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“La lentitud de la Corte beneficia a los genocidas”

El periodista y escritor es, además, uno de los abogados más reconocidos en la defensa de los Derechos Humanos, asumiendo su rol de representar a los querellantes en decenas de juicios. Denuncia la falta de celeridad que se registra en los Tribunales Federales de todo el país en causas por delitos de lesa humanidad y asegura que la Corte, con su inacción, favorece la impunidad de los genocidas.

Publicado hace

4 años

23.03.2023

ElArgentino.ar

Por Néstor Llidó

“El problema principal de los juicios por delitos de lesa humanidad son las demoras, la falta de celeridad que se da en los Tribunales Federales de todo el país y con una Corte Suprema que con su lentitud para resolver beneficia a los genocidas”, analiza Pablo Llonto sobre la coyuntura de las causas pendientes por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar.

Periodista de origen y abogado penalista especializado en la temática de Derechos Humanos, Llonto es un reconocido luchador del campo nacional y popular, representando a decenas de víctimas en los juicios por lesa humanidad y una voz autorizada para referirse a la situación de los procesos, tanto los que están en curso como los demorados. Y en esa tarea cotidiana, en cada “batalla” diaria, los cuestionamientos al “sistema judicial” surgen como consecuencia de esa inacción que no es antojadiza.

“Por ejemplo, se anuncian fechas de inicio de juicios, como la causa Puente 12, que era en octubre de 2022, luego la pasaron para febrero de este año y ahora nos notificaron que sería en abril, con la incertidumbre de no saber si arranca o no. Y son causas que ya vienen demoradas. Como otras en que demoraron dos años en fijar las fechas, como sucedió con el que se está haciendo ahora de las brigadas por el Pozo de Quilmes, Banfield y El Infierno”, cuenta Pablo Llonto a El Argentino.

Enumera “causas pendientes”, sin disimular el malestar, lanza: “Está el juicio de apropiación de bienes de los detenidos-desaparecidos de la ESMA, que está hace mucho tiempo elevado a juicio, pero el Tribunal Oral Federal N° 5 no pone fecha”. “Otra muestra de la falta de celeridad es que se fijan audiencias, donde nosotros pedimos que se pongan tres por semana, pero ponen una sola

y en casos, hasta una cada 15 días. De esa manera, todo demora mucho más”, agrega.
Para el autor de libros como La Noble Ernestina, La Vergüenza de Todos y El Juicio que no se vio, hay una postura clara, al considerar que “estos juicios de lesa humanidad no son prioridad para el Poder Judicial, que nada hace para nombrar a los jueces que faltan para constituir los distintos tribunales que deben encargarse de los juicios, entre otras cuestiones”.

Según calcula, “a 20 años de reiniciados los juicios, hay un 60% aproximadamente de procesos pendientes. En mi listado de las víctimas que yo represento, sólo un 40% tuvo un juicio y el resto todavía no. Estas cuestiones demuestran que la falta de celeridad en los juicios es el tema más grave porque lo que trae como consecuencia es que mueren testigos, víctimas, sobrevivientes, familiares y los imputados también. Entonces, la Justicia se transforma en una fantasía”.

La cuestionada Corte Suprema de Justicia de la Nación es el eje para resolver estas cuestiones y en tal sentido, recuerda que “como estos reclamos llevan años y años de demandas, en 2009 decidieron al recibir este cúmulo de quejas sacar una acordada donde decide la creación de la Comisión Interpoderes. Allí reúne a representantes de los tres poderes del Estado, se invita a las partes involucradas. Las fiscalías, defensas y querellas se plantean los problemas y se buscan soluciones, pero esto que mínimamente funcionaba, dejó de funcionar”.

La solidez del movimiento de Derechos Humanos

Casi en contraposición de aquellos que pretenden ocultar, silenciar o ningunear la labor de los organismos de Derechos Humanos, Pablo Llonto sostiene que “el movimiento se encuentra muy, muy sólido, pese a que van falleciendo las Abuelas, las Madres, las víctimas, los sobrevivientes, ya que se ha formado en todo el país una red, un tejido importantísimo que se ha ido fortaleciendo con el paso del tiempo”.

