Conectate con El Argentino

CABA

Nuevo reclamo de justicia a cuatro años de la desaparición de Arshak Karhanyan

Realizarán un nuevo reclamo de justicia al cumplirse el cuarto aniversario de la desaparición del policía de la Ciudad de Buenos Aires Arshak Karhanyan.

Publicado hace

#

Legisladores nacionales y porteños realizarán mañana un nuevo reclamo de justicia al cumplirse el cuarto aniversario de la desaparición del policía de la Ciudad de Buenos Aires Arshak Karhanyan, en una conferencia de prensa que ofrecerán en el Congreso de la Nación y de la que también participarán familiares y referentes de la comunidad armenia.

La rueda de prensa, programada para las 17 en el Salón Delia Parodi del Palacio Legislativo, estará encabezada por el diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau y participarán, entre otros, la legisladora porteña Victoria Montenegro, la madre de Karhanyan, Vardush «Rosita» Datyvian, y personalidades de la colectividad armenia, país de origen del joven policía desaparecido.

Montenegro destacó en declaraciones que «el Congreso de la Nación es el escenario para visibilizar que en la Ciudad de Buenos Aires hay un policía desaparecido» y advirtió que «hace cuatro años estamos pidiendo justicia por él».

La legisladora, que sigue el caso desde sus inicios, señaló que «Leopoldo (Moreau) nos ayudó mucho desde el principio de la investigación, desde el primer momento estuvo al lado mío, con la presentación de un ‘amicus curie’ ante la Justicia», y agregó: «Desde el Congreso, (Moreau) siempre acompañó».

«Por eso también es quien convoca a esta conferencia de prensa», añadió Montenegro.

El lunes pasado, el propio Moreau se pronunció sobre el caso desde su cuenta personal de Twitter al señalar que «CABA está desgobernada» y en relación a la búsqueda del agente de la Policía porteña advirtió que «hicieron desaparecer hace 4 años a un efectivo y lo tapan».

En la conferencia de mañana se volverá a reclamar por el caso de Arshak Karhanyan, agente que se desempeñó en las áreas de Cibercrimen y Exposiciones de la Policía de la Ciudad y de quien no se supo más nada el 24 de marzo de 2019.

Ese día, del que mañana se cumplirán cuatro años, Karhanyan mantuvo una conversación de alrededor 40 minutos con otro agente de la Policía de la Ciudad, Leonel Herba, en la vereda de su departamento ubicado en avenida Directorio al 900 del barrio porteño de Caballito.

Tras esa charla, Arshak Karhanyan fue registrado por cámaras de seguridad de la zona mientras ingresaba a una sucursal de la cadena Easy, donde compró una pala de punta, y a partir de allí se desconoce su paradero.

Sobre la actuación de la Justicia en el caso, la legisladora Montenegro calificó el desempeño del juez Alberto Baños como «una burla» y apuntó en particular a que haya mantenido a la propia Policía de la Ciudad como fuerza auxiliar de la investigación.

«Si yo tengo una fuerza policial que está investigando a un agente propio, que borra todos los datos, a los que escucho diciendo que tienen investigaciones paralelas y así todo les sigo dando la investigación… La respuesta del juez (de la causa, Alberto) Baños es una burla», cuestionó la diputada porteña.

Al mencionar los datos borrados de un teléfono, Montenegro se refirió particularmente a una pericia en la que la división Cibercrimen reseteó de fábrica el celular de Arshak, lo que produjo una pérdida significativa de información.

En cuanto a las ‘investigaciones paralelas’, era una alusión a una charla -que consta en la causa- en la que agentes de ese sector de la policía porteña afirmaban tener un informe «aparte» del entregado a la Justicia, entre otras irregularidades que señaló en la causa.

Además, Montenegro recordó que el juez rechazó el pedido presentado de forma conjunta en 2021 por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la fiscalía y el abogado -en aquel momento- de la familia de Karhanyan para que la causa comenzara a ser investigada como desaparición forzada de persona en lugar de ‘averiguación de delito’, como figura todavía.

