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Avión venezolano: imputaron al piloto iraní señalado por el FBI

Los tripulantes de aquel vuelo se encuentran en la Argentina con prohibición de salir del país: sus pasaportes se encuentran retenidos por la justicia federal.

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La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, imputó este martes al piloto iraní señalado por el FBI y requirió investigar a toda la tripulación que llegó en el avión venezolano que aterrizó en la Argentina el 6 de junio, bajo la sospecha de que puede estar vinculado con actividades asociadas al terrorismo internacional, informaron fuentes judiciales.

En un dictamen presentado esta tarde ante el juez federal lomense Federico Villena, la fiscal resaltó la necesidad de proseguir la investigación «respecto de Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo», informaron a Télam fuentes judiciales.

Los investigadores creen que el arribo del avión de Emtrasur con una tripulación compuesta de 14 ciudadanos venezolanos y 5 iraníes pudo haber sido en realidad «un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización».

Los tripulantes de aquel vuelo se encuentran en la Argentina con prohibición de salir del país: sus pasaportes se encuentran retenidos por la justicia federal.

La investigación, señalaron las fuentes consultadas, apunta a determinar las irregularidades que circularon en torno a la tripulación que arribó a bordo del avión Boeing 747 de la compañía Emtrasur con matrícula venezolana YV3531, y, a partir de ello dilucidar, si ese vuelo tuvo otros objetivos que no fuera el declarado, de transportar autopartes para la firma Volkswagen.

El avión llegó a la Argentina el 6 de junio a las 15.30, a la Terminal de Cargas TCA del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, y desde su arribo al país quedó envuelto en una serie de controversias: no logró conseguir combustible en este país como para regresar a Caracas y Uruguay le prohibió el acceso a su espacio aéreo cuando intentó hacerlo en Montevideo.

El mismo 6 de junio pasadas las 18, según indicaron a esta agencia fuentes vinculadas a la investigación, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) recibió una comunicación por parte de un delegado de ese organismo en Paraguay hacía referencias a la aeronave que horas antes había aterrizado en Buenos Aires.

La causa comenzó a tomar forma pocos días mas tarde cuando la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) se presentó ante el juzgado federal de Lomas de Zamora, reclamó que se investigue a la tripulación del avión por posibles vínculos con el terrorismo internacional y pidió ser tenida por querellante.

«Atento las características del hecho que se investiga y siendo mi representada no solo una entidad que representa a la comunidad judía argentina sino además víctima directa del atentado a las sedes de la AMIA- DAIA, entiendo que se encuentra debidamente legitimada para ser parte en esta acción», decía aquella presentación.

Entre las primeras medidas de prueba, el juez Villena y la fiscal Incardona le habían pedido al FBI y otras agencias y organismos extranjeros que informaran sobre investigaciones que pudieran haberse llevado a cabo sobre los 19 tripulantes del avión que aterrizó en Argentina.

«De todas las agencias y organismos estatales requeridos, las autoridades del FBI informaron que Gholamreza Ghasemi es CEO, miembro del consejo de administración de Qeshm Fars Air y, también, piloto», informaron las fuentes consultadas.

La firma Qeshm Fars Air «fue identificada por el Tesoro de los Estados Unidos en 2019 debido a su participación directa en la actividad terrorista, afirmando, además, que dicha empresa proporciona asistencia a Qods Force y a la aerolínea iraní Mahan Air, las cuales han sido designadas como entidades terroristas», detallaron.

La empresa de aviación Mahan Air -que era la propietaria del avión que luego pasó a Emtrasur- fue sancionada en octubre de 2011 por la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos) por proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico y transportar armas y personal para Hezbollah, según surge de la información proporcionada por el FBI.

Las fuentes consultadas señalaron que el documento aportado por el FBI «dice expresamente que, sin autorización expresa del FBI en una comunicación separada, la información allí consignada sólo puede ser utilizada para inteligencia», pero aseguraron que a pesar de esta salvedad, con el avance de las tareas investigativas llevadas adelante, surgieron varios rastros que imponen la necesidad de proseguir la investigación.

En ese punto señalaron que el principal sospechoso es Ghasemi Gholamreza, pero que la pesquisa debería avanzar sobre toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo.

La fiscalía señaló en su dictamen que se impone investigar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a la Argentina fue exclusivamente el de transportar mercadería de autopartes, o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas y vinculadas con el terrorismo internacional.

«En este sentido, parte de la actividad preventiva que debe motivar el accionar estatal es justamente averiguar las razones de estas irregularidades, con la finalidad de despejar toda duda al respecto», señalaron las fuentes consultadas.

«Debe acreditarse de modo fehaciente la titularidad de la aeronave y corroborar si la firma Mahan Air tiene aún algún tipo de vinculación con aquélla», indicaron, a la vez que reseñaron que Mahan Air, es considerada una compañía que colabora con organizaciones terroristas de su país de bandera.

La información de inteligencia del FBI -señalaron las fuentes- menciona que una de las modalidades de actuación de organizaciones como la que se supone investigada «es utilizar vuelos civiles para transportar clandestinamente armas, componentes militares avanzados, entre otros elementos».

