DDHH
Negacionismo en San Luis y posts con imágenes reivindicando a Videla
Un profesor de la UNSL denunció que le impidieron incluir material científico sobre identidad en una clase práctica.
Lo que tenés que saber
- Leonardo Seguín, docente de la UNSL, denunció censura en una materia de Biotecnología.
- El responsable de la cátedra prohibió usar el “índice de abuelidad” en los trabajos prácticos.
- El docente recibió la acusación de “adoctrinamiento” por incluir contenidos del BNDG.
- El titular de la materia publica en redes sociales mensajes que reivindican a Jorge Rafael Videla.
- Seguín manifestó preocupación institucional y planteó vulneración de libertad de cátedra.
Denuncia por censura en la Universidad Nacional de San Luis
Un episodio en la Universidad Nacional de San Luis generó alarma en la comunidad educativa. El doctor en bioquímica Leonardo Seguín, integrante de la materia Biología molecular e ingeniería genética de la carrera de Biotecnología, denunció que el profesor responsable del curso, Darío Ramírez, le prohibió utilizar el “índice de abuelidad” como ejemplo en los trabajos prácticos. La controversia surgió en septiembre, aunque trascendió días atrás.
El docente expuso la situación en un documento dirigido al decano Sebastián Andujar, donde recordó que el índice constituye una herramienta estadística desarrollada por Mary-Claire King junto a las Abuelas de Plaza de Mayo para identificar nietos apropiados durante la dictadura. Según su relato, el titular de la cátedra lo consideró una forma de “adoctrinamiento”.

Borrado de material y acusaciones internas
Seguín señaló que, como Jefe de Trabajos Prácticos, había pedido a los estudiantes analizar papers científicos y contenidos sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). “Todo el material es subido al classroom de la materia previo a la clase”, explicó. Relató que al día siguiente, “Darío Ramírez decide borrar el material sobre el BNDG, y la razón que esgrime es que es un documento de ‘adoctrinamiento’”.
Hacia ese momento, el docente recibió nuevas restricciones. Ramírez le impidió cargar contenidos sin autorización, tras afirmar que parte del material tenía un sesgo “ideológico de izquierda” y que no correspondía usar “relatos parcializados del pasado”. Según expresó al decano que esta dinámica constituye una vulneración de su libertad de cátedra.

Las publicaciones del titular de cátedra
La polémica se amplificó por los contenidos difundidos por Ramírez en sus redes sociales, donde reivindica a figuras de la última dictadura militar, incluido Jorge Rafael Videla. Entre los mensajes difundidos, publicó: “Recordar que la muerte de este ex presidente y responsable del orden en nuestro país fue un gobierno kirchnerista e izquierda, y un pueblo confundido por la historia distorsionada. Quienes conocemos la verdadera historia los condenaremos siempre”.
En otra publicación, escribió sobre Videla: “Todos lo critican, pero cuando este Sr. fue presidente, no había piquetes cortando calles, no se mantenía a vagos, salías a la calle tranquilo, no había feminazis orinando en la vía pública, deportó a villeros extranjeros y había menos pobres. Había orden, ¿es así o no es así, gente?”.

La trayectoria personal del docente que denunció la censura
Seguín relató que su intención era incorporar una perspectiva de derechos humanos a los contenidos técnicos. Contó además: “Nací en 1977 y soy adoptado. Toda la vida lo supe y conviví muy bien con eso, pero estando en México, escuché una charla sobre ciencia amateur y se me ocurrió que nosotros teníamos algo de eso en el trabajo de las Abuelas. Empiezo a investigar y al tiempo con colegas decidimos hacer un curso llamado ‘Genética y Derechos Humanos’. Más o menos un mes antes de que lo iniciáramos, me llaman de Abuelas de Plaza de Mayo a raíz de una denuncia anónima porque había datos de mi documento y mi partida de nacimiento que no coincidían, por lo que invitaban a hacerme el estudio. No encontraron ninguna correlación, pero me tocó muy de cerca. Fue una vocación que me atravesó”.
“ Aunque las autoridades de la facultad me dijeron que no me preocupara, en las circunstancias que estamos viviendo, me inquieta”, concluyó.

Qué es el Índice de Abuelidad
El Índice de abuelidad es una fórmula estadística que determina con gran precisión la probabilidad de parentesco entre una abuela y su nieto o nieta a partir del análisis de material genético. Nació tras el trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo junto a científicos de distintas instituciones para identificar a niñas y niños apropiados durante la dictadura, en ausencia de sus padres desaparecidos.
A partir de 1983, las Abuelas consultaron universidades y laboratorios para determinar si la comparación genética con abuelas y otros familiares permitiría reconocer identidades robadas. Un equipo integrado por Víctor Penchaszadeh, Eric Stover, Cristián Orrego, Mary-Claire King y otros especialistas desarrolló la fórmula con una eficacia del 99,99%.
