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Ataque a Cristina: la jueza Capuchetti delegó la investigación en el fiscal Rívolo

Esto se da en un contexto en el que las pruebas complican más a los acusados, principalmente a Gabriel Carrizo, quien sería el jefe de la «banda de los copitos», que preparó el intento de asesinato contra la ex presidenta.

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La jueza federal María Eugenia Capuchetti delegó este miércoles en el fiscal Carlos Rívolo la investigación por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, informaron fuentes judiciales.

Lo hizo mientras la Cámara Federal porteña analiza si aparta o mantiene a la jueza en la investigación, a partir de una recusación planteada por la querella de la vicepresidenta que le reprochó a la magistrada haber frenado distintas líneas de investigación.

A pesar de haber rechazado su recusación y de haber elaborado un informe con el que pretendió contrarrestar las críticas de la querella, esta tarde la jueza Capuchetti buscó una salida alternativa para intentar descomprimir la tensión en torno a la investigación y la delegó.

«Encontrándose la recusación ante ese tribunal (la Cámara Federal porteña), debo hallar un remedio procesal que propenda a la mejor administración de justicia y a la validez de los actos que se tomen, en lo sucesivo, con ese norte», sostuvo la jueza.

«Por tal razón habré de delegar la instrucción de la presente causa CFP 2998/2022, sus conexas y legajos de investigación, en la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N° 2 (a cargo del Dr. Carlos Rívolo)», continuó la magistrada en la resolución de 4 páginas.

«Por último, debo señalar que el temperamento aquí escogido de ningún modo implica desconocer la expresa directiva del Superior de proceder, con la premura que el caso impone, a la elevación de la causa a su etapa plenaria», advirtió.

Sobre en ese punto, que la fiscalía «cuenta con la vía expedita» del artículo 215 Código Procesal Penal para, «en caso de entender que la instrucción se halla completa en alguno de sus tramos (o en su totalidad), avanzar en esa línea».

La jueza decidió poner la investigación en manos de la fiscalía a 83 días del comienzo de la instrucción y un día después de que la querella le cuestionara no haber ordenado ninguna medida de prueba tras la recepción de un informe, el 26 de octubre pasado, con más información extraída del celular de uno de los imputados.

Por el intento de asesinato de la vicepresidenta están detenidos y procesados como coautores el atacante Fernando André Sabag Montiel y su cómplice Brenda «Ámbar» Uliarte; mientras que en calidad de partícipes secundarios se encuentran Nicolás Gabriel Carrizo y Agustina Díaz, que fue excarelada.

Carrizo es el supuesto dueño de la máquina para hacer copos de nieve que vendían Sabag Montiel y Uliarte, mientras que Díaz es una amiga intima con la que «Ámbar» habló sobre su deseo de matar a la vicepresidenta.

La última presentación de la querella estaba referida a información hallada en el celular de Carrizo por la Dirección de Asistencia en Investigaciones Penales (DATIP) del Ministerio Público Fiscal y plasmada en un informe incorporado en el expediente a fines del mes pasado.

En esa presentación, la querella señaló que el ataque del que fue víctima Fernández de Kirchner «no estaba destinado exclusivamente a matar a la vicepresidenta» sino también a «desestabilizar el sistema político y constitucional en general».

«Mi amigo intentó matar a Cristina», «Es un golpe que le dimos al gobierno» y «esto se va a poner peor», son algunos de los mensajes que Carrizo le envió el 2 de septiembre a una persona de su confianza, cerca de las 7.40, según surge de la presentación de la querella

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Seis detenidos en Brasil por la muerte de la joven lanzada sin cuerdas en el Puente del Esqueleto

La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis.

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Sin habilitación, sin cuerdas y sin Estado: la cadena de negligencias que mató a María Eduarda.

La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis. El comisario Antonio Luis Tuckumantel confirmó que las detenciones apuntan a evitar la destrucción de pruebas sobre el negocio de la actividad de aventura en el denominado Puente del Esqueleto.

