El juez civil y comercial de la ciudad santafesina de Reconquista, Fabián Lorenzini, rechazó las revocatorias al acuerdo de pago formulado por la agroexportadora Vicentin que había interpuesto un grupo de acreedores, y volvió a postergar la definición del concurso preventivo hasta fines de julio, al dar lugar a las tareas de dos firmas “evaluadoras”, informaron fuentes judiciales.

Lorenzini rechazó -en una resolución- la revocatoria al acuerdo de pago que presentaron el Banco de la Nación Argentina (BNA); la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y la firma Commodities SA, que consideraron «abusiva» a la propuesta de Vicentin.

Según los reclamantes, la oferta de pago para la salida del concurso que presentó la compañía –y que cuenta con las conformidades de capital y personas que exige la ley- importa en algunos casos la quita del 80% de los montos de los créditos reclamados.

El juez consideró “improcedentes” los planteos realizados y, en la misma resolución, extendió el plazo para la presentación de los informes definitivos hasta el 31 de julio.

Lorenzini argumentó la postergación en “las propuestas de SMS Buenos Aires y BA Advisors” presentadas en el expediente.

Se trata de dos consultoras que realizarán una evaluación del patrimonio de la firma concursada y un estudio para determinar si la cotización que presentó Vicentin de sus activos es correcta.

Para esa labor “se pondrá a disposición de todas las personas que intervengan en forma inmediata, el material existente (tasaciones de activos, informes de la sindicatura, impugnaciones, valuaciones privadas, etc), respetando las pautas de confidencialidad y manejo responsable de información sensible”, sostuvo el juez en la resolución.

“Contemplando lo manifestado por las evaluadoras designadas, se extenderá el plazo que se había fijado para la presentación de los informes definitivos hasta el día 31 de julio de 2023 inclusive”, agregó el magistrado.

De ese modo, y tras la formalización de la propuesta de pago efectuada por Vicentin y el rechazo de las impugnaciones, el juez quedará en condiciones de resolver el concurso, cuyos créditos verificados superan los $97.000 millones.

La agroexportadora se declaró en “estrés financiero” a principios de diciembre de 2019 y en febrero realizó la solicitud de apertura del concurso preventivo, que Lorenzini aprobó en marzo.

Paralelamente a la causa civil, dos jueces de la ciudad de Rosario imputaron por presuntas estafas millonarias en dólares a los directivos de Vicentin SAIC al momento de la cesación de pagos.

Además, el concurso reveló que el Banco Nación durante la gestión de Cambiemos, a cargo de Javier González Fraga, otorgó créditos para la prefinanciación de exportaciones a Vicentin, cuando su situación financiera lo desaconsejaba porque se encontraba en cesación de pagos.

Para el diputado provincial santafesino Carlos Del Frade, la resolución judicial muestra que “una vez más Lorenzini estira los tiempos, niega las observaciones críticas, ignora la fuga de 791 millones de dólares y la evolución de las causas penales contra directivos y exdirectivos del consorcio”.

Además, sostuvo a través de un comunicado que “parece avanzar en el futuro prometido por el grupo, donde las plantas del norte profundo santafesino tendrán existencia solamente por un año y medio” en el acuerdo de acreedores presentado en el expediente.

“En medio de la campaña política provincial, Vicentin avanza en el proceso de consolidación de su impunidad”, concluyó el legislador santafesino.