Un reciente documento conjunto de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advierte que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) mantiene “un sistema que vulnera derechos y contradice la normativa vigente” en materia de salud mental. Según este informe, el modelo porteño todavía arrastra una fuerte dependencia a la internación en instituciones, mientras descuida los dispositivos comunitarios y preventivos.

Fragilidad del sistema de atención mental

El documento, basado en la Sala Situacional de Salud Mental, alerta sobre una estructura precaria: hay pocos dispositivos comunitarios, demoras estructurales, y la mirada dominante sigue siendo la internación.

Esto refleja un retroceso en la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM), que establece el enfoque comunitario como prioridad. Aumento de la demanda en 2024 Durante este año, la demanda por servicios de salud mental creció, algo que el informe vincula con el deterioro social-general.

Al mismo tiempo, los recursos públicos continúan siendo limitados, generando un desajuste entre las necesidades reales de la población vulnerable y las respuestas del Estado. Ausencia de un plan integral Los equipos que participaron subrayan que no existe un plan articulado que combine salud mental con políticas de vivienda, asistencia social y acompañamiento territorial. Este vacío impacta especialmente en personas en situación de mayor vulneración social. Necesidad de financiamiento sostenido y control institucional.

Las organizaciones que realizaron el relevamiento insisten en que para que la transición hacia un sistema comunitario sea real, se requieren espacios de alojamiento alternativo, equipos interdisciplinarios fuertes y mecanismos de control efectivos. La reforma no puede seguir siendo “delegada”: es una deuda del Estado con miles de personas.

Marco normativo y contradicciones

La Ley Nacional de Salud Mental (26.657) promueve un modelo comunitario y desalienta la internación en hospitales psiquiátricos monovalentes. 

En la Ciudad, la Ley 448 de Salud Mental reconoce la internación como recurso extremo, y obliga a desarrollar dispositivos como centros de salud mental comunitaria, equipos móviles de crisis, hogares protegidos, entre otros. 

Sin embargo, según ACIJ, gran parte del presupuesto porteño para salud mental sigue apuntalando el sistema manicominal. 

Además, existe una multa reciente al Ministerio de Salud porteño: el Poder Judicial lo sancionó con $100.000 diarios por no cumplir con sentencias que exigen externar a personas con alta médica que viven en hospitales psiquiátricos. 

Consecuencias sociales y derechos vulnerados

La falta de un plan articulado implica que muchas personas con padecimientos psíquicos no cuentan con una red para vivir en comunidad: sin vivienda digna ni soporte social, la externación se hace difícil o incluso inviable. La demanda creciente, en un contexto de crisis social, aumenta el riesgo de violaciones a derechos si no se acompaña con políticas reales y recursos. El modelo centrado en internación perpetúa “prácticas manicomiales”, que la LNSM intentó superar hace más de una década.

ACIJ y CELS proponen lo siguiente:

Financiamiento estable para dispositivos comunitarios (residencias, centros de día, equipos móviles de crisis).

Fortalecimiento de la intersectorialidad: salud mental debe articularse con vivienda, desarrollo social, y territorio.

Participación activa de las personas usuarias y organizaciones de derechos humanos en el diseño y monitoreo de las políticas públicas.

Transparencia y rendición sobre el gasto en salud mental para garantizar que los recursos no se concentren solo en internaciones.

En su análisis, el CELS ya advirtió que el Gobierno porteño mostró “resistencia” a cumplir con los lineamientos de la Ley Nacional de Salud Mental, especialmente en lo que refiere al cierre de los manicomios y la creación de una red comunitaria. 

Por su parte, ACIJ también ha señalado históricamente que los recursos presupuestarios para salud mental no están siendo reorientados, sino que siguen favoreciendo las internaciones psiquiátricas. 

En paralelo, la Ciudad implementó un nuevo protocolo para personas en situación de calle con padecimientos mentales, algo positivo desde lo formal. Pero organizaciones de derechos humanos critican que, sin más dispositivos comunitarios y vivienda, muchas derivaciones terminan siendo temporales o insuficientes. 

El informe conjunto de ACIJ y CELS es una alarma contundente: CABA parece avanzar poco hacia la transformación real del sistema de salud mental. A pesar del marco normativo progresivo, con leyes nacionales y locales que plantean la prioridad de la atención comunitaria, la práctica sigue muy ligada a la internación y a dispositivos tradicionales que vulneran derechos.

Sin un plan estructural, con financiamiento sostenido y mecanismos efectivos de control, la reforma mental corre el riesgo de quedarse en letra muerta. Para las personas en situaciones más vulnerables, esta brecha representa no solo una falla de política pública, sino una violación de derechos.