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La morosidad avanza: más de 450.000 jubilados endeudados

Un informe de Provincia Microcréditos, elaborado en base a datos del Centro de Deudores del Banco Central, reveló que el 11,4% de los adultos mayores registra deudas en situación irregular, contra el 4,1% de mayo de 2025. El deterioro del poder adquisitivo y el congelamiento del bono de $70.000 desde diciembre de 2024 aparecen como los factores centrales del desplome financiero de los jubilados argentinos.

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La crisis financiera que atraviesan los jubilados argentinos alcanzó en mayo de 2026 una dimensión que ya no admite eufemismos: la morosidad entre los adultos mayores se triplicó en apenas doce meses y afecta a más de 450.000 personas en todo el país. El dato surge de un informe de Provincia Microcréditos, el brazo de microfinanzas del Banco Provincia, elaborado en base al registro del Centro de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Según ese relevamiento, en mayo de 2026 el 11,4% de los adultos mayores presentaba deudas en situación irregular, lo que comprende tanto préstamos atrasados como deudas directamente impagas. En el mismo mes del año anterior, ese porcentaje era del 4,1%. El salto es brutal: en doce meses, la proporción de jubilados en mora casi se multiplicó por tres.

El endeudamiento avanza sobre toda la economía, pero golpea más a los mayores

El informe de Provincia Microcréditos ubica el fenómeno en un contexto de endeudamiento creciente en todos los segmentos de la población. En el conjunto del sistema financiero nacional, la irregularidad total llegó al 12,8% en mayo. Pero en el distrito bonaerense la situación es todavía más grave: la tasa de morosidad allí ascendió al 18,6%, lo que convierte a la provincia de Buenos Aires en uno de los epicentros del problema.

En cuanto al universo de adultos mayores específicamente, el trabajo del Banco Provincia precisa que el 44,6% de los jubilados tiene algún tipo de deuda vigente, ya sea un crédito personal, una tarjeta, un préstamo o una deuda pendiente de cancelación. Esa cifra se aceleró de manera pronunciada en la segunda mitad de 2025 y hoy supera los niveles registrados en cualquier período previo de los últimos años.

«La combinación de mayores niveles de deuda con una creciente incapacidad para afrontar los pagos configura un escenario de fragilidad financiera cada vez más pronunciado para los adultos mayores», sostiene el documento, que describe una situación que no tiene precedentes en la serie histórica reciente de este segmento de la población.

Un haber que se derrite: pérdida del 19% desde noviembre de 2023

La causa de fondo del desplome financiero de los jubilados es la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los haberes. Sumando el bono compensatorio al haber mensual, la jubilación mínima acumula una caída real del 19% respecto de noviembre de 2023, medida según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Si la comparación se extiende a 2018, la pérdida acumulada llega al 30%.

A ese deterioro estructural se suma una decisión de política concreta: el bono extraordinario de $70.000 que perciben los jubilados de menores ingresos permanece congelado desde diciembre de 2024, sin ninguna actualización, mientras la inflación acumulada en ese período continuó erosionando su valor real. El Gobierno oficializó a fines de julio un nuevo aumento para los haberes, pero mantuvo ese bono en el mismo valor nominal con el que cerró el año pasado.

En ese marco, lo que los jubilados cobran no alcanza para cubrir los gastos esenciales, y la diferencia se financia con deuda. El endeudamiento deja de ser una opción y pasa a ser una estrategia de supervivencia. El incremento en la morosidad es la contracara inevitable de ese proceso: quienes tomaron crédito para llegar a fin de mes no logran luego devolver lo prestado.

El ajuste libertario y la precarización del sistema previsional

El escenario que describe el informe de Provincia Microcréditos no es independiente de las decisiones de política económica implementadas desde diciembre de 2023. La gestión de Javier Milei aplicó un ajuste fiscal de proporciones históricas que impactó de lleno sobre el sistema previsional: el gasto en seguridad social cayó en términos reales de manera significativa, mientras que los servicios públicos, el transporte y los alimentos acumularon aumentos que, en varios casos, superaron ampliamente la variación de los haberes.

En ese escenario, los adultos mayores, que destinan una proporción mayor de su ingreso a gastos fijos como medicamentos, servicios y alimentos, resultaron especialmente afectados por la estructura del ajuste. La pérdida de poder adquisitivo no fue uniforme: fue más intensa para quienes menos tienen, y el sistema previsional, que debería actuar como red de contención, operó en sentido contrario, profundizando la vulnerabilidad de los sectores más frágiles.

El informe del Banco Provincia no hace análisis político, pero los datos que releva configuran por sí solos un diagnóstico elocuente: cuando el 11,4% de los adultos mayores no puede pagar sus deudas, cuando más de 450.000 jubilados están en situación irregular y cuando casi la mitad del universo previsional tiene deudas pendientes, el sistema no está funcionando como red de protección, sino como trampolín hacia la exclusión financiera.

Defensa

Presti y la retórica de la soberanía: la Base Naval en Ushuaia costará US$450 millones

El ministro de Defensa, Carlos Presti, anunció que la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia arrancará en enero con una inversión de 450 millones de dólares en cuatro años. El gobierno libertario, que critica «décadas de retórica» sobre el Atlántico Sur, apuesta a blindados Stryker de origen estadounidense y helicópteros Black Hawk como señales de presencia soberana; pero la pregunta que no responde es de dónde vendrán los fondos en un país bajo ajuste y metas del FMI.

