Judiciales ⚖️
Acusados por muerte de Maradona libres y trabajando
Los ocho imputados en la causa, calificada como “homicidio con dolo eventual”, continúan cumpliendo funciones en distintos centros de salud, al ser beneficiados sin prisión preventiva, mientras se aguarda por la definición para que se desarrolle el juicio
Al cumplirse el segundo aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona se espera de que la Cámara de Apelaciones de San Isidro defina si la causa finalmente va a un juicio oral, donde los ocho imputados podrían terminar condenados a una pena de entre 8 y 25 años.
Cabe recordar que los médicos, psicólogos y enfermeros están acusados del delito de “homicidio con dolo eventual”, pero como ninguno de ellos fue procesado con prisión preventiva, continúan trabajando en hospitales públicos o clínicas privadas.
Por la muerte del Diego, están imputados el neurocirujano Leopoldo Luciano Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Angel Díaz, la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, el coordinador de enfermeros Mariano Ariel Perroni, los enfermeros Ricardo Omar Almirón y Dahiana Gisela Madrid y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.
“Todos ellos pese a estar procesados en la causa, aunque sin prisión preventiva pese a lo grave de la calificación, continúan trabajando en la actualidad en sus respectivas actividades”, se indicó.
Al respecto, se detalló que Luque en Hospital El Cruce-Néstor Kirchner de Florencio Varela y en Hospital Alemán del barrio porteño de Recoleta, Cosachov en su consultorio privado y en un hospital del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el psicólogo Díaz en distintas ONG de tratamiento de adicciones, Forlini sigue trabajando en el Swiss Medical Group y Di Spagna como parte del cuerpo médico del plantel profesional del Club Atlético Huracán.
En el último mes de mayo, el titular del Juzgado de Garantías Nro. 2 de San Isidro, Orlando Díaz, luego del requerimiento del equipo de fiscales que instruyó la causa, elevó el expediente a juicio oral, pero las defensas de los ocho imputados apelaron aquella resolución y desde entonces la causa está bajo el análisis de la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro.
En tal sentido, trascendió que el último movimiento del expediente fue que el defensor de Cosachov, Vadim Mischanchuk, solicitó ante la Cámara lo que técnicamente se denomina audiencia para mejorar en forma oral los argumentos de su apelación, en la que pidió el sobreseimiento de la psicóloga y, en su defecto, un eventual cambio a una calificación más benigna para su clienta.
A este pedido se sumó también el defensor de la enfermera Madrid, el abogado Rodolfo Baqué, por lo que antes de tomar la decisión de si todos van a juicio o no y si será con la imputación que a cada uno de ellos le hizo la Fiscalía, la Sala III de la Cámara de San Isidro deberá fijar una fecha para esta audiencia.
Allí se verán las caras las defensas y el equipo de tres fiscales que compuso especialmente para esta causa compleja el fiscal general de San Isidro, John Broyad, y que está integrado por sus adjuntos, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y por la fiscal de Benavídez, Laura Capra.
Recién si la Cámara de San Isidro confirma todo lo actuado en la instrucción, la causa ira a sorteo para designar al Tribunal Oral en lo Criminal de San Isidro que deba juzgar, no antes del segundo semestre 2023, según las estimaciones, a los acusados.
Cuando el 22 de junio pasado elevó la causa a juicio, el juez Díaz sostuvo que los ocho imputados no cumplieron “con el mandato de actuar que la buena práctica médica colocaba en sus cabezas”, y que como “garantes” de la condición del ex futbolista, tuvieron la posibilidad de “revertir” su cuadro cardíaco y no lo hicieron.
En su fallo, Díaz también elevó a juicio a Luque por el delito de “uso de documento privado falso”, porque le imputan haber usado una firma falsificada de Maradona para pedir una historia clínica; y a Cosachov por “falsedad ideológica”, ya que se la acusa de haber confeccionado un certificado de aptitud mental de Diego sin ir a visitarlo.
Los fiscales Ferrari, Iribarren y Capra y el juez Díaz coincidieron en que todos deberán enfrentar una imputación como presuntos coautores de un “homicidio simple con dolo eventual”.
Según la hipótesis planteada en el requerimiento de elevación a juicio, el equipo médico de Maradona fue “deficiente”, “temerario” e “indiferente”, sabía que el “10” podía morirse en el estado en el que se encontraba y no hizo nada para evitarlo.
