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La Mona Jiménez detalló su detención durante la dictadura militar

La Mona Jiménez relató su detención y la persecución cultural que sufrió el género popular cordobés durante el terrorismo de Estado.

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​★ El músico cordobés Carlos «La Mona» Jiménez rompió el silencio sobre los padecimientos que atravesó durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. A través de un testimonio volcado en sus redes sociales, el máximo referente de la música popular de Córdoba detalló cómo su actividad artística lo convirtió en un objetivo de las fuerzas represivas, que identificaban al cuarteto como una expresión cultural peligrosa y marginal.

​La criminalización de la cultura popular

​Jiménez recordó el momento en que reconoció, años después, uno de los centros donde permaneció privado de su libertad. El artista describió un sistema de detenciones arbitrarias basadas estrictamente en su oficio y en el componente social de su público. Según su relato, el género musical era considerado «mala palabra» por las autoridades de facto, quienes aplicaban una lógica de segregación clasista y racista sobre los artistas y sus seguidores.

​»Era que cante un negro para hacer divertir a los otros», sentenció el músico, exponiendo el desprecio con el que el poder militar observaba las manifestaciones de los sectores más vulnerables. Esta persecución no fue un hecho aislado, sino que formó parte de un plan sistemático de control cultural que buscaba disciplinar o eliminar cualquier expresión que fomentara la identidad colectiva fuera de los cánones impuestos por la Junta Militar.

​Un cautiverio prolongado y el rol de la resistencia familiar

​El cantante precisó que una de sus detenciones se extendió por un lapso de un año y ocho meses, un periodo de tiempo que evidencia la intensidad de la vigilancia sobre su figura. Durante ese proceso, la incertidumbre y la violencia institucional afectaron de manera directa a su núcleo familiar.

​Jiménez destacó la figura de su compañera, Juana Delseri, quien encarnó una forma de resistencia cotidiana frente a la arbitrariedad policial. El músico relató que ella lo esperaba durante noches enteras en la Plaza San Martín de la capital cordobesa, a la espera de una liberación que muchas veces se postergaba sin explicaciones legales. Este accionar de las fuerzas de seguridad en Córdoba, bajo el mando de figuras como el represor Luciano Benjamín Menéndez en el III Cuerpo de Ejército, se caracterizó por una ferocidad particular contra las expresiones populares y gremiales.

​El sentido de la vocación frente al autoritarismo

​A pesar del contexto de censura y violencia, el referente cordobés reivindicó la función social de su música. Aseguró que su felicidad radicaba en brindarle momentos de alegría a las personas que más lo necesitaban en aquel periodo de oscuridad. La detención de Jiménez por «cantar cuarteto» se inscribe en la larga lista de artistas perseguidos, prohibidos o desaparecidos que intentaron sostener espacios de pertenencia para las mayorías populares.

​El testimonio de Jiménez se suma a los registros históricos que documentan cómo la dictadura no solo persiguió la militancia política y sindical, sino que también intentó aniquilar los consumos culturales que no se alineaban con su proyecto de nación.

Puntos clave:

  • ​Carlos Jiménez denunció que estuvo detenido un año y ocho meses durante la dictadura.
  • ​El artista vinculó su persecución directamente con la estigmatización del cuarteto.
  • ​El testimonio revela la vigilancia constante sobre los espacios de baile y reunión popular en Córdoba.
  • ​Juana Delseri mantenía guardias en plazas públicas ante la falta de información oficial sobre el paradero del músico.
  • ​El relato subraya el componente de clase en la represión cultural del periodo 1976 a 1983. ★

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La defensa de Maduro apuesta a desmantelar la acusación antes del juicio: la inmunidad soberana, el primer frente de batalla

La tercera audiencia preliminar ante el juez federal Alvin Hellerstein duró apenas 18 minutos y concluyó con la aprobación del cronograma conjunto propuesto por la Fiscalía y la defensa. Nicolás Maduro y Cilia Flores, detenidos en Brooklyn desde el 3 de enero, reiteraron su declaración de inocencia. La inmunidad soberana será el primer gran frente de batalla legal.

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El Argentino Diario-Nicolás Maduro en Nueva York.
La justicia de EEUU fijó el 1° de junio de 2027 como fecha de inicio del juicio oral contra Nicolás Maduro y su esposa.

El Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York celebró este miércoles 22 de julio la tercera audiencia preliminar del proceso penal contra el ex presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La vista, que no superó los 18 minutos, tuvo un carácter estrictamente procesal: la Fiscalía y la defensa presentaron conjuntamente un cronograma que el juez Alvin Hellerstein aprobó, fijando el 1° de junio de 2027 como fecha tentativa de inicio del juicio oral. Ambos procesados, que permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn desde su captura el 3 de enero, volvieron a declararse no culpables.

