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La Mona Jiménez detalló su detención durante la dictadura militar

La Mona Jiménez relató su detención y la persecución cultural que sufrió el género popular cordobés durante el terrorismo de Estado.

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​★ El músico cordobés Carlos «La Mona» Jiménez rompió el silencio sobre los padecimientos que atravesó durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. A través de un testimonio volcado en sus redes sociales, el máximo referente de la música popular de Córdoba detalló cómo su actividad artística lo convirtió en un objetivo de las fuerzas represivas, que identificaban al cuarteto como una expresión cultural peligrosa y marginal.

​La criminalización de la cultura popular

​Jiménez recordó el momento en que reconoció, años después, uno de los centros donde permaneció privado de su libertad. El artista describió un sistema de detenciones arbitrarias basadas estrictamente en su oficio y en el componente social de su público. Según su relato, el género musical era considerado «mala palabra» por las autoridades de facto, quienes aplicaban una lógica de segregación clasista y racista sobre los artistas y sus seguidores.

​»Era que cante un negro para hacer divertir a los otros», sentenció el músico, exponiendo el desprecio con el que el poder militar observaba las manifestaciones de los sectores más vulnerables. Esta persecución no fue un hecho aislado, sino que formó parte de un plan sistemático de control cultural que buscaba disciplinar o eliminar cualquier expresión que fomentara la identidad colectiva fuera de los cánones impuestos por la Junta Militar.

​Un cautiverio prolongado y el rol de la resistencia familiar

​El cantante precisó que una de sus detenciones se extendió por un lapso de un año y ocho meses, un periodo de tiempo que evidencia la intensidad de la vigilancia sobre su figura. Durante ese proceso, la incertidumbre y la violencia institucional afectaron de manera directa a su núcleo familiar.

​Jiménez destacó la figura de su compañera, Juana Delseri, quien encarnó una forma de resistencia cotidiana frente a la arbitrariedad policial. El músico relató que ella lo esperaba durante noches enteras en la Plaza San Martín de la capital cordobesa, a la espera de una liberación que muchas veces se postergaba sin explicaciones legales. Este accionar de las fuerzas de seguridad en Córdoba, bajo el mando de figuras como el represor Luciano Benjamín Menéndez en el III Cuerpo de Ejército, se caracterizó por una ferocidad particular contra las expresiones populares y gremiales.

​El sentido de la vocación frente al autoritarismo

​A pesar del contexto de censura y violencia, el referente cordobés reivindicó la función social de su música. Aseguró que su felicidad radicaba en brindarle momentos de alegría a las personas que más lo necesitaban en aquel periodo de oscuridad. La detención de Jiménez por «cantar cuarteto» se inscribe en la larga lista de artistas perseguidos, prohibidos o desaparecidos que intentaron sostener espacios de pertenencia para las mayorías populares.

​El testimonio de Jiménez se suma a los registros históricos que documentan cómo la dictadura no solo persiguió la militancia política y sindical, sino que también intentó aniquilar los consumos culturales que no se alineaban con su proyecto de nación.

Puntos clave:

  • ​Carlos Jiménez denunció que estuvo detenido un año y ocho meses durante la dictadura.
  • ​El artista vinculó su persecución directamente con la estigmatización del cuarteto.
  • ​El testimonio revela la vigilancia constante sobre los espacios de baile y reunión popular en Córdoba.
  • ​Juana Delseri mantenía guardias en plazas públicas ante la falta de información oficial sobre el paradero del músico.
  • ​El relato subraya el componente de clase en la represión cultural del periodo 1976 a 1983. ★

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«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump

Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.

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Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump

El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.

El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse

Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.

La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.

El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».

Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»

El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.

La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.

El caso argentino que expuso la crisis humanitaria

Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.

La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.

El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.

La lógica del miedo y sus límites

El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.

Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.

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