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Los voceros consultados señalaron que también existen inconsistencias en la información respecto de quienes componen la tripulación que llegó a la Argentina y que deberá indagarse aún más por el contenido de la carga, con la finalidad de verificar si coincide la operación comercial declarada con el contenido real de la mercadería que transportaba el avión.

En este marco investigativo, la fiscal requirió que el expediente quede bajo secreto de sumario, a lo que accedió el juez Villena.

El juez había dictado una medida urgente para que la Dirección Nacional de Migraciones mantuviera retenidos, al menos por otras 72 horas, los pasaportes de los cinco iraníes que conformaban la tripulación.

En la misma resolución, aceptó como querellante a la DAIA, y señaló que esa condición le fue conferida en su «carácter de representante de la comunidad judía argentina que sufriera el atentado a la AMIA/DAIA como víctima directa perpetrado el día 18 de julio de 1994, lo cual le genera un interés genuino para que se investiguen los hechos denunciados».

Los iraníes son Mohammad Khosraviaragh, Gholamreza Ghasemi, Mahdi Mouseli, Saeid Vali Zadeh y Abdolbaset Mohammadi.

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San Luis: comenzaron nuevas pericias dónde desapareció Guadalupe

La niña desapareció el 14 de junio de 2021, a las 19:30 horas, cuando jugaba en la puerta de su casa en el barrio 544 Viviendas, en el sur de la ciudad de San Luis, junto a sus primos y primas.

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El-Argentino-Guadalupe Lucero

Un grupo de expertos e integrantes del sistema federal de búsqueda de personas (Sifebu) comenzaron este martes las tareas de reconstrucción de la desaparición de Guadalupe Belén Lucero, la niña vista por última vez el 14 de junio del 2021 en un barrio de la ciudad capital de San Luis.

Según la resolución emitida por el fiscal federal, Cristian Rachid, “la medida tiene como objetivo contribuir al esclarecimiento del hecho y a la adopción de nuevas diligencias probatorias tendientes a dilucidar aquellos puntos que surjan durante su desarrollo”.

Por ello un equipo de Gendarmería Nacional comenzó este martes trabajos de peritajes y mediciones en el barrio 544 Viviendas, en la zona sur de esta capital, donde desapareció el 14 de junio del año pasado la niña junto a integrantes del Sistema Federal de Búsqueda de personas desaparecidas (Sifebu) del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Las tareas de mediciones comenzaron en la denominada “zona cero”, el lugar donde se vio por última vez a Guadalupe y se extendieron hasta unas cuatro cuadras de ese punto y acompañaron a los expertos personal de la Fiscalía Federal, a cargo de Cristian Rachid.

Las nuevas medidas fueron decididas el 14 de junio último, al cumplirse un año de la desaparición de la pequeña por los fiscales federales de San Luis, Rachid y Leonel Gómez Barbella, y los titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, integrantes del equipo fiscal.

Ese día unas 3.000 personas, entre familiares de Guadalupe Belén Lucero y organizaciones sociales, marcharon por el centro puntano, al cumplirse un año de la desaparición de la niña, cuando se encontraba jugando en el barrio 544 Viviendas en San Luis, y reclamaron la renuncia del Ministro de Seguridad local, Luciano Anastasi y de la cúpula policial de San Luis.

La investigación, que se tramita desde diciembre pasado en el fuero federal, comenzó a tener las primeras intervenciones a fines de abril, cuando cerca de 100 gendarmes hicieron nuevos rastrillajes en la provincia, en un predio de 60 hectáreas, por pedido del fiscal de la causa, Cristian Rachid, de los cuales no surgieron elementos que puedan dar con el paradero de Guadalupe.

Guadalupe desapareció el 14 de junio de 2021, a las 19:30 horas, cuando jugaba en la puerta de su casa en el barrio 544 Viviendas, en el sur de la ciudad de San Luis, junto a sus primos y primas.

La niña es de tez trigueña y al momento de su desaparición tenía el cabello lacio por debajo de los hombros y un lunar en la mejilla izquierda.

Los distintos operativos de búsqueda generaron una gran movilización en San Luis: diferentes fuerzas de seguridad, tanto provinciales como nacionales, comenzaron a intervenir conforme pasaron los días.

Bomberos de la Policía y Prefectura Naval Argentina rastrillaron 18 lagos y perilagos de la provincia, usaron perros, georradares y un vehículo operado a distancia por control remoto que se sumergía.

Se rastrilló un total de 1.500 sectores, se tomaron más de 900 declaraciones y hubo 465 allanamientos en distintas zonas de la ciudad y provincias como Mendoza, Córdoba, Neuquén, Rio Negro, La Pampa y Salta.

Además, se secuestraron y peritaron más de 100 celulares y se analizaron más de 150 dispositivos electrónicos portátiles con la intervención de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos, y se revisaron 3.000 horas de filmación de 113 cámaras de la zona, públicas y privadas.

El propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, y diferentes ministros del gabinete nacional, recibieron y manifestaron públicamente el apoyo a la familia de Guadalupe.

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