Un sargento de la Policía Bonaerense mató de un tiro a un adolescente de 16 años durante un presunto intento de robo en la localidad bonaerense de El Palomar. El uniformado, identificado como Raúl Alberto Vallejos, se encontraba de franco y trabajaba como chofer de la aplicación DiDi para completar sus ingresos.

El hecho ocurrió el domingo por la noche en las calles Namuncurá y Pampa, cuando el efectivo denunció haber sido abordado por tres jóvenes armados que intentaron robarle el auto, un Chery Tigo gris. Según su propio relato ante el 911, durante el forcejeo sacó su arma reglamentaria y disparó tres veces, provocando la muerte de Ariel Muñoz, un adolescente de 16 años oriundo de San Martín.

Minutos más tarde, la Policía fue alertada por el ingreso del joven herido al Hospital Posadas, donde murió a causa de una herida de bala en el abdomen. Los otros dos presuntos acompañantes continúan prófugos.

La causa fue caratulada como homicidio y quedó a cargo de la UFI N°2 de Morón, que dispuso la intervención de Gendarmería Nacional para evitar conflictos de interés en la investigación. Hasta el momento, no se adoptó ninguna medida restrictiva contra el agente.

Policías precarizados y violencia armada

El caso vuelve a poner en debate el rol de las fuerzas de seguridad fuera de servicio, muchos de los cuales recurren a las aplicaciones de transporte por la pérdida de poder adquisitivo y el pluriempleo encubierto.

La doble condición de Vallejos —policía armado y chofer civil— expone la delgada línea entre la legítima defensa y el abuso de la fuerza, en un contexto donde la portación del arma reglamentaria se extiende incluso a actividades privadas.

Desde organizaciones de derechos humanos y sectores judiciales, se advierte que la intervención letal de agentes fuera de servicio plantea un riesgo institucional: se desdibuja la frontera entre la función policial y el uso personal del arma estatal.

Un adolescente muerto, una investigación en duda

El joven asesinado fue identificado como Ariel Muñoz, de 16 años, vecino del partido de San Martín. Su muerte se suma a una larga lista de casos de gatillo fácil y violencia institucional en el conurbano bonaerense.

Aunque la causa avanza bajo la figura de “homicidio”, el hecho de que el autor sea un miembro activo de la fuerza genera sospechas sobre la transparencia de la investigación. En este contexto, la decisión de que intervenga Gendarmería es vista como un intento de preservar cierta imparcialidad, aunque el historial de encubrimientos dentro de las fuerzas genera escepticismo.

Contexto y política de seguridad

En los últimos años, el uso de armas por parte de efectivos fuera de servicio fue objeto de controversia. Las políticas de “mano dura” y el discurso oficial que alienta a los policías a disparar en defensa propia —heredado de gestiones anteriores— normalizaron el uso letal de la fuerza incluso fuera del horario de trabajo.

Mientras tanto, la precarización laboral dentro de las fuerzas y la proliferación de policías que se ven obligados a manejar para aplicaciones como DiDi o Uber reflejan un deterioro estructural del salario policial y del Estado mismo.

El caso Vallejos vuelve a desnudar la contradicción: un policía que debe ser garante de la vida terminó matando a un pibe, en una escena que mezcla inseguridad, desprotección social y una violencia que se retroalimenta.