CABA
Nuevo reclamo de justicia a cuatro años de la desaparición de Arshak Karhanyan
Realizarán un nuevo reclamo de justicia al cumplirse el cuarto aniversario de la desaparición del policía de la Ciudad de Buenos Aires Arshak Karhanyan.
Legisladores nacionales y porteños realizarán mañana un nuevo reclamo de justicia al cumplirse el cuarto aniversario de la desaparición del policía de la Ciudad de Buenos Aires Arshak Karhanyan, en una conferencia de prensa que ofrecerán en el Congreso de la Nación y de la que también participarán familiares y referentes de la comunidad armenia.
La rueda de prensa, programada para las 17 en el Salón Delia Parodi del Palacio Legislativo, estará encabezada por el diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau y participarán, entre otros, la legisladora porteña Victoria Montenegro, la madre de Karhanyan, Vardush «Rosita» Datyvian, y personalidades de la colectividad armenia, país de origen del joven policía desaparecido.
Montenegro destacó en declaraciones que «el Congreso de la Nación es el escenario para visibilizar que en la Ciudad de Buenos Aires hay un policía desaparecido» y advirtió que «hace cuatro años estamos pidiendo justicia por él».
La legisladora, que sigue el caso desde sus inicios, señaló que «Leopoldo (Moreau) nos ayudó mucho desde el principio de la investigación, desde el primer momento estuvo al lado mío, con la presentación de un ‘amicus curie’ ante la Justicia», y agregó: «Desde el Congreso, (Moreau) siempre acompañó».
«Por eso también es quien convoca a esta conferencia de prensa», añadió Montenegro.
El lunes pasado, el propio Moreau se pronunció sobre el caso desde su cuenta personal de Twitter al señalar que «CABA está desgobernada» y en relación a la búsqueda del agente de la Policía porteña advirtió que «hicieron desaparecer hace 4 años a un efectivo y lo tapan».
En la conferencia de mañana se volverá a reclamar por el caso de Arshak Karhanyan, agente que se desempeñó en las áreas de Cibercrimen y Exposiciones de la Policía de la Ciudad y de quien no se supo más nada el 24 de marzo de 2019.
Ese día, del que mañana se cumplirán cuatro años, Karhanyan mantuvo una conversación de alrededor 40 minutos con otro agente de la Policía de la Ciudad, Leonel Herba, en la vereda de su departamento ubicado en avenida Directorio al 900 del barrio porteño de Caballito.
Tras esa charla, Arshak Karhanyan fue registrado por cámaras de seguridad de la zona mientras ingresaba a una sucursal de la cadena Easy, donde compró una pala de punta, y a partir de allí se desconoce su paradero.
Sobre la actuación de la Justicia en el caso, la legisladora Montenegro calificó el desempeño del juez Alberto Baños como «una burla» y apuntó en particular a que haya mantenido a la propia Policía de la Ciudad como fuerza auxiliar de la investigación.
«Si yo tengo una fuerza policial que está investigando a un agente propio, que borra todos los datos, a los que escucho diciendo que tienen investigaciones paralelas y así todo les sigo dando la investigación… La respuesta del juez (de la causa, Alberto) Baños es una burla», cuestionó la diputada porteña.
Al mencionar los datos borrados de un teléfono, Montenegro se refirió particularmente a una pericia en la que la división Cibercrimen reseteó de fábrica el celular de Arshak, lo que produjo una pérdida significativa de información.
En cuanto a las ‘investigaciones paralelas’, era una alusión a una charla -que consta en la causa- en la que agentes de ese sector de la policía porteña afirmaban tener un informe «aparte» del entregado a la Justicia, entre otras irregularidades que señaló en la causa.
Además, Montenegro recordó que el juez rechazó el pedido presentado de forma conjunta en 2021 por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la fiscalía y el abogado -en aquel momento- de la familia de Karhanyan para que la causa comenzara a ser investigada como desaparición forzada de persona en lugar de ‘averiguación de delito’, como figura todavía.
«Pasaron cuatro años y seguimos en el kilómetro 0 de la investigación», insistió Montenegro en su cuestionamiento a la labor de Baños, y continuó: «Más pasa el tiempo y más me sorprende la obscenidad en esta cadena de impunidad».
En ese sentido, afirmó que es necesario «difundir» el caso para que «la Justicia active todas sus herramientas y podamos saber qué es lo que pasó».
