DDHH
Vergonzoso: el Gobierno lanzó el primer video negacionista de la democracia con el «Tata» Yofre
En un episodio sin precedentes desde el retorno de la Democracia, el Gobierno de Milei difundió un provocador video fomentando la teoría de los dos demonios.
El Gobierno nacional publicó un video con el lema “Día de la Memoria, Verdad y Justicia Completa”, en el cual se cuestiona la cifra de 30 mil desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, y se acusa a los organismo de Derechos Humanos de haber montado “un gran negocio”.
En el material audiovisual difundido por las redes sociales de la Casa Rosada se solicita además indemnizar a las “víctimas de la subversión”, y se califica al genocidio estatal de la última dictadura como “una guerra”.
El video tiene una duración de 12:49; es una realización a cargo del director de cine Santiago Oria y cuenta con las participaciones de el exjefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante el menemismo, Juan Bautista “Tata” Yofre; Luis Labraña, quien afirma haber sido integrante de la organización Montoneros y María Fernanda Viola, hija del capitán Humberto Viola, muerto en Tucumán 1974, en un atentado realizado por el ERP.
“Para liquidar a las naciones, lo primero que se hace es quitarle la memoria. Se destruyen sus libros, su cultura, su historia. Luego vienen y les escriben otros libros, les dan otra cultura y les inventan otra historia. Entonces la nación comienza a olvidar lo que es y lo que ha sido”, es la cita de Milan Kundera que puede leerse en el inicio del video, que se reproduce en letras blancas que discurren por un fondo negro.
Viola es la primera persona que cuenta su historia y describe el momento en cual su padre y su hermana fueron asesinados a la salida de la casa de sus abuelos, en Tucumán.
“Mi papá baja del auto para resguardarnos y ahí lo rematan de un tiro en la espalda. Cuando matan a mi papá en 1974, era un gobierno constitucional. O sea, no tiene nada que ver con el ‘76 (el año en el cual se produjo el golpe de Estado), porque a mi papá lo mataron en el ‘74”, comentó la mujer de 54 años.
A su vez, la mujer hace un cuestionamiento a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, y remarca: “Por ahí hablan muchos de los derechos humanos y yo digo, los derechos humanos de mi hermana de tres años en dónde están, yo tenía cinco. ¿Donde están los derechos humanos?. Mi papá que era militar, bueno tenía la vida jugada pero nosotros que y eso pienso y por ahi me da bronca.
En ese sentido, Viola hace una crítica a las visiones de lo ocurrido en los años ‘70 y afirma: “Yo creo que la historia se ha contado o se ha mostrado una cara de la moneda o se ha contado con un ojo tapado. Al contar una sola parte de la historia no es historia. Porque la historia hay que contarla de manera completa. Yo creo que ha sido una guerra donde ha caído gente inocente de ambos lados”.
Y agrega: “Yo considero que en el caso de la victimas del terrorismo no hay Verdad, ni Memoria, ni Justicia”.
Luego hace una crítica a los gobierno de Néstor y Cristina Kirchner y remarca: “Mientras han estado los Kirchner se había prohibido hasta los actos que hacían en homenaje a mi papá en el cementerio. Tengo una esperanza, no se si se haga justicia, que se haga un reconocimiento moral”.
En el caso del asesinato de su padre, siete integrantes del pelotón que emboscó al capitán Viola fueron capturados.
Ellos eran Francisco Antonio Carrizo, Rubén Jesús Emperador, Fermín Ángel Núñez y José Martín Paz recibieron cadena perpetua; Florencio Antonio Nieva, ocho años de prisión; Rolando Oscar Figueroa no tuvo condena por ser menor de edad, y a Alberto Vivanco se le declaró extinta la acción penal.
En tanto, Svante Grände, de nacionalidad sueco-chilena, fue abatido, en el monte tucumano, integrando la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del ERP, tiempo después, mientras que Hugo Irurzun, el jefe del “pelotón de fusilamiento” de Viola, fue asesinado “en acción” 6 años después en la “Operación Reptil”, que constituyó el asesinato del dictador nicaragüense Anastasio Somoza, en Asunción del Paraguay en 1980. Después, en 1989, los que seguían con vida fueron indultados, al igual que varios de los militares que habían ido presos por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen militar.
Por su parte, Labraña cuenta su historia como integrante de Montoneros; el intento de secuestro que sufrió y su exilio en Europa.

Luego hace una crítica sobre el accionar de las organizaciones de los ‘70 y señala: “¿Qué hombre puede ser revolucionario poniendo una bomba vietnamita en el centro de la ciudad?. ¿Qué es lo que sucedió?. ¿Por qué nos convertimos en monstruos?”.
Tras esto, Labraña justifica el accionar de los militares y enfatiza que fue una “guerra”.
“Después aparecieron los militares que también se construyeron en monstruos porque la guerra genera monstruos.
“No es que los militares se convirtieron en malos o nosotros fuéramos malos: nos convertimos en monstruos y pasó lo que pasó. No fueron dos demonios fueron dos ángeles caídos, porque ambos de ambos lados peleamos por la libertad y peleamos por la patria”, sostiene.
