Salud 🩺
Especialistas avalan que los protectores solares sean categorizados como medicamentos
En la Argentina, los filtros solares son considerados productos cosméticos, no medicamentos, por lo que su precio es fijado libremente por el laboratorio productor y, en general, no tienen cobertura por parte de obras sociales o prepagas.
Con el comienzo de una nueva temporada veraniega, especialistas subrayaron la importancia de recategorizar los protectores solares como medicamentos y no como productos cosméticos e incluirlos en el Programa Médico Obligatorio (PMO), al advertir que su eficacia está comprobada para la prevención del cáncer de piel y el fotoenvejecimiento.
En nuestro país, los protectores solares son considerados productos cosméticos, no medicamentos, por lo que su precio es fijado libremente por el laboratorio productor y, en general, no tienen cobertura por parte de obras sociales o prepagas.
En el ámbito del Ministerio de Salud se viene estudiando la posibilidad de implementar una política de producción pública de protectores solares para garantizar el acceso, según remarcó este viernes la titular de la cartera, Carlos Vizzotti, en declaraciones a Radio con Vos, pero aclaró que su implementación demanda tiempo.
La prevención del cáncer de piel es el objetivo principal de estas acciones ya que, según advierte la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), es «el más común (de los tipos de cáncer) y, tratado a tiempo, es el que mayor posibilidad de cura tiene».
El médico Andrés Politi, miembro de la SAD, señaló que «históricamente los bronceadores eran productos cosméticos para mejorar el color del bronceado y los protectores solares heredaron esa categorización y no fueron incluidos hasta el presente como medicamentos o dispositivos para la salud a pesar de haber probado ampliamente que reducen la incidencia de cáncer de piel».

Y añadió que desde hace año «nos pronunciamos en forma reiterada sobre la necesidad de incorporar a los protectores solares como medicamentos eficaces para prevenir el cáncer cutáneo (poseen múltiples y complejas moléculas que absorben, reflejan y dispersan las radiaciones solares)» pero «lamentablemente solo existe un proyecto del año 2019 presentado en la Cámara de Diputados que aún no ha tenido tratamiento», añadió Politi.
El especialista aseveró que sería de «gran impacto» la recategorización porque facilita su llegada a beneficiarios de programas oficiales y de obras sociales ya que «el costo es un factor limitante».
Según informaron autoridades del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), basado en filtros solares de las principales marcas elaboradas por laboratorios nacionales, entre enero de 2020 y diciembre de 2021 el valor de los protectores subieron hasta un 117%.
Según explicó el presidente de la entidad, Rubén Sajem, en Argentina «son muy pocos los laboratorios que fabrican protectores y, por lo general, tiene la referencia de productos importados que son muy caros. Siempre son dos o tres marcas las que se pueden conseguir y «si uno compara los precios en relación a los importados más o menos son los mismos».
Un breve relevamiento en supermercados, farmacias y comercios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) da cuenta de que el valor de una pantalla solar de protección 50 o superior de marcas nacionales tienen valores superiores a los 1.000 pesos para potes de 200 ml, mientras que para marcas internacionales, puede superar los 2.500 pesos.
«Todas las obras sociales deberían contar con acceso a gratuito a protectores solares».
En el listado del programa de Precios Cuidados se pueden encontrar las opciones de protectores solar Protect & Bronze FPS 15 de marca Nivea en crema por 200 ml con un costo de 779 pesos y Protect & Hydrate FPS 40 Nivea 200 ml a 810,00 pesos.
El Ministerio de Salud recomienda que el factor de protección solar debe ser 30 o más, y que en bebés a partir de los 6 meses debe usarse protector solar 50 o mayor; renovándolo «cada 2 horas y después de salir del agua».
Para Mercedes Portas, jefa de Departamento de Cirugía Plástica y Quemados en el Hospital de Quemados Dr. Arturo Umberto Illia, el uso de protectores «no solo es por una cuestión estética -que tiene que ver con el fotoenvejecimiento facial porque el sol reseca y deshidrata la piel-, sino que lo más importante es el cáncer de piel».
«Cuanto más blanca es el fototipo de piel, la persona tiene mucha más posibilidades de desarrollar una patología maligna con punto de partida en la exposición solar», advirtió.