A la vez, Montenegro lamentó que «no fue posible crear» en la Legislatura porteña una comisión investigadora, una iniciativa que había sido propuesta por ella, ya que, dijo, «el oficialismo (por la coalición local Vamos Juntos más la UCR-Evolución y otros aliados) tiene mayoría y no habilitó ese trabajo».
En la Legislatura de CABA, Montenegro encabeza la Comisión de Derechos Humanos, y destacó que desde ese ámbito «se pusieron a trabajar en la búsqueda» de Karhanyan desde el primer momento, pero denunció la «soledad en términos institucionales» con la que se llevó adelante esa tarea, mientras «el resto de los poderes (de CABA) siguen mirando para otro lado».
«¿Es tan común que desaparezca un agente policial y nadie lo busque? ¿Es tan común que un jefe de Gobierno no hable de su propio agente desaparecido en cuatro años?», se preguntó Montenegro en referencia a Horacio Rodríguez Larreta.
Y luego se detuvo sobre lo que significa para la democracia argentina que haya un desaparecido y que los poderes públicos del distrito en el que ocurrió el hecho no se involucren en la investigación.
Para Montenegro, la desaparición de Arshak Karhanyan retrotrae el país en un año en el que se están cumpliendo «40 años de democracia» a «un momento muy oscuro» en el que «el Estado hacía desaparecer personas».
«A esa prácticas de desaparición forzada de personas le dijimos nunca más», completó.
Y alertó: «No podemos resignarnos a que exista una persona desaparecida y que el Estado (de la Ciudad) no solo no la busque sino que borre toda posibilidad de encontrarlo».
Por otro lado, la madre de Karhanyan, Vardush «Rosita» Datyvian, contó esta semana que en los cuatro años transcurridos desde que vio a su hijo por última vez ninguno de sus compañeros en la Policía de la Ciudad se acercó a hablar con ella.
«Nunca vinieron, nunca tocaron timbre, nunca llamaron, nada», reveló en declaraciones, y a días de cumplirse el cuarto aniversario de la desaparición de Arshak se preguntó: «Ya pasaron cuatro años, ¿alguien sabe qué vamos a encontrar?».
En relación a la investigación, la madre del policía desaparecido manifestó que ella no está «conforme ni con la Policía de la Ciudad ni con el juez», al considerar que el magistrado «está trabajando muy despacito».
CABA
Ministro porteño impulsa jury contra la jueza que frenó la ley penal juvenil en la Ciudad
El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, anunció que presentará a título personal un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad contra la jueza Laura De Marinis, quien declaró inconstitucional el Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un menor de 14 años. El funcionario, indignado, cuestionó que los jueces «interpreten» la ley y advirtió que quienes no la apliquen también deberán atenerse a las consecuencias.
Un fallo de primera instancia que solo aplica a un caso concreto encendió la mecha de una ofensiva judicial sin precedentes inmediatos contra la magistratura porteña. El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, anunció esta mañana que presentará a título personal un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura porteño contra la jueza Laura Beatriz De Marinis, quien el domingo declaró la inconstitucionalidad del Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado por robo en grado de tentativa.
Tapia, funcionario del gobierno del jefe de Gobierno Jorge Macri, aclaró que el pedido de jury será a título personal y no como acto institucional del Ministerio de Justicia porteño. La jueza De Marinis, titular del Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, es la segunda magistrada en declarar inconstitucional la Ley 27.801, el Régimen Penal Juvenil impulsado por el gobierno de Javier Milei que bajó la edad de imputabilidad a los 14 años.
«Los jueces no están para interpretar la ley»
En declaraciones radiales a radio Mitre, Tapia no escatimó en dureza. «Estamos indignados porque este tipo de fallos ponen en crisis todo un trabajo que se viene haciendo, que se hizo en el Congreso Nacional, que bajó la edad de imputabilidad para que aquel que no cumple la ley tenga sus consecuencias», expresó el ministro porteño. La declaración revela una concepción del rol de la magistratura que, paradójicamente, es la que más debate jurídico genera: el funcionario sostuvo que «los jueces no están para interpretar la ley, porque para eso están los legisladores», una afirmación que contradice la doctrina constitucional dominante, según la cual el control de constitucionalidad es precisamente una potestad inherente del Poder Judicial.
