Judiciales ⚖️
Revés judicial para la “Doctrina Bullrich”: fallo anuló el protocolo represivo antiprotestas por inconstitucional
Un fallo del juez Martín Cormick declaró nula la resolución que habilitó la represión sistemática de manifestaciones desde diciembre de 2023. El magistrado cuestionó la falta de sustento legal y las violaciones a garantías constitucionales.
— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.
★ La Justicia federal asestó este lunes un duro revés a la «doctrina Bullrich» al declarar la nulidad del protocolo antiprotestas que Patricia Bullrich impuso cuando estaba al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick emitió un fallo donde enumeró las múltiples inconsistencias del manual con el que el Gobierno nacional reprimió la protesta social desde que asumió en diciembre de 2023.
«La Resolución 943/23 conforma un exceso en la competencia otorgada al PEN por nuestro ordenamiento jurídico en cuanto bajo la apariencia de ‘instruir’ al personal dependiente de dicho Ministerio está legislando y ello conforma violación al derecho aplicable por cuanto el PEN se inmiscuye en facultades propias del Poder Legislativo», sostuvo Cormick en su sentencia. La resolución judicial llegó tras un amparo colectivo impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Antecedentes del dictamen fiscal
Tal como había anticipado la periodista Irina Hauser en una nota publicada previamente en este diario, el fiscal del fuero contencioso administrativo Fabián Canda había emitido un dictamen previo en el que cuestionaba las bases del protocolo antiprotestas. Según el fiscal, la resolución ministerial de diciembre de 2023 «carece de fundamentación» y «motivación» y no está «sustentada en el régimen legal aplicable», elementos que consideró básicos para que una «conducta estatal sea legítima».
Garantías constitucionales vulneradas
Entre los fundamentos centrales del fallo, el juez federal remarcó las garantías para la libre protesta que emanan de varios artículos de la Constitución Nacional. «Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe», citó Cormick en su decisión.
El magistrado cuestionó específicamente la definición del «impedimento al tránsito» enunciada en el manual represivo. Según el texto elaborado por Bullrich, cualquier acto que disminuyera el tránsito de una arteria vehicular era considerado un delito flagrante y susceptible de ser sancionado. Sin embargo, según argumentó el juez, la protesta social implica necesariamente cierto grado de afectación a la circulación, por lo que esa definición resulta incompatible con el derecho a manifestarse.
Registro biométrico y uso de la fuerza
Otro punto destacado del fallo es el cuestionamiento a los métodos utilizados por las fuerzas de seguridad para registrar datos biométricos de los manifestantes. Según Cormick, esa práctica disuade la participación ciudadana y apunta a disciplinar a las personas que forman parte de las protestas, configurando un mecanismo de intimidación.
Adicionalmente, la sentencia puso en duda la definición de «uso no letal de la fuerza» que establece el manual para dispersar protestas. El juez señaló que el protocolo no aclara cuáles son los criterios ni las condiciones para su aplicación, ni establece mecanismos de control para evitar abusos por parte de las fuerzas de seguridad.
La resolución judicial representa un freno significativo a las políticas represivas implementadas por el Gobierno nacional desde su asunción, que incluyeron episodios de violencia contra manifestantes en diversas movilizaciones sociales durante 2024.
Puntos clave:
• La Justicia federal declaró nula la Resolución 943/23 que establecía el protocolo antiprotestas de Patricia Bullrich
• El juez Cormick consideró que el Poder Ejecutivo excedió sus competencias al legislar sobre derechos constitucionales
• El fallo cuestionó la definición de «impedimento al tránsito» por ser incompatible con el derecho a manifestarse
• Se objetó el registro biométrico de manifestantes por considerarlo intimidatorio y disuasivo
• La sentencia señaló la falta de criterios claros sobre el uso de la fuerza en protestas
DDHH
20 años de ESI: Milei desfinancia la Ley que salva vidas
La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y llega a sus 20 años con un presupuesto de apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.
Entre 2017 y 2023, se registraron 15.699 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en la Argentina, y en 8 de cada 10 casos el agresor pertenecía al círculo familiar o de confianza de la víctima.
Ese dato, relevado por Amnistía Internacional, no es una estadística abstracta: es el argumento más contundente para sostener que la Educación Sexual Integral no es una política optativa, sino una herramienta de protección concreta.
El 4 de octubre de 2026 se cumplen 20 años de la sanción de la Ley 26.150 de ESI, y la fecha llega con una paradoja que define la agenda del gobierno libertario: la ley existe, la demanda social crece, los números prueban su eficacia, y el Estado la desfinancia.
La ley fue sancionada el 4 de octubre de 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Dos décadas después, según datos de ELA y ACIJ, el Presupuesto 2026 asigna a la ESI apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023, en el marco de una caída del 89% en las principales políticas de género desde que asumió Javier Milei.
