Judiciales ⚖️
Otro revés judicial al protocolo antipiquetes: es incompatible con el Estado de derecho
Un dictamen del Ministerio Público Fiscal cuestionó la validez de la resolución que habilita la intervención automática de fuerzas de seguridad ante protestas. La discusión escala a la Cámara.
El llamado “protocolo antipiquetes” sumó un nuevo traspié judicial. En el marco de una causa que busca declarar su inconstitucionalidad, el Ministerio Público Fiscal dictaminó que la normativa resulta ilegal por violar principios constitucionales básicos, en particular los vinculados al derecho a la protesta, la libertad de expresión y la reunión.
La presentación fue impulsada por organizaciones como Amnistía Internacional Argentina, el CELS y SIPREBA, entre otras, que cuestionaron la Resolución 943/23, instrumento mediante el cual el Gobierno implementó el protocolo.
Un dictamen que pone el foco en derechos fundamentales
El fiscal sostuvo que, frente a conflictos entre derechos, el Estado tiene la obligación de garantizar su ejercicio sin anularlos, y subrayó que el derecho a la protesta social posee una tutela preferencial dentro del sistema constitucional.
En esa línea, el dictamen cuestionó el corazón del protocolo: la habilitación de una intervención policial automática ante cualquier afectación de la circulación. Según el análisis fiscal, ese criterio:
Desconoce las circunstancias concretas de cada manifestación Ignora el carácter legítimo de muchas protestas Viola los principios de razonabilidad y proporcionalidad
Para el Ministerio Público, esa lógica resulta incompatible con el Estado de derecho, ya que prioriza la circulación por sobre derechos fundamentales sin realizar una ponderación adecuada.
La discusión pasa a la Cámara
Con este pronunciamiento, la causa entra en una nueva etapa. Ahora deberá expedirse la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que tendrá la última palabra sobre si confirma el criterio del juez de primera instancia y del fiscal (contrarios al protocolo) o si avala la postura del Estado.
El fallo que surja no será menor: definirá el alcance de la intervención de las fuerzas de seguridad frente a la protesta social y marcará un precedente clave sobre los límites del poder estatal en contextos de conflictividad.
Organizaciones: “La protesta no es delito”
Desde Amnistía Internacional Argentina remarcaron que continuarán litigando para que se confirme la nulidad del protocolo. La organización insistió en que la protesta pacífica es un derecho protegido y que cualquier regulación debe respetar estándares constitucionales e internacionales.
El fallo vuelve a poner en el centro del debate una tensión histórica: orden público versus derechos sociales. El dictamen fiscal, al menos por ahora, inclinó la balanza hacia estos últimos.
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López se arrepintió de ser arrepentido: “No hubiera declarado”
El ex secretario de Obras Públicas declaró este jueves en el juicio de la Causa Cuadernos y afirmó que nunca integró una estructura delictiv. También cuestionó su propia declaración como arrepentido de 2018, al asegurar que en otras condiciones no la hubiera hecho.
El giro del principal arrepentido: López negó la asociación ilícita y despegó a Cristina
★ José López, ex secretario de Obras Públicas durante los tres gobiernos kirchneristas (2003-2015), declaró este jueves 30 de abril ante el Tribunal Oral Federal Nro. 7 en el edificio de Comodoro Py 2002, en el marco del juicio oral por la Causa Cuadernos. Su testimonio marcó el cierre de la etapa de indagatorias del debate.
El ex funcionario, trasladado desde la cárcel de Ezeiza donde cumple una condena unificada de 13 años por el caso Vialidad y por enriquecimiento ilícito, negó de manera terminante haber integrado una asociación ilícita. «No fui invitado a conformar una asociación ilícita, sino a conformar un gobierno legítimo y elegido por el pueblo en tres períodos consecutivos», afirmó López ante el tribunal.
