Investigación 🔎
“Si sirve que yo esté preso, prefiero quedarme”: la frase de García Furfaro a su abogado
Gastón Marano, defensor del empresario en la causa del fentanilo mortal, se refirió a la situación de su cliente y sostuvo que su declaración indagatoria “es sagrada”.
El abogado Gastón Marano, defensor de Ariel García Furfaro, afirmó que la declaración indagatoria de su cliente ante el juez federal Ernesto Kreplak en La Plata “es sagrada”. Según Marano, el empresario explicará su trayectoria profesional y cómo se insertó en la industria farmacéutica.
Marano, quien se presentó en los Tribunales de La Plata para asistir a su defendido, anticipó que se tratará de una declaración extensa. Previo a la misma, se reuniría con García Furfaro para ultimar detalles. El empresario está acusado en la causa que investiga el envenenamiento con fentanilo contaminado que provocó la muerte de 24 personas.
La defensa de García Furfaro y el rol técnico
El letrado aseguró que García Furfaro «era únicamente el dueño de los laboratorios, pero no personal técnico». En este sentido, sostuvo que los fallos mencionados en la causa, que él mismo leyó, «requieren de un nivel de sofisticación que Ariel no tenía». Además, aclaró que la normativa no exige al empresario tener dichos conocimientos.
Marano destacó que su cliente contaba con «una cadena de empleados adecuados a la solicitud de la ANMAT». Esta afirmación apunta a desligar a García Furfaro de la responsabilidad técnica en el proceso que derivó en la contaminación.
«Si sirve que yo esté preso…»
Respecto a la posibilidad de solicitar la excarcelación de García Furfaro, Marano generó incertidumbre. A diferencia de Nilda Furfaro, madre del acusado, quien obtuvo prisión domiciliaria, el abogado señaló que no sabe si pedirá la libertad de su cliente.
En este punto, relató una conversación con el empresario. Según Marano, García Furfaro le dijo: «Si sirve que yo esté preso para que baje la presión de esto, prefiero quedarme acá». Esta declaración introduce un elemento de sacrificio personal en el discurso del defendido, buscando quizás una empatía pública.
Ariel García Furfaro enfrenta una pena de hasta 25 años de prisión si es hallado culpable en la causa por el fentanilo adulterado.
Puntos clave
- El abogado de Ariel García Furfaro calificó la declaración de su cliente como “sagrada”.
- El empresario, acusado en la causa del fentanilo, explicará cómo llegó a la industria farmacéutica.
- La defensa sostiene que García Furfaro era el dueño de los laboratorios, pero no tenía rol técnico.
- El abogado no confirmó si pedirá la excarcelación de su cliente.
- García Furfaro le habría manifestado a su defensor que prefiere «quedarse» preso si eso ayuda a «bajar la presión».
Investigación 🔎
“Es lo que tenemos que rendir adentro”: los audios que derrumban la gestión del SIRA
La Justicia federal levantó el secreto de sumario en la causa que investiga un aceitado esquema de sobornos para destrabar permisos de importación durante 2022 y 2023. Los peritajes telefónicos revelaron que los intermediarios cobraban entre el 10% y el 15% del valor de cada operación.
Escándalo SIRA: destapan red de coimas para liberar importaciones
★ El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi dieron un paso decisivo este viernes al levantar el secreto de sumario en una de las derivaciones más resonantes de la causa vinculada al «rulo» financiero del dólar blue. Los peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio del empresario Elías Piccirillo, dejaron al descubierto la existencia de un «sistema paralelo» que operaba para destrabar permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el período 2022-2023.
Según el expediente judicial, la organización cobraba retornos que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de la importación, calculados tanto al tipo de cambio oficial como al denominado «blue», según el acuerdo alcanzado entre las partes.
«Tengo uno al 12»: los chats que incriminan
La investigación identificó a Ariel Germán Saponara, un abogado con antecedentes en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, de acuerdo a los registros del expediente, figuraría actualmente como personal de la Presidencia de la Nación, como uno de los nexos principales del esquema. En los diálogos de WhatsApp analizados por los peritos, Saponara le consultaba a Migueles si contaba con contactos para «liberar» declaraciones de importación correspondientes a autoelevadores y repuestos.
«A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13», expresó Migueles en uno de los audios recuperados, evidenciando el margen de ganancia que retenían los intermediarios por encima de la coima que debían «rendir» internamente.
El esquema permitía que las empresas obtuvieran la aprobación de sus permisos en apenas una semana o diez días, cuando los plazos habituales del sistema, en el marco de la crisis de reservas que atravesaba el Banco Central durante ese período, superaban los 90 e incluso los 120 días.
«Pipo» y los nexos en el interior del sistema
Otro de los protagonistas centrales de la trama es Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación. En los audios analizados, Caputto detalló con precisión los costos para «mover» los expedientes dentro del organismo: «Es el 15% oficial el costo… es lo que tenemos que rendir adentro», explicó en un mensaje de voz dirigido a Migueles, describiendo además cómo se pesificaba el monto al dólar oficial para luego convertir la ganancia neta a dólares billete.
En uno de los casos testigos identificados por la instrucción, vinculado a la empresa Neme S.A., Migueles dio instrucciones precisas para que el dinero de la coima fuera entregado en una oficina sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.
Allanamientos y más de 50 personas bajo la lupa
Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Lijo ordenó una serie de allanamientos que afectaron a financistas vinculados al esquema, entre ellos Gonzalo «Gonzalote» Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro «El Turco» Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo investigación.
El fiscal Picardi también sigue el rastro de otros dos intermediarios mencionados en las escuchas bajo los apodos «Pato» y «La Señora«. Esta última sería una pieza clave de la organización, ya que, según versiones extraoficiales que maneja la instrucción, habría desempeñado funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores, con capacidad real para dar el visto bueno final a los permisos de importación.
La causa promete seguir escalando en las próximas semanas. Los peritajes tecnológicos continúan arrojando nombres de firmas importadoras de gran envergadura que habrían accedido a pagar estos «peajes» para mantener su operatividad durante el período de cepo cambiario.
Puntos clave:
- El juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi levantaron el secreto de sumario en la causa SIRA este viernes 8 de mayo.
- Los permisos de importación se aprobaban en una semana mediante sobornos de entre el 10% y el 15% del valor de la operación.
- El abogado Ariel Germán Saponara, vinculado a Presidencia de la Nación, es señalado como nexo principal del esquema.
- Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto instruyó el pago de un 15% calculado al tipo de cambio oficial como «rendición interna».
- Hay más de 50 personas y empresas investigadas; los peritajes continúan.
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