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Lo condenaron a 10 años, lo liberaron en la pandemia y volvió a delinquir: la historia del tirador de la mafia china

Roque G, de 56 años, estuvo 7 años en la cárcel y tenía libertad condicional cuando entró a un supermercado, le dejó una amenaza escrita en chino a su dueño y le disparó dos veces en la pierna. Ese delito lo tiene hoy nuevamente tras las rejas.

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Un empleado del Mercado Central de 56 años con antecedentes penales y que estaba en libertad condicional fue el tirador a sueldo contratado por la denominada mafia china para balear hace dos semanas al dueño de un supermercado del barrio porteño de Villa Urquiza, según la investigación judicial que culminó con su procesamiento.

Se trata del último caso de relevancia que hubo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de este tipo de hechos que usualmente se inician con una extorsión, continúan con una amenaza y a veces terminan con víctimas baleadas o, incluso, asesinadas, por no pagar lo que exigen estas organizaciones mafiosas para dejarlos trabajar.

Investigadores policiales y judiciales reconocieron a Télam que ya desde hace varios años que la «mafia china» opera con «mano de obra local» para este tipo de hechos y el caso de Villa Urquiza lo confirma.

La causa, a cargo del juez en lo Criminal y Correccional 60, Luis Alberto Schelgel, culminó esta semana con el procesamiento con prisión preventiva del presunto tirador, a quienes los investigadores pidieron sólo identificar como Roque G. porque aún resta localizar y detener a un cómplice.

Roque G. quedó procesado por los delitos de «coacción agravada, lesiones leves agravadas por el uso de arma y por el concurso de dos personas, y portación de arma de fuego».

El imputado es un hombre de 56 años, nacido en la provincia de Córdoba y con antecedentes por delitos contra la propiedad.

El juez pudo constatar que el 28 de mayo de 2014, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) 1 había condenado a Roque G. a la pena de 10 años y tres meses de prisión como autor de los delitos de «robo agravado por el uso de arma», «privación ilegal de la libertad agravada por la intervención de tres personas», «portación ilegal de arma de guerra» y «encubrimiento por receptación del arma que portaba».

Esa pena vencía el 24 de septiembre de 2023, pero Roque G. gozaba hace dos años de la libertad condicional, beneficio al que había accedido el 1 de abril de 2020, según consta en la causa.

Según surge del procesamiento –al que tuvo acceso Télam-, el presunto tirador a sueldo se negó a declarar en su indagatoria, pero dijo que trabajaba en el Mercado Central y que vive con una pareja en la localidad bonaerense de Villa Celina, partido de La Matanza.

El hecho ocurrió el 7 de abril, alrededor de las 19.30, en un supermercado ubicado en la calle Monroe 5446, donde dos hombres ingresaron al local para balear al propietario, un comerciante chino de 50 años, y uno de ellos –el imputado Roque G.- pudo ser detenido.

Lo curioso del caso es que los dos autores del hecho se animaron a concretar el ataque pese a que había una mujer policía como consigna en la puerta del local.

Es que , porque la víctima ya había denunciado intimidaciones y amenazas anteriores, en una causa que tramitaba en la Unidad Fiscal Norte del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad de Buenos Aires.

Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad del supermercado, cuyos videos se transformaron en una de las pruebas claves mencionadas por el juez Schelgel en su resolución.

En las imágenes se pudo observar cómo dos hombres buscaron al dueño del comercio y lo encontraron reponiendo mercadería en una de las góndolas.

Allí, le dejaron una nota amenazante con un mensaje en chino y sin mediar palabra, uno de ellos le efectuó dos disparos en una pierna con una pistola calibre 22, tras lo cual los autores escaparon.

El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

La víctima recibió un balazo en el muslo izquierdo con entrada y salida de proyectil y sufrió un roce en la misma pierna.

La nota, escrita de puño y letra con letras chinas en una hoja A4 y que quedó secuestrada con manchas de sangre, decía: «Jefe, añada como amigo el número/usuario … por WeChat en un plazo de tres días o reserve un turno en el hospital», según la traducción oficial que mandó a realizar el juez Schelgel.

Los dos delincuentes escaparon a la corrida pero comenzaron a ser perseguidos tanto por la mujer policía que hacía de custodia como por un primo del comerciante baleado, que incluso salió con un arma a la calle y les efectuó un disparo que no lesionó a nadie.

Ante el alerta irradiado por la mujer policía, efectivos de la comisaría vecinal 12C alcanzaron y detuvieron a Roque G. en la calle Olazábal al 5200, y lo identificaron como el presunto autor material de los disparos.

Además, se secuestró en un montículo de pasto ubicado frente a un edificio de la calle Bucarelli al 2200, la pistola marca Bersa calibre 22 que se empleó en el ataque.

«Todas las declaraciones y probanzas acumuladas en este legajo coinciden con la video filmación del local en la que claramente puede verse el momento del suceso y amén de que el imputado se encuentra de espaldas, puede acreditarse que su vestimenta es la misma que llevaba puesta al momento de la detención», dice el juez en uno párrafos de la resolución.

