Por Julio C. Gambina

A la carestía de la vida, con aumentos de tarifas y servicios, ahora crece el desempleo y disminuye la masa salarial. 

Entre muchos datos, la empresa ACINDAR comunica que por 120 o 135 días cierra su planta en Villa Constitución, Provincia de Santa Fe. Al mismo tiempo que suspende sus actividades productivas y disminuye los ingresos de sus trabajadores, ofrece retiros voluntarios. Claro que, si la ley Bases se aprueba, la empresa podrá acceder a las facilidades para despidos. 

Las razones esgrimidas por la empresa remiten al desplome de la obra pública y la baja en el sector privado, evidenciando el impacto del ajuste en la política estatal. 

Otras empresas actúan del mismo modo, y Tenarís, del grupo Techint, hace dos semanas paró su planta en la mencionada ciudad santafesina. 

La baja del consumo por ingresos populares disminuidos, sea por el ajuste fiscal o por la suba de los precios deriva en merma de la producción. 

Por eso, la recesión es un dato de la realidad y con ella crece la miseria, por menores salarios en el conjunto de la sociedad y un mayor empobrecimiento. 

Nada indica un cambio en el corto o mediano plazo, aun cuando se apruebe la ley de Bases, en tratamiento en el Congreso. 

El gobierno tiene expectativa en que su aprobación activará las inversiones, locales y externas. 

Las primeras por imperio del ajuste fiscal inducido por el Decreto 70/23, el congelamiento de las partidas presupuestaria a los valores del 2023, salvo arbitrarias y mínimas actualizaciones, más las disposiciones de la ley de Bases respecto a la facilitación de despidos en el sector público y privado. 

Por su parte, las segundas, como consecuencia de la aplicación del Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones, el RIGI. En ambos casos son ilusiones del oficialismo, que no se condicen con las perspectivas futuras a corto o mediano plazo.

El FMI alude a una merma del PBI del -3,5% para este año y muchas dificultades a el mediano plazo para un rebote. 

No es solo una cuestión local, sino que se asocia a la situación de ralentización de la economía mundial, que sigue complicada con la inflación, la desaceleración de la producción y el comercio, por ende, con baja propensión a la inversión privada, salvo la enorme seguridad jurídica que exigen los capitales más concentrados para su circulación en el mercado mundial. 

Aún con ley de Bases aprobada y el disciplinamiento de la burocracia política en el Congreso, la conflictividad histórica de la organización popular en la Argentina señala límites estructurales a la demanda del capital.

Consenso en disputa

Milei asegura en sus giras y encuentros externos que mantiene el consenso de la sociedad para su monumental ajuste y la profundización de una reaccionaria reestructuración del capitalismo local. 

Dice, que las reformas contenidas en la legislación aprobada por el Senado expresan 5 veces más que las reaccionarias reformas de Menem en los 90 del siglo pasado. Agrega, que, con el Decreto 70 en vigencia, las reformas son aún mayores y anticipa, que continuará con más desregulación y desestatización para favorecer la lógica de mercado apetecida por el capital privado. 

El interrogante está en el aguante de la sociedad, especialmente de aquellos que le dieron el voto en primera y en segunda vuelta. Es más, los sectores empresarios agrupados en variadas cámaras, que coinciden con el programa liberalizador y en contra del costo laboral y las organizaciones sindicales y sociales, empiezan a sentir en los balances de sus actividades económicas los límites de la política económica. 

Así, el equilibrio fiscal, discutible desde variados ángulos, logrado más con “contabilidad creativa”, pateando la pelota hacia adelante, que, con realidad de reducción estructural de gastos, e incluso la disminución de las tasas de interés, no aparecen como suficientes para estimular la actividad económica.

Hay señales de desconformidad, que puede transformarse en protesta y sumarse al conflicto social y sindical que crece ante los problemas para la reproducción de la vida cotidiana de millones de personas. 

Es cierto que no alcanza con protestas o rechazos a la política del oficialismo, ya que lo que se demanda es que hacer en términos diferentes, no solo a lo actual, sino al trayecto de donde viene la Argentina, no solo del gobierno previo, sino del anterior y de más atrás. 

Los problemas de modelo productivo que están en la base del estallido y crisis del 2001 se sostienen, y sin modificaciones de fondo, no hay solución para esa mayoría empobrecida que sufre los precios y el desempleo. 

No se trata solo de otra política económica, sino de otra articulación política que entusiasme a la población para redefinir que producir, cómo hacerlo y para quien, lo que implica colocar en primer lugar las necesidades de alimentación y satisfacción de derechos de salud y educación, entre muchos derechos conculcados por una lógica que privilegia la ganancia y la acumulación de los sectores más concentrados de la economía.

Es urgente cambiar el rumbo, de un país en el que además de la desigualdad y la miseria, crece la criminalidad, en el negocio de la droga, las armas o la trata de personas. 

De hecho, el capitalismo criminal crece en el mundo y, por ende, también en la Argentina. 

Es el resultado de la mercantilización creciente y la ausencia de regulaciones adecuadas, que motivan la norma de la fuga de capitales, la elusión y la evasión impositiva. 

No es el rumbo de la liberalización de la economía la que asegurará libertad para la población en su conjunto. 

Resulta imperioso frenar el ajuste y el salto regresivo en la estructura económica social en curso, lo que demanda la disputa del consenso para otro destino del país.