La Dirección General de Aduana (DGA) secuestró más de 10.000 productos que eran comercializados de manera irregular en puestos de ventas ubicados en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los procedimientos se llevaron a cabo de forma simultánea en seis comercios en los que se detectaron productos fuera de regla, carentes de avales de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y de mercancías con riesgo de seguridad eléctrica.

En ese marco, se detectó un amplio abanico de infracciones, que iban desde la carencia de documentación respaldatoria hasta el fraude marcario, pasando por la falta de certificaciones de terceros organismos, informó hoy la DGA en un comunicado.

Desde la Aduana expresaron que «esto último resulta especialmente grave, ya que se constató, en las góndolas de los comercios, la presencia de una importante cantidad de productos cosméticos sin avales de ANMAT (Resolución 155/98) y de mercancías con riesgo de seguridad eléctrica – un riesgo para la salud de las ciudadanas y los ciudadanos de la Argentina».

Específicamente, en un comercio de la localidad de Benavídez detectaron la existencia de «más de 850 botellas de bebidas alcohólicas valuadas en US$ 165.400 que carecían de la documentación que avala su legítimo ingreso al territorio aduanero», por lo que fueron incautadas y el local fue clausurado en forma provisoria.

En tanto, en el barrio porteño de Caballito fueron incautados más de 6.000 productos de maquillaje por «falta de certificaciones sanitarias», indicaron las fuentes, y señalaron que «el comercio debió afrontar, en forma combinada, un seguro de $26 millones para evitar su clausura, en los términos del artículo 989 del Código Aduanero».

Por otro lado, desde la Aduana sostuvieron que «novedades detectadas durante algunos de los procedimientos llevaron a que se hicieran presentes agentes de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social para analizar situaciones de precariedad laboral».

En esa sentido, «se dio intervención urgente al Ministerio Público Fiscal, que dispuso la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, que ordena a la División Trata de Personas de la Policía Federal Argentina para que llevara adelante un allanamiento en el local y sus instalaciones, frente a lo que al día de la fecha continúan las tareas de inteligencia e investigación respectivas».