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ONGs advierten sobre «gravedad» de dos dictámenes de la Procuración contra la ley del aborto

ONGs alertan sobre la «gravedad» de dictámenes de la Procuración que reconocen legitimación a grupo antiabortista. Corte tiene oportunidad de frenar litigio contra ley clave para mujeres.

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Un grupo de organizaciones de la sociedad civil advirtió hoy sobre la «gravedad» de dos dictámenes de la Procuración General de la Nación que le reconoce legitimación a un grupo de ciudadanos y a una asociación civil para actuar en representación de los derechos del «colectivo de personas por nacer”, y sostuvo que, ahora, la Corte Suprema de Justicia tiene la «oportunidad de frenar el litigio infundado» contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), «clave para millones de mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar».

Se trata de un pronunciamiento firmado por las organizaciones Amnistía Internacional Argentina, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y Fundación Mujeres x Mujeres, a raíz de dos dictámenes firmados en la última semana por Laura Monti, procuradora fiscal adjunta de la Procuración General de la Nación en relación a la IVE.

En ellos, indicaron las ONGs, la procuradora fiscal adjunta «reconoce la legitimación de un grupo de ciudadanos y una asociación civil para representar a las señaladas ‘personas por nacer’ ante el Poder Judicial«, una interpretación que -señalaron las organizaciones- «no tiene respaldo en la jurisprudencia» .

«Ningún tribunal ha reconocido en una sentencia definitiva la posibilidad de representar colectivamente a las ‘personas por nacer’«, advirtieron las ONGs a través de un comunicado de prensa conjunto.

Monti emitió esos dictámenes en dos causas: una liderada por Cristina Fiore Viñuales y otra por la organización Portal de Belén, ambas iniciadas para cuestionar la constitucionalidad de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

«En ambos casos, si bien afirma seguirla, Monti se aparta de la jurisprudencia de la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre representación colectiva. También en las dos causas, las partes peticionantes buscan convertir en un ‘caso’ (para discutirse en los tribunales de justicia) lo que en verdad es una disconformidad general con la ley», detallaron las organizaciones en el comunicado conjunto.

La procuradora fiscal basó su decisión en el artículo 1 de la Ley 26.061 de Protección Integral a la Niñez para sostener la legitimación.

«De esta manera, desnaturalizó el sentido de la ley e ingenió una suerte de ‘acción popular’ que permitiría que cualquier ciudadano accione por fuera de un caso concreto. No solo eso, sino que además, equiparó a las ‘personas por nacer’ a niños, niñas y adolescentes», resaltaron las organizaciones.

En ese marco, indicaron que en los dictámenes no se tuvieron en cuenta «las exigencias del artículo 116 de la Constitución Nacional, del Código Civil y Comercial de la Nación y de las acordadas y jurisprudencia de la Corte sobre procesos colectivos, creando una situación de inseguridad jurídica».

Esta decisión de Monti -señalaron- «es grave porque admite que un grupo de ciudadanos cuestione a través de un juicio una ley votada por todas las fuerzas políticas sin que se acredite que hay un derecho afectado o un daño concreto y, en la misma acción, le atribuya una representación colectiva inexistente para el ordenamiento jurídico argentino».

«El debate democrático ya se dio en el Congreso y trazó una línea para un acuerdo social básico de derecho a la salud y a la vida, a través de la despenalización y legalización del aborto«, resaltaron.

Los expedientes estaban a la espera de dictamen desde hace un año y medio «pero fueron emitidos dos días después de que el doctor Rodolfo Barra fuera designado Procurador del Tesoro de la Nación, pese a que aún ejercía como abogado patrocinante de la causa ‘Fiore Viñuales'», señalaron las organizaciones.

