueves el pedido para frenar la licitación de la hidrovia del Paraná. ¿Por qué?

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Por Jesús Rivero*

Quizá, porque el congresista republicano Brian Mast, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EEUU y aliado de Donald Trump habia enviado una carta al Secretario de Estado Marco Rubio alertando sobre una “influencia maligna china» en la puja del contrato.

No es casualidad que esa misma semana el asesor presidencial Santiago Caputo viajó a Washington y se reunió con Mast, Michael Jensen, director senior del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, y con el embajador argentino Alec Oxenford. La licitación explicita mas grande del ejecutivo de Javier Milei, es una cuestión de geopolítica. 

La hidrovia del rio Paraná-Paraguay es la principal via navegable de exportación Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Por la hidrovia circula el 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas, más de 80 millones de toneladas de granos y sus derivados por año.

El contrato que se esta licitando contempla el dragado, redragado, balizamiento y mantenimiento de la via navegable Troncal por 25 años, con inversiones estimadas en 10.000 millones de dolares y una facturación anual de entre 200 y 300 millones. Jan De Nul, la empresa belga que opera el canal desde 1995 compite contra DEME (también belga) que incorporo al fondode inversiones estadounidense KKR, a Great Lakes Dredge y Dock y a Clear Street para fortalecer su oferta con capital norteamericano. Aunque el Gobierno excluyó  de la licitación a empresas estatales extranjeras, lo que dejo afuera a las chinas, no le impide la disputa e influencia del gigante asiático. 

El núcleo de las denuncias sobre la licitación apunta en primer lugar hacia los hermanos Juan, Patricio y Georgi Neuss, amigos de Santiago Caputo. A través de su firma Edison Energía fundada apenas un año antes de empezar a ganar licitaciones, se adjudicaron la concesión de Transener por 300 millones de dólares junto a Genneia, de Jorge Brito (h) y ganaron las concesiones de las represas Alicurá y Cerros Colorados.

Pasaron de tener una sola distribuidora eléctrica en la Patagonia a operar en toda la cadena eléctrica del pais: generación, transporte y distribución.

¿Los Neuss y Caputo, son familia?

Los Neuss financian la Fundación Faro que conducen Agustín Laje y Francisco Caputo, Hermano de Santiago Caputo. Son dueños del Yacht Club donde se organizan cenas para recaudar fondos para La Libertad Avanza. En febrero de 2025 aportaron 35 millones de pesos a la estructura partidaria para las elecciones de medio termino. Y, Servimagnus, el socio local de Jan De Nul esta vinculado al Grupo Román, que también aparece en el mapa de subcontratistas junto a los Neuss.

El otro punto de tensión es de escala geopolítica ya que alertaron a EEUU de una presunta influencia China en la oferta de Jan De Nul. El consorcio liderado por DEME que quedo en segundo lugar en la evaluación técnica traslado a funcionarios de Washington que Servimagnus  el socio local de Jan De Nul  tendría vinculos con empresas chinas a traves de Agrofina y esa conexión representaria “un riesgo para la seguridad nacional de Argentina y Estados Unidos”. Eso describe la carta que Mast envió a Rubio, elevando la cuestión al terreno diplomático. Y, temiendo perder el negocio geopolítico en terminos de intereses de Estados Unidos y violando el derecho internacional en relación a la soberania e intereses del Estado-Nación de Argentina.

Jan De Nul y Servimagnus no se responsabilizan de tales acusaciones en un comunicado que explicita “las referencias que buscan instalar un supuesto vinculo de JDN y Servimagnus con capitales chinos son falsas y malintencionadas». Asimismo respondieron  que DEME habia integrado un Joint Venture con firmas chinas en la licitación corta de la Hidrovia de 2022 y en proyectos en Ecuador

En lo que respecta al Gobierno, se defiende y argumenta que la licitación fue auditada por la UNCTAD y que conto con mesas participativas con exportadores, cerealeras y entidades industriales. 

¿Y Rafecas, para quien juega?

Las denuncias no llegaron solo desde el frente internacional y la oposición. La semana pasada la Procuraduría de Investigaciones Administrativas emitió un dictamen formal ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9 advirtiendo sobre “serías irregularidades en el proceso”.

El organismo señalo ausencia de estudios de impacto ambiental, incumplimiento del Acuerdo de Escazú, falta de participación de las provincias ribereñas,clausulas restrictivas en las impugnaciones,  que exigen una garantía de diez millones de dólares para cuestionar decisiones administrativas y riesgos de direccionamiento del proceso. Fue el tercer informe crítico emitido sobre la licitación.

El diputado nacional Jorge Taiana tomó ese dictamen como base para presentar un nuevo proyecto de resolución en la Cámara de Diputados exigiendo la suspensión inmediata de la licitación. “El Gobierno debe suspender inmediatamente esta licitación y garantizar un procedimiento trasparente», afirmó, Taiana.

Sin embargo el juez Rafecas rechazo el pedido de suspensión cautelar el jueves 21 de mayo. Rafecas coincidio con el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan y concluyo que no existen elementos suficientes ni un riesgo concreto que justifique detener el proceso. Con este posicionamiento que no es nuevo, esta claro para quien juega Rafecas.

Hoy, como hace decadas la hidrovia más importante de Sudamérica, responde a los intereses del lobby internacional, como Rafecas, y como Santiago Caputo que corre a dar explicaciones a los dueños de todo. 

*Escritor y activista político militante de Podemos Argentina. (fundador del Frente de Liberación Socialista en Argentina)

 

 

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