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Inflación

El INDEC cambia la vara para medir el IPC e invisibiliza el impacto de la inflación en alimentos

Con una nueva canasta de consumo, los servicios y tarifas ganan peso sobre los alimentos. La medida busca supuestamente capturar nuevos hábitos, pero la maniobra esconde el impacto en los sectores más vulnerables.

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​★ A partir de febrero de 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) aplicará una reforma metodológica estructural en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según confirmó el organismo técnico, se empezará a utilizar la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18, desplazando la estructura de ponderaciones que regía desde 2004. Este giro técnico implica que la inflación dejará de ser mirada principalmente a través del plato de comida para enfocarse en las facturas de servicios y el transporte.

​Menos comida, más tarifas

​El cambio más sensible radica en la «desalimentación» del índice. El rubro Alimentos y Bebidas, que hasta enero de 2026 representaba el 27% del IPC, pasará a explicar el 22,7% de la medición. Esta reducción ocurre en un contexto donde el precio de la comida sigue siendo el factor que más golpea a los sectores populares y a las familias que destinan la totalidad de sus ingresos a la subsistencia básica.

​En la vereda opuesta, el rubro de Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles pega un salto, pasando de una incidencia menor al 10% a superar el 14%. El transporte también refuerza su importancia relativa. En términos prácticos, el índice se vuelve más sensible a las decisiones políticas sobre los cuadros tarifarios y los subsidios, y menos permeable a la volatilidad estacional de productos frescos como frutas, verduras o carne.

​La incidencia de los servicios regulados

​De acuerdo a un informe de la consultora Qualy, la nueva metodología aporta una mayor «rigidez» al IPC. Mientras que los alimentos tienen precios que fluctúan por factores climáticos o shocks internacionales en las commodities, los servicios suelen ajustarse por decisiones administrativas o esquemas de indexación persistentes.

​Con este esquema, cualquier aumento en la luz, el gas o el boleto de colectivo tendrá un impacto estadístico mucho más potente que en el pasado. Esto significa que la inflación oficial estará ahora más atada a la política económica directa del Gobierno y a la desregulación de los servicios públicos, áreas donde la soberanía energética y el rol del Estado eficiente son puestos a prueba.

​Un termómetro sensible al contexto

​El impacto final de esta recalibración dependerá de qué precios suban más rápido. La experiencia histórica indica que, en períodos de fuertes ajustes en servicios públicos y tarifas —como los impulsados por agendas neoliberales—, el nuevo IPC arrojará cifras de inflación más elevadas que el modelo anterior. Por el contrario, si el foco de la crisis se mantiene en el precio del mostrador de la carnicería o la góndola del almacén, el índice podría mostrar registros más moderados, aun cuando el bolsillo de la gente sienta el impacto con la misma intensidad de siempre.

Puntos clave:

  • ​El INDEC actualiza la canasta del IPC basada en la encuesta de gastos 2017/18.
  • ​El peso de Alimentos y Bebidas cae del 27% al 22,7%.
  • ​Los servicios y tarifas de vivienda suben su ponderación a más del 14%.
  • ​El índice se vuelve más dependiente de los precios regulados y decisiones oficiales.
  • ​La nueva medición comenzará a regir oficialmente desde febrero de 2026.

Combustibles ⛽

Milei congela el impuesto a los combustibles para maquillar la inflación

El gobierno volvió a diferir la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos mediante el decreto 217/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida, que ya tiene antecedentes desde mediados de 2024, apunta a evitar que el ajuste impositivo se traslade a los surtidores y presione sobre el Índice de Precios al Consumidor.

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★ El gobierno de Javier Milei recurrió una vez más a una de sus herramientas predilectas para amortiguar el dato de inflación: postergar la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). La medida, formalizada a través del decreto 217/2026 publicado en el Boletín Oficial, desplazó hasta mayo el incremento que estaba previsto para el corriente mes de abril.

La decisión no es nueva ni aislada. La administración libertaria recurre a esta maniobra de manera sistemática desde mediados de 2024, cuando comenzó a desdoblar y diferir los ajustes sobre los impuestos fijados a los combustibles para evitar que se trasladen a los precios finales al consumidor. Lo que cambia esta vez es el escenario internacional: la guerra que protagonizan Estados Unidos e Israel contra Irán mantiene bajo presión al precio del petróleo y agrega incertidumbre sobre la evolución futura de los valores en los surtidores.

El decreto y sus fundamentos oficiales

El texto del decreto 217/2026 establece que el Ejecutivo definió «volver a diferir los incrementos remanentes en los montos de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono», derivados de las actualizaciones correspondientes a los años calendario 2024 y 2025. Los productos alcanzados por la postergación son la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

El documento oficial justifica la medida con el argumento de que fue tomada «con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible» y agrega que consideró «necesario, para los productos en cuestión, volver a diferir los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones».

La retórica oficial choca con la realidad fiscal: según la estimación de la consultora Economía y Energía, las postergaciones de los aumentos impositivos a los combustibles dispuestas a lo largo de 2025 implicaron una resignación de ingresos fiscales por un total de 2.326 millones de dólares. Una cifra que desmiente la narrativa del «sendero fiscal sostenible» y revela el costo concreto de sostener artificialmente el índice de precios.

Combustibles e inflación: una relación estructural

El precio de los combustibles no es un dato menor dentro del esquema de medición de precios del INDEC. Su impacto se extiende a lo largo de toda la cadena productiva a través del transporte, lo que lo convierte en un factor con capacidad de arrastre sobre prácticamente todos los sectores de la economía. No actualizar el impuesto es, en los hechos, una forma de atenuar artificialmente la medición de inflación sin atacar sus causas estructurales.

Desde septiembre del año pasado, el gobierno estableció que las actualizaciones del ICL se calculen en base a la variación de la inflación y se apliquen de forma trimestral. Al mismo tiempo, fijó un monto diferencial para el gasoil destinado a las provincias patagónicas, el Partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires y el Departamento de Malargüe en Mendoza.

Una estrategia de cosmética fiscal

La postergación del impuesto a los combustibles se inscribe en un patrón más amplio del gobierno de Milei: la administración del dato de inflación como objetivo político antes que como resultado de una política económica consistente. La aceleración inflacionaria registrada en los últimos meses hace más urgente la necesidad oficial de evitar cualquier componente adicional que presione los precios, aunque eso implique resignar ingresos fiscales por miles de millones de dólares.

La situación en Oriente Medio suma una variable de incertidumbre que el gobierno no puede controlar desde Buenos Aires. El conflicto bélico que involucra a potencias con peso determinante en el mercado energético global mantiene los precios del crudo en un estado de volatilidad que el Ejecutivo prefiere esperar que se estabilice antes de aplicar los incrementos pendientes.

Lo que queda claro, sin embargo, es que cada postergación profundiza el rezago acumulado del impuesto; un rezago que más temprano que tarde deberá actualizarse, con el consiguiente impacto sobre los precios que el gobierno intenta hoy evitar a cualquier costo.

Puntos clave:

  • El gobierno oficializó la postergación del aumento del ICL mediante el decreto 217/2026, publicado en el Boletín Oficial.
  • Los productos alcanzados son nafta sin plomo, nafta virgen y gasoil.
  • La medida se aplaza para mayo; el ajuste corresponde a actualizaciones pendientes de 2024 y 2025.
  • Las postergaciones de 2025 implicaron una resignación de ingresos fiscales por 2.326 millones de dólares, según la consultora Economía y Energía.
  • El conflicto bélico en Oriente Medio y su efecto sobre el precio del petróleo opera como factor adicional en la decisión oficial.
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