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El proyecto incluye un muelle de 580 metros en forma de L, instalaciones marítimas, obradores y trabajos en la base antártica Petrel.

Cuatrocientos cincuenta millones de dólares, cuatro años de obra y un muelle de 580 metros en forma de L. Esas son las cifras que el gobierno de Javier Milei pone sobre la mesa para la Base Naval Integrada de Ushuaia, cuya construcción, según confirmó el ministro de Defensa Carlos Presti, comenzará en enero de 2027. El anuncio llega envuelto en una retórica de «hechos, no palabras» que, sin embargo, no aclara de dónde saldrá el dinero en un contexto de recorte del gasto público y de compromisos fiscales con el Fondo Monetario Internacional.

Presti realizó las declaraciones durante una entrevista con Radio Rivadavia. El ministro explicó que el Gobierno ya asignó recursos iniciales para los primeros trabajos y que el proyecto de Presupuesto 2027 contemplará nuevas partidas para continuar la obra, que se proyecta completa en un plazo de cuatro años.

«Literalmente no hay nada»: la retórica del borrón y cuenta nueva

El funcionario visitó recientemente el predio destinado a la base en Ushuaia y fue tajante respecto al estado que encontró: «Literalmente no hay nada, es la nada misma. Hay un monolito y un contrapiso de cemento para un futuro parque; nada más que eso», sostuvo, en referencia al avance registrado bajo las administraciones previas. El argumento le sirve al gobierno libertario para contraponerse a lo que califica como «mucha retórica, muchas palabras» de las últimas cuatro décadas sobre el Atlántico Sur y la Antártida.

Lo que Presti omite en ese ejercicio de memoria selectiva es que el propio gobierno de Milei lleva casi tres años de gestión y recién anuncia que las obras comenzarán en enero, sin que hasta el momento se haya colocado un solo ladrillo bajo su mandato en ese predio.

La infraestructura prometida: muelle, obradores y base antártica

El proyecto incluye un muelle en forma de L de 580 metros, instalaciones destinadas a servicios marítimos y generales, edificios, obradores y caminos de acceso. «La base nos va a permitir tener una presencia concreta en el Atlántico Sur y la Armada va a poder contar con capacidades de control», aseguró Presti.

Paralelamente, el plan oficial contempla trabajos en la base antártica Petrel, entre ellos la ampliación y consolidación de la pista de aterrizaje. El ministro estimó que las condiciones climáticas permitirán trabajar allí entre diciembre y marzo, y proyectó que un avión Hércules ya podría aterrizar en la pista durante marzo del próximo año.

235 Stryker y cuatro Black Hawk: el rearme con sello estadounidense

El anuncio de la base vino acompañado de una novedad en materia de equipamiento militar. Presti confirmó que Estados Unidos puso a disposición de la Argentina 235 vehículos blindados Stryker, luego de una primera adquisición de ocho unidades que ya están destinadas en una brigada del Ejército en La Pampa. «Entre 50 y 60 vehículos de ese lote los van a traer antes de fin de año», anunció el ministro, señalando que esa cantidad permitiría equipar hasta dos brigadas.

También confirmó la adquisición de cuatro helicópteros Black Hawk, desmintiendo las versiones que situaban el costo en 140 millones de dólares. «No se van a pagar 140 millones por cuatro helicópteros. El dato concreto son 38 millones», afirmó. Según detalló, la operación incluye los cuatro helicópteros, motores, sistemas de mantenimiento y la capacitación de pilotos y mecánicos; las aeronaves estarán disponibles en diciembre y su llegada al país está prevista para el primer trimestre de 2027.

La dependencia del equipamiento militar de los Estados Unidos plantea una pregunta que el discurso de soberanía del gobierno libertario no termina de responder: ¿en qué medida la capacidad de defensa de un país depende de la voluntad política de su principal proveedor de armamento?

La pregunta del financiamiento

Los 450 millones de dólares anunciados para la base representan una cifra considerable para un gobierno que recortó el gasto primario en más del 30% desde 2023 y que tiene comprometidas metas fiscales con el FMI que condicionan cada partida presupuestaria. La administración Milei no precisó si los fondos provendrán del Presupuesto Nacional, de financiamiento externo, de créditos bilaterales o de una combinación de fuentes.

Por último, Presti negó que las adquisiciones militares estén vinculadas con una hipótesis de guerra por las Islas Malvinas. «Todo este material es parte de robustecer nuestro sistema de defensa. Es para nuestra protección y para brindar seguridad a la integridad territorial de nuestro país», expresó. La aclaración resulta llamativa precisamente porque nadie en la escena pública había formulado esa hipótesis en los días previos al anuncio.

Lo que tenés que saber

  • El ministro Presti anunció que la Base Naval Integrada de Ushuaia comenzará a construirse en enero de 2027, con una inversión de US$450 millones en cuatro años.
  • El proyecto incluye un muelle de 580 metros en forma de L, instalaciones marítimas, obradores y trabajos en la base antártica Petrel.
  • Estados Unidos puso a disposición 235 vehículos blindados Stryker; entre 50 y 60 llegarán antes de fin de 2026.
  • Se confirmó la compra de cuatro helicópteros Black Hawk por 38 millones de dólares, con llegada prevista en el primer trimestre de 2027.
  • El gobierno no precisó las fuentes de financiamiento de la obra en un contexto de ajuste fiscal y metas del FMI.
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