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Impuestos

Revés judicial para Milei: fallo a favor de Morón habilita el cobro de alumbrado público en boletas de EDENOR

Una sentencia de la jueza Forns defiende la autonomía fiscal del Municipio, ante un DNU del Gobierno libertario que prohíbe cobrar tasas e impuestos regionales en boletas de servicios.

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El Argentino Diario-Alumbrado público-Municipio de Morón.

La jueza federal de San Martín, Martina Forns, falló a favor del Municipio de Morón en la puja contra el gobierno de Javier Milei por la prohibición de incluir tasas o impuestos municipales en las boletas de servicios. La sentencia es por el cobro del alumbrado público a usuarios de la empresa de energía EDENOR.

El fallo de Forns representa un duro golpe a la política del Gobierno nacional que, mediante un decreto presidencial, intentó eliminar lo que de manera falaz considera «cargas abusivas» impuestas por municipios y provincias en las facturas de servicios públicos. Sin embargo, este intento de centralizar la gestión tributaria fue resistido por gobiernos locales, ya que dependen de estos ingresos para prestar servicios esenciales como, en este caso, el alumbrado público.

El caso EDENOR y el alumbrado público en Morón

El Municipio de Morón presentó una demanda ante la justicia federal, argumentando que el cobro del alumbrado público a través de la factura de EDENOR estaba amparado en las ordenanzas municipales y que la medida del gobierno de Milei afectaba gravemente su autonomía fiscal.

La jueza Forns, al fallar a favor del Municipio de Morón, ratificó que el cobro del alumbrado público «no constituye un cargo ilegítimo», sino que es un servicio que corresponde a la competencia municipal. En su dictamen, Forns sostuvo que el decreto presidencial no puede vulnerar el derecho constitucional del distrito a recaudar impuestos locales.

“Es fundamental respetar la autonomía municipal y sus fuentes de financiamiento”, expresó Forns en su fallo puntual para el Municipio de Morón, que ahora enfrenta posibles apelaciones por parte del Gobierno nacional.

Las consecuencias de centralizar las tasas

La decisión del gobierno de Javier Milei de prohibir la inclusión de tasas municipales en las facturas de servicios responde a su visión liberal de achicar el Estado y reducir la presión tributaria. No obstante, esta política generó tensiones con varios municipios y provincias, que ven en esta medida una amenaza a su capacidad de garantizar servicios básicos como el alumbrado público, la recolección de residuos y otros programas regionales esenciales.

Los municipios de la provincia de Buenos Aires sin algunos de los más afectados por esta prohibición, ya que dependen en gran parte de estos ingresos para su funcionamiento. La medida también genera incertidumbre entre las empresas de servicios, como EDENOR, que quedaron en medio de la disputa legal entre el Gobierno nacional y las autoridades locales, y temen sanciones de alguna de las partes.

Futuro incierto para los municipios

La sentencia a favor del Municipio de Morón sienta un precedente judicial favorable, pero no garantiza un camino fácil para otros distritos que enfrentan desafíos similares. La administración de Milei podría apelar el fallo de Forns y seguir presionando para que su decreto prevalezca. Sin embargo, los municipios continúan defendiendo su autonomía fiscal, lo que podría abrir una serie de batallas judiciales en todo el país.

En última instancia, este conflicto expone la tensión entre un gobierno nacional que busca implementar políticas de ajuste y municipios que necesitan sostener sus finanzas para garantizar los servicios básicos a sus habitantes.

Combustibles ⛽

Milei congela el impuesto a los combustibles para maquillar la inflación

El gobierno volvió a diferir la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos mediante el decreto 217/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida, que ya tiene antecedentes desde mediados de 2024, apunta a evitar que el ajuste impositivo se traslade a los surtidores y presione sobre el Índice de Precios al Consumidor.

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★ El gobierno de Javier Milei recurrió una vez más a una de sus herramientas predilectas para amortiguar el dato de inflación: postergar la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). La medida, formalizada a través del decreto 217/2026 publicado en el Boletín Oficial, desplazó hasta mayo el incremento que estaba previsto para el corriente mes de abril.