«Pasaron cuatro años y seguimos en el kilómetro 0 de la investigación», insistió Montenegro en su cuestionamiento a la labor de Baños, y continuó: «Más pasa el tiempo y más me sorprende la obscenidad en esta cadena de impunidad».

En ese sentido, afirmó que es necesario «difundir» el caso para que «la Justicia active todas sus herramientas y podamos saber qué es lo que pasó».

A la vez, Montenegro lamentó que «no fue posible crear» en la Legislatura porteña una comisión investigadora, una iniciativa que había sido propuesta por ella, ya que, dijo, «el oficialismo (por la coalición local Vamos Juntos más la UCR-Evolución y otros aliados) tiene mayoría y no habilitó ese trabajo».

En la Legislatura de CABA, Montenegro encabeza la Comisión de Derechos Humanos, y destacó que desde ese ámbito «se pusieron a trabajar en la búsqueda» de Karhanyan desde el primer momento, pero denunció la «soledad en términos institucionales» con la que se llevó adelante esa tarea, mientras «el resto de los poderes (de CABA) siguen mirando para otro lado».

«¿Es tan común que desaparezca un agente policial y nadie lo busque? ¿Es tan común que un jefe de Gobierno no hable de su propio agente desaparecido en cuatro años?», se preguntó Montenegro en referencia a Horacio Rodríguez Larreta.

Y luego se detuvo sobre lo que significa para la democracia argentina que haya un desaparecido y que los poderes públicos del distrito en el que ocurrió el hecho no se involucren en la investigación.

Para Montenegro, la desaparición de Arshak Karhanyan retrotrae el país en un año en el que se están cumpliendo «40 años de democracia» a «un momento muy oscuro» en el que «el Estado hacía desaparecer personas».

«A esa prácticas de desaparición forzada de personas le dijimos nunca más», completó.

Y alertó: «No podemos resignarnos a que exista una persona desaparecida y que el Estado (de la Ciudad) no solo no la busque sino que borre toda posibilidad de encontrarlo».

Por otro lado, la madre de Karhanyan, Vardush «Rosita» Datyvian, contó esta semana que en los cuatro años transcurridos desde que vio a su hijo por última vez ninguno de sus compañeros en la Policía de la Ciudad se acercó a hablar con ella.

«Nunca vinieron, nunca tocaron timbre, nunca llamaron, nada», reveló en declaraciones, y a días de cumplirse el cuarto aniversario de la desaparición de Arshak se preguntó: «Ya pasaron cuatro años, ¿alguien sabe qué vamos a encontrar?».

En relación a la investigación, la madre del policía desaparecido manifestó que ella no está «conforme ni con la Policía de la Ciudad ni con el juez», al considerar que el magistrado «está trabajando muy despacito».

CABA

Macri criminalizó las amenazas escolares mientras el país busca solución a una crisis sin precedentes

El jefe de Gobierno porteño calificó las amenazas de tiroteos en escuelas como un delito y anunció medidas con sus ministros y el fiscal general de la Ciudad. El disparador de la crisis fue el tiroteo del 30 de marzo en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, donde murió el estudiante Ian Cabrera, de 13 años.

Publicado hace

#

El Argentino Diario-Jorge Macri.

Macri calificó las amenazas en escuelas como delito en medio de una crisis de violencia sin precedentes

★ El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, convocó este martes a una conferencia de prensa en la sede del Ejecutivo porteño, en la calle Uspallata 3160, para trazar un diagnóstico oficial sobre la ola de amenazas de tiroteos en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.

Flanqueado por sus ministros y el fiscal general porteño, Macri fue categórico: «No es una broma pesada, es un delito». La declaración llegó en medio de una crisis de violencia escolar que sacude a todo el país desde el trágico tiroteo en San Cristóbal, Santa Fe, ocurrido el 30 de marzo pasado.

El punto de partida: San Cristóbal y el efecto dominó

La crisis tiene un origen concreto y devastador. Ese 30 de marzo un adolescente de 15 años, identificado por la justicia santafesina con las siglas G.C., ingresó a la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal con una escopeta calibre 12/70 oculta en su mochila y abrió fuego. Ian Cabrera, de 13 años, murió. Otros ocho estudiantes resultaron heridos. Un portero del establecimiento evitó una masacre aún mayor al desarmar al agresor.