Al fundamentar la prisión preventiva, Schelgel tuvo en cuenta la gravedad de los hechos investigados, la pena en expectativa, el peligro de fuga y lo que denominó un «claro comportamiento desafiante del imputado hacia la jurisdicción» por sus antecedentes.

El juez citó a indagatoria al primo del damnificado, a quien le atribuye haber portado ilegalmente y disparado otra pistola Bersa calibre 22 con la que salió a perseguir a los delincuentes que habían baleado a su familiar.

Fuentes judiciales revelaron a Télam que se está tratando de localizar al cómplice de Roque G. y que además se investiga si se trata del mismo dúo de delincuentes que cometió hechos similares que tuvieron como víctimas a comerciantes chinos del partido bonaerense de San Martín

DDHH

Presunción de inocencia en crisis: 6 de cada 10 detenidos en prisiones federales esperan sentencia tras las rejas

Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación reveló que en el primer semestre de 2026 casi el 57% de los detenidos en Marcos Paz y el 53% en Ezeiza están procesados sin sentencia. El relevamiento también documentó 18 muertes y 41 medidas de fuerza en los dos penales.

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El-Argentino-Presos Rejas Detenidos Cárcel.

Más de la mitad de las personas alojadas en dos de las principales cárceles federales del país permanece detenida sin condena firme. Así lo estableció un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación sobre el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, correspondiente al primer semestre de 2026.

El relevamiento del organismo de control, que tiene rango constitucional y actúa como mecanismo de monitoreo de los lugares de detención, releva la evolución de la población alojada, la situación procesal de los detenidos, las demandas recibidas, los casos de malos tratos físicos, los fallecimientos y las medidas de fuerza documentadas entre enero y junio de este año.

Marcos Paz: casi 6 de cada 10 detenidos sin sentencia

El Complejo Penitenciario Federal N°2 (CPF II) de Marcos Paz, que aloja a varones mayores de 18 años, tenía a junio de 2026 un total de 1.875 personas privadas de libertad distribuidas en sus cinco unidades residenciales. La capacidad declarada por el Servicio Penitenciario Federal es de 2.000 plazas, con lo cual restaban 125 disponibles al momento del relevamiento.

El informe determinó que casi el 57% de los detenidos en Marcos Paz se encuentra procesado, es decir que más de 5 de cada 10 no cuentan con una condena firme. En el mismo período se relevaron 1.237 reclamos vinculados a salud, acceso a la justicia, condiciones materiales de detención y traslados o cambios de alojamiento.

El organismo registró además tres fallecimientos en el complejo durante los seis meses relevados, ninguno asociado a un hecho violento sino a causas de enfermedad, y 14 medidas de fuerza: nueve por huelga de hambre, tres por ingesta de elementos no consumibles y dos por autolesiones.

Ezeiza: la misma proporción y un dato más grave

El Complejo Penitenciario Federal N°1 (CPF I) de Ezeiza aloja a varones y personas trans mayores de 18 años. A junio de 2026 tenía 1.905 personas privadas de libertad en sus siete unidades residenciales, sobre una capacidad declarada de 1.947 plazas.

La situación procesal replica el patrón de Marcos Paz: casi el 53% de los detenidos en Ezeiza está procesado, sin condena firme. Entre enero y junio se relevaron 1.472 demandas, con la salud como principal motivo de reclamo, seguida por las condiciones materiales de detención, el acceso a la justicia y los traslados o cambios de alojamiento.

A diferencia de Marcos Paz, Ezeiza registró 15 fallecimientos en el semestre, de los cuales diez fueron por enfermedad y cinco por muertes violentas: cuatro por ahorcamiento y uno por incendio. El complejo también concentró la mayor cantidad de medidas de fuerza, con un total de 27: 21 por huelga de hambre, dos por autolesiones, dos por rechazo de alimentos, una por ingesta de elementos no consumibles y una sin identificar.

Un patrón estructural del sistema penitenciario federal

Los números que arroja el relevamiento de la Procuración Penitenciaria confirman un dato que organismos de derechos humanos vienen señalando desde hace años en distintos informes: la utilización de la prisión preventiva como regla y no como excepción en el sistema penal federal argentino, en contradicción con el principio constitucional de inocencia. Entre las dos cárceles relevadas suman casi 3.800 personas detenidas, y en ambas la mayoría permanece procesada sin una sentencia que determine su culpabilidad o inocencia.

Lo que tenés que saber:

  • Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación relevó las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz entre enero y junio de 2026.
  • Casi el 57% de los presos en Marcos Paz y el 53% en Ezeiza están procesados, sin condena firme.
  • Entre ambos complejos se registraron 18 fallecimientos en el semestre, cinco de ellos por muertes violentas en Ezeiza.
  • Se documentaron 41 medidas de fuerza en total, la mayoría huelgas de hambre.
  • Entre las dos cárceles suman casi 3.800 personas privadas de libertad.

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