La ESI salva vidas: los números que el gobierno ignora
Una encuesta de Amnistía Internacional de 2025 señala que el 71% de los jóvenes de entre 16 y 30 años se manifiesta de acuerdo con la ESI. Según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 85% de los estudiantes de nivel secundario reconoce la ESI como necesaria e importante. Los estudios sobre el impacto de la ley muestran que la ESI contribuyó a reducir en un 49% la tasa de fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, y que el 80% de los niños, niñas y adolescentes que denunciaron abusos lo hicieron luego de tener una clase de ESI en la escuela.
A eso se suman los datos sobre violencia digital: según UNICEF (2025), más de 107.900 casos de explotación infantil fueron impulsados por inteligencia artificial, y más del 37% de los jóvenes reporta exposición a imágenes obscenas o pornográficas, mientras que un 24% señaló haber accedido a contenido de violencia extrema. Los territorios digitales son ya espacios donde niñeces y adolescencias se vinculan, exploran y también padecen violencias que la ESI todavía no ha terminado de incorporar.
La Guía Ema: cuando una adolescente nos puso de cara a la violencia digital
En ese contexto nació la Guía Ema. La herramienta lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años que se suicidó luego de que un compañero viralizara imágenes íntimas sin su consentimiento, un caso que sacudió a la comunidad educativa y que impulsó a su familia y a organizaciones sociales a construir una respuesta colectiva. La Guía, elaborada junto a la diputada Mónica Macha, impulsora histórica de la ESI, aporta herramientas para abordar las violencias digitales de género en el ámbito educativo, promoviendo información, consentimiento y vínculos cuidados.
Macha lo sintetizó: «Se cumplen 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral. Una ley que vino a transformar y reparar.» Y sumó: «La Guía Ema viene a sumar herramientas a la ESI porque nos permite pensar el consentimiento en los entornos digitales, territorios que también habitan las niñeces y adolescencias. Hoy, y siempre, más escucha y más protección. Y, sobre todo, más ESI para crear otros mundos.»
La herramienta parte de un principio rector: «Una imagen o un video puede haber sido creado con consentimiento, pero su difusión o viralización sin autorización es una forma de violencia.« En ese punto, la Guía Ema articula la Ley Olimpia, que incorporó la violencia digital como modalidad de violencia de género, con la pedagogía de la ESI.
El gobierno que desfinancia y deroga
El contraste entre la demanda social y la decisión política del gobierno de Milei no admite matices. El Presupuesto 2026 no proyecta capacitar a ningún docente en ESI ni brindar asistencia técnica en ninguna provincia. Las metas directamente desaparecieron del texto presupuestario.
En 2025, el gobierno también derogó por decreto el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la obligatoriedad de realizar al menos una jornada anual de prevención de la violencia de género en los establecimientos educativos. La Línea 144, principal canal de atención a víctimas de violencia, redujo un 45% su planta de trabajadoras luego de perder dos tercios de su presupuesto en 2024.
El propio Milei había anticipado su postura en 2023, cuando definió la ESI como parte de la ideología de género. Sus aliados en el Congreso fueron más lejos: hubo legisladores de La Libertad Avanza que propusieron reemplazarla por pornografía. El resultado político de esa agenda se tradujo en números: las principales políticas destinadas a prevenir y atender la violencia de género cayeron un 89% desde 2023, según el análisis de ELA y ACIJ sobre el Presupuesto 2026.
La ESI es revolucionaria: habilita voces y pone nombre a violencias
Frente al vaciamiento, la demanda crece y la sociedad responde. Los datos de Amnistía (2025) que muestran que el 71% de los jóvenes apoyan la ESI son también una lectura política: el discurso anti-ESI del gobierno no encontró anclaje en quienes más la necesitan. Las organizaciones de derechos humanos, los movimientos feministas y las comunidades educativas celebraron el 20° aniversario con la misma consigna que atraviesa dos décadas de lucha: más ESI, no menos. La ESI es revolucionaria porque habilita voces y pone nombre a violencias invisibilizadas y naturalizadas. Eso, exactamente, es lo que el gobierno de Milei decidió desfinanciar en el año en que la ley cumple su mayoría de edad.
Lo que tenés que saber de la sanción de la ESI
- La Ley 26.150 de ESI cumple 20 años. El Presupuesto 2026 le asigna apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.
- Entre 2017 y 2023 se registraron 15.699 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual; en 8 de cada 10, el agresor era del entorno familiar o de confianza.
- La diputada Mónica Macha presentó la Guía Ema, herramienta educativa para abordar la violencia digital de género, en memoria de Ema Bondaruk.
- El gobierno de Milei derogó la obligatoriedad de jornadas de prevención de violencia de género en escuelas y las políticas de género cayeron un 89% en el Presupuesto 2026.
- El 85% de los estudiantes secundarios reconoce la ESI como necesaria e importante, y el 80% de quienes denunciaron abusos lo hicieron tras tener una clase de ESI.
Foto: Redes @LLUVIADIBUJA
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