Lo que siguió no fue una crisis aislada sino una ola. En días posteriores, cientos de escuelas en al menos doce provincias, que incluyen la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Neuquén, Entre Ríos, La Pampa y Tierra del Fuego, recibieron mensajes intimidatorios con una frase que se repetía casi con calcomanía: «Mañana tiroteo. No vengan». El Departamento Judicial de San Isidro llegó a recibir entre 500 y 600 denuncias en apenas 72 horas.

La subcultura detrás de las amenazas

La investigación judicial en San Cristóbal reveló una dimensión que excede el fenómeno viral. La Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) detectó a abril de 2026 la existencia de al menos 7 expedientes judiciales en Argentina vinculados a episodios con características similares, todos relacionados con la llamada True Crime Community (TCC), una subcultura digital transnacional que idealiza y promueve masacres escolares. En los dispositivos confiscados a adolescentes detenidos por las amenazas se encontraron grupos de mensajería en los que se compartían imágenes y conversaciones de extrema violencia.

El propio jefe de Gobierno porteño reconoció que «muchas de estas situaciones nacen de tendencias en redes sociales» y convocó al diálogo familiar como primera línea de respuesta. La frase, aunque correcta en su diagnóstico, expuso la fragilidad institucional frente a un fenómeno que desborda los marcos tradicionales de intervención escolar y policial.

Operativos en todo el país: mochilas, allanamientos y conferencias

La respuesta de las distintas jurisdicciones fue heterogénea. En Puerto Madryn se realizaron allanamientos contra dos menores de 16 años imputados por intimidaciones; en Salta se revisaron más de 400 mochilas en un solo colegio; en Tucumán se intensificó la presencia policial en las puertas de los establecimientos; en Corrientes, varios colegios recibieron a sus alumnos sin mochila para agilizar los ingresos; y en Misiones, el Ministerio de Educación provincial lanzó materiales específicos dirigidos a familias y equipos directivos para fortalecer la detección temprana de situaciones de riesgo.

En la Ciudad de Buenos Aires, la central docente UTE emitió un comunicado en el que advirtió que las amenazas «constituyen una señal de alarma que debe interpelarnos como sociedad» y subrayó que «la escuela sola no puede» hacer frente a esta problemática. El texto reclamó al Estado una intervención urgente y estructural.

La paradoja de la respuesta institucional

La paradoja de fondo es que las instituciones no pueden ignorar las amenazas, pero cada reacción visible le confirma al imitador que su acción tuvo efecto. Alcanza con que sea creíble para activar las alarmas. Un mensaje de WhatsApp puede suspender clases, movilizar a las fuerzas de Seguridad y alterar la vida de cientos de estudiantes y escuelas.

En ese sentido, la conferencia de Jorge Macri, aunque pertinente en su encuadre jurídico, fue también parte de ese mecanismo de amplificación. La declaración de que se trata de un delito, respaldada por la presencia del fiscal general porteño, señaló una orientación punitiva que no responde por sí sola a las causas estructurales: la crisis de contención en las aulas, la fragmentación del tejido social en un contexto de ajuste brutal sobre el sistema educativo público y la expansión sin control de comunidades digitales radicalizadas entre adolescentes vulnerables.

Puntos clave:

  • El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, calificó las amenazas de tiroteos en escuelas como un delito y anunció medidas con sus ministros y el fiscal general de la Ciudad.
  • El disparador de la crisis fue el tiroteo del 30 de marzo en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, donde murió el estudiante Ian Cabrera, de 13 años.
  • Las amenazas se extendieron a cientos de establecimientos en al menos 12 provincias argentinas, con una frase casi idéntica: «Mañana tiroteo. No vengan».
  • La justicia santafesina y la SAIT vincularon el fenómeno con la True Crime Community (TCC), una subcultura digital transnacional que exalta las masacres escolares.
  • Los operativos incluyeron allanamientos, revisión de mochilas y refuerzo policial en múltiples jurisdicciones, con al menos una decena de adolescentes imputados a nivel nacional.

Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino
El Argentino

Las más leídas

Descubre más desde El Argentino Diario

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo