El juez federal Daniel Rafecas resolvió este jueves avanzar con un juicio en ausencia contra los diez acusados por el atentado a la sede de la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994. Se trata de exfuncionarios del régimen iraní y miembros de Hezbollah señalados por la Justicia como responsables intelectuales y operativos del ataque, que provocó 85 muertos y más de 150 heridos.

La resolución se basa en la reciente sanción de la ley de juicio en ausencia, aprobada este año por el Congreso, que autoriza a continuar con procesos penales cuando los imputados evitan intencionalmente presentarse ante la Justicia argentina. En su fallo, Rafecas sostuvo que los acusados “han sido declarados en rebeldía, están informados de su situación y nunca respondieron a los reiterados pedidos de extradición”.

La decisión judicial representa un giro trascendental en una causa que lleva más de tres décadas marcada por la impunidad, las dilaciones políticas y las trabas diplomáticas. El fallo aún puede ser apelado ante la Cámara Federal.

Juicio sin presencia de los imputados: una herramienta excepcional

La figura del juicio en ausencia ha sido objeto de debate jurídico y político durante años en la Argentina. Su aprobación en 2025, con fuerte respaldo de familiares de las víctimas del atentado y organismos especializados, abrió la puerta para destrabar causas paralizadas por la falta de comparecencia de los acusados.

En este caso, la Unidad Fiscal AMIA solicitó su implementación para evitar que el proceso continúe indefinidamente postergado. Rafecas desestimó los planteos de la Defensa Pública Oficial, que objetó la validez del nuevo sistema por considerar que violaba garantías básicas del debido proceso. El juez replicó que “la conducta sostenida de los imputados revela una estrategia deliberada para eludir la Justicia”, lo que justifica, en términos excepcionales, avanzar hacia el juicio oral.

Los acusados principales son altos exfuncionarios del gobierno iraní de los años noventa, incluidos el exministro de Inteligencia Ali Fallahijan, el exjefe de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai y diplomáticos que operaron en la embajada iraní en Buenos Aires. También figuran integrantes de Hezbollah vinculados a tareas logísticas en la Triple Frontera.

Una respuesta institucional luego de tres décadas de impunidad

El fallo de Rafecas marca un punto de inflexión para una causa que, pese a su relevancia internacional, nunca logró llegar a juicio contra sus principales acusados. La pista iraní, sostenida por informes de inteligencia, investigaciones judiciales y el respaldo de Interpol —que mantiene alertas rojas activas—, no pudo avanzar por la negativa de Irán a extraditar a sus ciudadanos y la imposibilidad de localizarlos.

La decisión del magistrado pretende “evitar la consolidación de la impunidad” y dar una señal política e institucional clara, en un momento en el que se cumplen 31 años del atentado. Si bien el juicio se desarrollará sin la presencia física de los acusados, la ley obliga a garantizar su derecho a defensa, por lo que deberán contar con representación legal y posibilidad de presentar pruebas o apelaciones.

El juicio en ausencia podría convertirse en un precedente clave para otros casos de terrorismo internacional, crímenes de lesa humanidad o delitos transnacionales complejos donde los acusados permanecen prófugos.