En este sentido, aseguraron que Barra, «en su carácter de reciente Procurador del Tesoro, tiene un conflicto de interés, de acuerdo a la Ley de Ética Pública, que lo hace incompatible con la defensa de la Ley IVE 27.610. Por eso, corresponde que se excuse de intervenir en las causas contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y en todo asunto relacionado con el derecho al aborto».

Asimismo, consignaron que hicieron una presentación ante la Procuración del Tesoro de la Nación y pusieron en conocimiento de esa situación a la Oficina Anticorrupción.

La Ley IVE fue sancionada en diciembre de 2020 y promulgada en enero de 2021.

Desde 2021, del total de acciones judiciales que se iniciaron en contra de la ley, 34 fueron rechazadas por tribunales de diferentes jurisdicciones del país.

Sólo 3 llegaron a la Corte «pero no para que decida sobre su constitucionalidad, sino para determinar si quienes promovieron esas acciones tienen derecho a hacerlo representando al colectivo de ‘personas por nacer'», precisaron las ONGs.

Además, recordaron que los dictámenes de la Procuración General de la Nación «no son vinculantes para la Corte, que puede definir los criterios jurídicos aplicables, sin tomar en cuenta esas recomendaciones».

«Por eso, la Corte ahora tiene la responsabilidad de volver a situar las acciones colectivas para los propósitos que fueron creadas, evitar que sean forzadas conceptualmente y que se vulneren las garantías del debido proceso. Es su oportunidad de frenar el litigio infundado contra una ley vigente y clave para millones de mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar», concluyeron las organizaciones.

Fútbol & Goles!

“Ya cumplió su sentencia”: Riquelme justificó el regreso de Villa a Boca

El presidente de Boca Juniors respaldó la reincorporación del delantero colombiano condenado por abuso sexual y violencia de género, afirmó que el jugador merece una segunda oportunidad y evitó hablar de la posible salida de Exequiel Zeballos. La decisión reaviva el debate sobre los límites del deporte frente a la violencia machista.

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El negocio antes que la ética: cómo Boca normalizó el regreso de un condenado por violencia de género.

Juan Román Riquelme salió a defender públicamente la polémica incorporación de Sebastián Villa a Boca Juniors, el delantero colombiano que cumplió una condena de dos años y un mes de prisión en suspenso por violencia de género. «En el momento que tuviera una sentencia dejaría de jugar, y fue lo que pasó. Ya cumplió su sentencia», afirmó el presidente del club, deslizando que, desde su perspectiva, la deuda del futbolista con la justicia está saldada y el asunto queda cerrado.

El dirigente agregó que había sido «una suerte» tenerlo en el plantel antes de que se dictara la condena judicial, y se refirió a los momentos previos al fallo como «momentos raros» que Villa debió atravesar, colocando el foco en la incomodidad del acusado durante el proceso judicial y no en los hechos que motivaron esa condena ni en la víctima. La elección de las palabras no fue casual: en ningún momento de sus declaraciones Riquelme mencionó el nombre de Daniela Cortés, la mujer que denunció al jugador.

Una historia de contradicciones

La postura actual de Riquelme contrasta de manera notable con sus propios dichos de los últimos años. En distintas instancias el dirigente había afirmado que Villa «le faltó el respeto al club, a la camiseta y a sus compañeros», en referencia a las tensiones contractuales que antecedieron a su salida. Ahora, ese mismo presidente es quien encabezó las negociaciones para abonar alrededor de 6,5 millones de dólares por el cien por ciento del pase del futbolista y ofrecerle un contrato por cuatro temporadas.

La historia entre Villa y Boca estuvo signada por un rosario de denuncias. En 2020, el colombiano fue acusado por primera vez por violencia de género por parte de su entonces pareja. En 2022, una nueva denuncia lo señaló por abuso sexual y tentativa de homicidio. La jueza Claudia Dávalos lo encontró culpable y dictó la condena en suspenso. Posteriormente, la Justicia elevó a juicio oral una causa adicional por abuso sexual con acceso carnal, delito que, de resultar en condena, implicaría prisión efectiva. El proceso judicial, en ese sentido, no está completamente cerrado.