Luego, Labraña afirma que hubo un “negocio” con los desaparecidos durante la última dictadura militar y se adjudicó ser el “creador” de la cifra de 30 mil desaparecidos.
“Fue un gran negocio el de los desaparecidos. Pero el número fue gestado en Holanda. Me acuerdo que fuimos a una reunión con las mujeres del ministro para pedirle plata para las Madres de Plaza de Mayo que habían venido porque querían tener una casita para reclamar por sus hijos”, recuerda Labraña.
Luego indica que las autoridades holandesas les dijeron: “Pero ustedes no pueden hablar de genocidio, genocidio es lo que sufrió el pueblo judío”.
“No sé si pasó un mes de discusión y se determinó un número y alguien dijo 30 mil, diciendo ‘bueno, ya córtenla, pongan 30 mil’. Fui yo. ¿Esos 30 mil sirvió para buscar la verdad?. ¿Ayudó a la realidad?. No. Fortaleció el odio y comenzó a oscurecer la verdadera historia. No señores, 30 mil es falso lo puse yo el número de 30 mil. Y nadie me lo puede discutir”, señaló Labraña, quien consideró a la cifra como ‘bandera de la mentira y la mezquindad’ ”.
Luego, el supuesto exmilitante adjudica la conflictividad política de los ‘70 a Juan Domingo Perón, a la Unión Soviética y a Fidel Castro.
“La influencia soviética y la influencia de Perón y Castro. Yo creo que eso nos llevo al suicidio y al caos. Fue un desastre”, sostuvo.
Tras esto, Labraña indicó que “hay que reconstruir a la Argentina” y pidió equiparar a las víctimas de la “subversión” con las víctimas de la dictadura.
“Yo creo que Argentina tiene que poner un manto final, tiene que enterrar el féretro de esos años. Pero para eso hay cosas que son necesarias, es decir equiparar. Tendrían que indemnizar a las víctimas de la subversión”, sostuvo Labraña.
En tanto, Yofre afirmó que en los ‘70, el país no resistía más. Muertos por todos lados, bombas cada tres horas, secuestrados, asesinados”.
Tras esto, acusa al exsecretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde por el reconocimiento a las víctimas de la dictadura.
“La historia no se contó de manera completa, se hizo de forma lastimosa y por plata. El secretario de derechos humanos era Eduardo Luis Duhalde, que junto a sus socios Ortega Peña, eran los abogados del ERP y se hizo por plata, porque hubo un reconocimiento a quienes destrozaron a la argentina o quienes iban a destrozar la argentina y se quedaron con mucho dinero”, acusó Yofre.
En esa misma línea, acusó a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de tener en sus gobiernos a “guerrilleros”, “terroristas” e “ideólogos” que agarraron las armas en los ‘70
“El terrorismo estaba en el gobierno de Kirchner. Porque hay que acordarse que terminó con todo; con el indulto del presidente Menem, con las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que había aceptado (el expresidente) Raul Alfonsín”, subraya Yofre en el video.
Por último, el periodista hizo un llamamiento al Pacto de Mayo, propuesto por el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso, para “mirar juntos para adelante”.
“Se pueden sanar y curar las heridas del pasado, entonces la mejor manera es que el 25 de mayo nos juntemos, nos demos la mano y miremos todos juntos para adelante. Con diferencias pero miremos para adelante”, concluye Yofre.
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CABA
La jueza De Marinis respondió al ataque de Jorge Macri: “Debilita las instituciones democráticas”
Laura De Marinis, la titular del Juzgado Penal Juvenil N°3 porteño que declaró inconstitucional la baja de imputabilidad a los 14 años y sobreseyó a un adolescente acusado de tentativa de robo, salió al cruce de las amenazas de juicio político y advirtió que cuestionarla por el fundamento de sus fallos es un ataque a la independencia del Poder Judicial.
Un chico de 14 años que vivía sin acceso a educación ni alimentación fue el disparador de una crisis institucional de magnitud. La jueza Laura Beatriz De Marinis sobreseyó al adolescente, declaró inconstitucional el artículo 1 de la Ley 27.801 que habilita la punibilidad desde esa edad, y desde entonces enfrenta una avalancha de presiones políticas que incluyen pedidos de juicio político del propio jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Este miércoles, De Marinis rompió el silencio y respondió con precisión quirúrgica.
La magistrada es titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad de Buenos Aires. El sobreseimiento que firmó el lunes 21 de septiembre se circunscribe exclusivamente al caso del menor identificado como M.I.A., detenido el 10 de septiembre junto a otros jóvenes tras intentar robar el celular a un hombre de 47 años que pedía ayuda policial en la vía pública. La resolución no suspende la vigencia de la ley para el resto de los adolescentes alcanzados por la norma.
«¿A usted le parece razonable?»
