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Salud mental en crisis: alerta por informe del CELS en CABA

El modelo porteño todavía arrastra una fuerte dependencia a la internación en instituciones, mientras descuida los dispositivos comunitarios y preventivos.

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El-Argentino-Temas de salud mental

Un reciente documento conjunto de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advierte que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) mantiene “un sistema que vulnera derechos y contradice la normativa vigente” en materia de salud mental. Según este informe, el modelo porteño todavía arrastra una fuerte dependencia a la internación en instituciones, mientras descuida los dispositivos comunitarios y preventivos.

Fragilidad del sistema de atención mental

El documento, basado en la Sala Situacional de Salud Mental, alerta sobre una estructura precaria: hay pocos dispositivos comunitarios, demoras estructurales, y la mirada dominante sigue siendo la internación.

Esto refleja un retroceso en la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM), que establece el enfoque comunitario como prioridad. Aumento de la demanda en 2024 Durante este año, la demanda por servicios de salud mental creció, algo que el informe vincula con el deterioro social-general.

Al mismo tiempo, los recursos públicos continúan siendo limitados, generando un desajuste entre las necesidades reales de la población vulnerable y las respuestas del Estado. Ausencia de un plan integral Los equipos que participaron subrayan que no existe un plan articulado que combine salud mental con políticas de vivienda, asistencia social y acompañamiento territorial. Este vacío impacta especialmente en personas en situación de mayor vulneración social. Necesidad de financiamiento sostenido y control institucional.

Las organizaciones que realizaron el relevamiento insisten en que para que la transición hacia un sistema comunitario sea real, se requieren espacios de alojamiento alternativo, equipos interdisciplinarios fuertes y mecanismos de control efectivos. La reforma no puede seguir siendo “delegada”: es una deuda del Estado con miles de personas.

Marco normativo y contradicciones

La Ley Nacional de Salud Mental (26.657) promueve un modelo comunitario y desalienta la internación en hospitales psiquiátricos monovalentes. 

En la Ciudad, la Ley 448 de Salud Mental reconoce la internación como recurso extremo, y obliga a desarrollar dispositivos como centros de salud mental comunitaria, equipos móviles de crisis, hogares protegidos, entre otros. 

Sin embargo, según ACIJ, gran parte del presupuesto porteño para salud mental sigue apuntalando el sistema manicominal. 

Además, existe una multa reciente al Ministerio de Salud porteño: el Poder Judicial lo sancionó con $100.000 diarios por no cumplir con sentencias que exigen externar a personas con alta médica que viven en hospitales psiquiátricos. 

Consecuencias sociales y derechos vulnerados

La falta de un plan articulado implica que muchas personas con padecimientos psíquicos no cuentan con una red para vivir en comunidad: sin vivienda digna ni soporte social, la externación se hace difícil o incluso inviable. La demanda creciente, en un contexto de crisis social, aumenta el riesgo de violaciones a derechos si no se acompaña con políticas reales y recursos. El modelo centrado en internación perpetúa “prácticas manicomiales”, que la LNSM intentó superar hace más de una década.

ACIJ y CELS proponen lo siguiente:

Financiamiento estable para dispositivos comunitarios (residencias, centros de día, equipos móviles de crisis).

Fortalecimiento de la intersectorialidad: salud mental debe articularse con vivienda, desarrollo social, y territorio.

Participación activa de las personas usuarias y organizaciones de derechos humanos en el diseño y monitoreo de las políticas públicas.

Transparencia y rendición sobre el gasto en salud mental para garantizar que los recursos no se concentren solo en internaciones.

En su análisis, el CELS ya advirtió que el Gobierno porteño mostró “resistencia” a cumplir con los lineamientos de la Ley Nacional de Salud Mental, especialmente en lo que refiere al cierre de los manicomios y la creación de una red comunitaria. 

Por su parte, ACIJ también ha señalado históricamente que los recursos presupuestarios para salud mental no están siendo reorientados, sino que siguen favoreciendo las internaciones psiquiátricas. 

En paralelo, la Ciudad implementó un nuevo protocolo para personas en situación de calle con padecimientos mentales, algo positivo desde lo formal. Pero organizaciones de derechos humanos critican que, sin más dispositivos comunitarios y vivienda, muchas derivaciones terminan siendo temporales o insuficientes. 

El informe conjunto de ACIJ y CELS es una alarma contundente: CABA parece avanzar poco hacia la transformación real del sistema de salud mental. A pesar del marco normativo progresivo, con leyes nacionales y locales que plantean la prioridad de la atención comunitaria, la práctica sigue muy ligada a la internación y a dispositivos tradicionales que vulneran derechos.

