Salud 🩺
Colapso en la salud pública: tres hospitales clave reducen atención por falta de presupuesto
El Hospital Garrahan mantiene un paro de residentes y prepara una huelga por tiempo indeterminado.
El Hospital Garrahan, referente nacional en pediatría, atraviesa un paro de residentes que se extenderá hasta el viernes, con una jornada de cese total de actividades prevista para el 29 de mayo. La protesta, organizada por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), responde a la caída del poder adquisitivo de los salarios y a un proceso sostenido de vaciamiento.
Rita Fernández, pediatra e integrante de APyT, aseguró que “desde diciembre de 2023 renunciaron alrededor de 200 profesionales” por los bajos salarios y las malas condiciones laborales. “Hay médicos de primer año que cobran cerca de 700 mil pesos, muy por debajo de lo que gana un residente en la Provincia”, explicó.
La situación crítica obligó al hospital a priorizar urgencias y postergar turnos de baja complejidad. “La mayoría de los papás comprende la situación y apoya al hospital”, dijo Fernández, quien también denunció que los cargos vacantes por jubilaciones no están siendo cubiertos.
El Bonaparte: despidos masivos, persecución y ataque a la salud mental
En el Hospital Nacional Laura Bonaparte, especializado en salud mental, el panorama es igual de alarmante. La Asamblea de Trabajadores del hospital denunció que, el pasado 15 de enero, el Gobierno nacional despidió a 200 profesionales de distintas disciplinas, lo que representa una reducción del 47% de su planta laboral.
“Desde entonces, cientos de niños y niñas quedaron sin tratamiento, y otros ni siquiera pudieron comenzar su atención”, advirtieron desde la asamblea, que prefirió mantenerse en el anonimato por temor al amedrentamiento. También indicaron que el dispositivo de atención espontánea para infancias fue desmantelado, y que el de adultos “resiste el intento de cierre”.
La crisis se profundizó con la decisión del Ministerio de Salud de no abrir cupos para la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISAM) en 2024, lo que constituye un incumplimiento directo de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657. “El ataque es a la salud pública en conjunto. Nos solidarizamos especialmente con el Garrahan, que está siendo desmantelado”, expresaron.
El Clínicas también reduce atención y pierde prestigio como centro de formación
El Hospital de Clínicas, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, reconoció una fuerte merma en la atención a pacientes sin obra social, que hasta hace un año representaban el 60% de sus consultas. Hoy, según explicaron fuentes del hospital, la admisión depende de la especialidad y de la disponibilidad de insumos.
En lo salarial, estimaron una pérdida del 40% del poder adquisitivo en el último año y medio. Como en el resto del sistema, muchos profesionales decidieron migrar al sector privado. “Estamos en la misma situación que el Garrahan y el Bonaparte. Lo único que nos sostiene es el vínculo con la Facultad de Medicina”, señalaron.
Además, advirtieron que el hospital perdió atractivo como centro de formación. “Los residentes lo elegían por su prestigio y porque los sueldos eran comparables a los de Ciudad. Eso ya no sucede”, afirmaron.
Desfinanciamiento, vaciamiento y desprotección
Los testimonios recabados en los tres hospitales dan cuenta de una crisis estructural. La falta de inversión por parte del Gobierno Nacional, sumada a la decisión de desjerarquizar políticas públicas esenciales, genera un deterioro generalizado en la calidad de atención, en las condiciones laborales y en la formación de nuevos profesionales.
La suspensión de programas de residencias, los despidos masivos y el éxodo de médicos al sector privado se dan en un contexto de desmantelamiento deliberado. En el caso del Bonaparte, incluso se denunciaron prácticas de hostigamiento laboral y violación de derechos contemplados en normativas vigentes.
El Ministerio de Salud, bajo la conducción de Mario Lugones, aún no brindó respuestas públicas a las denuncias. Las medidas de fuerza se multiplican, mientras la atención en hospitales de alta complejidad comienza a resentirse de manera irreversible.
