Lo que tenés que saber

• Tres policías bonaerenses fueron arrestados por torturas y abuso de detenidos durante un motín en la comisaría 2ª de Ensenada en octubre de 2024.
• Los imputados son la subcomisaria Adriana Ponce, el sargento Leandro Altamiranda y el subcomisario Ángel Barrientos, este último con antecedentes por hechos similares.
• La represión incluyó golpizas, humillaciones sexuales y el uso de armas antidisturbios, según la denuncia presentada por organismos de derechos humanos.
• La Justicia determinó que los efectivos falsificaron actas para encubrir el abuso, asegurando que los internos intentaron fugarse y estaban armados.
• El caso refuerza las denuncias sobre violencia sistemática en las comisarías bonaerenses, con antecedentes de episodios similares en otras dependencias.

Detenidos por torturas: investigan brutal represión en Ensenada

Tres miembros de la Policía Bonaerense quedaron detenidos tras ser acusados de reprimir con extrema violencia a internos de la comisaría 2ª de Ensenada – Punta Lara. La Justicia los acusa de torturas, abusos y falsificación de pruebas tras el motín ocurrido en octubre de 2024.

El Juzgado de Garantías Nº2 de La Plata, a cargo de Eduardo Silva Pelossi, ordenó la captura de la subcomisaria Adriana Ponce y el sargento Leandro Altamiranda. Ambos fueron arrestados dentro de la misma dependencia policial. También está imputado el subcomisario Ángel Barrientos, quien ya cumplía una condena por hechos similares en Berisso.

La causa se inició a partir de una denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que recopiló testimonios y pruebas del accionar policial durante el motín.

Brutalidad y humillaciones: las denuncias contra los efectivos

Según el informe de la CPM, la violencia comenzó tras una protesta de los internos por las condiciones de detención. Más de 30 policías ingresaron a los calabozos y desplegaron un operativo con postas de goma, gases lacrimógenos y golpes con tonfas y palos.

La comisaría quedó a oscuras porque se cortó la electricidad en el sector de celdas. Luego, los detenidos fueron obligados a atravesar un pasillo donde eran golpeados en una práctica conocida como “puente chino”. Una vez reducidos, los ataron con precintos, los desnudaron y los apilaron boca abajo.

“Los efectivos continuaron golpeándolos y profirieron amenazas de muerte y agresiones sexuales”, detalla la denuncia. Los testimonios señalan que los oficiales frotaron sus tonfas en las zonas íntimas de los internos y simularon actos de abuso sexual.

Falsificación de actas y encubrimiento

Además de la brutalidad denunciada, la Justicia también investiga la falsificación de pruebas por parte de los policías detenidos. Según la causa, los efectivos alteraron las actas oficiales para encubrir los hechos.

Los documentos policiales indicaban que los detenidos intentaron fugarse, estaban armados y se agredieron entre ellos. Sin embargo, los informes médicos y los testimonios desmintieron esa versión, lo que llevó a la Justicia a ordenar las detenciones.

El fiscal Gonzalo Petit Bosnic consideró que las pruebas reunidas hasta el momento son suficientes para sostener la acusación por torturas y falsedad ideológica.

Violencia policial sistemática: antecedentes alarmantes

La Comisión Provincial por la Memoria advirtió que este caso no es un hecho aislado, sino parte de una práctica recurrente en comisarías de la provincia de Buenos Aires.

Desde 2019, la misma dependencia de Ensenada ya había sido denunciada por hechos de violencia extrema contra internos. Casos similares ocurrieron en la comisaría 3ª de La Tablada, donde 14 agentes fueron condenados por torturas, y en la comisaría de Domselaar, cuyo juicio aún está pendiente.

El caso de Ángel Barrientos refuerza estas sospechas. En diciembre de 2024, este subcomisario recibió una condena de cinco años y seis meses de prisión por severidades, vejaciones y falsificación de documentos en la comisaría de Berisso.

La CPM cuestionó el control interno del Ministerio de Seguridad bonaerense, dirigido por Javier Alonso. Sostiene que permitir la continuidad de efectivos con antecedentes por abusos revela una “falla estructural” en la supervisión de la fuerza.