Bajo un fuerte operativo de seguridad, Pablo Laurta arribó a Córdoba proveniente de Gualeguaychú para ser indagado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, su exesposa y su exsuegra. El acusado será interrogado por el fiscal Gerardo Reyes en la Unidad Judicial de Homicidios y luego trasladado al Complejo Carcelario N°2 de Cruz del Eje, donde permanecerá bajo régimen de alta seguridad.

Laurta, un empresario uruguayo que intentó borrar su rastro modificando incluso su apellido antes de cometer el crimen, volvió a justificar el asesinato ante la prensa con el mismo discurso que sostuvo desde su captura: “Fui a rescatar a mi hijo”, insistió, sin mostrar arrepentimiento ni empatía por las víctimas. “Quiero lo mejor para él”, agregó, repitiendo una narrativa que intenta encubrir la violencia machista detrás de una supuesta cruzada paterna.

Un crimen planificado

Según la investigación, Laurta esperó a que venciera la restricción perimetral que le impedía acercarse a su exmujer y, al día siguiente, ingresó a la casa donde Luna vivía con su madre e hijo, en Córdoba capital. Allí las asesinó brutalmente y luego huyó con el niño, de apenas cinco años.

Durante la fuga, habría asesinado también a un remisero, identificado como Marín Palacios, a quien contrató para escapar de la provincia. La fiscalía sostiene que el femicida actuó con premeditación, violencia extrema y total desprecio por la vida.

Una mente metódica

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, confirmó que Laurta se entrenó durante diez días para cruzar el río Uruguay en kayak, con el fin de ingresar clandestinamente a la Argentina desde el lado uruguayo. “Se sometió a un curso intensivo de técnicas de remo en la ciudad de Salto. Es una mente criminal metódica”, describió el funcionario.

Ese entrenamiento formaba parte de un plan de fuga minuciosamente calculado, en el que el acusado aprovechó las características geográficas del río y el terreno circundante para eludir los controles fronterizos. Las autoridades consideran este detalle como una de las pruebas más claras de la premeditación del crimen y la frialdad del asesino.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, explicó que el imputado fue “notificado, fichado, fotografiado y revisado por el médico de turno” antes de ser trasladado al penal. Sin embargo, la respuesta judicial y policial llega tarde, luego de una cadena de advertencias y denuncias que no evitaron la tragedia.

Giardina había denunciado a su expareja en varias oportunidades, pero como ocurre con cientos de casos en el país, la protección del Estado no alcanzó. La restricción de acercamiento —que debía resguardar su vida y la de su hijo— terminó venciendo sin que existiera un plan de seguimiento ni asistencia efectiva.

El doble femicidio vuelve a poner en evidencia las fallas estructurales del sistema judicial y policial frente a la violencia de género. Laurta no solo actuó con total libertad pese a las denuncias, sino que logró desplazarse entre provincias y países, aprovechando vacíos institucionales y burocráticos.

Mientras tanto, la sociedad asiste otra vez al espectáculo de un femicida que usa los medios para justificarse, con un discurso que busca instalar la figura del “padre desesperado”, cuando en realidad se trata de un asesino que ejerció poder y control hasta el último momento.

El caso Giardina-Zamudio se suma a una larga lista de femicidios que exponen una deuda pendiente del Estado argentino: garantizar que las medidas de protección sean efectivas y que las víctimas no mueran esperando que la Justicia actúe.