La decisión no es nueva ni aislada. La administración libertaria recurre a esta maniobra de manera sistemática desde mediados de 2024, cuando comenzó a desdoblar y diferir los ajustes sobre los impuestos fijados a los combustibles para evitar que se trasladen a los precios finales al consumidor. Lo que cambia esta vez es el escenario internacional: la guerra que protagonizan Estados Unidos e Israel contra Irán mantiene bajo presión al precio del petróleo y agrega incertidumbre sobre la evolución futura de los valores en los surtidores.

El decreto y sus fundamentos oficiales

El texto del decreto 217/2026 establece que el Ejecutivo definió «volver a diferir los incrementos remanentes en los montos de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono», derivados de las actualizaciones correspondientes a los años calendario 2024 y 2025. Los productos alcanzados por la postergación son la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

El documento oficial justifica la medida con el argumento de que fue tomada «con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible» y agrega que consideró «necesario, para los productos en cuestión, volver a diferir los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones».

La retórica oficial choca con la realidad fiscal: según la estimación de la consultora Economía y Energía, las postergaciones de los aumentos impositivos a los combustibles dispuestas a lo largo de 2025 implicaron una resignación de ingresos fiscales por un total de 2.326 millones de dólares. Una cifra que desmiente la narrativa del «sendero fiscal sostenible» y revela el costo concreto de sostener artificialmente el índice de precios.

Combustibles e inflación: una relación estructural

El precio de los combustibles no es un dato menor dentro del esquema de medición de precios del INDEC. Su impacto se extiende a lo largo de toda la cadena productiva a través del transporte, lo que lo convierte en un factor con capacidad de arrastre sobre prácticamente todos los sectores de la economía. No actualizar el impuesto es, en los hechos, una forma de atenuar artificialmente la medición de inflación sin atacar sus causas estructurales.

Desde septiembre del año pasado, el gobierno estableció que las actualizaciones del ICL se calculen en base a la variación de la inflación y se apliquen de forma trimestral. Al mismo tiempo, fijó un monto diferencial para el gasoil destinado a las provincias patagónicas, el Partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires y el Departamento de Malargüe en Mendoza.

Una estrategia de cosmética fiscal

La postergación del impuesto a los combustibles se inscribe en un patrón más amplio del gobierno de Milei: la administración del dato de inflación como objetivo político antes que como resultado de una política económica consistente. La aceleración inflacionaria registrada en los últimos meses hace más urgente la necesidad oficial de evitar cualquier componente adicional que presione los precios, aunque eso implique resignar ingresos fiscales por miles de millones de dólares.

La situación en Oriente Medio suma una variable de incertidumbre que el gobierno no puede controlar desde Buenos Aires. El conflicto bélico que involucra a potencias con peso determinante en el mercado energético global mantiene los precios del crudo en un estado de volatilidad que el Ejecutivo prefiere esperar que se estabilice antes de aplicar los incrementos pendientes.

Lo que queda claro, sin embargo, es que cada postergación profundiza el rezago acumulado del impuesto; un rezago que más temprano que tarde deberá actualizarse, con el consiguiente impacto sobre los precios que el gobierno intenta hoy evitar a cualquier costo.

Puntos clave:

  • El gobierno oficializó la postergación del aumento del ICL mediante el decreto 217/2026, publicado en el Boletín Oficial.
  • Los productos alcanzados son nafta sin plomo, nafta virgen y gasoil.
  • La medida se aplaza para mayo; el ajuste corresponde a actualizaciones pendientes de 2024 y 2025.
  • Las postergaciones de 2025 implicaron una resignación de ingresos fiscales por 2.326 millones de dólares, según la consultora Economía y Energía.
  • El conflicto bélico en Oriente Medio y su efecto sobre el precio del petróleo opera como factor adicional en la decisión oficial.
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