«Aplicar el sistema penal, la respuesta desde el sistema penal, es regresivo para este adolescente, porque es estigmatizante», dijo De Marinis. «En este contexto, se trata de un chico que no fue conocido por el Estado, que estaba sin educación y sin poder alimentarse; nos enteramos de su situación por el sistema penal y entonces le aplicamos el sistema penal. ¿A usted le parece razonable? Yo expliqué que no es proporcional», sostuvo la magistrada.
En diálogo con Radio Con Vos, De Marinis fue aún más contundente: «Someter a proceso penal es lo último que tiene que ocurrir», advirtió, y explicó que incluso una amonestación puede constituir un antecedente desde el cual el Estado habilita respuestas cada vez más gravosas sobre el mismo adolescente. Por eso, en lugar de aplicar el régimen punitivo, dispuso la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para articular medidas de acompañamiento familiar, escolar y recreativo.
La fundamentación jurídica del fallo se apoyó en la Convención sobre los Derechos del Niño, cuya jerarquía constitucional es indiscutible desde 1994. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU recomendó expresamente a la Argentina, en 2018 y en 2024, que mantuviera la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años. De Marinis también incorporó evidencia de neurociencia que demuestra que el desarrollo de la corteza cerebral en la etapa adolescente limita la capacidad de comprender plenamente las consecuencias de las propias acciones. Para este caso en particular, la jueza concluyó que la conducta del menor consistió en una tentativa calificada como «burda y torpe» que no consumó el desapoderamiento de ningún bien ni generó lesiones físicas.
La paradoja de una ley que ella misma valora
Con una distinción que sus detractores parecen deliberadamente ignorar, De Marinis aclaró su posición frente al nuevo Régimen Penal Juvenil como herramienta general. «La ley me parece una herramienta hermosa para poder armonizarla con la Convención y poder trabajar con los chicos en el día a día», señaló. Su objeción no fue a la ley en abstracto, sino a su aplicación concreta sobre un adolescente cuyas circunstancias vitales hacen de la intervención punitiva una respuesta desproporcionada. La distinción entre constitucionalidad general y aplicación inconstitucional a un caso específico es elemental en derecho; la confusión entre ambos conceptos parece ser el motor de toda la campaña política en su contra.
Macri, Bullrich y la presión sobre el Poder Judicial
La reacción política al fallo fue inmediata y encendida. Jorge Macri publicó en sus redes sociales: «Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político. La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito. No voy a pedir perdón por defender a los porteños de bien». Acto seguido, instruyó al ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, para que presentara el pedido ante el Consejo de la Magistratura. Tapia confirmó la iniciativa con el argumento de que «CABA no va a tener una Justicia garantista» y que «un menor de 14 años que roba es un delincuente».
La senadora nacional y exministra de Seguridad Patricia Bullrich sumó su voz al coro: «Hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas», sostuvo. Desde La Libertad Avanza, la legisladora porteña Pilar Ramírez aprovechó el episodio para presionar sobre la Legislatura de la Ciudad, que tiene pendiente el tratamiento de una adecuación del Régimen Procesal Penal Juvenil. El Ministerio Público Fiscal, por su parte, apeló el fallo y pidió el apartamiento de De Marinis de la causa. Fuentes del fuero judicial porteño advirtieron sobre una «casi segura revocación» de la resolución por parte de la Cámara de Apelaciones, en sintonía con la jurisprudencia del tribunal.
De Marinis respondió con calma y firmeza a todo ese frente político: «Mis decisiones se cuestionan a través de los fallos judiciales. Un juicio político es cuando uno no cumple con el desempeño de su función». Y fue directa sobre el efecto institucional de las presiones recibidas: «Que por el fundamento de mis decisiones me digan que van a iniciar un juicio político debilita las instituciones democráticas. Hablar de un fallo manchado con sangre en este hecho me parece distorsionar lo que yo resolví», afirmó.
El caso no es aislado. En la provincia de Buenos Aires, la jueza Marta Elba Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, también suspendió preventivamente la aplicación de la misma ley y recibió amenazas similares de juicio político. El patrón se repite: cada vez que el Poder Judicial ejerce su función de control constitucional sobre normas de LLA, el Ejecutivo responde con presión política directa sobre los magistrados. No es una coincidencia; es una estrategia de disciplinamiento.
Lo que tenés que saber:
- La jueza Laura De Marinis declaró inconstitucional el artículo 1 de la Ley 27.801 y sobreseyó a un adolescente de 14 años en un caso concreto de tentativa de robo; el fallo no suspende la ley con carácter general.
- De Marinis justificó la medida en el principio de proporcionalidad y en recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU de 2018 y 2024, que instaron a la Argentina a mantener la imputabilidad en 16 años.
- El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ordenó al ministro de Justicia Gabino Tapia presentar un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura; el Ministerio Público Fiscal también apeló el fallo y pidió el apartamiento de la jueza.
- De Marinis respondió que el juicio político procede por mal desempeño de la función, no por el fundamento de las decisiones judiciales, y advirtió que esa presión «debilita las instituciones democráticas».
- Fuentes del fuero judicial porteño anticiparon una «casi segura revocación» del fallo por parte de la Cámara, en línea con la jurisprudencia del tribunal.
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