Análisis
La culpa es nuestra: cómo la ciencia y los medios siguen apuntando a las madres cuando se habla de autismo
Cómo se envidencia en la nota de análisis de Clarin, rara vez se pregunta «¿qué hizo el padre?».
Machismo en la ciencia: el cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia
Un estudio publicado en el British Medical Journal sobre exposición laboral tóxica y autismo fue reencuadrado mediáticamente en clave de culpa materna. Una tradición que la ciencia superó, pero el machismo resiste.
Un estudio reciente de investigadores de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins y de la Universidad de Harvard, publicado en el British Medical Journal (The BMJ), analizó 1.702 casos de niños diagnosticados con trastorno del espectro autista (TEA) en Dinamarca entre 1973 y 2012.
Sus conclusiones son técnicas, acotadas y explícitas: las madres que trabajan en entornos con exposición frecuente a sustancias tóxicas (plomo, solventes, gases de escape, derivados de combustibles) o con niveles elevados de estrés laboral crónico tienen mayor probabilidad de tener hijos con TEA. Las profesiones identificadas incluyen transporte terrestre, defensa militar y administración pública.
Lo que el estudio dice, con precisión, es que ciertas condiciones laborales tóxicas afectan el neurodesarrollo fetal. Lo que ciertos medios transmitieron, en cambio, fue otra cosa: que el problema son las profesiones de las madres. Que el problema, una vez más, son ellas.
El regreso de la «madre culpable»: una historia que no termina
La narrativa que conecta al autismo con la conducta materna tiene una historia larga y vergonzosa. A mediados del siglo XX, el psiquiatra Bruno Bettelheim popularizó el concepto de la «madre nevera» (refrigerator mother), según el cual la frialdad emocional de las madres era la causa del autismo en sus hijos. La teoría fue desacreditada décadas después por la propia comunidad científica, pero el daño en miles de familias, y especialmente en miles de mujeres que cargaron durante años con una culpa que no les correspondía, fue irreparable.
Hoy, la ciencia acumulada es contundente en la dirección opuesta. Un estudio financiado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de los Estados Unidos (NICHD), que involucró a casi 2 millones de participantes, determinó que los factores genéticos hereditarios representan aproximadamente el 80,8% del riesgo de TEA, mientras que los llamados «efectos parentales maternos» representan entre el 0,4% y el 1,6% del riesgo, una cifra considerada estadísticamente insignificante por los propios autores. Ese mismo estudio advirtió, además, que no analizó los factores paternos, como la edad del padre, que la literatura científica también asocia con el riesgo de autismo.
La entidad Autismo España, en su portal institucional, señala que la investigación apunta a una «tasa aproximada de recurrencia del 20% en las familias» con un componente genético complejo y aún no completamente dilucidado. La organización también documenta que en los últimos años creció el diagnóstico de padres y madres después de que sus hijos fueran diagnosticados, lo que refuerza el peso de la herencia biológica compartida.
Lo que el estudio realmente dice (y lo que el titular omitió)
La investigación publicada en The BMJ no estudia si las madres trabajan o no. Estudia la exposición a agentes tóxicos y el estrés como factores de riesgo ambientales en el desarrollo fetal. La diferencia no es semántica: es política.
Afirmar que «las profesiones de las madres» tienen un «patrón común» en casos de autismo, sin contextualizar que lo que se mide es la exposición a plomo, solventes industriales, gases de escape y estrés crónico, es construir un titular que, deliberada o negligentemente, pone el foco en quién trabaja y no en qué condiciones laborales son toleradas por el Estado y los empleadores. Es trasladar la responsabilidad de una falla sistémica (la falta de regulación de ambientes laborales tóxicos) a las mujeres que los habitan.
Los propios investigadores del estudio son explícitos: el hallazgo requiere «investigar más en profundidad sobre las exposiciones laborales» y su relación con el neurodesarrollo, «usando metodologías que aborden estas exposiciones de manera específica y temporal». Es decir, la conclusión científica apunta a la regulación laboral y a la salud ocupacional, no a la maternidad como variable de riesgo en sí misma.
