El llamado “protocolo antipiquetes” sumó un nuevo traspié judicial. En el marco de una causa que busca declarar su inconstitucionalidad, el Ministerio Público Fiscal dictaminó que la normativa resulta ilegal por violar principios constitucionales básicos, en particular los vinculados al derecho a la protesta, la libertad de expresión y la reunión.

La presentación fue impulsada por organizaciones como Amnistía Internacional Argentina, el CELS y SIPREBA, entre otras, que cuestionaron la Resolución 943/23, instrumento mediante el cual el Gobierno implementó el protocolo.

Un dictamen que pone el foco en derechos fundamentales

El fiscal sostuvo que, frente a conflictos entre derechos, el Estado tiene la obligación de garantizar su ejercicio sin anularlos, y subrayó que el derecho a la protesta social posee una tutela preferencial dentro del sistema constitucional.

En esa línea, el dictamen cuestionó el corazón del protocolo: la habilitación de una intervención policial automática ante cualquier afectación de la circulación. Según el análisis fiscal, ese criterio:

Desconoce las circunstancias concretas de cada manifestación Ignora el carácter legítimo de muchas protestas Viola los principios de razonabilidad y proporcionalidad

Para el Ministerio Público, esa lógica resulta incompatible con el Estado de derecho, ya que prioriza la circulación por sobre derechos fundamentales sin realizar una ponderación adecuada.

La discusión pasa a la Cámara

Con este pronunciamiento, la causa entra en una nueva etapa. Ahora deberá expedirse la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que tendrá la última palabra sobre si confirma el criterio del juez de primera instancia y del fiscal (contrarios al protocolo) o si avala la postura del Estado.

El fallo que surja no será menor: definirá el alcance de la intervención de las fuerzas de seguridad frente a la protesta social y marcará un precedente clave sobre los límites del poder estatal en contextos de conflictividad.

Organizaciones: “La protesta no es delito”

Desde Amnistía Internacional Argentina remarcaron que continuarán litigando para que se confirme la nulidad del protocolo. La organización insistió en que la protesta pacífica es un derecho protegido y que cualquier regulación debe respetar estándares constitucionales e internacionales.

El fallo vuelve a poner en el centro del debate una tensión histórica: orden público versus derechos sociales. El dictamen fiscal, al menos por ahora, inclinó la balanza hacia estos últimos.