ONGs advierten sobre «gravedad» de dos dictámenes de la Procuración contra la ley del aborto
ONGs alertan sobre la «gravedad» de dictámenes de la Procuración que reconocen legitimación a grupo antiabortista. Corte tiene oportunidad de frenar litigio contra ley clave para mujeres.
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil advirtió hoy sobre la «gravedad» de dos dictámenes de la Procuración General de la Nación que le reconoce legitimación a un grupo de ciudadanos y a una asociación civil para actuar en representación de los derechos del «colectivo de personas por nacer”, y sostuvo que, ahora, la Corte Suprema de Justicia tiene la «oportunidad de frenar el litigio infundado» contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), «clave para millones de mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar».
Se trata de un pronunciamiento firmado por las organizaciones Amnistía Internacional Argentina, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y Fundación Mujeres x Mujeres, a raíz de dos dictámenes firmados en la última semana por Laura Monti, procuradora fiscal adjunta de la Procuración General de la Nación en relación a la IVE.
En ellos, indicaron las ONGs, la procuradora fiscal adjunta «reconoce la legitimación de un grupo de ciudadanos y una asociación civil para representar a las señaladas ‘personas por nacer’ ante el Poder Judicial«, una interpretación que -señalaron las organizaciones- «no tiene respaldo en la jurisprudencia» .
«Ningún tribunal ha reconocido en una sentencia definitiva la posibilidad de representar colectivamente a las ‘personas por nacer’«, advirtieron las ONGs a través de un comunicado de prensa conjunto.
Monti emitió esos dictámenes en dos causas: una liderada por Cristina Fiore Viñuales y otra por la organización Portal de Belén, ambas iniciadas para cuestionar la constitucionalidad de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
«En ambos casos, si bien afirma seguirla, Monti se aparta de la jurisprudencia de la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre representación colectiva. También en las dos causas, las partes peticionantes buscan convertir en un ‘caso’ (para discutirse en los tribunales de justicia) lo que en verdad es una disconformidad general con la ley», detallaron las organizaciones en el comunicado conjunto.
La procuradora fiscal basó su decisión en el artículo 1 de la Ley 26.061 de Protección Integral a la Niñez para sostener la legitimación.
«De esta manera, desnaturalizó el sentido de la ley e ingenió una suerte de ‘acción popular’ que permitiría que cualquier ciudadano accione por fuera de un caso concreto. No solo eso, sino que además, equiparó a las ‘personas por nacer’ a niños, niñas y adolescentes», resaltaron las organizaciones.
En ese marco, indicaron que en los dictámenes no se tuvieron en cuenta «las exigencias del artículo 116 de la Constitución Nacional, del Código Civil y Comercial de la Nación y de las acordadas y jurisprudencia de la Corte sobre procesos colectivos, creando una situación de inseguridad jurídica».
Esta decisión de Monti -señalaron- «es grave porque admite que un grupo de ciudadanos cuestione a través de un juicio una ley votada por todas las fuerzas políticas sin que se acredite que hay un derecho afectado o un daño concreto y, en la misma acción, le atribuya una representación colectiva inexistente para el ordenamiento jurídico argentino».
«El debate democrático ya se dio en el Congreso y trazó una línea para un acuerdo social básico de derecho a la salud y a la vida, a través de la despenalización y legalización del aborto«, resaltaron.
Los expedientes estaban a la espera de dictamen desde hace un año y medio «pero fueron emitidos dos días después de que el doctor Rodolfo Barra fuera designado Procurador del Tesoro de la Nación, pese a que aún ejercía como abogado patrocinante de la causa ‘Fiore Viñuales'», señalaron las organizaciones.
En este sentido, aseguraron que Barra, «en su carácter de reciente Procurador del Tesoro, tiene un conflicto de interés, de acuerdo a la Ley de Ética Pública, que lo hace incompatible con la defensa de la Ley IVE 27.610. Por eso, corresponde que se excuse de intervenir en las causas contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y en todo asunto relacionado con el derecho al aborto».
Asimismo, consignaron que hicieron una presentación ante la Procuración del Tesoro de la Nación y pusieron en conocimiento de esa situación a la Oficina Anticorrupción.
La Ley IVE fue sancionada en diciembre de 2020 y promulgada en enero de 2021.
Desde 2021, del total de acciones judiciales que se iniciaron en contra de la ley, 34 fueron rechazadas por tribunales de diferentes jurisdicciones del país.
Sólo 3 llegaron a la Corte «pero no para que decida sobre su constitucionalidad, sino para determinar si quienes promovieron esas acciones tienen derecho a hacerlo representando al colectivo de ‘personas por nacer'», precisaron las ONGs.