El deporte como escudo y la víctima invisibilizada

El regreso de Villa a la Ribera desencadenó un debate que excede con creces al ámbito futbolístico. Organizaciones de mujeres y colectivos feministas cuestionaron con dureza la decisión de Boca, señalando que la readmisión de un futbolista con condena judicial por violencia de género envía un mensaje regresivo sobre los valores que el club elige priorizar. El argumento de que Villa «ya cumplió» elude deliberadamente cualquier reflexión sobre las consecuencias para la víctima y sobre el mensaje institucional que implica premiar con un contrato millonario a quien fue hallado culpable.

No es la primera vez que el fútbol argentino enfrenta esta tensión. El deporte de masas ha funcionado históricamente como un espacio de excepción donde las normas que rigen para el resto de la sociedad se negocian, se relativizan o directamente se ignoran cuando el talento y el negocio están de por medio. La lógica del rendimiento deportivo opera como atenuante extraoficial, un criterio que no figura en ningún código penal pero que en la práctica determina el destino laboral de los condenados por violencia contra las mujeres.

Arruabarrena, primer nombre; Zeballos, en la puerta de salida

En el marco de esa misma conferencia, Riquelme confirmó que el entrenador Rodolfo «Vasco» Arruabarrena fue su primera y única opción para reemplazar a Claudio Úbeda al frente del equipo de cara al segundo semestre. La elección del técnico no generó controversias y fue descripta por el propio dirigente como una decisión tomada sin dudar.

Sobre la situación de Exequiel Zeballos, Riquelme declinó hacer declaraciones, aunque el escenario está prácticamente definido: el delantero manifestó a Arruabarrena su deseo de emigrar al exterior y su contrato vence en diciembre de 2026. La incorporación de Villa, precisamente, responde en parte a la necesidad de cubrir el puesto de extremo que dejaría vacante Zeballos. El nuevo técnico busca implementar un esquema con tres delanteros y necesita con urgencia alternativas en esa posición.

El negocio y sus prioridades

Durante su primera etapa en Boca, Villa disputó 172 partidos, convirtió 29 goles, repartió 32 asistencias y conquistó siete títulos. En el último semestre con Independiente Rivadavia acumuló 20 encuentros, tres goles y ocho asistencias. Desde el punto de vista estrictamente deportivo, el colombiano regresa en un buen nivel. La pregunta que la institución eligió no hacerse, o al menos no responder públicamente, es otra: qué lugar ocupa la víctima en este balance entre el rendimiento y la ética institucional.

Riquelme, que construyó buena parte de su imagen pública sobre la lealtad y el respeto a los valores del club, cerró el tema con la misma lógica con la que lo abrió: la Justicia ya habló, el jugador pagó su deuda, y el fútbol puede seguir. Lo que no dijo, y lo que el debate social insiste en señalar, es que las condenas en suspenso no borran los hechos, y que una institución de las dimensiones de Boca Juniors tiene también la responsabilidad de elegir qué tipo de mensajes envía con sus decisiones más resonantes.

Puntos clave

  • Riquelme defendió el regreso de Villa argumentando que «ya cumplió su sentencia» de dos años y un mes de prisión en suspenso por violencia de género.
  • Boca pagará aproximadamente 6,5 millones de dólares por el cien por ciento del pase y le ofrecerá contrato por cuatro temporadas.
  • Villa enfrenta aún una causa adicional por abuso sexual con acceso carnal elevada a juicio oral, con posibilidad de condena de cumplimiento efectivo.
  • Arruabarrena fue confirmado como DT y Zeballos tiene un pie fuera del club, lo que impulsó la búsqueda de extremos en el mercado.
  • Organizaciones feministas cuestionaron la decisión institucional de Boca por el mensaje que implica frente a las víctimas de violencia de género.

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