Análisis
Campañas de odio: el ataque a Julia Mengolini y la escalada de Milei contra el periodismo
El castigo no es sólo político: es sexual, moral, y profundamente machista. La periodista ha sido blanco reiterado de ataques desde 2015, pero los episodios se multiplicaron desde el régimen libertario.
La periodista Julia Mengolini fue víctima, nuevamente, de una campaña de hostigamiento y violencia digital orquestada desde redes sociales, en un contexto político marcado por el señalamiento sistemático a comunicadores críticos por parte del régimen libertario de Javier Milei.
El ataque más reciente se desató tras sus declaraciones en el programa Patria o Muerte, que se emite por el canal de streaming Futurock, donde cuestionó los efectos del ajuste y denunció el desmantelamiento del Estado. Las respuestas no tardaron en llegar: insultos, amenazas, tergiversaciones y violencia de género mediática.
Un patrón de persecución
Lo que le ocurrió a Mengolini no fue un hecho aislado. Forma parte de un patrón consolidado en la gestión libertaria: la estigmatización pública de voces disidentes, en particular mujeres y periodistas con posturas feministas o peronistas. Desde las cuentas oficiales del Presidente y sus principales voceros —incluidos el vocero presidencial, Manuel Adorni, y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei— se alienta la confrontación directa contra comunicadores, humoristas, actores, docentes, científicos, dirigentes sociales y referentes del movimiento de DDHH.
A través de posteos, reposteos o simples likes, el Presidente amplifica agresiones y habilita simbólicamente la legitimidad del ataque. En el caso de Mengolini, las cuentas libertarias difundieron extractos descontextualizados de sus declaraciones, acompañados de mensajes violentos y misóginos. La periodista fue blanco de burlas, insultos sexuales y descalificaciones personales.
Ensañamiento con las mujeres comunicadoras
El ensañamiento con comunicadoras mujeres no es casual ni circunstancial: responde a una matriz ideológica profundamente antifeminista que Javier Milei no oculta, sino que exhibe como parte de su identidad política. Desde la campaña presidencial, el actual mandatario ha despreciado públicamente al movimiento de mujeres, ha negado la existencia de la violencia de género como problema estructural y ha promovido la eliminación de políticas públicas vinculadas a la equidad de género.
En este marco, las mujeres que ocupan espacios públicos de comunicación se convierten en objetivos privilegiados del aparato libertario de hostigamiento. El castigo no es sólo político: es sexual, moral, y profundamente machista. La periodista Julia Mengolini ha sido objeto de ataques que combinan misoginia, desprecio clasista y odio político. Lo mismo ocurrió con otras comunicadoras como Cynthia García, Gisela Marziotta, Ofelia Fernández, Nora Veiras, Diana Zurco o Julia Strada, entre muchas otras.
El patrón es claro: mientras los varones críticos del Gobierno reciben insultos o burlas centradas en lo ideológico, las mujeres son objeto de ataques que apuntan a sus cuerpos, su sexualidad, su maternidad o su vida privada. La violencia simbólica cumple una función de escarmiento. El mensaje implícito es disciplinador: no se tolera que una mujer opine con autoridad, cuestionando al poder.
Violencia que busca disciplinar
Diversas organizaciones, como la Red de Periodistas Feministas y la Asociación de Reporteros Gráficos (ARGRA), han advertido sobre el creciente clima de hostilidad hacia el periodismo independiente. En particular, señalaron cómo el aparato de comunicación libertario promueve el escarnio público como forma de disciplinamiento simbólico. Las mujeres comunicadoras, en este esquema, reciben un castigo diferenciado: misoginia, amenazas de violación, acoso digital y deslegitimación profesional.
El caso de Mengolini se suma a los ataques sufridos por otras periodistas como Julia Strada, Carolina Amoroso, Ofelia Fernández (en su rol de comunicadora en redes), Cynthia García y Gisela Marziotta, entre muchas otras.
Silenciamiento por saturación
La lógica es clara: saturar el espacio público con odio para desalentar la participación política y el debate. Mengolini —una de las fundadoras de Futurock y figura referencial del periodismo argentino— ha sido blanco reiterado de estos ataques desde 2015, pero los episodios se multiplicaron desde la asunción de Milei. Lejos de tratarse de usuarios aislados, el ataque responde a una maquinaria organizada de cuentas anónimas, trolls y operadores que actúan como brazo digital del oficialismo.
Los discursos de odio no sólo afectan a las víctimas directas. También producen un efecto silenciador en quienes podrían expresar ideas críticas o defender políticas públicas cuestionadas por el Gobierno. El resultado: una esfera pública más pobre, más polarizada y más violenta.
La responsabilidad estatal
Organismos internacionales como la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH han sostenido que cuando el Poder Ejecutivo participa activamente de campañas de hostigamiento contra la prensa, se debilita la democracia. En Argentina, el régimen de Milei ha hecho de la confrontación con la prensa un eje central de su retórica.
No hay, hasta el momento, ningún posicionamiento institucional por parte del Ejecutivo para frenar estos discursos. Por el contrario, el hostigamiento suele estar legitimado, si no impulsado, desde las propias cuentas oficiales. Esto configura una estrategia de poder, no un exceso aislado.
Lo que está en juego no es una disputa entre periodistas y trolls, sino la posibilidad misma de ejercer el periodismo con libertad, especialmente cuando ese periodismo interpela a Milei.
Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.