Por eso, la médica consideró que es importante tomar conciencia y que «los bloqueantes solares figuren en el PMO, que sean accesibles o incluidos dentro de los tratamientos en personas que lo necesitan por el fototipo de piel o que han tenido algún tipo de lesión por quemadura donde es muy necesario e indicado para el tratamiento debido que el contacto con el sol hiperpigmenta la piel, la tatúa»
La especialista en quemaduras por radiación ionizantes insistió en que «todas las obras sociales deberían contar con acceso a gratuito a protectores solares, y las prepagas deberían dar grandes descuentos para hacerlo más accesible porque son tratamientos muy prolongados aquellos donde las personas tienen la indicación de no tomar contacto con el sol ni con ninguna radiación».
De acuerdo a las estadísticas del Hospital del Quemado, en la última década hubo un promedio de 702 casos anuales de quemaduras solares, con picos de 897 (2011) o 811 (2016), mientras que el año pasado -debido a la pandemia y la menor afluencia de turistas a playas y otros centros veraniegos- la cifra cayó a 574.
Según consignó Télam, los profesionales coinciden a la hora de decir que a las camas solares también representan un gran peligro para la salud y aumentan el riesgo de padecer melanoma maligno y carcinoma espinocelular, dos formas graves de cáncer de piel.
De hecho, la Organización Mundial de la Salud ( OMS) elevó en el año 2009 a las camas solares a la categoría de cancerígenas de primer grado (junto al tabaco y el arsénico) y en Argentina hay una ley que restringe su uso en menores de edad.
Análisis
La culpa es nuestra: cómo la ciencia y los medios siguen apuntando a las madres cuando se habla de autismo
Cómo se envidencia en la nota de análisis de Clarin, rara vez se pregunta «¿qué hizo el padre?».
Machismo en la ciencia: el cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia
Un estudio publicado en el British Medical Journal sobre exposición laboral tóxica y autismo fue reencuadrado mediáticamente en clave de culpa materna. Una tradición que la ciencia superó, pero el machismo resiste.
Un estudio reciente de investigadores de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins y de la Universidad de Harvard, publicado en el British Medical Journal (The BMJ), analizó 1.702 casos de niños diagnosticados con trastorno del espectro autista (TEA) en Dinamarca entre 1973 y 2012.
Sus conclusiones son técnicas, acotadas y explícitas: las madres que trabajan en entornos con exposición frecuente a sustancias tóxicas (plomo, solventes, gases de escape, derivados de combustibles) o con niveles elevados de estrés laboral crónico tienen mayor probabilidad de tener hijos con TEA. Las profesiones identificadas incluyen transporte terrestre, defensa militar y administración pública.
Lo que el estudio dice, con precisión, es que ciertas condiciones laborales tóxicas afectan el neurodesarrollo fetal. Lo que ciertos medios transmitieron, en cambio, fue otra cosa: que el problema son las profesiones de las madres. Que el problema, una vez más, son ellas.
El regreso de la «madre culpable»: una historia que no termina
La narrativa que conecta al autismo con la conducta materna tiene una historia larga y vergonzosa. A mediados del siglo XX, el psiquiatra Bruno Bettelheim popularizó el concepto de la «madre nevera» (refrigerator mother), según el cual la frialdad emocional de las madres era la causa del autismo en sus hijos. La teoría fue desacreditada décadas después por la propia comunidad científica, pero el daño en miles de familias, y especialmente en miles de mujeres que cargaron durante años con una culpa que no les correspondía, fue irreparable.
Hoy, la ciencia acumulada es contundente en la dirección opuesta. Un estudio financiado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de los Estados Unidos (NICHD), que involucró a casi 2 millones de participantes, determinó que los factores genéticos hereditarios representan aproximadamente el 80,8% del riesgo de TEA, mientras que los llamados «efectos parentales maternos» representan entre el 0,4% y el 1,6% del riesgo, una cifra considerada estadísticamente insignificante por los propios autores. Ese mismo estudio advirtió, además, que no analizó los factores paternos, como la edad del padre, que la literatura científica también asocia con el riesgo de autismo.
La entidad Autismo España, en su portal institucional, señala que la investigación apunta a una «tasa aproximada de recurrencia del 20% en las familias» con un componente genético complejo y aún no completamente dilucidado. La organización también documenta que en los últimos años creció el diagnóstico de padres y madres después de que sus hijos fueran diagnosticados, lo que refuerza el peso de la herencia biológica compartida.
Lo que el estudio realmente dice (y lo que el titular omitió)
La investigación publicada en The BMJ no estudia si las madres trabajan o no. Estudia la exposición a agentes tóxicos y el estrés como factores de riesgo ambientales en el desarrollo fetal. La diferencia no es semántica: es política.
