El fallo que cambió todo

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia condenatoria que pesaba sobre la República Argentina en el caso YPF y determinó que el proceso de estatización de la empresa petrolera, llevado adelante en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, fue ejecutado de manera correcta y conforme a derecho.

El tribunal federal de alzada concluyó que la expropiación de YPF no constituyó una violación del estatuto de la compañía, tal como había sostenido la jueza de primera instancia Loretta Preska en su polémica sentencia de 2023, y que la ley de expropiación, en tanto norma de orden público, prevalecía sobre cualquier disposición contractual o estatutaria de carácter privado.

La decisión implicó que la Argentina evitó desembolsar una cifra que superaba los US$16.000 millones, incluyendo capital e intereses. Un número que, de haberse ejecutado, hubiera representado un golpe devastador para las arcas públicas del país.

De la privatización menemista a la recuperación kirchnerista

Para entender la magnitud de este fallo, es necesario remontarse a los orígenes del conflicto. En 1993, durante el gobierno de Carlos Menem, YPF fue privatizada bajo un esquema que entregó el control de la principal empresa energética del país a capitales privados, en su mayoría extranjeros, con Repsol como principal accionista. Ese estatuto de privatización, redactado en el marco de las políticas neoliberales de los años noventa, establecía una serie de obligaciones que, según los demandantes, Argentina incumplió al recuperar la empresa.

En 2012, el gobierno de Cristina Kirchner tomó una decisión que marcó un antes y un después en la historia energética argentina: la estatización del 51% de YPF mediante una ley de expropiación. La medida fue impulsada ante el diagnóstico de que Repsol había desinvertido sistemáticamente en la empresa, comprometiendo el autoabastecimiento energético del país. Fue, en términos concretos, la recuperación de la soberanía sobre los recursos estratégicos.

Cronología clave:

• 1993: Menem privatiza YPF; se incluye cláusula OPA en el estatuto
• 2008-2011: Grupo Petersen adquiere el 25% de YPF mediante préstamos de Repsol
• Abril 2012: El Congreso expropia el 51% a Repsol; Petersen entra en default
• 2015: Burford Capital compra los derechos litigiosos e inicia juicio en Nueva York
• 2023: Jueza Preska dicta condena de US$16.100 millones contra Argentina
• Marzo 2026: La Cámara de Apelaciones revoca la condena y ordena revisión total

Kicillof y la defensa que hizo historia

La conducción técnica de la defensa argentina recayó sobre Axel Kicillof, quien se desempeñaba en ese entonces como viceministro de Economía y fue uno de los principales artífices de la estatización. El argumento central que sostuvo la posición argentina fue jurídicamente sólido: una ley de expropiación, por su naturaleza de norma de orden público emanada del Estado soberano, no puede ser subordinada a lo que disponga el estatuto privado de una empresa.

Este principio, que la Cámara de Apelaciones terminó avalando, fue el eje de toda la estrategia defensiva. La ley de expropiación no era un contrato entre privados: era el ejercicio pleno de la potestad estatal. Y ningún documento societario redactado en el contexto de una privatización puede estar por encima de ese ejercicio soberano.

El negocio de Burford Capital: comprar deuda ajena para especular

Uno de los aspectos más oscuros de este litigio fue el rol de Burford Capital, fondo de litigación con sede en las Islas Caimán y cotización en la Bolsa de Nueva York. Burford no fue parte original del conflicto: adquirió los derechos litigiosos de los accionistas minoritarios de YPF por apenas 15 millones de euros, apostando a cobrar una indemnización que terminó siendo valuada en más de 16.000 millones de dólares.

El modelo de negocio de Burford es el de un fondo buitre en su expresión más descarnada: compra reclamos legales de terceros, los financia, y se queda con una porción mayoritaria de lo que se cobre. La jueza Preska, en su fallo de 2023, les dio la razón. La Cámara de Apelaciones frustró esa expectativa.

El fallo de Preska: un error que pudo costarle caro al país

En 2023, la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York dictó sentencia a favor de los demandantes y condenó a Argentina por considerar que el país había violado el estatuto de YPF al momento de la estatización. Según su interpretación, Argentina debió haber lanzado una oferta pública de adquisición para los accionistas minoritarios antes de concretar la expropiación.

El razonamiento de Preska subordinó la ley soberana de un Estado nacional a las disposiciones de un estatuto privado redactado en los años noventa. La Cámara de Apelaciones corrigió ese error.

Tras el fallo de Preska, Burford inició un proceso de Discovery para detectar activos argentinos susceptibles de embargo. Hace dos semanas, la misma Cámara de Apelaciones ordenó frenar esos procesos. Ahora, directamente anuló el fallo.

¿Qué sigue?

El proceso judicial no está necesariamente cerrado. Ambas partes pueden recurrir a la Corte Suprema de los Estados Unidos, aunque esa instancia no tiene obligación de aceptar el caso. Burford Capital deberá evaluar si el costo de continuar el litigio justifica la inversión realizada.

Por el momento, Argentina celebró una victoria judicial de enorme trascendencia económica y política.

Puntos clave

• La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la condena contra Argentina en la causa YPF.
• El país evitó pagar una suma superior a US$16.000 millones.
• El tribunal reconoció que la ley de expropiación prevalece sobre estatutos privados.
• La estatización de YPF en 2012, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, fue declarada correcta.
• La defensa técnica fue conducida por Axel Kicillof, entonces viceministro de Economía.
• Burford Capital había comprado los derechos litigiosos por 15 millones de euros con expectativa de cobrar miles de millones.
• Las partes pueden recurrir a la Corte Suprema de EE.UU.