Análisis
La hidrovía del rio Paraná: una cuestión geopolítica
El juez federal Daniel Rafecas rechazó este jueves el pedido para frenar la licitación de la hidrovia del Paraná. ¿Por qué?
Por Jesús Rivero*
Quizá, porque el congresista republicano Brian Mast, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EEUU y aliado de Donald Trump habia enviado una carta al Secretario de Estado Marco Rubio alertando sobre una “influencia maligna china» en la puja del contrato.
No es casualidad que esa misma semana el asesor presidencial Santiago Caputo viajó a Washington y se reunió con Mast, Michael Jensen, director senior del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, y con el embajador argentino Alec Oxenford. La licitación explicita mas grande del ejecutivo de Javier Milei, es una cuestión de geopolítica.
La hidrovia del rio Paraná-Paraguay es la principal via navegable de exportación Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Por la hidrovia circula el 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas, más de 80 millones de toneladas de granos y sus derivados por año.
El contrato que se esta licitando contempla el dragado, redragado, balizamiento y mantenimiento de la via navegable Troncal por 25 años, con inversiones estimadas en 10.000 millones de dolares y una facturación anual de entre 200 y 300 millones. Jan De Nul, la empresa belga que opera el canal desde 1995 compite contra DEME (también belga) que incorporo al fondode inversiones estadounidense KKR, a Great Lakes Dredge y Dock y a Clear Street para fortalecer su oferta con capital norteamericano. Aunque el Gobierno excluyó de la licitación a empresas estatales extranjeras, lo que dejo afuera a las chinas, no le impide la disputa e influencia del gigante asiático.
El núcleo de las denuncias sobre la licitación apunta en primer lugar hacia los hermanos Juan, Patricio y Georgi Neuss, amigos de Santiago Caputo. A través de su firma Edison Energía fundada apenas un año antes de empezar a ganar licitaciones, se adjudicaron la concesión de Transener por 300 millones de dólares junto a Genneia, de Jorge Brito (h) y ganaron las concesiones de las represas Alicurá y Cerros Colorados.
Pasaron de tener una sola distribuidora eléctrica en la Patagonia a operar en toda la cadena eléctrica del pais: generación, transporte y distribución.
¿Los Neuss y Caputo, son familia?
Los Neuss financian la Fundación Faro que conducen Agustín Laje y Francisco Caputo, Hermano de Santiago Caputo. Son dueños del Yacht Club donde se organizan cenas para recaudar fondos para La Libertad Avanza. En febrero de 2025 aportaron 35 millones de pesos a la estructura partidaria para las elecciones de medio termino. Y, Servimagnus, el socio local de Jan De Nul esta vinculado al Grupo Román, que también aparece en el mapa de subcontratistas junto a los Neuss.
El otro punto de tensión es de escala geopolítica ya que alertaron a EEUU de una presunta influencia China en la oferta de Jan De Nul. El consorcio liderado por DEME que quedo en segundo lugar en la evaluación técnica traslado a funcionarios de Washington que Servimagnus el socio local de Jan De Nul tendría vinculos con empresas chinas a traves de Agrofina y esa conexión representaria “un riesgo para la seguridad nacional de Argentina y Estados Unidos”. Eso describe la carta que Mast envió a Rubio, elevando la cuestión al terreno diplomático. Y, temiendo perder el negocio geopolítico en terminos de intereses de Estados Unidos y violando el derecho internacional en relación a la soberania e intereses del Estado-Nación de Argentina.
Jan De Nul y Servimagnus no se responsabilizan de tales acusaciones en un comunicado que explicita “las referencias que buscan instalar un supuesto vinculo de JDN y Servimagnus con capitales chinos son falsas y malintencionadas». Asimismo respondieron que DEME habia integrado un Joint Venture con firmas chinas en la licitación corta de la Hidrovia de 2022 y en proyectos en Ecuador.
En lo que respecta al Gobierno, se defiende y argumenta que la licitación fue auditada por la UNCTAD y que conto con mesas participativas con exportadores, cerealeras y entidades industriales.
¿Y Rafecas, para quien juega?
Las denuncias no llegaron solo desde el frente internacional y la oposición. La semana pasada la Procuraduría de Investigaciones Administrativas emitió un dictamen formal ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9 advirtiendo sobre “serías irregularidades en el proceso”.
El organismo señalo ausencia de estudios de impacto ambiental, incumplimiento del Acuerdo de Escazú, falta de participación de las provincias ribereñas,clausulas restrictivas en las impugnaciones, que exigen una garantía de diez millones de dólares para cuestionar decisiones administrativas y riesgos de direccionamiento del proceso. Fue el tercer informe crítico emitido sobre la licitación.
El diputado nacional Jorge Taiana tomó ese dictamen como base para presentar un nuevo proyecto de resolución en la Cámara de Diputados exigiendo la suspensión inmediata de la licitación. “El Gobierno debe suspender inmediatamente esta licitación y garantizar un procedimiento trasparente», afirmó, Taiana.
Sin embargo el juez Rafecas rechazo el pedido de suspensión cautelar el jueves 21 de mayo. Rafecas coincidio con el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan y concluyo que no existen elementos suficientes ni un riesgo concreto que justifique detener el proceso. Con este posicionamiento que no es nuevo, esta claro para quien juega Rafecas.
Hoy, como hace decadas la hidrovia más importante de Sudamérica, responde a los intereses del lobby internacional, como Rafecas, y como Santiago Caputo que corre a dar explicaciones a los dueños de todo.
*Escritor y activista político militante de Podemos Argentina. (fundador del Frente de Liberación Socialista en Argentina)
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