Seguridad 🚨
En 2021 fueron rescatadas 1404 víctimas de trata
La mayoría de las personas eran víctimas de trata laboral, y 36 de las que fueron asistidas por el dispositivo oficial, conviven con una discapacidad.
El año pasado se rescataron y asistieron a 1404 personas en situación de trata y la Línea 145 recibió 1710 denuncias en ese período, según datos oficiales difundidos este jueves.
Según las últimas estadísticas del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata del Ministerio de Justicia.
El desglose de las cifras reveló que del total de personas rescatadas este año, 551 son mujeres, 6 son trans y 847 son hombres.
La mayoría de las personas eran víctimas de trata laboral, y 36 de las que fueron asistidas por el dispositivo oficial, conviven con una discapacidad.
El 92% de estas personas eran mayores de edad y 113 eran menores de 18 años, y la mayoría de las personas asistidas y rescatadas eran de nacionalidad argentina.
Los rescates se dieron mayoritariamente en la Ciudad (300) y la provincia de Buenos Aires (322) y en Corrientes (246), y también hubo intervenciones en Mendoza, Salta, San Juan, Entre Ríos, Río Negro, Chaco, Neuquén, La Rioja, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Chubut, Córdoba, Tierra del Fuego, La Pampa, San Luis, Santa Cruz, Catamarca, Formosa y Misiones.
En tanto, la Línea 145 nacional y gratuita que recepciona denuncias por trata y explotación sexual recibió entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, 1710 llamados. Desde su creación en 2012 y hasta el último día del año pasado, el 145 atendió 19.559 llamados.
Y el histórico de rescates, desde 2008, año de la sanción de la ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas de y asistencia a sus víctimas, hasta el último día del 2021 fue de 17.311.
*Línea 145: para denunciar delitos de trata y explotación de personas. Las 24 horas. Gratuita, anónima y nacional.
Judiciales ⚖️
Seis detenidos en Brasil por la muerte de la joven lanzada sin cuerdas en el Puente del Esqueleto
La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis.
La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis. El comisario Antonio Luis Tuckumantel confirmó que las detenciones apuntan a evitar la destrucción de pruebas sobre el negocio de la actividad de aventura en el denominado Puente del Esqueleto.
Más arrestos en una causa que suma imputados
La Policía Civil del estado de San Pablo detuvo este sábado a tres nuevas personas en el marco de la investigación por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, ocurrida el pasado 13 de junio en Limeira, cuando la joven fue lanzada desde el Puente del Esqueleto, una estructura ferroviaria inconclusa utilizada como escenario para actividades de deporte extremo, sin que la cuerda de seguridad estuviera correctamente ajustada a su arnés. Según confirmó la Policía, el total de personas detenidas por este hecho ascendió a seis.
El comisario Antonio Luis Tuckumantel indicó que no podía precisar públicamente el rol específico de cada uno de los nuevos arrestados dentro del entramado investigado, aunque señaló que las detenciones buscan preservar la integridad de la evidencia y evitar que los responsables interfieran con el curso de la investigación.
Los tres primeros detenidos siguen en prisión preventiva
Los tres instructores detenidos desde el mismo día del accidente permanecen en prisión preventiva: Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32 años; Maicon Fernandes Cintra, de 42 años; y Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 años. Los tres fueron acusados de homicidio con dolo eventual y sus solicitudes de habeas corpus fueron rechazadas por la Justicia, que consideró que existía riesgo real de fuga e interferencia en la investigación.
Según la investigación, el trío integraba el grupo que organizaba los saltos desde el puente, donde se cobraban 180 reales (aproximadamente 35 dólares) por persona. El negocio funcionaba sin habilitación ni constitución formal como empresa, condición que la Justicia valoró al denegar las excarcelaciones.
La secuencia fatal: sin cuerdas y sin verificación
La investigación reconstruyó con precisión cómo se produjo la tragedia. De acuerdo con la Policía Civil, la cuerda que debía sujetar a María Eduarda no fue ajustada y permaneció enrollada sobre la plataforma desde donde se realizó el salto en el momento en que la joven fue empujada al vacío. Una grabación realizada por testigos presentes en el lugar mostró que los instructores llevaron a la víctima hasta el borde del puente y la empujaron sin haber completado la verificación del equipo de seguridad. Los propios testigos declararon ante la Justicia que los responsables omitieron la revisión final antes del salto.
María Eduarda, residente de la localidad de Jandira, cayó desde una altura aproximada de 40 metros y murió como consecuencia del impacto. La joven tenía 21 años.
Un negocio sin habilitación y sin controles
La investigación estableció además que la organización que promovía los saltos en el Puente del Esqueleto no operaba como una empresa formalmente constituida. La estructura, ubicada en las afueras de Limeira, se había convertido en un punto habitual para actividades de rope jump sin ningún tipo de control estatal, regulación ni fiscalización municipal o federal. Este dato no es menor: la cobertura previa de este medio señaló que la municipalidad de Limeira había alertado a las autoridades nacionales sobre la situación del puente desde principios de 2025, sin que se adoptaran medidas efectivas de control.
La muerte de María Eduarda reabre el debate sobre la ausencia de regulación en el sector de los deportes de aventura en Brasil, donde la actividad de rope jumping se ofrece de manera informal en múltiples puntos del país sin que exista un marco normativo que establezca estándares mínimos de seguridad, habilitaciones obligatorias ni protocolos de verificación previos al salto.
Puntos clave
- La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas, elevando a seis el total de detenidos por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas.
- Los tres instructores detenidos desde el 13 de junio, Egoroff, Cintra y Gonçalves, permanecen en prisión preventiva acusados de homicidio con dolo eventual.
- La cuerda de seguridad no estaba ajustada al arnés de la víctima cuando fue empujada al vacío desde 40 metros de altura.
- El grupo organizador de los saltos no operaba como empresa formalmente constituida y carecía de habilitaciones municipales o nacionales.
- La causa reaviva el debate sobre la falta de regulación de los deportes de aventura en Brasil y la responsabilidad del Estado en la fiscalización de estos espacios.
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