A modo de ejemplo de ello, el militante, abogado y periodista expresa que “no hay ciudad o pueblo en la Argentina que no tenga una comisión por la memoria o distintas entidades que se fueron constituyendo, que dan un claro indicio sobre que el movimiento de Derechos Humanos fue creciendo. De manera institucional, en cada sindicato se cuenta con una secretaría específica y hasta recientemente se conformó la Comisión Intersindical por los Derechos Humanos que agrupa a los distintos gremios”.

“También se refleja en los clubes de fútbol, con la conformación de subcomisiones y el homenaje a sus socios detenidos/desaparecidos, a sus deportistas que fueron víctimas de la dictadura. O lo que pasa en los barrios, donde se colocan baldosas o señalizaciones en memoria de los desaparecidos, se organizan todo tipo de actividades”, agrega Llonto.

La “renovación” aparece garantizada por la presencia de la juventud en cada marcha por el aniversario del Golpe del 24 de marzo de 1976. “Frente al inevitable paso del tiempo, donde la consecuencia mayor es la muerte de Madres, Abuelas y de mucha gente que durante décadas ha empujado la realización de los juicios de lesa humanidad, la posta ha sido tomada por las nuevas generaciones. No se apaga la llama, se enciende y se reaviva de manera permanente”, concluye.

Las domiciliarias como “favores” y la “discriminación social”

Ante los constantes beneficios excarcelatorios que reciben los condenados por delitos de lesa humanidad, el abogado Pablo Llonto no duda en afirmar que “las responsabilidades de las prisiones domiciliarias es de juezas y jueces que se dejan convencer fácilmente por falsos argumentos de los defensores de los genocidas que invocan cuestiones de salud, que pueden tratarse, todas ellas, en hospitales del Servicio Penitenciario Federal”.

“Los únicos casos que deberían convalidarse son los de enfermedades terminales. Está claro que aquí hay una discriminación social, porque a los mismos presos por delitos comunes que cometieron homicidios y que tienen las mismas afecciones de salud que presentan los genocidas, como diabetes, hipertensión o problemas cardíacos, nos les dan domiciliaria”, expresó.

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Democracia ¿en riesgo?: Corte de EEUU le dio luz verde a Trump para revisar la ciudadanía de los votantes

Por seis votos contra tres, el máximo tribunal habilitó el sistema SAVE, que cruza datos de la Seguridad Social para detectar extranjeros en los registros electorales. Un juzgado lo había frenado por violar leyes de privacidad; ya marcó como sospechosos a votantes que eran ciudadanos.

Publicado hace

8 horas

28.09.2026

ElArgentino.ar

A cinco semanas de las elecciones de medio término, la Corte Suprema de Estados Unidos le entregó a Donald Trump una herramienta clave para su cruzada contra el supuesto voto de extranjeros. El tribunal habilitó el uso de una base de datos federal que ya señaló como sospechosos a ciudadanos con derecho a votar y que un juzgado había declarado ilegal por violar la privacidad de millones de personas.

La decisión se conoció el viernes 25 de septiembre, en una orden sin firma adoptada por seis votos contra tres en la causa que enfrenta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con la Liga de Mujeres Votantes. La mayoría suspendió el fallo de primera instancia que bloqueaba la versión ampliada del sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios, conocido como SAVE. Las tres juezas progresistas del tribunal, Ketanji Brown Jackson, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, votaron en disidencia.

Qué es SAVE y cómo lo transformó Trump

SAVE es administrado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración y fue concebido para verificar el estatus migratorio de personas que solicitan beneficios públicos. El gobierno de Trump lo reformuló: incorporó información de la Administración de la Seguridad Social, incluidos los números de seguro social, y permitió que los estados cargaran sus listas de votantes completas para revisarlas en forma masiva y sin costo.