Tapia anunció que «va a estar presentando a título personal el pedido de jury a esta jueza para que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad analice e interprete» si la magistrada «cumplió o no con su tarea». El ministro también advirtió: «Así como trabajamos para que el delincuente o aquel que incumpla la norma tenga sus consecuencias, también, si hay algún juez que no está cumpliendo o aplicando la norma y se dedica a interpretarla, vamos a trabajar para que tenga sus consecuencias».
Un fallo acotado que el oficialismo convierte en batalla política
Con todo, el propio Tapia reconoció los límites reales del fallo: «Es un fallo de primera instancia que se aplica primero y principal a este único caso, es decir, que la ley está vigente en la Ciudad», aclaró el funcionario, descartando que la decisión judicial haya suspendido la vigencia del Régimen Penal Juvenil en el territorio porteño. Sin embargo, esa aclaración no amortiguó la magnitud de la respuesta política. El día anterior, el propio Macri había calificado la sentencia como «manchada de sangre» e instruyó al ministerio de Justicia para avanzar en el juicio político, lo que llevó a que Tapia tomara ahora la iniciativa a título personal como paso procesalmente válido.
El pronunciamiento de De Marinis «ningunea un debate que se dio en el Congreso», según Tapia. Pero la lectura opuesta también tiene respaldo institucional: la constitucionalidad de una ley no se agota en el debate parlamentario, y es la Justicia la que, en cada caso concreto, tiene la última palabra sobre su conformidad con la Constitución Nacional. La ofensiva del ejecutivo porteño contra una jueza por ejercer ese control constitucional abre un debate sobre los límites entre la crítica legítima a las decisiones judiciales y la presión indebida sobre la independencia del Poder Judicial.
El contexto: una ley resistida desde los tribunales
El caso De Marinis no es aislado. Meses atrás, la jueza Marta Elba Pascual del fuero de Lomas de Zamora había suspendido por 60 días la aplicación de la misma ley en el ámbito bonaerense, lo que desencadenó un pedido de juicio político promovido por La Libertad Avanza en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. La reiteración de estos cuestionamientos judiciales a la norma muestra que las objeciones de constitucionalidad no provienen de un sector ideológico aislado, sino de magistrados de distintas jurisdicciones que encuentran inconsistencias entre la ley y la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales con jerarquía constitucional.
El Régimen Penal Juvenil, sancionado como parte del paquete de reformas de seguridad de la gestión Milei, fue cuestionado desde su origen por organizaciones de derechos humanos, colegios de abogados y especialistas en derecho de la infancia, quienes advirtieron que vulnera estándares internacionales que obligan al Estado argentino a tratar a los menores de 16 años como sujetos no punibles. La reacción del gobierno porteño, en lugar de aguardar la resolución de instancias superiores, elige el camino de la presión sobre las magistradas que dictan esos fallos.
Lo que tenés que saber
- El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, anunció que pedirá el juicio político de la jueza De Marinis a título personal ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad.
- El fallo de De Marinis declaró inconstitucional el Régimen Penal Juvenil en un caso concreto, pero no suspendió la vigencia de la ley en la Ciudad de Buenos Aires.
- Tapia sostuvo que «los jueces no están para interpretar la ley», una postura que contradice el principio constitucional del control judicial de constitucionalidad.
- Es la segunda magistrada en declarar la inconstitucionalidad de la Ley 27.801: antes lo había hecho la jueza Marta Pascual en la provincia de Buenos Aires.
- El oficialismo porteño eligió la vía del jury en lugar de esperar la resolución de instancias judiciales superiores.
-
Denuncia7 díasEl Gobierno le pagó a funcionario una indemnización de $110 millones y al otro día lo volvió a contratar
-
Defensa4 díasPresupuesto 2027: base naval y misiles en lugar de aulas, sillas de ruedas y hospitales
-
Fútbol & Goles7 díasLa despedida del 10: Messi se retira en el Monumental el 6 de octubre
-
Buenos Aires4 díasChapadmalal vuelve a la Provincia: el Senado bonaerense le pone freno al negocio de Milei
-
Movimientos Sociales3 díasLa Marcha de la Bronca toma las calles contra el ajuste de Milei
-
Defensa4 díasFraude en la Armada: nueve militares apartados por una estafa millonaria en sueldos
-
Espectáculos 🎭6 díasCómo sigue la salud de Mirtha Legrand tras su internación: «Su debilidad son los bronquios»
-
Elecciones5 días¿Empate técnico en el balotaje? Kicillof y Milei, cabeza a cabeza rumbo al 2027
