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Política 📢

Del Frade denunció una red narcoempresarial detrás del fentanilo contaminado

Aseguró que Mario Segovia, condenado por narcotráfico, fue socio de los actuales dueños de los laboratorios.

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El diputado santafesino Carlos Del Frade denunció este martes que los dueños de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, investigados por la distribución de fentanilo contaminado, están vinculados a redes ilegales de medicamentos desde hace más de una década. En diálogo con LT3 Rosario, el legislador aseguró que el empresario Mario Segovia, detenido en 2008 por narcotráfico, fue socio directo de los hermanos García Furfaro y de Salinas, actuales accionistas de los laboratorios bajo sospecha.

“Desde 2009 García Furfaro y Salinas eran los dueños del laboratorio Apolo, que voló por los aires en Rosario en 2016. Luego fue comprado por HLB Pharma de Ramallo y se quedaron con el 60% de la producción del mercado nacional de suero”, explicó Del Frade. Según datos de la ANMAT, HLB Pharma S.A. se posicionó entre los principales proveedores hospitalarios en el país, con contratos que involucraron a distintas jurisdicciones del Estado.

El laboratorio Apolo, que sufrió una explosión en noviembre de 2016 en la zona sur de Rosario, dejó un saldo de dos operarios muertos y generó múltiples demandas civiles. La causa penal fue archivada sin responsables condenados, pese a las denuncias por irregularidades en el almacenamiento de sustancias inflamables.

Un poder empresarial que trascendió gobiernos

Del Frade remarcó que el poder económico acumulado por el conglomerado empresarial les permitió mantener vínculos fluidos con distintas administraciones políticas. “Tuvieron facilidad para acceder a los gobiernos desde los kirchneristas en adelante, el macrismo y en la actualidad”, afirmó.

Entre los hechos que refuerzan su tesis, mencionó imágenes que muestran a uno de los hermanos Furfaro junto al expresidente paraguayo Horacio Cartes en la zona de la Triple Frontera, y otra fotografía en el Instituto Patria, junto a Cristina Fernández de Kirchner. “Hay denuncias que los vinculan con la instalación de una planta en Paraguay, que podría estar conectada con la producción ilegal de sustancias sintéticas”, añadió el legislador.

La Triple Frontera —en la intersección de Argentina, Brasil y Paraguay— es una región históricamente señalada por la DEA y la ONU por su rol estratégico en el tráfico de drogas y precursores químicos.

El antecedente Segovia y la efedrina como punto de partida

Mario Segovia, conocido como el “Rey de la Efedrina”, fue arrestado en 2008 tras una investigación que reveló un entramado de importaciones fraudulentas de precursores desde India y China, con destino final en laboratorios clandestinos de metanfetamina. En 2012 fue condenado a 14 años de prisión, pero volvió a ser noticia en 2021 cuando el gobierno de Alberto Fernández le negó la libertad condicional.

“Segovia empezó como mozo en el club Provincial de Rosario y en 10 años se convirtió en un narcotraficante internacional. Hoy, uno de sus exsocios controla más del 50% del mercado de suero en Argentina”, disparó Del Frade.

Fentanilo, importaciones bajo la lupa y una declaración clave

La actual crisis por el fentanilo adulterado que ya provocó múltiples intoxicaciones y al menos dos muertes en la provincia de Buenos Aires volvió a poner el foco sobre los laboratorios nacionales. “Les dieron facilidades para importar sustancias que permiten fabricar fentanilo, que es una droga mortal y de enorme adicción”, alertó el diputado.

El fentanilo, un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína, fue responsable de más de 70.000 muertes en Estados Unidos en 2023, según los CDC. En Argentina, su circulación sigue siendo reducida, pero las autoridades detectaron un aumento sostenido en los decomisos de precursores en los últimos años.

Fuentes judiciales confirmaron que el intendente de Rosario, Pablo Javkin, deberá declarar la próxima semana tras haber señalado públicamente posibles vínculos entre los laboratorios investigados y redes de narcotráfico. El testimonio fue solicitado por el fiscal federal Carlos Murray, en el marco de una causa que avanza en paralelo a la investigación por la muerte de pacientes intoxicados.

Economía 💲

Fallo por universidades: Caputo debe pagar $2,5 billones y el «superávit» entra en crisis

Un fallo judicial obliga al Gobierno a transferir 2,5 billones de pesos a universidades. El vencimiento impacta en el equilibrio fiscal, supera desembolsos recientes y reabre el conflicto por fondos, salarios y funcionamiento del sistema educativo.

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Lo que tenés que saber:

  • La Justicia ordenó transferir fondos a universidades por ley vigente
  • El plazo de pago vence y tensiona el esquema fiscal del Gobierno
  • El Ejecutivo evalúa apelar mientras busca alternativas para evitar el impacto
  • Universidades y gremios anticipan medidas y posibles protestas
  • El conflicto reabre el debate sobre financiamiento educativo

Un fallo judicial que obliga a pagar

El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, enfrenta el vencimiento de un fallo que ordena transferir fondos a las universidades nacionales en cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La decisión judicial ratifica la vigencia de la norma y obliga al Ejecutivo a ejecutar el gasto, limitando la posibilidad de postergar pagos como venía ocurriendo.

Impacto directo en el relato del equilibrio fiscal

El monto exigido representa un desafío para el esquema económico del gobierno de Javier Milei.

El pago forzado convierte esos compromisos en una erogación inmediata, con impacto en las cuentas públicas.

Estrategia oficial: apelar y ganar tiempo

Dentro del Gobierno analizan recurrir a la Corte Suprema para dilatar el cumplimiento del fallo. Sin embargo, esa vía judicial no suspende automáticamente la obligación de pago.

En paralelo, se evalúa enviar un nuevo proyecto de ley que modifique el esquema de financiamiento universitario.

Universidades en alerta y posible conflicto

Las casas de estudio y los gremios docentes mantienen la presión para que se cumpla la ley. El sistema universitario enfrenta dificultades para sostener salarios y gastos operativos.

Además, se anticipan medidas de fuerza y posibles movilizaciones similares a las registradas en años recientes.

El reclamo involucra a todo el sistema público, con decenas de instituciones afectadas por la falta de actualización presupuestaria.

Un conflicto que escala en el plano político

El fallo judicial se suma a otros frentes abiertos vinculados a transferencias y obligaciones del Estado.

La tensión se amplifica en un contexto de caída de la recaudación y creciente presión sobre el gasto público, lo que complica la estrategia económica del Gobierno.

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