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Deuda externa

El FMI cuestionó el IPC del INDEC y exige actualizar la medición de la inflación

El organismo multilateral publicó su staff report tras aprobar la segunda revisión del acuerdo con Argentina. Advirtió que la metodología está «desactualizada» y pidió una nueva ley. La modernización quedó postergada desde que Luis Caputo designó a Pedro Lines al frente del INDEC.

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El Argentino Diario-Kristalina Georgieva con pin de motosierra.

El termómetro roto: el FMI avala el ajuste y luego admite que las estadísticas con las que lo mide son deficientes

★ El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprovechó la publicación de su staff report, el viernes 23 de mayo de 2026, para cuestionar la metodología con la que la Argentina mide la inflación y reclamarle al Gobierno de Javier Milei que avance en una nueva ley que actualice los parámetros del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El documento fue divulgado días después de que el organismo aprobara la segunda revisión del acuerdo y desbloqueara un desembolso de USD 1.000 millones, en el marco de un programa de Servicio Ampliado por USD 20.000 millones.

El FMI consideró que la «prolongada demora» en la actualización del IPC «ha dejado la metodología desactualizada y menos representativa de la actual canasta de consumo». Al mismo tiempo, advirtió que el marco institucional del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) debe ser «modernizado«.

Una modernización postergada por Caputo

La actualización del índice de precios tenía fecha prevista: el INDEC iba a migrar sus canastas de referencia de los años 2004/05 a 2017/18, incorporando servicios y patrones de consumo más recientes. Sin embargo, esa reforma quedó en suspenso tras la salida de Marco Lavagna de la conducción del organismo. El ministro de Economía, Luis Caputo, designó a Pedro Lines como nuevo director del INDEC y, desde entonces, la actualización de la canasta quedó indefinidamente postergada.

El propio staff report del FMI reconoció que la nueva metodología se publicará «una vez que el proceso de desinflación esté firmemente consolidado», con asistencia técnica del Fondo para fortalecer los arreglos institucionales «en línea con las mejores prácticas internacionales«. La condición impuesta revela la lógica del acuerdo: primero el relato de la baja de la inflación; después, eventualmente, la herramienta para medirla con precisión.

Estadísticas endebles en toda la línea

El cuestionamiento del FMI no se limitó al IPC. El organismo también advirtió sobre las limitaciones de las cuentas nacionales, que presentan problemas de «desagregación y precisión» derivados de un «año base obsoleto«. Las estadísticas del sector externo, por su parte, solo están disponibles de manera «trimestral y con un rezago de tres meses» para los datos devengados fuera del comercio de bienes, lo que dificulta el monitoreo en tiempo real de la economía.

«Seguimos comprometidos con la producción y difusión oportuna de datos creíbles y de alta calidad«, señaló el organismo en el documento, en un pasaje que puede leerse tanto como compromiso como advertencia.

El contexto: ajuste, deuda y cifras que no cierran

El cuestionamiento a la medición de la inflación no es un dato técnico menor. Llega en un momento en que la brecha entre las cifras oficiales y la experiencia concreta de los hogares argentinos resulta difícil de ignorar. Según datos del INDEC correspondientes a marzo de 2026, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) registraron variaciones interanuales del 32,8% y 30,4% respectivamente, mientras los servicios públicos acumularon subas superiores al 525% desde diciembre de 2023, con el transporte liderando los aumentos con casi un 912% de incremento acumulado.

En ese marco, el Foro Economía y Trabajo, un espacio integrado por economistas y profesionales vinculados al movimiento sindical, advirtió en un documento publicado el 4 de mayo de 2026 que el ajuste fiscal impuesto en el marco del acuerdo con el FMI destruye el gasto social sin tocar a los sectores más concentrados. El Foro señaló que el gasto primario total cayó un 31% en términos reales desde 2023, mientras los programas sociales se recortaron un 61% y las transferencias a universidades un 20%.

El mismo colectivo denunció que al cierre de 2025 la deuda total de Argentina con el FMI ascendía a USD 57.100 millones, con vencimientos de capital e intereses que superan los USD 13.400 millones entre 2026 y 2030, condicionando a los próximos dos gobiernos.

Más exigencias: cepo, reforma tributaria y previsional

Además del cuestionamiento estadístico, el FMI aprovechó el staff report para reiterar sus exigencias estructurales al Gobierno: pidió liberar más el cepo cambiario y avanzar con las reformas tributaria y previsional. El organismo también destacó la desaceleración de la inflación y proyectó un escenario de crecimiento moderado, en línea con la narrativa oficial que, sin embargo, choca con la caída sostenida del consumo masivo y el deterioro del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados.

La paradoja es elocuente: el mismo organismo que aprobó el desembolso y avaló el programa económico ahora señala que las estadísticas con las que ese programa se monitorea son deficientes. El FMI cobró los intereses, habilitó el crédito, y luego advirtió que el termómetro con el que se mide la fiebre está roto.

Puntos clave

  • El FMI publicó su staff report el 23 de mayo de 2026, días después de aprobar la segunda revisión del acuerdo y habilitar un desembolso de USD 1.000 millones.
  • El organismo calificó la metodología del IPC como «desactualizada y menos representativa» de la canasta de consumo actual.
  • La actualización de las canastas del INDEC (de 2004/05 a 2017/18) quedó postergada tras la designación de Pedro Lines por Luis Caputo.
  • El FMI condicionó la modernización estadística a que el proceso de «desinflación esté firmemente consolidado».
  • El organismo también pidió liberar el cepo y avanzar con reformas tributaria y previsional.

