Por Néstor Llidó

“El problema principal de los juicios por delitos de lesa humanidad son las demoras, la falta de celeridad que se da en los Tribunales Federales de todo el país y con una Corte Suprema que con su lentitud para resolver beneficia a los genocidas”, analiza Pablo Llonto sobre la coyuntura de las causas pendientes por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar.

Periodista de origen y abogado penalista especializado en la temática de Derechos Humanos, Llonto es un reconocido luchador del campo nacional y popular, representando a decenas de víctimas en los juicios por lesa humanidad y una voz autorizada para referirse a la situación de los procesos, tanto los que están en curso como los demorados. Y en esa tarea cotidiana, en cada “batalla” diaria, los cuestionamientos al “sistema judicial” surgen como consecuencia de esa inacción que no es antojadiza.

“Por ejemplo, se anuncian fechas de inicio de juicios, como la causa Puente 12, que era en octubre de 2022, luego la pasaron para febrero de este año y ahora nos notificaron que sería en abril, con la incertidumbre de no saber si arranca o no. Y son causas que ya vienen demoradas. Como otras en que demoraron dos años en fijar las fechas, como sucedió con el que se está haciendo ahora de las brigadas por el Pozo de Quilmes, Banfield y El Infierno”, cuenta Pablo Llonto a El Argentino.

Enumera “causas pendientes”, sin disimular el malestar, lanza: “Está el juicio de apropiación de bienes de los detenidos-desaparecidos de la ESMA, que está hace mucho tiempo elevado a juicio, pero el Tribunal Oral Federal N° 5 no pone fecha”. “Otra muestra de la falta de celeridad es que se fijan audiencias, donde nosotros pedimos que se pongan tres por semana, pero ponen una sola

y en casos, hasta una cada 15 días. De esa manera, todo demora mucho más”, agrega.
Para el autor de libros como La Noble Ernestina, La Vergüenza de Todos y El Juicio que no se vio, hay una postura clara, al considerar que “estos juicios de lesa humanidad no son prioridad para el Poder Judicial, que nada hace para nombrar a los jueces que faltan para constituir los distintos tribunales que deben encargarse de los juicios, entre otras cuestiones”.

Según calcula, “a 20 años de reiniciados los juicios, hay un 60% aproximadamente de procesos pendientes. En mi listado de las víctimas que yo represento, sólo un 40% tuvo un juicio y el resto todavía no. Estas cuestiones demuestran que la falta de celeridad en los juicios es el tema más grave porque lo que trae como consecuencia es que mueren testigos, víctimas, sobrevivientes, familiares y los imputados también. Entonces, la Justicia se transforma en una fantasía”.

La cuestionada Corte Suprema de Justicia de la Nación es el eje para resolver estas cuestiones y en tal sentido, recuerda que “como estos reclamos llevan años y años de demandas, en 2009 decidieron al recibir este cúmulo de quejas sacar una acordada donde decide la creación de la Comisión Interpoderes. Allí reúne a representantes de los tres poderes del Estado, se invita a las partes involucradas. Las fiscalías, defensas y querellas se plantean los problemas y se buscan soluciones, pero esto que mínimamente funcionaba, dejó de funcionar”.

La solidez del movimiento de Derechos Humanos

Casi en contraposición de aquellos que pretenden ocultar, silenciar o ningunear la labor de los organismos de Derechos Humanos, Pablo Llonto sostiene que “el movimiento se encuentra muy, muy sólido, pese a que van falleciendo las Abuelas, las Madres, las víctimas, los sobrevivientes, ya que se ha formado en todo el país una red, un tejido importantísimo que se ha ido fortaleciendo con el paso del tiempo”.

A modo de ejemplo de ello, el militante, abogado y periodista expresa que “no hay ciudad o pueblo en la Argentina que no tenga una comisión por la memoria o distintas entidades que se fueron constituyendo, que dan un claro indicio sobre que el movimiento de Derechos Humanos fue creciendo. De manera institucional, en cada sindicato se cuenta con una secretaría específica y hasta recientemente se conformó la Comisión Intersindical por los Derechos Humanos que agrupa a los distintos gremios”.

“También se refleja en los clubes de fútbol, con la conformación de subcomisiones y el homenaje a sus socios detenidos/desaparecidos, a sus deportistas que fueron víctimas de la dictadura. O lo que pasa en los barrios, donde se colocan baldosas o señalizaciones en memoria de los desaparecidos, se organizan todo tipo de actividades”, agrega Llonto.

La “renovación” aparece garantizada por la presencia de la juventud en cada marcha por el aniversario del Golpe del 24 de marzo de 1976. “Frente al inevitable paso del tiempo, donde la consecuencia mayor es la muerte de Madres, Abuelas y de mucha gente que durante décadas ha empujado la realización de los juicios de lesa humanidad, la posta ha sido tomada por las nuevas generaciones. No se apaga la llama, se enciende y se reaviva de manera permanente”, concluye.

Las domiciliarias como “favores” y la “discriminación social”

Ante los constantes beneficios excarcelatorios que reciben los condenados por delitos de lesa humanidad, el abogado Pablo Llonto no duda en afirmar que “las responsabilidades de las prisiones domiciliarias es de juezas y jueces que se dejan convencer fácilmente por falsos argumentos de los defensores de los genocidas que invocan cuestiones de salud, que pueden tratarse, todas ellas, en hospitales del Servicio Penitenciario Federal”.

“Los únicos casos que deberían convalidarse son los de enfermedades terminales. Está claro que aquí hay una discriminación social, porque a los mismos presos por delitos comunes que cometieron homicidios y que tienen las mismas afecciones de salud que presentan los genocidas, como diabetes, hipertensión o problemas cardíacos, nos les dan domiciliaria”, expresó.