Lo que tenés que saber

• Córdoba proyecta un rojo previsional de $821 mil millones para 2026.
• El Gobierno provincial denuncia suspensión de fondos que enviaba Nación.
• Reclama una deuda de $1 billón y calcula que necesita $20 mil millones por mes.
• Impulsan un proyecto para declarar la emergencia de la Caja de Jubilaciones.
• Se analiza un esquema de “solidaridad previsional” para haberes altos.

Llaryora prende alarmas por el déficit previsional y la falta de giros nacionales

La Caja de Jubilaciones de Córdoba volvió al centro del debate político tras la presentación del Presupuesto 2026. El Gobierno provincial señaló que la suspensión o demora en los envíos de Anses genera un escenario crítico y asemeja la situación a la vivida durante la gestión de Amado Boudou. Funcionarios provinciales consideran que el sistema se acerca a un “precipicio” financiero.

Un déficit que expone la presión sobre las cuentas provinciales

Según el proyecto presupuestario, el gasto total del sistema previsional alcanzará $2,63 billones en 2026. Los aportes y contribuciones de los trabajadores activos cubrirán un 69% de ese monto, con $1,81 billones, lo que proyecta un déficit operativo de $821.292 millones. Además, la Provincia sostiene que Nación mantiene una deuda de $1 billón por reconocimientos previsionales.

La previsión incluye otro punto clave: Córdoba estima que deberá financiar con recursos propios al menos $417.292 millones, un 51% del rojo. La preocupación surge porque los giros nacionales que compensaban la diferencia —establecidos tras la intervención de la Corte Suprema en 2025— no están garantizados. Ese año, la Nación comenzó a enviar $5.000 millones en 12 cuotas fijas, cifra que ahora quedó en duda. Técnicos de la Caja calculan que la necesidad real asciende a $20.000 millones mensuales, cuatro veces más que lo comprometido anteriormente.

Propuestas para enfrentar la crisis y tensiones con los gremios

En medio del debate, el legislador Matías Chamorro presentó un proyecto para declarar la “Emergencia de la Caja de Jubilaciones”, lo que encendió la alerta entre los gremios. La iniciativa se interpreta como un anticipo de un año difícil y un ajuste que impactaría en estatales y jubilados.

El Gobierno provincial busca sostener que el 85% de los beneficiarios mantenga el 82% móvil a través de un adicional no remunerativo. Para los haberes superiores a $2,5 millones, se prevé aplicar una cláusula de “solidaridad previsional”. En ese esquema, el excedente se pagaría con Títulos de Cancelación Previsional, instrumentos transferibles con una tasa equivalente a la pasiva promedio. La medida afecta especialmente a gremios con mayor capacidad de protesta, como Luz y Fuerza, los municipales de la ciudad de Córdoba y el sector judicial.

Quien llevó el planteo al límite fue Facundo Torres, presidente del bloque oficialista en la Legislatura, al asegurar que la Caja está “ante una situación crítica” y que “ya se empieza a ver el precipicio”.

Aumento de aportes personales y límites de la estrategia provincial

Torres respalda incrementar un 4% los aportes personales en determinados sectores, como municipales, Luz y Fuerza y bancarios. El Gobierno considera que estos grupos, con alta conflictividad y mala imagen pública, representan un margen político viable para avanzar en la medida. Llaryora ya enfrentó a los municipales cuando era intendente y obtuvo respaldo social en ese momento.

Sin embargo, la Provincia descarta avanzar sobre los sectores que componen la mayor parte de los aportantes: los 25 mil policías y los 50 mil docentes, que concentran casi el 80% del personal.

Un conflicto con Nación sin margen para soluciones drásticas

A diferencia del enfrentamiento entre José Manuel de la Sota, Amado Boudou y Cristina Kirchner —episodio que derivó en 2012 en la creación de la “tasa vial” para compensar la falta de fondos—, Llaryora enfrenta al dirigente que ganó las elecciones nacionales en Córdoba y no cuenta con margen político para implementar un impuesto similar.

La discusión por los déficits previsionales vuelve a tensionar la relación entre Provincia y Nación en un escenario de alta fragilidad fiscal y con decisiones estructurales aún pendientes.