Sin un plan estructural, con financiamiento sostenido y mecanismos efectivos de control, la reforma mental corre el riesgo de quedarse en letra muerta. Para las personas en situaciones más vulnerables, esta brecha representa no solo una falla de política pública, sino una violación de derechos.

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Detenido en la visita del Papa, el bombero niega todo plan pero la causa sigue

Tomás Natenzon, de 25 años, rompió el silencio: aseguró que nunca fue parte de un plan contra León XIV y que diseñó el sistema de comunicaciones de la visita. La jueza Servini lo sobreseyó y declaró su inimputabilidad, pero la investigación sobre cómo llegó a zonas restringidas continúa.

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El joven detenido cerca del escenario de la misa de León XIV, bajo sospecha de haberse infiltrado en el operativo de seguridad, aseguró que jamás integró un plan contra el Papa y que trabajó en el sistema de comunicaciones de la visita. Lo hizo después de que la Justicia federal lo sobreseyera y ordenara su libertad.

Se trata de Tomás Eduardo Natenzon, de 25 años, bombero voluntario del cuartel de Vuelta de Rocha y especialista en comunicaciones, a quien la Policía de la Ciudad detuvo el domingo 8 de noviembre en la esquina de avenida Del Libertador y Kennedy, en Palermo, cerca de la Embajada de Estados Unidos y del escenario montado para la misa del lunes 9. La causa quedó a cargo de la jueza federal María Servini, con intervención del fiscal Carlos Rívolo.

Su versión: “nunca fui parte de ningún plan”

En una publicación en Facebook, Natenzon sostuvo que su nombre y su imagen circularon en los medios como los de un presunto infiltrado vinculado a posibles amenazas contra la seguridad del Papa. Afirmó que fue responsable de diseñar el sistema de comunicaciones que se utilizó a nivel nacional para la visita, que incluyó conectividad satelital Starlink.

“Nunca fui parte de ningún plan de esa naturaleza”, escribió. Dijo además que quiere recuperar su identidad, su dignidad y su buen nombre, y que no pretende victimizarse. Según su relato, el caso fue desestimado el 14 de noviembre y se ordenó su liberación inmediata.

Lo que resolvió la Justicia

Según informó la prensa local, Servini sobreseyó a Natenzon y declaró su inimputabilidad. La decisión se apoya en su estado de salud mental y no en una validación de sus credenciales ni de su presencia en la zona. La jueza dispuso su libertad con medidas de salud mental: una evaluación previa en el Hospital Borda, en el marco de la Ley de Salud Mental, y tratamiento psiquiátrico ambulatorio, sin internación. También ordenó la intervención de un juez civil para definir medidas sobre su seguimiento.

La magistrada pidió además profundizar el análisis de los objetos secuestrados y la investigación continúa para esclarecer cómo accedió a zonas restringidas y cuál era su rol en el dispositivo de seguridad. Hasta ahora, la investigación no estableció que tuviera intenciones de atentar contra el Papa.

Credenciales, radios y un arma: la reconstrucción que cambió

En las primeras horas, la versión policial lo presentó como un falso bombero que circulaba con un permiso de circulación apócrifo y una patente que simulaba ser oficial, además de cuatro equipos de comunicación y distintas credenciales. Se investigó entonces una presunta falsificación de documento público e intimidación pública.

Con el correr de los días, el cuadro se complicó. Se confirmó que integra el destacamento de Vuelta de Rocha y trabaja en comunicaciones, y según las últimas informaciones la autorización de circulación que exhibió sería auténtica. Natenzon declaró que su empresa participaba del evento y que tenía permiso para ingresar a la zona de la misa; según una fuente del caso, sus explicaciones fueron atendibles. El arma hallada en su domicilio, afirmó, estaba registrada y con permiso de tenencia.

En el allanamiento a su vivienda se secuestraron una pistola 9 milímetros con municiones y cargadores, decenas de radios del sistema trunking, dispositivos de análisis de radiofrecuencia, computadoras, teléfonos, cámaras corporales, una placa similar a las de fuerzas policiales y anotaciones sobre frecuencias y material sobre la visita papal. Esos elementos son los que la jueza pidió analizar a fondo.

Lo que tenés que saber:

  • Tomás Natenzon, de 25 años, fue detenido el domingo 8 de noviembre cerca del escenario de la misa de León XIV en Palermo.
  • La jueza María Servini lo sobreseyó, declaró su inimputabilidad y ordenó su libertad con tratamiento psiquiátrico ambulatorio.
  • Natenzon aseguró en Facebook que nunca fue parte de un plan contra el Papa y que diseñó el sistema de comunicaciones de la visita.
  • La investigación no estableció intenciones de atentar y continúa para determinar cómo accedió a zonas restringidas.
  • Se secuestraron un arma, radios, computadoras y credenciales, que la jueza ordenó analizar en profundidad.

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