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Tragedia de Beara: nuevo aval al juez macrista

La Cámara de Casación porteña también rechazó la recusación del magistrado Nocetti Achával, acusado por familiares de las víctimas de sus vínculos con el ex presidente y haber beneficiado con la absolución a los funcionarios del gobierno porteño.

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En una actitud considerada como de la “corporación judicial” en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, la Cámara de Casación porteña rechazó la recusación del padre de Leticia Provedo, una de las dos jóvenes muertas por el derrumbe de un entrepiso en el boliche Beara en septiembre, contra uno de los jueces del Tribunal Oral Criminal Nro. 7 por sus “relaciones” con el ex presidente y entonces jefe de Gobierno, Mauricio Macri.

Albero Provedo, papá de Leticia, había presentado una recusación contra el juez Alejandro Nocetti Achával por sus vínculos sociales y familiares con el macrismo, tras el fallo por la Tragedia de Beara en que todos los funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resultaron sospechosamente absueltos.

El plantel ya había sido rechazado por el propio magistrado y sus dos colegas que integraron el Tribunal Oral Criminal Nro. 7, quienes, al término del juicio, solo aplicaron penas menores a los responsables del boliche del barrio de Palermo, donde se produjo el derrumbe en el que murieron Ariana Lizarraga y su amiga Leticia Provedo, además de las heridas sufridas por otros 50 jóvenes.

Ahora, la Cámara de Casación porteño, en el fallo unipersonal del juez Eugenio Sarrabayrouse, resolvió que «en el caso no se verifica motivo alguno para apartar al juez aludido del conocimiento del proceso, ni se advierten circunstancias que justifiquen el alegado temor de parcialidad desde una perspectiva objetiva«.

El juez Nocetti Achával no es pariente, ni per sé ni a través de familiares hasta cuarto grado de cosanguinidad, con ninguno de los ex funcionarios del Gobierno porteño, se indicó.

Ahora, se aguarda por la decisión de la Cámara Nacional de Casación que debe revisar la sentencia que absolvió a todos los funcionarios públicos por la tragedia de Beara y sólo condenó a penas de prisión en suspenso a los empresarios que regenteaban el local, luego de las apelaciones presentadas por el fiscal Oscar Ciruzzi y una de las querellas.

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La Justicia suspendió el desalojo de la sinagoga de Flores pero el conflicto sigue abierto

El Juzgado Civil N° 99 ordenó frenar el operativo policial horas después de su inicio. La disputa entre dos sectores de la Comunidad Israelita Ortodoxa por el templo de Helguera al 270 no tiene resolución a la vista.

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Operativo suspendido, templo en disputa: el choque judicial que divide a la comunidad judía en Flores.

La Justicia dio marcha atrás. El operativo de desalojo que se desarrollaba este lunes por la mañana en una sinagoga del barrio porteño de Flores quedó suspendido por orden del propio tribunal que lo había dispuesto. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 99, a cargo del doctor Camilo Jorge Almeida Pons, emitió la medida de frenado horas después de que la Policía de la Ciudad comenzara a ejecutar la resolución en el inmueble de la calle Helguera al 270 (expediente N° 65521/2026). El conflicto de fondo, una disputa civil entre dos sectores de la misma comunidad judía, permanece sin solución.

El operativo y la resistencia de los fieles

El procedimiento se había iniciado en las primeras horas del lunes como consecuencia de un fallo civil que habilitó a uno de los grupos litigantes, la Comunidad Israelita Ortodoxa Asociación Civil, a recuperar la posesión del inmueble. El otro sector, que ocupa el templo, se negó a retirarse. Cuando el Oficial de Justicia llegó al lugar se encontró con un grupo de fieles en pleno rezo que rechazó abandonar el edificio.

Ante esa situación, el Oficial de Justicia negoció en el lugar y acordó conceder un tiempo prudencial para que los rezos concluyeran antes de avanzar con el desalojo. Sin embargo, horas después el juzgado resolvió directamente suspender el procedimiento policial, sin que trascendieran los fundamentos de esa decisión ni si medió alguna presentación judicial de última hora por parte de los ocupantes.

Una fractura interna que escala a los tribunales

El origen del enfrentamiento es una disputa entre dos facciones de la comunidad por el control y la titularidad del templo. Uno de los sectores inició acciones judiciales y obtuvo un fallo favorable; el otro se resiste a acatarlo. Esa brecha interna, que en principio es una cuestión civil entre privados, derivó en un operativo policial con la calle Helguera cortada al tránsito y cuatro patrulleros desplegados en el lugar, una imagen inusual para un barrio con arraigo histórico en la comunidad judía porteña.

La suspensión judicial del operativo no implica la resolución del litigio. El conflicto por la posesión del inmueble sigue abierto en los tribunales, y el juzgado deberá definir los próximos pasos procesales. Mientras tanto, la situación dentro del templo permanece sin modificaciones.

Puntos clave

  • El Juzgado Civil N° 99 (expediente 65521/2026) suspendió el operativo de desalojo horas después de su inicio.
  • El inmueble en disputa está ubicado en Helguera al 270, en el barrio de Flores.
  • La Comunidad Israelita Ortodoxa Asociación Civil obtuvo el fallo favorable pero el otro sector se niega a desalojar.
  • El Oficial de Justicia había acordado un plazo para que concluyan los rezos antes de que la Justicia frenara todo el procedimiento.
  • El conflicto de fondo, una disputa civil por la titularidad del templo, no tiene resolución a la vista.
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