Deuda externa

Caputo pone AySA a la venta para tapar los agujeros de la deuda que él mismo generó

El Gobierno de Milei planea publicar el llamado a licitación antes de fin de abril para recaudar unos 500 millones de dólares. La Ley Bases habilitó la privatización del 90% de las acciones estatales de la empresa; y el marco regulatorio permite cortar el suministro por mora en el pago.

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El Argentino Diario-Luis Toto Caputo-Dólar anclado.

El agua como moneda de cambio: Milei y Caputo privatizan AySA para pagar la deuda externa

★ El Gobierno libertario acelera la entrega de Agua y Saneamientos Argentinos al sector privado con el objetivo declarado de recaudar hasta 500 millones de dólares, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, teje una red de financiamiento para cubrir vencimientos que este año superan los 9.000 millones de dólares.

La privatización que no arranca

Según fuentes con conocimiento directo del proceso, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas trabaja en los últimos detalles del contrato de concesión de AySA para publicarlo antes de fin de mes y llamar a licitación. La operación busca recaudar unos 500 millones de dólares, aunque el proceso lleva meses de demoras: originalmente estaba previsto para antes de fin de 2025, luego se postergó para el primer trimestre de 2026 y ahora se promete para los próximos días.

Una vez publicada la licitación, la adjudicación definitiva no será inmediata. La evaluación de ofertas, el análisis de capacidades técnicas y la solvencia económica de las empresas participantes insumiría al menos tres meses adicionales. Entre los grupos empresariales que el Ejecutivo mencionó como interesados figuran la brasileña Sabesp, la francesa Veolia, el grupo Roggio y un holding con operaciones en Argentina y el exterior.

Una ley para entregar el agua

La privatización de AySA fue habilitada por la Ley Bases, que permite transferir al sector privado el 90% de las acciones que el Estado tiene en la empresa; el 10% restante quedaría en manos de los trabajadores. En una primera etapa se concesionaría el 51% de las acciones estatales; en una segunda, el 39% restante se colocaría en la Bolsa mediante una oferta pública inicial.

La misma ley habilitó la privatización de otras empresas estratégicas: Belgrano Cargas, Corredores Viales, Intercargo, Energía Argentina S.A. (Enarsa), la Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE), Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

El marco regulatorio aprobado por el Gobierno para la prestación del servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires incluye una cláusula que permite a la empresa privada que se quede las acciones de AySA cortar el suministro en caso de mora en el pago. Una disposición que, en el contexto de la caída del poder adquisitivo de los sectores populares, representa una amenaza directa sobre el acceso al agua de millones de personas.

El agua como variable de ajuste

La decisión de apurar la privatización de AySA no responde a una lógica de mejora del servicio sino a una urgencia financiera concreta. Durante su participación en las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Washington, Caputo reconoció que espera recaudar 2.000 millones de dólares a través de privatizaciones, una cifra que contempla el conjunto de las empresas habilitadas por la Ley Bases.

El compromiso más exigente es el de julio próximo, cuando el Gobierno debe pagar 4.200 millones de dólares a los bonistas. En total, hasta fin de 2026, el Tesoro enfrenta vencimientos en moneda extranjera por cerca de 9.000 millones de dólares, según un informe de la consultora GMA Capital.

Para cubrir ese agujero, el equipo económico negoció garantías de 2.000 millones de dólares con el Banco Mundial y 550 millones con el BID, más aportes esperados de la CAF y emisiones de deuda en dólares en el mercado local. El objetivo de Caputo es reunir unos 10.000 millones de dólares por fuera del mercado internacional, al que califica como todavía «oneroso».

La soberanía del agua en juego

Esta entrega avanza en un contexto geopolítico que este medio analizó en profundidad en enero de 2026, cuando investigadores del Conicet publicaron el estudio más completo sobre las reservas de agua subterránea argentina, con acuíferos que almacenan agua de hasta un millón de años de antigüedad, las más antiguas de Latinoamérica. Aquellas aguas no se renovarán jamás a escala humana.

Ahora, mientras los científicos advierten sobre la necesidad de proteger ese patrimonio irreemplazable y proponen un programa nacional de monitoreo, el Gobierno avanza en la dirección opuesta: privatiza la empresa que gestiona el agua y las cloacas del AMBA, desregula la actividad extractiva y recorta el presupuesto de los organismos científicos que estudian y alertan sobre esos recursos estratégicos.

La lógica del ajuste se aplica con coherencia brutal: lo que el Estado construyó durante décadas para garantizar el acceso al agua como derecho, el Gobierno lo ofrece como activo financiero para cubrir las facturas de una deuda que él mismo generó.

Puntos clave

  • El Gobierno planea publicar el llamado a licitación de AySA antes de fin de abril de 2026 para recaudar unos 500 millones de dólares.
  • El proceso acumula meses de demoras; estaba previsto para antes de fin de 2025 y luego para el primer trimestre de 2026.
  • La Ley Bases habilitó la privatización del 90% de las acciones estatales en AySA; el marco regulatorio permite cortar el suministro por mora en el pago.
  • Caputo busca reunir 2.000 millones de dólares a través de privatizaciones para afrontar vencimientos de deuda que superan los 9.000 millones hasta fin de 2026.
  • El avance sobre AySA contrasta con las advertencias científicas del Conicet sobre la necesidad de proteger las reservas hídricas estratégicas del país.

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