Desde su creación, la Justicia la incorporó como prueba. En 1984 permitió restituir la identidad de Paula Logares, primera niña identificada mediante este método. El Banco Nacional de Datos Genéticos fue creado en 1987 por Ley 23.511 para sistematizar estos estudios y resolver filiaciones de personas apropiadas. Hasta la actualidad, el procedimiento permitió restituir 140 identidades.
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A 50 años de La Noche de los Lápices: el boleto estudiantil y la Justicia que tardó décadas
Los reclamos que movilizaron a los estudiantes secundarios en 1976 siguen teniendo una dimensión concreta en el presente: acceder a la educación también implica poder llegar a la escuela. Mientras persisten las dificultades para garantizar el boleto estudiantil, la Justicia continúa reconstruyendo los crímenes de la dictadura y recién en 2024 reconoció la violencia sexual sufrida por las adolescentes secuestradas.
El 16 de septiembre de 1976, en plena dictadura cívico-militar, las fuerzas represivas secuestraron en La Plata a diez estudiantes secundarios que militaban por el Boleto Estudiantil Secundario (BES). Cuatro fueron liberados y el resto continúa desaparecido. El episodio quedó en la memoria colectiva como La Noche de los Lápices.
A 50 años de aquellos secuestros, el reclamo por el acceso a la educación conserva una dimensión concreta: el costo y las condiciones para llegar a una escuela. En un contexto de crisis económica y aumento de las tarifas del transporte, los centros de estudiantes advierten sobre las dificultades que existen actualmente para acceder y sostener el boleto estudiantil.
Al mismo tiempo, los juicios por los crímenes de lesa humanidad siguen reconstruyendo aspectos de la violencia ejercida contra aquellos jóvenes. En 2024, casi cinco décadas después de los secuestros, un tribunal de La Plata reconoció judicialmente la violencia sexual utilizada contra las estudiantes.
El boleto estudiantil, una conquista que todavía genera reclamos
La gratuidad del transporte para estudiantes tiene distintas modalidades según la jurisdicción. Sin embargo, los centros de estudiantes señalan que las diferencias entre CABA y la Provincia de Buenos Aires, sumadas a la burocracia y a las restricciones del beneficio, pueden convertirse en obstáculos para quienes necesitan trasladarse diariamente para estudiar.
Uno de los problemas señalados aparece en los estudiantes que viven en el conurbano bonaerense y cursan en la Ciudad. Las líneas nacionales, identificadas entre los números 1 y 199, atraviesan distintas jurisdicciones, pero los sistemas de boleto estudiantil no siempre están articulados.
«Nos ha pasado en varias ocasiones que como preuniversitarios nos inhabilitaron la SUBE y tuvimos que ir a activarla sacando turno. Tengo amigas que viven en PBA y cursan en Capital y no se les concede el boleto estudiantil», explicó «Malu», integrante del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires (Cenba).
La dificultad no se limita a un trámite. Cuando el beneficio no alcanza para todo el recorrido, el costo del traslado queda nuevamente a cargo de las familias.
Más de $4.500 diarios para llegar a estudiar
De acuerdo con los valores relevados, el cuadro tarifario bonaerense parte de $1.158,97 para el tramo de 0 a 3 kilómetros y supera los $2.053,54 para recorridos de más de 27 kilómetros.
A esos valores se agregan tramos interurbanos de entre $1.455,58 y $1.746,70, además de combinaciones que pueden quedar fuera de los descuentos.
Según la fuente, un estudiante que viaja desde la Provincia hacia la Capital puede gastar más de $4.500 diarios solamente en transporte.
En ese escenario, la posibilidad de acceder a un boleto gratuito no representa solamente una reducción del gasto familiar, sino una condición que puede incidir en la posibilidad concreta de asistir a clases.
El límite de 50 viajes y los estudiantes que necesitan viajar los sábados
Los centros de estudiantes también cuestionan el límite de 50 viajes mensuales, habilitados para días hábiles.
La cantidad puede resultar insuficiente para quienes deben combinar dos o tres colectivos para llegar a la escuela. También genera dificultades para estudiantes que concurren los sábados a instancias educativas o de evaluación.
Entre los casos de cursada en fin de semana, aparece la Escuela Superior Artística en Artes Visuales «Rogelio Yrurtia», cuyos estudiantes pueden asistir los sábados a los Centros de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares (CATE).
De esta manera, una restricción pensada sobre la base de una determinada rutina escolar puede no contemplar las distintas modalidades de cursada que existen dentro del sistema educativo.
Cinco faltas injustificadas y la suspensión del beneficio
Otra de las cuestiones señaladas por los estudiantes es la vinculación entre la asistencia escolar y la continuidad del boleto estudiantil en la Ciudad.
Las modificaciones implementadas por el Gobierno porteño establecen un límite de cinco faltas injustificadas por bimestre. Al perderse la regularidad, se suspende el beneficio del transporte y también pueden pausarse determinadas becas.