Más arrestos en una causa que suma imputados

La Policía Civil del estado de San Pablo detuvo este sábado a tres nuevas personas en el marco de la investigación por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, ocurrida el pasado 13 de junio en Limeira, cuando la joven fue lanzada desde el Puente del Esqueleto, una estructura ferroviaria inconclusa utilizada como escenario para actividades de deporte extremo, sin que la cuerda de seguridad estuviera correctamente ajustada a su arnés. Según confirmó la Policía, el total de personas detenidas por este hecho ascendió a seis.

El comisario Antonio Luis Tuckumantel indicó que no podía precisar públicamente el rol específico de cada uno de los nuevos arrestados dentro del entramado investigado, aunque señaló que las detenciones buscan preservar la integridad de la evidencia y evitar que los responsables interfieran con el curso de la investigación.

Los tres primeros detenidos siguen en prisión preventiva

Los tres instructores detenidos desde el mismo día del accidente permanecen en prisión preventiva: Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32 años; Maicon Fernandes Cintra, de 42 años; y Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 años. Los tres fueron acusados de homicidio con dolo eventual y sus solicitudes de habeas corpus fueron rechazadas por la Justicia, que consideró que existía riesgo real de fuga e interferencia en la investigación.

Según la investigación, el trío integraba el grupo que organizaba los saltos desde el puente, donde se cobraban 180 reales (aproximadamente 35 dólares) por persona. El negocio funcionaba sin habilitación ni constitución formal como empresa, condición que la Justicia valoró al denegar las excarcelaciones.

La secuencia fatal: sin cuerdas y sin verificación

La investigación reconstruyó con precisión cómo se produjo la tragedia. De acuerdo con la Policía Civil, la cuerda que debía sujetar a María Eduarda no fue ajustada y permaneció enrollada sobre la plataforma desde donde se realizó el salto en el momento en que la joven fue empujada al vacío. Una grabación realizada por testigos presentes en el lugar mostró que los instructores llevaron a la víctima hasta el borde del puente y la empujaron sin haber completado la verificación del equipo de seguridad. Los propios testigos declararon ante la Justicia que los responsables omitieron la revisión final antes del salto.

María Eduarda, residente de la localidad de Jandira, cayó desde una altura aproximada de 40 metros y murió como consecuencia del impacto. La joven tenía 21 años.

Un negocio sin habilitación y sin controles

La investigación estableció además que la organización que promovía los saltos en el Puente del Esqueleto no operaba como una empresa formalmente constituida. La estructura, ubicada en las afueras de Limeira, se había convertido en un punto habitual para actividades de rope jump sin ningún tipo de control estatal, regulación ni fiscalización municipal o federal. Este dato no es menor: la cobertura previa de este medio señaló que la municipalidad de Limeira había alertado a las autoridades nacionales sobre la situación del puente desde principios de 2025, sin que se adoptaran medidas efectivas de control.

La muerte de María Eduarda reabre el debate sobre la ausencia de regulación en el sector de los deportes de aventura en Brasil, donde la actividad de rope jumping se ofrece de manera informal en múltiples puntos del país sin que exista un marco normativo que establezca estándares mínimos de seguridad, habilitaciones obligatorias ni protocolos de verificación previos al salto.

Puntos clave

  • La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas, elevando a seis el total de detenidos por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas.
  • Los tres instructores detenidos desde el 13 de junio, Egoroff, Cintra y Gonçalves, permanecen en prisión preventiva acusados de homicidio con dolo eventual.
  • La cuerda de seguridad no estaba ajustada al arnés de la víctima cuando fue empujada al vacío desde 40 metros de altura.
  • El grupo organizador de los saltos no operaba como empresa formalmente constituida y carecía de habilitaciones municipales o nacionales.
  • La causa reaviva el debate sobre la falta de regulación de los deportes de aventura en Brasil y la responsabilidad del Estado en la fiscalización de estos espacios.
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