Según el relevamiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, al 15 de marzo de 2023, a a 46 años del golpe de Estado, hay 1058 personas condenadas en 273 sentencias por crímenes de la última dictadura cívico-militar en nuestro país.

El relevamiento muestra las cifras del proceso de Verdad y Justicia a partir del reinicio de los juicios en 2006. Unas 165 personas fueron absueltas en el mismo período. Hay 20 juicios en curso y otros 65 aguardan fecha de inicio. Actualmente hay 764 personas detenidas. La prisión domiciliaria se afianzó como el modo de detención.

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La Procuraduría informó que 1058 personas fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad y 165 resultaron absueltas desde el primero de los juicios de este tipo celebrado en 2006 tras la reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la época del terrorismo de Estado. Esas cifras surgen de las 273 sentencias dictadas desde entonces en todas las jurisdicciones federales.

Entretanto, 542 personas están actualmente procesadas, 142 con falta de mérito y 573 imputadas por el Ministerio Público Fiscal sin que hayan sido convocadas a prestar declaración indagatoria. Hay 34 personas indagadas que aguardan la resolución de su situación procesal y otras 96 resultaron sobreseídas durante la primera parte de los procesos.

En la actualidad 22 personas se encuentran prófugas de la justicia, desconociendo su paradero. Desde el inicio de los procesos hasta la actualidad fallecieron antes de obtener sentencia 964 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad.

En la actualidad hay 764 personas detenidas, mientras que 1532 permanecen en libertad. Como ocurre desde 2016, el arresto domiciliario se ha consolidado como la forma preeminente en que las personas detenidas transitan estos procesos judiciales. Actualmente, 579 personas se encuentran en prisión domiciliaria, 118 permanecen en establecimientos penitenciarios y 67 lo hacen en otras dependencias, como la Unidad N°34 que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo. Por sus características y el rol del Ejército en su administración, ese lugar no es considerado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad como una unidad penitenciaria.

En relación con el estado procesal de las causas por crímenes de lesa humanidad, el informe consigna que el 44 % (es decir, 275) se encuentran en etapa de instrucción, mientras que el 43% (273) tuvieron sentencia. En tanto, un 10 % (65) aguardan por el inicio del debate y un 3 % (20) están actualmente en juicio.

De las causas con sentencia, las defensas apelan y caen en decisión de Casación y, luego de ese instancia, muchos procesados optan por acudir a la Corte Suprema de la Nación.

El máximo Tribunal en 2017 había fallado contra el 2 x 1 con los votos de Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti, la Corte rechazó el beneficio del “2×1” para un genocida. A favor de Batalla (el genocida) votó Carlos Rosenkrantz.

Así el tribunal desando su fallo a favor del beneficio para genocidas de 2016 que permitía al represor Luis Muiña gozar de los beneficios del “2×1”, un régimen penal que computa doble cada día de prisión preventiva sin condena.

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Las estadísticas producidas por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad son el resultado del procesamiento de los datos informados periódicamente por las fiscalías federales y unidades especiales que intervienen en estos procesos en todas las jurisdicciones del país.

Con los antecedentes mencionados, y la parcialidad de la Corte que parece ser parte de un Poder ligado a los intereses más antiguos de este país, con concentración económica y mediática (cómo se ha visto en la Causa por sobornos en Lago Escondido), resulta urgente una Reforma Judicial que de transparencia y seguridad jurídica y finalmente afiance la Democracia que supimos recuperar hace 40 años, que actualmente no sólo perjudica a la Vicepresidenta sino a todo el pueblo argentino.