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Marcha por la Soberanía: alertan sobre el poder de Lewis

«Esta es una marcha por la defensa de la soberanía territorial y de los bienes naturales que nos pertenecen, y para demostrarle al Gobierno de la provincia de Río Negro y al Poder Judicial que tienen que cumplir la sentencia ya firme sobre el acondicionamiento del camino», dicen los organizadores.

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Las organizaciones políticas y gremiales que convocan a la 7° Marcha por la Soberanía de Lago Escondido anunciaron desde esta ciudad el cronograma de actividades que se iniciará mañana y finalizará el próximo 14 de febrero, al compartir una conferencia de prensa en la que se reiteró que el magnate británico Joe Lewis se apropió de forma ilegal del espejo de agua.

Más de 60 personas pertenecientes a una veintena de espacios sociales, sindicales y religiosos, provenientes de once provincias de la Argentina, partirán a pie mañana desde la chacra Wharton, en el Bolsón, Río Negro, para llegar a Lago Escondido a través de uno de los dos accesos, un sendero de montaña que exige una caminata de dificultad media durante dos a tres días.

El próximo martes, además, arrancará la movilización principal desde el área céntrica de Bariloche para concentrarse en el inicio del llamado ‘camino de Tacuifí’ sobre la ruta nacional 40, a la altura del paraje El Foyel, cuyo ingreso se encuentra hoy enrejado por decisión de la empresa Hidden Lake, de propiedad de Lewis.

«Esta marcha no busca enfrentarnos con vecinos y pobladores, como se quiere propiciar desde algunos medios», aclaró Jorge Molina, secretario general de la CTA de los Trabajadores de Río Negro, al iniciar la rueda de prensa desde la sede del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOyEM) de Bariloche.

Y agregó: «Esta es una marcha por la defensa de la soberanía territorial y de los bienes naturales que nos pertenecen, y para demostrarle al Gobierno de la provincia de Río Negro y al Poder Judicial que tienen que cumplir la sentencia ya firme sobre el acondicionamiento del camino».

En la presentación de la marcha no pudo estar uno de los convocantes históricos, el titular de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca) Julio Urien, quien no logró llegar a la actividad por la demora de su vuelo debido a la tormenta que afectaba el funcionamiento del aeropuerto metropolitano de Buenos Aires.

Otro de los expositores que habló en la conferencia fue el especialista en políticas sanitarias Jorge Rachid, designado e las últimas horas al frente del Instituto Superior de Educación del Instituto de Obra Médica Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires, integrante de la Comisión Salud del Instituto Patria y médico personal de la dirigente jujeña Milagro Sala.

«La defensa de la soberanía tiene que ver también con la defensa de los derechos humanos. En Bariloche hay cuatro compañeras mapuche detenidas por reclamar lo suyo. La democracia en la Argentina está en peligro», alertó Rachid, y añadió: «Vamos a poner en evidencia que Lewis no es Lewis. Lewis es expresión de los planes y desarrollo estratégico de los Estados Unidos y la OTAN».

El médico sanitarista advirtió finalmente sobre el poder económico del que dispone el magnate Lewis y su influencia en la región patagónica.

«Lewis tiene tres estancias que ponen en peligro la integridad territorial de la Argentina: una en la frontera, comprada fraudulentamente a nombre de Nicolás Van Ditmar; otra en Sierra Grande con una pista de aterrizaje cuya extensión es similar a la del aeroparque de Buenos Aires, y la otra en Punta de Magallanes, en la Patagonia austral», detalló Rachid.

En la rueda de prensa participó también el sacerdote tercermundista Francisco ‘Paco’ Olveira, integrante del Grupo de Curas en Opción por los Pobres.

«Duele saber que hay compañeras del pueblo mapuche presas por exigir lo que es suyo. Duele sentir la prepotencia con la que se maneja Joe Lewis. Eso que vimos en los chats, esa mafia de la que habla Cristina, ese poder paralelo que termina manejando nuestra Patria», manifestó Olveira.

Además, recordó que en el verano de 2022, luego de que el presidente Alberto Fernández dijera «que se podría abrir un camino a Lago Escondido» para facilitar el acceso al lugar, los participantes de las Marchas le escribieron «una carta pública diciéndole el camino ya está, hay una orden judicial para que el camino esté abierto y todos y todas podamos pasar libremente».

Para cerrar su intervención, el sacerdote expresó que su deseo de que la manifestación de este fin de semana sea «la última marcha a Lago Escondido», ya que eso -dijo- «implicaría que el Gobierno nacional toma en serio cartas en el asunto y que el Gobierno provincial, en vez de apelar las resoluciones judiciales a favor de Joe Lewis, se pone del lado de este pueblo».

Finalmente, Alejandro «Vikingo» Mayer, otro de los participantes históricos de estas expediciones, les respondió a aquellos que cuestionan la iniciativa para luego valorar el componente plural y federal que la caracteriza.