El doble estándar: padres invisibles, madres sospechosas
El sesgo de género en la investigación científica sobre autismo no es nuevo. La pregunta «¿qué hizo la madre?» estructura buena parte del campo desde sus orígenes, mientras que la pregunta «¿qué hizo el padre?» rara vez se formula con igual insistencia.
Sin embargo, la evidencia científica disponible indica que la edad paterna avanzada es también un factor de riesgo documentado para el TEA, asociado a mutaciones de novo en el esperma. Investigaciones publicadas en la revista Science, con datos de 2.600 familias, identificaron variantes genéticas raras heredadas paternamente como factores relevantes en el espectro autista.
El estudio de The BMJ, significativamente, no analizó las ocupaciones paternas. Esta asimetría metodológica no es neutral: refleja un sesgo histórico en la construcción de las preguntas científicas, que tiende a ver al cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia y al cuerpo paterno como un dato secundario.
Discapacidad en la Era Milei: un gobierno que recorta, criminaliza y señala
La circulación de este tipo de narrativas no ocurre en el vacío. En la Argentina de Javier Milei, el Estado retrocedió de manera sistemática sobre las políticas de discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), creada para centralizar y garantizar derechos, fue disuelta en diciembre de 2025 mediante el Decreto 942/2025 y reconvertida en una Secretaría de menor rango bajo la órbita del Ministerio de Salud, movimiento que más de 400 organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos calificaron como un «retroceso al modelo médico-rehabilitador» y un abandono del modelo social de la discapacidad.
El ajuste fue contundente: los $30 mil millones de presupuesto que tenía la ANDIS fueron redirigidos al Tesoro al momento de la disolución, según denunció la diputada peronista Roxana Monzón en la Cámara de Diputados de la Nación. La Justicia federal declaró inconstitucional parte de la reestructuración, pero el Gobierno apeló y, a mayo de 2026, solo reglamentó ocho artículos de la ley de emergencia en discapacidad, dejando diecisiete sin aplicar.
En ese marco, el gobierno impulsó además una nueva normativa presentada bajo el título «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», que restringe los criterios de acceso a las pensiones y habilita suspensiones preventivas ante cualquier inconsistencia detectada.
Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) documentaron que el relato oficial sobre el crecimiento «injustificado» de las pensiones por discapacidad utilizó datos manipulados para justificar el recorte, según publicó la propia ACIJ en su portal institucional.
Es en este contexto donde adquiere una dimensión adicional la circulación de estudios presentados de forma sesgada: cuando el Estado abandona a las familias que conviven con el autismo y recorta los apoyos que necesitan, resulta funcional instalar la idea de que el problema tiene nombre de mujer y que la solución está en las decisiones individuales de las madres, no en las políticas públicas ausentes.
Machismo de guardapolvo blanco
Culpar a las mujeres que trabajan por la condición neurológica de sus hijos no es ciencia: es ideología con bata blanca. Es el mismo mecanismo que durante décadas señaló a las madres que trabajaban fuera del hogar como responsables de los problemas emocionales de sus hijos, que culpó a las mujeres que no amamantaron, que patologizó a las que estudian, a las que tienen proyectos propios, a las que no se «sacrifican» en silencio.
La ciencia del neurodesarrollo lleva décadas construyendo una imagen cada vez más compleja del autismo: multicausal, con fuerte base genética, mediada por factores ambientales que incluyen desde la edad paterna hasta la exposición a pesticidas, desde infecciones durante el embarazo hasta complicaciones perinatales. En ese cuadro multifactorial, la ocupación laboral de la madre es, según el propio consenso científico, un factor menor y circunscripto a condiciones de exposición tóxica específicas, no al hecho de trabajar.
Presentarlo de otro modo no es divulgación científica. Es misoginia con estadísticas.
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