Pese a ser un delito que tiene una pena en expectativa de 8 a 25 años de prisión, los fiscales nunca pidieron las detenciones y los ocho acusados siempre estuvieron en libertad y así llegarán al juicio oral si se confirma para ellos.
Investigación 🔎
Adorni: Pollicita descarta el enriquecimiento ilícito pero pide investigarlo por evasión
El fiscal no pudo refutar que el dinero de las compras fuera anterior a la función pública, pero detectó USD 374.081 pagados en efectivo y tenencias ocultas al fisco desde 2014. Pidió que la causa pase al fuero Penal Económico. No es un sobreseimiento: decide Lijo.
El fiscal que investigó a Manuel Adorni no encontró pruebas de que se haya enriquecido en la función pública, pero sí de que durante más de una década ocultó al fisco dólares en efectivo y criptoactivos. Por eso Gerardo Pollicita pidió que la causa deje de tramitar como enriquecimiento ilícito y pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, para investigar una posible evasión tributaria.
El dictamen se presentó en el juzgado federal de Ariel Lijo, en el expediente que se abrió por una denuncia de la diputada Marcela Pagano. La investigación revisó la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. El pedido no implica un sobreseimiento: si Lijo lo acepta, Adorni seguirá investigado, pero por otro delito y en otro fuero.
Lo que encontró la Fiscalía
Según el dictamen, la Fiscalía detectó erogaciones por USD 402.578,12, de las cuales USD 374.081,66 se pagaron en efectivo, y una diferencia de $43.068.549 entre los ingresos lícitos comprobados y los gastos, compras y cancelaciones de deudas del período. Entre esos pagos figuran la compra de un lote en el country Indio Cuá, reformas, muebles, la escritura de un inmueble en la calle Miró, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares. Parte de esas operaciones se hizo fuera del sistema bancario o a través de terceros.
La defensa sostuvo que ese dinero provenía de ahorros en criptomonedas anteriores a su llegada al Gobierno. Pollicita concluyó que no pudo refutar esa versión y que la investigación no logró vincular los fondos con “un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita asociada a la función”. Por eso escribió que “no se advierte que la conducta desplegada por Manuel Adorni tenga adecuación típica” en el enriquecimiento ilícito, “lo que no significa que no deba responder por una conducta antijurídica de otra naturaleza”.
De la corrupción a la evasión
El giro tiene una explicación jurídica: el enriquecimiento ilícito exige que el patrimonio crezca después de asumir el cargo. Si el dinero ya existía, el delito no encaja, aunque se haya usado durante la gestión. Pero esa misma explicación de la defensa abrió otra puerta. Según el fiscal, la fuente que Adorni invoca “se compone, según su propio relato, de recursos que no fueron informados al organismo recaudador”, y la omisión se extendió “desde 2014 y hasta su exteriorización en 2026”, es decir, cuando la causa ya estaba en trámite.
Pollicita enumeró indicadores que, a su juicio, exceden una infracción administrativa: la omisión de declarar bienes durante años, el predominio de pagos en efectivo, la intervención de terceros y la exteriorización de los fondos una vez iniciada la investigación. El fuero Penal Económico deberá reconstruir, ejercicio por ejercicio, lo que correspondía pagar de Ganancias y Bienes Personales.
La lectura política: el vocero de la “casta” y el efectivo
El dictamen deja al Gobierno una victoria a medias. Evita la figura de corrupción para uno de los funcionarios más cercanos a Javier Milei, pero lo describe como alguien que durante años manejó dólares en efectivo fuera del radar de la AFIP, hoy ARCA. Es el mismo Gobierno que llegó al poder con el discurso contra la “casta” y que impulsó un blanqueo y la llamada “inocencia fiscal” para quienes tengan dólares sin declarar. La causa ahora queda en manos de Lijo, que debe decidir si se declara incompetente.
Lo que tenés que saber:
- Pollicita dictaminó que no hay pruebas de enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni durante la función pública.
- Pidió que la causa pase al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión tributaria.
- La Fiscalía detectó gastos por USD 402.578, de los cuales USD 374.081 se pagaron en efectivo.
- Según el fiscal, Adorni mantuvo tenencias sin declarar desde 2014 hasta 2026, cuando ya estaba en marcha la causa.
- No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe resolver si acepta el pedido.
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