«Luego de siete años, veo acá a gente de la CTA Autónoma, de la CTA de los Trabajadores, de la CGT; veo a hombres y mujeres provenientes de Misiones, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, CABA, Mendoza, San Luis, Neuquén, Chubut y Río Negro», precisó Meyer.

Y añadió: «Acá veo federalismo, unidad, organización. Somos los argentinos preocupándonos por problemas de todos los argentinos. Cuando hay consecuencia se empiezan a ver los resultados. Arrancamos solos, hoy somos todos nosotros».

Otro de los asistentes fue el economista platense José Sbatella, extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

En la sede del gremio municipal hubo además muchos representantes de la CTA de los Trabajadores y de la CTA Autónoma, de la CGT Regional Andina, del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas, del Foro por la Recuperación del Paraná, de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER), de los estatales de ATE, del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (Sitrajur), de la FTV-Miles y Partido Comunista, entre otros espacios.

En septiembre pasado, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativo de Bariloche confirmó una sentencia del año 2013 en la que el juez del fuero civil Marcelo Cuellar ordenó al Estado provincial realizar los trabajos necesarios para garantizar el tránsito y libre acceso a Lago Escondido a través del camino del Tacuifí.

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Río Negro y la empresa Hidden Lake apelaron esa decisión, y la causa volvió al Superior Tribunal de Justicia de la provincia.

A finales de 2022, la exsenadora nacional por Río Negro Magdalena Odarda recusó a los jueces del Superior Tribunal de Justicia con distintos argumentos al plantear que en este caso tenían una clara parcialidad, por contar con intereses o conexiones con «el poder político de la provincia».

Odarda es la dirigente rionegrina que casi dos décadas atrás inició la vía judicial al presentar un amparo en el que solicitaba garantizar el libre acceso al Lago Escondido: el trámite judicial lleva 18 años tras la sentencia favorable del juez Cuellar y posteriores apelaciones del Estado provincial y la empresa.

Por otro lado, en octubre pasado la Cámara de Casación Penal cerró por prescripción la causa que investigaba la presunta compra irregular de tierras, entre ellas las pertenecientes a la estancia de Lewis, al estar emplazadas en zona de frontera.

La medida llevó la firma de los jueces Carlos Mahiques, Liliana Catucci y Guillermo Yacobucci, y confirmó el sobreseimiento de todos los imputados.

Mahiques fue uno de los jueces involucrados en el viaje VIP a Bariloche a través de un vuelo privado en el que fueron invitados por el Grupo Clarín y se alojaron en Lago Escondido, un hecho que llegó a la luz pública a partir de la filtración de los chats que intercambiaban por la aplicación Telegram.

El año pasado, al realizarse la 6° Marcha por la Soberanía de Lago Escondido, los organizadores denunciaron que un grupo de cincuenta personas a caballo y con armas de fuego emboscó en el paraje del Lago Soberanía a la columna de manifestantes que intentaba llegar al Lago Escondido por el camino de montaña, y les impidió el paso.

En la denuncia que Fipca presentó en la Justicia a partir de ese episodio se dejó constancia que los participantes de la Marcha recibieron amenazas de muerte; el hecho es investigado por el juez federal Ariel Lijo.

Por otro lado, en diciembre pasado, el abogado y dirigente de Patria Grande Juan Grabois ingresó al camino de Tacuifí con un grupo de militantes tras sortear la reja del perímetro e ingresar con camionetas hasta llegar a la costa de Lago Escondido, a metros de la estancia de Lewis.

Allí se hizo presente la policía provincial y personal de la estancia, con quienes mantuvieron un altercado; al día siguiente, abandonaron el lugar.

Movimientos Sociales

Olla popular frente a la casa de Adorni: una protesta contra la corrupción y el ajuste a los pobres

La organización social montará un comedor comunitario este jueves en la calle Miró al 500, en Caballito, la misma propiedad investigada judicialmente. La protesta denuncia el cierre del programa Volver al Trabajo, que deja sin ingresos a casi un millón de trabajadores de la economía popular.

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El-Argentino-Somos Barrios de Pie.

Barrios de Pie pondrá una olla popular frente a la casa de Adorni

★ La organización social Barrios de Pie eligió un escenario de alto impacto simbólico para su próxima acción de protesta: el jueves montará una olla popular frente al domicilio particular del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, la misma propiedad que hoy es objeto de una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

La actividad arrancará a las 11 de la mañana y apunta a visibilizar el rechazo al cierre del programa Volver al Trabajo, la política social que el Ministerio de Capital Humano decidió discontinuar y que hasta ahora sostenía el ingreso de 951.871 trabajadores de la economía popular con un salario social complementario de $78.000 mensuales, monto que, según datos de la propia Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), perdió el 74% de su poder adquisitivo desde que fue congelado en diciembre de 2023.