Afirmar que «las profesiones de las madres» tienen un «patrón común» en casos de autismo, sin contextualizar que lo que se mide es la exposición a plomo, solventes industriales, gases de escape y estrés crónico, es construir un titular que, deliberada o negligentemente, pone el foco en quién trabaja y no en qué condiciones laborales son toleradas por el Estado y los empleadores. Es trasladar la responsabilidad de una falla sistémica (la falta de regulación de ambientes laborales tóxicos) a las mujeres que los habitan.
Los propios investigadores del estudio son explícitos: el hallazgo requiere «investigar más en profundidad sobre las exposiciones laborales» y su relación con el neurodesarrollo, «usando metodologías que aborden estas exposiciones de manera específica y temporal». Es decir, la conclusión científica apunta a la regulación laboral y a la salud ocupacional, no a la maternidad como variable de riesgo en sí misma.
El doble estándar: padres invisibles, madres sospechosas
El sesgo de género en la investigación científica sobre autismo no es nuevo. La pregunta «¿qué hizo la madre?» estructura buena parte del campo desde sus orígenes, mientras que la pregunta «¿qué hizo el padre?» rara vez se formula con igual insistencia.
Sin embargo, la evidencia científica disponible indica que la edad paterna avanzada es también un factor de riesgo documentado para el TEA, asociado a mutaciones de novo en el esperma. Investigaciones publicadas en la revista Science, con datos de 2.600 familias, identificaron variantes genéticas raras heredadas paternamente como factores relevantes en el espectro autista.
El estudio de The BMJ, significativamente, no analizó las ocupaciones paternas. Esta asimetría metodológica no es neutral: refleja un sesgo histórico en la construcción de las preguntas científicas, que tiende a ver al cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia y al cuerpo paterno como un dato secundario.
Discapacidad en la Era Milei: un gobierno que recorta, criminaliza y señala
La circulación de este tipo de narrativas no ocurre en el vacío. En la Argentina de Javier Milei, el Estado retrocedió de manera sistemática sobre las políticas de discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), creada para centralizar y garantizar derechos, fue disuelta en diciembre de 2025 mediante el Decreto 942/2025 y reconvertida en una Secretaría de menor rango bajo la órbita del Ministerio de Salud, movimiento que más de 400 organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos calificaron como un «retroceso al modelo médico-rehabilitador» y un abandono del modelo social de la discapacidad.
El ajuste fue contundente: los $30 mil millones de presupuesto que tenía la ANDIS fueron redirigidos al Tesoro al momento de la disolución, según denunció la diputada peronista Roxana Monzón en la Cámara de Diputados de la Nación. La Justicia federal declaró inconstitucional parte de la reestructuración, pero el Gobierno apeló y, a mayo de 2026, solo reglamentó ocho artículos de la ley de emergencia en discapacidad, dejando diecisiete sin aplicar.
En ese marco, el gobierno impulsó además una nueva normativa presentada bajo el título «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», que restringe los criterios de acceso a las pensiones y habilita suspensiones preventivas ante cualquier inconsistencia detectada.
Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) documentaron que el relato oficial sobre el crecimiento «injustificado» de las pensiones por discapacidad utilizó datos manipulados para justificar el recorte, según publicó la propia ACIJ en su portal institucional.
Es en este contexto donde adquiere una dimensión adicional la circulación de estudios presentados de forma sesgada: cuando el Estado abandona a las familias que conviven con el autismo y recorta los apoyos que necesitan, resulta funcional instalar la idea de que el problema tiene nombre de mujer y que la solución está en las decisiones individuales de las madres, no en las políticas públicas ausentes.
Machismo de guardapolvo blanco
Culpar a las mujeres que trabajan por la condición neurológica de sus hijos no es ciencia: es ideología con bata blanca. Es el mismo mecanismo que durante décadas señaló a las madres que trabajaban fuera del hogar como responsables de los problemas emocionales de sus hijos, que culpó a las mujeres que no amamantaron, que patologizó a las que estudian, a las que tienen proyectos propios, a las que no se «sacrifican» en silencio.
La ciencia del neurodesarrollo lleva décadas construyendo una imagen cada vez más compleja del autismo: multicausal, con fuerte base genética, mediada por factores ambientales que incluyen desde la edad paterna hasta la exposición a pesticidas, desde infecciones durante el embarazo hasta complicaciones perinatales. En ese cuadro multifactorial, la ocupación laboral de la madre es, según el propio consenso científico, un factor menor y circunscripto a condiciones de exposición tóxica específicas, no al hecho de trabajar.
Presentarlo de otro modo no es divulgación científica. Es misoginia con estadísticas.
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