Inflación
Con la fórmula mixta de alquileres, los inquilinos pagan el doble
Los contratos con actualización por ICL generan incrementos superiores al 11% en períodos cortos, mientras la inflación pura ronda el 6% trimestral. La fórmula que combina precios y salarios castiga más a los inquilinos.
Los inquilinos que firmaron contratos de alquiler durante la vigencia de la Ley de Alquileres enfrentan un panorama complejo: el ajuste trimestral del Índice para Contratos de Locación (ICL) alcanza el 11,20% en el período abril-julio 2025, superando ampliamente la inflación acumulada del mismo período que fue del 6,0% (2,8% en abril, 1,5% en mayo y 1,6% en junio).
Esta diferencia no es casualidad. El ICL se calcula combinando en partes iguales el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que refleja la evolución de los salarios. El resultado es un índice que, según los datos oficiales del Banco Central, genera mayor presión sobre el bolsillo de los inquilinos.
El peso de la fórmula mixta en los contratos vigentes
Los alquileres firmados entre julio de 2020 y el 17 de octubre de 2023 se rigen por la ley 27.551, con ajustes mediante el ICL del Banco Central. Esta población de contratos, que abarca casi tres años de locaciones, queda sujeta a una mecánica de actualización que considera no solo la inflación sino también la evolución salarial.
La diferencia práctica es significativa: mientras un contrato ajustado por IPC puro experimentaría un incremento del 6% trimestral, los regidos por ICL enfrentan aumentos del 11,20% en el mismo período. Para un alquiler de $700.000, esto significa la diferencia entre pagar $742.000 (ajuste por IPC) o aproximadamente $778.400 (ajuste por ICL).
En enero de 2025, los contratos ajustados por ICL aumentaron un 190,69% anual, mientras que el IPC mostró un incremento del 193% en el mismo período, lo que evidencia que la brecha puede variar según el momento de actualización, pero mantiene la tendencia de mayor impacto para los inquilinos.
La nueva realidad post Ley de Alquileres
Con la Ley de Alquileres derogada, los contratos de locación en Argentina ya no tienen una fórmula de actualización obligatoria. Sin embargo, los contratos firmados bajo el régimen anterior mantienen sus condiciones originales hasta su vencimiento.
Para los contratos posteriores al DNU que lo elijan, el ICL puede pactarse con periodicidad trimestral, semestral o anual, lo que permite mayor flexibilidad pero también genera incertidumbre sobre qué índice resulta más conveniente para las partes.
El impacto diferencial según periodicidad
Los datos oficiales muestran cómo la frecuencia de ajuste modifica el impacto:
- Ajuste trimestral: 11,20% (abril-julio 2025)
- Ajuste cuatrimestral: 13,96% (marzo-julio 2025)
- Ajuste semestral: 20,60% (enero-julio 2025)
Esta progresión muestra que, paradójicamente, los ajustes más frecuentes pueden resultar menos onerosos para los inquilinos, aunque mantienen la presión constante de incrementos regulares.
Contexto de política habitacional
La situación actual refleja las tensiones de un mercado de alquileres en transición. El incremento previsto para abril de 2025 fue del 116,85%, lo que implica una reducción contundente respecto del pico del 265% registrado en julio de 2024, según datos del BCRA.
Esta moderación relativa no oculta el hecho de que los inquilinos con contratos regidos por ICL enfrentan un mecanismo de actualización sistemáticamente más gravoso que aquellos que pueden negociar ajustes por inflación pura.
La inclusión del componente salarial en la fórmula, pensada originalmente para equilibrar las actualizaciones con la capacidad de pago, termina generando el efecto contrario en un contexto donde los salarios no acompañan completamente la evolución de los precios, pero sí elevan el piso de los ajustes inmobiliarios.
Puntos clave:
- El ICL genera aumentos trimestrales del 11,20%, casi el doble que la inflación pura del 6%
- Los contratos firmados entre julio 2020 y octubre 2023 mantienen obligatoriedad del ICL
- La fórmula mixta (50% IPC + 50% salarios) penaliza sistemáticamente a los inquilinos
- Los ajustes más frecuentes resultan paradójicamente menos onerosos que los anuales
- La derogación de la Ley de Alquileres no afecta contratos vigentes hasta su vencimiento
Inflación
El tarifazo no da tregua: el transporte en el AMBA vuelve a subir por encima de la inflación
El boleto mínimo de colectivo en la Provincia de Buenos Aires saltó a $918,35, mientras que el subte porteño escaló hasta los $1.490,36. Los aumentos, vigentes desde este lunes 4 de mayo, profundizan la caída del consumo y el aislamiento de los sectores populares.
★ Desde este lunes, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires enfrentan un nuevo golpe a sus ingresos con la entrada en vigencia del nuevo esquema tarifario. El ajuste general del 5,4% en colectivos y subtes responde a un mecanismo de indexación mensual automática que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un recargo adicional de 2 puntos porcentuales. Esta fórmula, implementada a comienzos de año, garantiza que el costo del transporte público corra siempre por delante del resto de los precios de la economía.
Un esquema que profundiza la desigualdad
El incremento impacta de manera dispar según la jurisdicción, consolidando una brecha de costos que castiga con mayor dureza a quienes viven en el territorio bonaerense. Mientras que el boleto mínimo en la Ciudad de Buenos Aires (para recorridos de hasta 3 kilómetros) pasó a $753,86, en la Provincia de Buenos Aires el tramo inicial se ubicó en $918,35.
En el caso del subte, el valor del pasaje alcanzó los $1.490,36 para quienes cuentan con la tarjeta SUBE registrada. El impacto acumulado en un año es alarmante: el transporte urbano registró un alza del 39,47% en la Provincia y del 27,01% en la Capital, cifras que superan con creces la inflación del mismo período y que explican la retracción forzada de la movilidad social.
El transporte como motor de la inflación y la pobreza
Lejos de funcionar como un servicio público de fomento, el rubro transporte se consolidó como uno de los principales factores que presionan sobre el índice inflacionario. Durante el mes de marzo, este sector subió un 4,1%, superando el promedio general de precios.
La consecuencia directa es el empobrecimiento de la canasta familiar. De acuerdo al Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP – UBA/CONICET), una familia tipo en el AMBA debió destinar en promedio $101.026 mensuales solo para trasladarse durante el mes de marzo. Esta cifra, que no contempla los aumentos de mayo, representa el mayor gasto fijo para los hogares, desplazando consumos esenciales como alimentación o salud.
Menos viajes y exclusión social
Los datos oficiales de demanda revelan un escenario de exclusión creciente. El uso del transporte público registró caídas del -11% en marzo y del -21% en abril, lo que indica que miles de personas están dejando de viajar por la imposibilidad de afrontar los costos.
A diferencia de las líneas que dependen de las jurisdicciones locales, las líneas de jurisdicción nacional mantienen, por el momento, un esquema diferenciado bajo la órbita de la Secretaría de Transporte. Sin embargo, la tendencia a la reducción de subsidios y la eliminación de compensaciones estatales sugiere que el techo de las tarifas aún está lejos de alcanzarse.
Puntos clave
- El boleto mínimo de colectivo en CABA subió a $753,86 y en Provincia a $918,35.
- El pasaje de subte aumentó a $1.490,36 para usuarios con tarjeta SUBE nominada.
- El sistema de ajuste mensual por IPC más 2% asegura subas por encima de la inflación.
- Una familia tipo gastó más de $100.000 en boletos solo durante el mes de marzo.
- La demanda de viajes cayó un 21% en abril debido a la pérdida del poder adquisitivo.
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