Un cronograma acordado entre partes

Antes de la audiencia, la Fiscalía y la defensa presentaron ante el tribunal un escrito conjunto con el calendario detallado del proceso. El documento establece dos rondas de mociones previas al juicio. La primera ronda deberá completarse el 2 de septiembre de 2026, e incluirá, entre otras presentaciones, el argumento de inmunidad soberana que el equipo defensor planea invocar a favor de Maduro. Según expuso el abogado principal de la defensa, Barry Pollack, si el juez acepta ese argumento, Maduro no tendría que someterse a la segunda ronda de mociones, en la que la Fiscalía incorporará el conjunto de las pruebas reunidas durante la investigación.

En cuanto al material probatorio, la Fiscalía prevé completar la entrega de pruebas no clasificadas el 22 de septiembre y las clasificadas el 15 de noviembre de 2026, aunque advirtió que esos plazos podrían variar en función de la disponibilidad de otras agencias del gobierno de Estados Unidos. La segunda ronda de mociones se extendería hasta el 11 de enero de 2027, y el juicio con jurado arrancaría en junio de 2027, siempre que el tribunal no haga lugar a ninguno de los planteos de la defensa antes de esa fecha.

La apuesta de la defensa: la inmunidad como escudo

El eje central de la estrategia defensiva, revelado por Barry Pollack durante la audiencia, es la moción de inmunidad soberana: el argumento de que Maduro ejercía como jefe de Estado en funciones al momento de su detención y que, por lo tanto, la justicia estadounidense carecería de jurisdicción para juzgarlo. Pollack también anticipó que la defensa impugnará la legalidad de la captura y del traslado a territorio estadounidense, obligando al juez a examinar cuestiones sobre soberanía, actuación militar en territorio extranjero y admisibilidad de las pruebas obtenidas durante la Operación Resolución Absoluta del 3 de enero.

La estrategia apunta a desmantelar la acusación antes de llegar al jurado, mediante una disputa jurídica de fondo que podría consumir gran parte del período de preparación. Si el juez desestimara las mociones de inmunidad, el caso avanzaría hacia el debate sobre los cargos sustantivos: conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, en el caso de Maduro; delitos relacionados con importación de drogas y posesión de armas, para Flores. Una condena en ambos cargos podría derivar en cadena perpetua.

El estado físico de los procesados y el contexto político

Presentes en la sala con uniforme de prisionero color caqui, tanto Maduro como Flores fueron descriptos por periodistas presentes en la audiencia como visiblemente más delgados que en comparecencias anteriores, aunque con un aspecto recuperado. Maduro llegó caminando con normalidad, sin el rastro de la cojera que había mostrado en sesiones previas, y siguió los procedimientos junto a sus abogados con auriculares de traducción. Flores llegó detrás de él, con el cabello recogido y gafas.

Desde Venezuela, el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del procesado, calificó el proceso de «injusto» y reclamó públicamente la liberación de su padre y de Cilia Flores. La audiencia estuvo enmarcada en un amplio dispositivo de seguridad del NYPD para el traslado de los detenidos desde Brooklyn hasta la sede del tribunal en Manhattan. Cabe recordar que la audiencia estaba originalmente prevista para el 30 de junio, pero fue postergada por cuestiones logísticas vinculadas, según trascendidos, a la realización del Mundial de Fútbol en suelo estadounidense.

Un caso sin precedentes en la historia judicial de Estados Unidos

El proceso contra Maduro y Flores no tiene antecedentes directos en la historia judicial estadounidense en cuanto a la condición de los procesados: ambos eran, al momento de su captura, el presidente en ejercicio y la primera dama de Venezuela, respectivamente. La Operación Resolución Absoluta, que los detuvo el 3 de enero de 2026 en Caracas mediante una intervención de fuerzas estadounidenses, abrió un debate jurídico internacional que la defensa ahora intenta trasladar al propio tribunal. El juez Hellerstein, de 91 años, presidirá un proceso que se proyecta como uno de los más complejos y políticamente sensibles que haya enfrentado la justicia federal norteamericana en décadas.

Puntos clave

  • El juez Alvin Hellerstein fijó el 1° de junio de 2027 como fecha de inicio del juicio oral.
  • La audiencia del 22 de julio duró apenas 18 minutos y tuvo carácter exclusivamente procesal.
  • La defensa apelará a la inmunidad soberana como primera línea de ataque jurídico, con mociones a presentar el 2 de septiembre.
  • Maduro enfrenta cargos de narcoterrorismo e importación de cocaína; Flores, de importación de drogas y posesión de armas.
  • Ambos permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn desde el 3 de enero de 2026.
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