Córdoba
Llaryora dijo que la Caja de Jubilaciones está al borde del “precipicio”
Córdoba enfrenta un déficit previsional histórico, reclama pagos adeudados y evalúa medidas mientras crece la incertidumbre por los aportes nacionales.
Lo que tenés que saber
- Córdoba proyecta un rojo previsional de $821 mil millones para 2026.
- El Gobierno provincial denuncia suspensión de fondos que enviaba Nación.
- Reclama una deuda de $1 billón y calcula que necesita $20 mil millones por mes.
- Impulsan un proyecto para declarar la emergencia de la Caja de Jubilaciones.
- Se analiza un esquema de “solidaridad previsional” para haberes altos.
Llaryora prende alarmas por el déficit previsional y la falta de giros nacionales
La Caja de Jubilaciones de Córdoba volvió al centro del debate político tras la presentación del Presupuesto 2026. El Gobierno provincial señaló que la suspensión o demora en los envíos de Anses genera un escenario crítico y asemeja la situación a la vivida durante la gestión de Amado Boudou. Funcionarios provinciales consideran que el sistema se acerca a un “precipicio” financiero.
Un déficit que expone la presión sobre las cuentas provinciales
Según el proyecto presupuestario, el gasto total del sistema previsional alcanzará $2,63 billones en 2026. Los aportes y contribuciones de los trabajadores activos cubrirán un 69% de ese monto, con $1,81 billones, lo que proyecta un déficit operativo de $821.292 millones. Además, la Provincia sostiene que Nación mantiene una deuda de $1 billón por reconocimientos previsionales.
La previsión incluye otro punto clave: Córdoba estima que deberá financiar con recursos propios al menos $417.292 millones, un 51% del rojo. La preocupación surge porque los giros nacionales que compensaban la diferencia —establecidos tras la intervención de la Corte Suprema en 2025— no están garantizados. Ese año, la Nación comenzó a enviar $5.000 millones en 12 cuotas fijas, cifra que ahora quedó en duda. Técnicos de la Caja calculan que la necesidad real asciende a $20.000 millones mensuales, cuatro veces más que lo comprometido anteriormente.
Propuestas para enfrentar la crisis y tensiones con los gremios
En medio del debate, el legislador Matías Chamorro presentó un proyecto para declarar la “Emergencia de la Caja de Jubilaciones”, lo que encendió la alerta entre los gremios. La iniciativa se interpreta como un anticipo de un año difícil y un ajuste que impactaría en estatales y jubilados.
El Gobierno provincial busca sostener que el 85% de los beneficiarios mantenga el 82% móvil a través de un adicional no remunerativo. Para los haberes superiores a $2,5 millones, se prevé aplicar una cláusula de “solidaridad previsional”. En ese esquema, el excedente se pagaría con Títulos de Cancelación Previsional, instrumentos transferibles con una tasa equivalente a la pasiva promedio. La medida afecta especialmente a gremios con mayor capacidad de protesta, como Luz y Fuerza, los municipales de la ciudad de Córdoba y el sector judicial.
Quien llevó el planteo al límite fue Facundo Torres, presidente del bloque oficialista en la Legislatura, al asegurar que la Caja está “ante una situación crítica” y que “ya se empieza a ver el precipicio”.
Aumento de aportes personales y límites de la estrategia provincial
Torres respalda incrementar un 4% los aportes personales en determinados sectores, como municipales, Luz y Fuerza y bancarios. El Gobierno considera que estos grupos, con alta conflictividad y mala imagen pública, representan un margen político viable para avanzar en la medida. Llaryora ya enfrentó a los municipales cuando era intendente y obtuvo respaldo social en ese momento.
Sin embargo, la Provincia descarta avanzar sobre los sectores que componen la mayor parte de los aportantes: los 25 mil policías y los 50 mil docentes, que concentran casi el 80% del personal.
Un conflicto con Nación sin margen para soluciones drásticas
A diferencia del enfrentamiento entre José Manuel de la Sota, Amado Boudou y Cristina Kirchner —episodio que derivó en 2012 en la creación de la “tasa vial” para compensar la falta de fondos—, Llaryora enfrenta al dirigente que ganó las elecciones nacionales en Córdoba y no cuenta con margen político para implementar un impuesto similar.
La discusión por los déficits previsionales vuelve a tensionar la relación entre Provincia y Nación en un escenario de alta fragilidad fiscal y con decisiones estructurales aún pendientes.
Córdoba
Fuego en el aula: condenan a un colegio por las quemaduras de una alumna
Un juez de Córdoba ordenó indemnizar a una estudiante de 17 años que pasó 70 días en terapia intensiva y quedó con una incapacidad permanente. El laboratorio no tenía las medidas básicas de seguridad.