La contradicción que eligió el escenario

La decisión de instalar la olla popular frente al domicilio de Adorni no es casual. La organización trazó una línea directa entre los escándalos patrimoniales del funcionario y el destino de los sectores más vulnerables del país. Norma Morales, referente de Barrios de Pie y Secretaria General Adjunta de la UTEP, fue contundente: «Es increíble que este mamarracho de Adorni diga que se desloma mientras viaja al exterior y se compra casas que no puede justificar. Las verdaderas deslomadas son las cocineras de nuestros barrios que hacen magia para que millones de personas puedan tener un plato de comida.»

En el mismo comunicado, la organización apuntó: «Mientras funcionarios nacionales compraron casas, viajaron al exterior en vuelos privados y sacaron créditos en el Banco Nación para segundas o terceras casas, las cocineras se quedan sin su escaso ingreso, poniendo en peligro la apertura de los comedores.»

La elección del domicilio de Adorni como epicentro de la protesta se produce en la misma jornada en que el fiscal federal Gerardo Pollicita confirmó que el jefe de Gabinete viajó a Aruba en Año Nuevo con su familia en los asientos más costosos de la aerolínea Latam disponibles para ese destino, y en que dos jubiladas que le financiaron el 87% de la compra de esa misma propiedad de Caballito declararon ante la Justicia en los tribunales de Comodoro Py.

Qué implica el cierre del programa

El programa Volver al Trabajo es uno de los dos esquemas en que derivó el histórico Potenciar Trabajo a partir del Decreto 198/2024, firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. Ese decreto fijó también la fecha de caducidad del programa: mayo de 2026. El Gobierno no anunció una prórroga y Pettovello anticipó que el esquema será reemplazado por vouchers de capacitación laboral, una propuesta que las organizaciones rechazan de plano.

«El Gobierno sostiene que esto se va a transformar en trabajo genuino, pero los hechos indican todo lo contrario. Cuando se implementó el programa Volver al Trabajo comenzó la lógica de la capacitación. ¿Saben cuántas personas consiguieron empleo formal en dos años? 80 personas», señaló Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP.

El impacto del cierre no se limita a los ingresos directos. Según datos del Partido Obrero, el programa representaba un costo fiscal equivalente al 0,1% del PBI, pero con un efecto multiplicador en las economías barriales: cada peso se volcaba al consumo inmediato en comercios de proximidad.

La UTEP estimó que en la provincia de Buenos Aires hay unos 500.000 beneficiarios, lo que equivale a una inyección mensual de $39.000 millones en circuitos económicos locales. A nivel nacional, el impacto anual del cierre se estima en 600 millones de dólares, con el Noroeste como la región más golpeada, según datos del Partido Obrero.

Las cocineras, en el centro del conflicto

Barrios de Pie subrayó que «las principales afectadas de esta medida son las cocineras de los comedores comunitarios, ya que era su único ingreso por el trabajo que allí realizaban». La organización advirtió que el cierre «pone en peligro la apertura de los comedores», lo que implica que miles de niños y jubilados podrían quedarse sin ese servicio esencial.

Morales fue más lejos en su caracterización: «Estamos frente a un gobierno nefasto que está llevando a nuestro pueblo a la pobreza total mientras ellos se vuelven millonarios. Con la medida que tomaron peligra el cierre de los comedores; decidieron sacarles el único plato de comida al que accedían miles de niños y jubilados.»

Un plan de lucha que ya suma organizaciones

La olla popular frente a la casa de Adorni se inscribe en un esquema más amplio de movilización. Según informó Infobae, la UTEP y los movimientos que la integran, entre ellos el Movimiento Evita, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie, definieron el 13 de abril un plan de acción que incluye una audiencia pública con diputados nacionales el viernes 17 de abril, un congreso en la sede de la UTEP el martes 21 y jornadas de protesta callejera con piquetes los días 5 y 7 de mayo. En paralelo, los dirigentes iniciaron contactos con el gobernador Axel Kicillof y con bloques parlamentarios para advertir sobre el impacto territorial de la medida.

La protesta del jueves en Caballito concentrará, así, dos de los ejes más sensibles del momento político: el escándalo patrimonial de un funcionario de máximo rango y el ajuste sobre los sectores que menos tienen. Dos realidades que, según las organizaciones, no son ajenas entre sí.

Puntos clave:

  • Barrios de Pie montará una olla popular este jueves a las 11 frente a la casa de Adorni en la calle Miró al 500, Caballito, la misma propiedad investigada por presunto enriquecimiento ilícito.
  • La protesta reclama la reversión del cierre del programa Volver al Trabajo, que afecta a 951.871 trabajadores de la economía popular con un ingreso de $78.000 mensuales congelado desde diciembre de 2023.
  • La organización advierte que el cierre pone en riesgo el funcionamiento de comedores comunitarios y el acceso a alimentos de miles de niños y jubilados.
  • La UTEP estima que el programa representaba una inyección mensual de $39.000 millones en economías barriales solo en la provincia de Buenos Aires; el impacto anual del cierre a nivel nacional alcanza los 600 millones de dólares.
  • El plan de lucha de los movimientos sociales incluye una audiencia con diputados el 17 de abril, un congreso de la UTEP el 21 y jornadas de protesta con piquetes el 5 y 7 de mayo.
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