En el tramo más relevante de su declaración, el ex funcionario despejó cualquier responsabilidad de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del ex ministro de Planificación Julio De Vido respecto de esa figura penal: «Nunca vi a Cristina Kirchner como jefa u organizadora de una asociación ilícita, tampoco vi en ese sentido a Julio De Vido».
Se arrepintió de haber sido arrepentido
En uno de los pasajes más significativos de la jornada, López puso en duda el valor de su propia declaración como imputado colaborador realizada en 2018, durante la instrucción que condujeron el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadío. «Si me hubiera encontrado en otra situación anímica y de salud, seguramente no hubiera hecho esa declaración como arrepentido», sostuvo.
El ex secretario describió el contexto de presión y vulnerabilidad en el que tomó aquella decisión: señaló que en aquellos días escuchaba que «las sortijas se estaban agotando», en referencia a la dinámica mediante la cual los empresarios debían sumarse al mecanismo de colaboración para evitar la prisión. También recordó que en aquella audiencia de 2018 no estuvo presente ningún secretario del juzgado.
Sobre el temor que había mencionado en declaraciones previas respecto de la ex presidenta, López lo reencuadró: «El miedo que mencioné tenía que ver con la forma de gestionar el poder del Gobierno Nacional. Mi temor era hacer mal el trabajo o perderlo, que para ese entonces era mi única fuente de ingreso».
El ex funcionario leyó su declaración desde un papel y, al concluir, se negó a responder preguntas de ninguna de las partes, incluida su propia defensa.
Contexto del juicio y próximas etapas
El juicio oral de la Causa Cuadernos arrancó en noviembre de 2025 con 86 acusados e investiga hechos ocurridos entre 2003 y 2015. El proceso se desarrolla bajo modalidad semipresencial en la sala Auditorium de Comodoro Py, con los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli al frente del tribunal.
La declaración de López inició una ronda que también incluyó las indagatorias del empresario Marcelo Marcuzzi, cuya defensa solicitó una «reparación integral» a cambio de su sobreseimiento, pedido rechazado por la fiscal de juicio Fabiana León, y del empresario de la construcción Juan José Luciano, quien figura en el expediente como otro de los arrepentidos y reconoció haber realizado pagos periódicos a ex funcionarios para conservar contratos de concesiones viales.
El tribunal rechazó recientemente diversos pedidos de nulidad presentados por las defensas de los acusados. A partir de mayo, el proceso ingresará en una etapa de 43 testimonios, con la convocatoria de periodistas que participaron en la investigación original y de ex funcionarios y allegados de los principales imputados, entre ellos la ex secretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga.
La causa y su historia procesal cuestionada
La Causa Cuadernos se originó en las anotaciones del chofer Oscar Centeno, quien registró presuntos movimientos de dinero vinculados a contratos de obra pública. La investigación fue instruida originalmente por Bonadío y Stornelli, y ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos y sectores del ámbito jurídico que denunciaron irregularidades en los procedimientos. Como informó este medio en cobertura anterior, varios de los testigos que declararon en el marco del caso cuestionaron las condiciones en las que prestaron sus testimonios originales.
López es el imputado de mayor rango que actuó como colaborador. Su figura cobró notoriedad pública en junio de 2016, cuando fue detenido mientras intentaba ocultar bolsos con casi 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez. Permanece detenido desde junio de 2025.
Puntos clave:
- López negó haber integrado una asociación ilícita y afirmó nunca haber sido «invitado» a conformar una.
- Declaró que nunca vio a Cristina Kirchner ni a Julio De Vido como organizadores de una estructura delictiva.
- Cuestionó su propia declaración como arrepentido de 2018, señalando que el contexto de presión y vulnerabilidad fue determinante.
- El tribunal rechazó pedidos de nulidad de las defensas y el juicio avanza hacia la etapa de 43 testimonios en mayo.
- La causa tiene 86 acusados e investiga hechos de entre 2003 y 2015.
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