La condena a seis años de prisión impuesta a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa abierta por los supuestos delitos cometidos, entre 2003 y 2015, en la asignación de la obra pública nacional en Santa Cruz comenzará mañana a ser revisada en distintas audiencias públicas a cargo de la Cámara Federal de Casación Penal.

El fiscal Mario Villar fue convocado a asistir mañana, a las 10, para exponer su postura en relación a las condenas resueltas en su momento por el Tribunal Oral Federal 2 al término de un juicio oral.

Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, integrantes de la Sala IV del máximo tribunal penal federal del país para esta causa penal, dispusieron que todo sea transmitido en directo por medio del canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación.

Tras escuchar a todas las partes en audiencias programadas hasta abril, los jueces estarán en condiciones de resolver si confirman, revocan o agravan las penas impuestas a la expresidenta, que fue condenada a seis años de prisión por el delitos de «administración fraudulenta agravada».

No obstante, el fiscal Villar apeló esa decisión porque consideró que también debe tomase en cuenta el presunto delito de «asociación ilícita», una acusación sobre la cual había reclamado durante el juicio una pena de 12 años de cárcel para la exmandataria.

El Tribunal Oral, sin embargo, absolvió a todos los acusados por este último delito en un veredicto dividido de dos votos a uno y condenó a Fernández de Kirchner por «administración fraudulenta» en un debate que ventiló la adjudicación del 80 por ciento de la obra pública nacional de Santa Cruz a empresas vinculadas al también condenado empresario Lázaro Báez.

Por su parte, la defensa de la exmandataria expondrá el 7 de marzo próximo y reclamará que se revoque la condena a seis años de prisión por «administración fraudulenta» y que se le dicte la absolución.

El abogado Carlos Beraldi sostendrá que no hay pruebas directas y que los jueces actuaron de manera «arbitraria».

El 6 de diciembre de 2022 el Tribunal Oral 2 dio a conocer la primera condena a la expresidenta, cuyos fundamentos se difundieron al año siguiente, y se abrió así el período para las apelaciones presentadas por la fiscalía y las defensas.

Se trató de un veredicto dividido en lo relativo a la condena pedida por el delito de «asociación ilícita»: los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu absolvieron a Fernández de Kirchner, a Báez y a otros imputados por este delito, en tanto que el tercer magistrado, Andrés Basso, votó a favor de la condena.

Los tres jueces coincidieron en que existió un delito de «administración fraudulenta» en la adjudicación a empresas de Báez, entre ellas «Austral Construcciones», de 51 obras públicas viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, y constituyó «un hecho de corrupción estatal» que derivó en un «perjuicio descomunal» a las arcas públicas, indicaron.

Todo ello se cometió, dijeron, con un «fin económico» en «beneficio del empresario y sus socios comerciales», sostuvo el veredicto que ahora revisará Casación y que, una vez terminadas las audiencias, tendrá un plazo de 20 días hábiles para resolver, un lapso que podría extenderse.

En su momento los condenados fueron Fernández de Kirchner, Báez, el exsecretario de Obras Públicas en el kirchnerismo José López y el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti.

Las penas también alcanzaron a los exfuncionarios de Vialidad Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Osvaldo Daruich, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez; todos recibieron condenas de entre 3 y 6 años de prisión.

Al igual que la expresidenta, fueron condenados a seis años de prisión Báez -como partícipe necesario de la defraudación- Periotti y López.

Según la acusación, el 80% de la obra vial fue asignada a empresas del grupo Báez y se cometieron irregularidades como el pago de sobreprecios y la falta de controles.

El juicio se inició el 21 de mayo de 2019 y tanto Cristina Kirchner como Báez llegaron a ese momento procesados por presunta «asociación ilícita agravada por su calidad de jefe» y «administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública».

Ante Casación se debatirán también las absoluciones dispuestas por el Tribunal, como las del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y los exfuncionarios Abel Fatala y Héctor Garro, que fueron apeladas por la fiscalía.

En el fallo, que aún no está firme, se ordenó el decomiso de unos 85.000 millones de pesos.

Las audiencias ante la sala IV de Casación serán presenciales en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro.