La Justicia le dijo al Gobierno que no cumplió la ley de financiamiento universitario y le dio cinco días más para hacerlo. El juez Martín Cormick rechazó la apelación del Poder Ejecutivo, sostuvo su resolución anterior y le ordenó acatar la cautelar dentro de ese plazo, según el escrito.

Cormick es juez en lo contencioso administrativo federal y tiene a su cargo la causa en la que se discute la aplicación de la Ley 27.795. Las autoridades nacionales habían apelado el pasado viernes la intimación anterior del magistrado, con el argumento de que habían cumplido con las obligaciones fijadas en la cautelar.

Qué ordena la cautelar

La medida cautelar exige al Gobierno cumplir de forma inmediata con los artículos 5° y 6° de la ley. El primero establece la actualización de los salarios de docentes y no docentes desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la norma; el segundo, la recomposición de todos los programas de becas del estudiantado.

La ley fue aprobada por el Congreso, vetada por el Presidente y luego sancionada con los dos tercios que exigió el rechazo al veto. Después, el Ejecutivo suspendió su ejecución mediante el Decreto 759/25, y de ese decreto nació el reclamo judicial del Consejo Interuniversitario Nacional. La cautelar fue dictada en diciembre de 2025, recibió el aval de la Cámara de Apelaciones y la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario del Gobierno el 25 de junio, por no estar dirigido contra una sentencia definitiva.

Salarios: un cumplimiento “parcial” que no llega a la inflación

En el fallo, Cormick consideró que hubo un “cumplimiento parcial” del artículo 5. Reconoció que hubo convocatorias a la negociación paritaria y que se efectivizaron órdenes de pago, pero no se comprobó que el cálculo de los aumentos “haya sido efectuado del modo estipulado por la norma ponderando las variables de ajuste”.

El juez tomó como referencia los datos del INDEC: entre el 1° de diciembre de 2023 y junio de 2026 la inflación acumulada fue de 312,19%. Y remarcó que de las propias respuestas del Estado, que remiten a los expedientes de las erogaciones, no se advierte que ese incremento se haya alcanzado.

Según se informó en la prensa local, la última oferta paritaria del Gobierno fue un 3% adicional, que los gremios rechazaron, y el magistrado ya había advertido con astreintes, multas económicas por cada día de demora, si persistía el incumplimiento.

Becas: una sola de todas las líneas

Sobre el artículo 6, el juez destacó que el propio Gobierno “admite haber dado tratamiento en lo atinente a las becas únicamente en relación a una de ellas”, la Beca Manuel Belgrano. La ley, en cambio, ordena recomponer todos los programas.

Cormick aclaró, “sin que ello implique de modo alguno un adelantamiento del fondo de la cuestión”, que el cumplimiento informado por el Ejecutivo tampoco alcanza a cubrir lo decidido cautelarmente en este punto.

La decisión llega en plena huelga universitaria

La resolución se conoció en medio del paro nacional de 72 horas que comenzó este miércoles el personal docente y no docente de las universidades públicas. Los gremios exigen la aplicación inmediata de la ley y una recomposición salarial del 33,4%. La medida de fuerza se considera la antesala de la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el jueves 15 de octubre.

El Gobierno sostiene que ya cumplió y la Justicia le responde, por segunda vez, que no. Mientras tanto, las universidades siguen esperando que una ley sancionada por el Congreso, con el veto presidencial rechazado, se aplique en la práctica.

Lo que tenés que saber:

• El juez Martín Cormick rechazó la apelación del Gobierno y le dio cinco días para cumplir la cautelar.
• La cautelar exige aplicar los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795: actualización salarial y recomposición de las becas.
• El juez habló de “cumplimiento parcial” en salarios: la inflación del INDEC entre diciembre de 2023 y junio de 2026 fue de 312,19%.
• En becas, el Gobierno admitió haber tratado solo una, la Beca Manuel Belgrano.
• Docentes y no docentes universitarios realizan un paro de 72 horas y reclaman una recomposición del 33,4%.