Una alumna de 17 años pasó 70 días en terapia intensiva, atravesó decenas de cirugías y quedó con una incapacidad psicofísica permanente y definitiva por las quemaduras que sufrió durante un experimento en la clase de química. Ahora, la Justicia cordobesa condenó al colegio privado al que asistía a indemnizarla y dejó en claro que la seguridad de los estudiantes es responsabilidad de la escuela.
El fallo es del juez Gustavo Massano, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial de 51ª Nominación de la ciudad de Córdoba, y fue difundido por el portal oficial Justicia de Córdoba. La resolución alcanza a la institución educativa de gestión privada y a su compañía de seguros, citada en garantía. El portal oficial no difundió el monto de la indemnización ni el nombre del establecimiento. El hecho ocurrió el 6 de septiembre de 2022, durante una clase de química del último año del secundario.
La «serpiente del faraón» que terminó en tragedia
El accidente ocurrió durante una práctica conocida como «la serpiente del faraón», un experimento que implica manipular elementos inflamables para generar una estructura carbonosa negra que crece con forma de serpiente. Mientras dos adolescentes realizaban la actividad, una compañera de curso agregó alcohol a la mezcla y se produjo una deflagración con una expansión de fuego que alcanzó de lleno a la estudiante.
Las quemaduras fueron de extrema gravedad. La joven estuvo internada 70 días en terapia intensiva y tuvo que someterse a decenas de intervenciones quirúrgicas, entre ellas limpiezas, ablaciones y autoinjertos de piel, además de un largo proceso de rehabilitación.
Una docente sola para varios grupos con fuego
El colegio intentó despegarse: argumentó que el daño se debió directamente a la conducta impropia de otra alumna. La aseguradora fue más allá y sostuvo que esa inconducta constituía un caso fortuito, imprevisible o inevitable. El juez rechazó ambas defensas.
Massano precisó que los alumnos no son «terceros extraños» respecto del colegio, sino que están amparados por el deber de custodia e indemnidad del establecimiento, por lo que lo que haga un estudiante no puede eximir a la escuela de su responsabilidad. Para el magistrado, manipular fuego y alcohol es una actividad riesgosa y la conducta irreflexiva de un adolescente forma parte de las contingencias previsibles que la autoridad escolar debe contemplar.
La prueba fue contundente. La pericia técnica en higiene y seguridad y el resto de los elementos de la causa demostraron que el laboratorio no contaba con los elementos básicos de protección personal ni con las medidas de seguridad necesarias. Además, el colegio no aplicó su propio manual de seguridad del laboratorio.
El fallo también apuntó a la falta de supervisión: una sola docente estaba a cargo de controlar al mismo tiempo a varios grupos que hacían la prueba con fuego en paralelo, sin un orden secuencial estricto, sin ayudantes de laboratorio y sin haber revisado antes los recipientes de alcohol que llevaron los propios alumnos.
La educación privada, leída como relación de consumo
Para resolver el caso, el juez consideró la relación entre el establecimiento y los alumnos, o sus padres cuando son menores de edad, como un «verdadero contrato de consumo», y lo encuadró en el régimen de responsabilidad objetiva del artículo 1767 del Código Civil y Comercial de la Nación, que regula la responsabilidad de los establecimientos educativos por los daños que sufren o causan sus alumnos menores de edad mientras están bajo su control.
En esa lógica, el colegio asume el rol de proveedor, como empresa que organiza y ofrece su actividad de enseñanza, y la alumna el de consumidora, como usuaria y destinataria final del servicio. El encuadre tiene una consecuencia directa: la escuela responde por los daños sin que la víctima tenga que probar su culpa, y solo podría liberarse demostrando un caso fortuito, algo que el juez descartó.
El caso deja una advertencia que excede a ese colegio: cuando una escuela cobra por enseñar y organiza actividades riesgosas, no puede trasladar a los chicos ni al azar el costo de no invertir en seguridad ni en personal.
Lo que tenés que saber:
- Un juzgado civil y comercial de Córdoba condenó a un colegio privado a indemnizar a una alumna que se quemó en una clase de química.
- La estudiante, de 17 años, estuvo 70 días en terapia intensiva, pasó por decenas de cirugías y quedó con una incapacidad permanente.
- El accidente ocurrió cuando una compañera agregó alcohol al experimento conocido como «la serpiente del faraón».
- El juez Gustavo Massano rechazó que la culpa fuera de la otra alumna o un caso fortuito y aplicó el artículo 1767 del Código Civil y Comercial.
- La pericia mostró que el laboratorio no tenía elementos básicos de seguridad y que una sola docente supervisaba a varios grupos a la vez.
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