«El GCBA modifica el acceso y nos limita a 5 faltas injustificadas por bimestre. Al perder la regularidad, pausan el boleto estudiantil y cualquier beca familiar. Esto dificulta el acceso a la educación a familias de clase baja», sostuvo Eli Cochero, vocero del Centro de Estudiantes del Yrurtia (CEBARY).
Quiénes acceden al boleto estudiantil
En CABA, el beneficio alcanza a estudiantes de Nivel Inicial, Primario y Secundario de escuelas estatales y de instituciones privadas subvencionadas al 100%, con cuota cero. También comprende a estudiantes de Educación Especial, Centros de Educación Profesional y personas adultas que completan su escolaridad.
En la Provincia de Buenos Aires, el boleto estudiantil alcanza a los niveles obligatorios de instituciones de gestión pública y privada con aporte estatal. También se extiende al Nivel Terciario y Universitario de instituciones públicas que cumplen con los requisitos de regularidad académica y distancia mínima.
Las condiciones, por lo tanto, no son idénticas en ambas jurisdicciones. Para quienes viven en una y estudian en la otra, esa diferencia puede traducirse en mayores dificultades para sostener el traslado cotidiano.
La otra deuda: reconocer toda la violencia sufrida
La historia de La Noche de los Lápices también continúa abierta en los tribunales.
Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, de las 361 sentencias por crímenes de lesa humanidad dictadas desde 2006 hasta marzo de 2026, solo el 17% reconoció violencia sexual.
En el caso de las estudiantes secuestradas en La Plata, el reconocimiento llegó en 2024, después de tres años y cinco meses de audiencias en el juicio Brigadas.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata declaró culpables a los diez represores que llegaron a juicio por delitos cometidos contra 605 personas, entre ellos por «abuso sexual con acceso carnal».
La sentencia permitió incorporar judicialmente una dimensión de la violencia represiva que durante décadas permaneció fuera de las condenas.
Los testimonios que permitieron reconstruir los abusos
Uno de los testimonios centrales fue el de Pablo Díaz, sobreviviente de La Noche de los Lápices.
Durante el Juicio a las Juntas de 1985, Díaz declaró que había visto cómo guardias manoseaban a María Clara Ciocchini, de 18 años, en el Pozo de Banfield. También relató que María Claudia Falcone, de 16 años, le había contado que había sido violada.
Ambas permanecen desaparecidas. Décadas después, los hechos fueron reconocidos en el juicio Brigadas.
Por qué la violencia sexual tardó décadas en llegar a las condenas
La fiscal Ana Oberlin explicó que uno de los obstáculos estuvo relacionado con la etapa de instrucción de las causas.
Cuando la violencia sexual no era incorporada durante la investigación inicial, su inclusión en el juicio oral podía resultar difícil. En La Plata, explicó Oberlin, comenzó a admitirse una ampliación durante el debate cuando la víctima ya llegaba al juicio por otros delitos, como tormentos u homicidios.
«Antes, esos delitos, como no habían sido imputados en la etapa de la instrucción, cuando se llegaba al juicio oral no se los podía incluir. Pero en La Plata, ya desde hace un tiempo, cuando el caso de la persona violada o abusada llegó a juicio oral por tormentos, homicidios u otros delitos se hace una ampliación en el debate oral, se acepta y logramos que se condene», explicó la fiscal.
El fallo Martel y la perspectiva de género
Otro antecedente señalado por la fiscal fue el fallo «Martel, Osvaldo Benito y otros», de 2022, de la Corte Suprema.
La discusión judicial durante años estuvo relacionada con la posibilidad de responsabilizar penalmente no solo a quienes ejecutaban directamente la violencia sexual, sino también a quienes realizaban otros aportes a la comisión del delito.
La Corte estableció que no era necesaria la intervención directa para considerar la participación en esos hechos.
Además, los jueces sostuvieron que el Estado argentino tiene el deber de investigar y sancionar las violaciones masivas a los derechos humanos cometidas durante la dictadura y señalaron la necesidad de juzgar estos hechos con perspectiva de género, en línea con los compromisos asumidos por la Argentina en la Convención de Belém do Pará.
A 50 años, una lucha que sigue presente
La Noche de los Lápices quedó asociada para siempre a una generación de estudiantes que reclamaba algo tan concreto como poder trasladarse hasta la escuela sin que el costo del boleto fuera una barrera.
Medio siglo después, ese derecho continúa atravesado por las condiciones económicas, las diferencias entre jurisdicciones, los límites de viajes y los requisitos de regularidad.
En paralelo, la Justicia todavía avanza sobre aspectos de aquellos crímenes que durante décadas no fueron reconocidos en las sentencias. La incorporación de la violencia sexual a las condenas permitió ampliar la reconstrucción de lo ocurrido con las estudiantes secuestradas.
El reclamo por el boleto estudiantil y la búsqueda de verdad y justicia forman parte, desde distintas dimensiones, de una misma memoria: la de una generación de jóvenes que convirtió el derecho a estudiar en una bandera y que fue perseguida por hacerlo.
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