Según la cadena pública NPR, el fallo también despeja el camino para que la administración retome un proyecto sin precedentes: la confección de listas de ciudadanos adultos en cada estado. Las organizaciones demandantes advirtieron que el Congreso nunca autorizó al gobierno federal a construir una base maestra con datos de toda la ciudadanía. El DHS, además, intentó condicionar fondos antiterroristas destinados a los estados a que aceptaran usar SAVE para auditar sus padrones.

El fallo que la Corte dejó en suspenso

La demanda fue presentada en septiembre de 2025 por la Liga de Mujeres Votantes y el Centro de Información sobre Privacidad Electrónica (EPIC). El 22 de junio de 2026, la jueza federal Sparkle Sooknanan, del Distrito de Columbia, bloqueó el sistema modificado al concluir que la acumulación y divulgación de datos sensibles violaba la Ley de Seguridad Social, la Ley de Privacidad y la Ley de Procedimiento Administrativo. Una cámara de apelaciones se negó por dos votos a uno a suspender esa decisión, y el procurador general John Sauer acudió entonces a la Corte Suprema.

La mayoría sostuvo que el gobierno federal «tiene la obligación de responder a las solicitudes de los funcionarios electorales estatales y locales que buscan verificar la ciudadanía de los votantes» y que la orden de primera instancia le impedía usar «el programa que considera más adecuado para esa tarea». Los jueces se apoyaron en una ley migratoria de 1996 que, a su criterio, autoriza al DHS a compartir información de ciudadanía con los estados, y anticiparon que probablemente revocarán el fallo de Sooknanan cuando resuelvan el fondo.

La disidencia: los daños que la mayoría no quiso ver

En su voto, Jackson acusó a la mayoría de concentrarse «solo en los daños que el Gobierno supuestamente sufrirá» sin la suspensión, «sin considerar los daños que el sistema SAVE modificado causó, y probablemente seguirá causando, a votantes legales». Entre esos perjuicios mencionó que ciudadanos recientemente naturalizados deban acreditar su ciudadanía antes de votar o que directamente se les cancele la inscripción.

La jueza también sostuvo que la inclusión de los números de seguro social viola las normas de confidencialidad y que «nada autoriza el sistema SAVE modificado» ni deja sin efecto las disposiciones de la Ley de Seguridad Social y de la Ley de Privacidad. El problema no es teórico: los inmigrantes que obtuvieron la ciudadanía pueden figurar todavía como extranjeros en los registros federales, porque esos datos no siempre se actualizan.

Texas ofrece un antecedente concreto. Cuando el estado pasó por SAVE su padrón completo de 18 millones de votantes, el sistema marcó a 2.724 personas como posibles extranjeras. Los condados les dieron 30 días para demostrar su ciudadanía y, según la ley estatal, dieron de baja a quienes no respondieron a tiempo. Funcionarios texanos confirmaron luego que algunos de los votantes señalados ya habían presentado prueba de ciudadanía.

Un problema convertido en bandera política

Trump insiste en que el voto de extranjeros es una amenaza para la limpieza de las elecciones, aunque las auditorías de los padrones muestran que se trata de un fenómeno raro. La Corte le dio así un respaldo institucional a una narrativa que no se sostiene en los datos, con el riesgo de que el costo lo paguen ciudadanos con pleno derecho a votar.

El impacto inmediato sobre las elecciones de noviembre podría ser acotado. La ley federal de registro electoral prohíbe a los estados realizar depuraciones sistemáticas de sus padrones dentro de los 90 días previos a una elección federal, aunque la Corte aclaró que SAVE sí puede usarse para consultas individuales. Según el sitio especializado Ballotpedia, 28 estados se registraron ante el gobierno federal para usar SAVE en el mantenimiento de sus listas, mientras que los estados gobernados por demócratas se resistieron a hacerlo.

El senador republicano Mike Lee, impulsor de un proyecto que exige documentación de ciudadanía para empadronarse, celebró la decisión como una «excelente noticia para la seguridad electoral». La Liga de Mujeres Votantes, en cambio, aseguró que el litigio continúa y que hará todo lo posible para proteger el derecho al voto y la privacidad de la ciudadanía.