La carta abierta del juez de menores Rodrigo Morabito al presidente Javier Milei, en pleno debate por la baja de la edad de imputabilidad, no es solo una advertencia jurídica. Es un llamado ético y político frente a una agenda que vuelve a cargar el peso del fracaso estatal sobre los más vulnerables: niños, niñas y adolescentes.

“El derecho penal no repara lo que el Estado no supo cuidar a tiempo”, escribió Morabito desde su experiencia cotidiana en el fuero penal juvenil. No habló desde una torre académica ni desde la comodidad del punitivismo televisivo, sino desde el contacto directo con adolescentes atravesados por el abandono estructural, la violencia familiar, la expulsión escolar, el consumo problemático y la pobreza extrema.

Punitivismo tardío, Estado ausente

La baja de la edad de imputabilidad reaparece, como siempre, en contextos de crisis social y ajuste económico. No es casual. Cuando el Estado se retira de la educación, la salud, la protección social y las políticas de cuidado, reaparece con su rostro más brutal: el castigo.

El problema es que el castigo llega tarde.

Llega cuando el daño ya está hecho.

Llega cuando el Estado falló en absolutamente todo lo anterior.

Morabito lo dice con crudeza: los tribunales reciben a chicos y chicas “rotos”, no porque hayan nacido violentos, sino porque fueron violentados primero. Bajar la edad de imputabilidad no evita ese recorrido: lo consolida.

No es seguridad, es marketing del miedo

El argumento oficial se repite como un mantra: “hay que dar respuestas”. Pero se trata de respuestas falsas, diseñadas para el aplauso fácil y el rating, no para reducir la violencia ni proteger a las víctimas.

La evidencia empírica es contundente en Argentina y en el mundo:

bajar la edad de punibilidad no reduce el delito, no previene la reincidencia, no protege a las víctimas, y sí aumenta la criminalización de la pobreza.

La cárcel temprana no construye ciudadanía: produce trayectorias penales cada vez más largas y más violentas. El encierro, lejos de reparar, profundiza el daño.

Una matriz que siempre castiga a los mismos

El proyecto de bajar la edad de imputabilidad no es un hecho aislado. Forma parte de una matriz anti derechos coherente y sostenida del gobierno de Milei, que tiene un patrón claro: ajustar, recortar y castigar siempre a los mismos sectores.

Jubilados empujados a la miseria en nombre del “equilibrio fiscal”. Mujeres y diversidades atacadas por políticas negacionistas y discursos de odio. Niños y adolescentes tratados como amenazas, no como sujetos de derechos.

No hay proyectos para fortalecer el sistema de protección integral, para garantizar escuelas que contengan, equipos interdisciplinarios, salud mental comunitaria, políticas de inclusión real. Lo que hay es una obsesión punitiva que convierte el fracaso del Estado en culpa individual.

Castigar antes en lugar de cuidar a tiempo

“La respuesta no está en castigar más temprano. La respuesta está en no abandonar tan temprano”, escribió Morabito. Esa frase debería ser suficiente para cerrar cualquier debate honesto.

Cada adolescente que llega a un tribunal penal juvenil no es un enemigo interno: es una prueba viva de una cadena de derechos vulnerados. Criminalizar esa historia es una forma de cobardía institucional.

La baja de la edad de imputabilidad no es justicia.No es seguridad.No es reparación.Es la renuncia definitiva del Estado a su obligación básica: cuidar a las infancias.

Y cuando un gobierno elige el castigo antes que el cuidado, lo que está en juego no es solo el destino de los pibes y pibas, sino el tipo de sociedad que estamos dispuestos (o no) a aceptar.