Además, recordaron que los dictámenes de la Procuración General de la Nación «no son vinculantes para la Corte, que puede definir los criterios jurídicos aplicables, sin tomar en cuenta esas recomendaciones».
«Por eso, la Corte ahora tiene la responsabilidad de volver a situar las acciones colectivas para los propósitos que fueron creadas, evitar que sean forzadas conceptualmente y que se vulneren las garantías del debido proceso. Es su oportunidad de frenar el litigio infundado contra una ley vigente y clave para millones de mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar», concluyeron las organizaciones.
“Rezamos cada mañana para no dormir en la calle”: huyó de la violencia machista en Argentina y denuncia abandono en España
Valeria De Bernardinis habló con El Argentino sobre la violencia que la obligó a huir del país junto a sus hijos. Hace siete años viven en España entre la precariedad, las secuelas psicológicas y el temor de quedar en la calle, mientras reclaman ayuda urgente del consulado argentino y que la Justicia los reconozca como víctimas para acceder a derechos básicos.
“Vivimos el día a día, prácticamente no tenemos para comer. Rezamos cada mañana para no dormir en la calle esa misma noche”. La frase sale de la boca de Valeria De Bernardinis, pero atraviesa a toda la familia. «Hace 7 años y 145 días» vive en España junto a sus dos hijos menores -hoy 16 y 19 años-, uno de ellos con autismo severo y el otro diagnosticado con trastorno por estrés postraumático. Escaparon de Argentina después de años de violencia extrema, amenazas y denuncias que -asegura- nunca lograron protegerlos del todo.
Hoy, lejos de encontrar tranquilidad, dice sentirse nuevamente abandonada. “El consulado argentino nos ha abandonado literalmente”, denuncia, al tiempo que reclama una vivienda urgente, la restitución de la pensión por discapacidad de uno de sus hijos -suspendida desde febrero- y que la Justicia española finalmente los reconozca a los tres como víctimas de violencia machista, condición que les permitiría acceder a asistencia económica, programas habitacionales y derechos básicos.
Un botón antipánico y 148 denuncias
La historia que hoy la tiene al borde de quedar en la calle comenzó mucho antes de España. Valeria ya era madre de un hijo de 11 años de un matrimonio anterior cuando conoció a Dionisio Ruiz Díaz a comienzos de los 2000. “Él lo quería más que a sus propios hijos”, recuerda con angustia.
Al principio, la violencia fue silenciosa: “Me fue apartando de mis amistades, de todo mi entorno. Me hacía creer que sin él yo no era nadie”. Después llegaron los golpes: “Perdí cinco embarazos por las palizas”. Durante años ocultó la violencia incluso frente a médicos y conocidos. “Decía que me había caído o golpeado con una puerta”, y confiesa que sentía «vergüenza«.
Valeria asegura que convivió durante años con miedo constante. En octubre de 2016 consiguió una perimetral y fue una de las primeras mujeres de Almirante Brown en recibir un botón antipánico. “A mí ese botón me salvó la vida”, asegura.
Pero ni las denuncias ni las restricciones alcanzaron para frenar a su agresor. Según relata, violentaba las órdenes de alejamiento y vigilaba la vivienda permanentemente. Valeria llegó a realizar “59 denuncias en lo civil y 89 en lo penal”. El episodio que terminó de quebrarlo todo ocurrió una semana antes de viajar a España. Según cuenta, su expareja intentó incendiar la casa familiar de Claypole mientras ella y los chicos estaban adentro: “Escondí a mis hijos debajo de la cama y pensé: ‘Que sea lo que Dios quiera’”.
Asimismo, cuenta que la policía llegó después de la activación del botón antipánico y que el hombre «fue detenido con un bidón de combustible en la mano». Sin embargo, horas después recuperó la libertad: “Me dijeron que cuando llegara a mi casa avisara para poder soltarlo”.
Dormían todos juntos en el comedor mientras patrulleros vigilaban la casa durante la noche. Para llevar a su hijo a las terapias necesitaba custodia policial. “A cada hora me llamaban para ver si seguía viva”.
Cabe señalar que la historia de Valeria refleja una problemática estructural que se repite en muchos casos de violencia de género: mujeres que denuncian durante años y aun así continúan expuestas a situaciones extremas. Según el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, de La Casa del Encuentro, durante 2025 hubo 262 víctimas fatales de violencia de género en Argentina: un femicidio cada 33 horas.
Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.
En esta misma línea, la Asociación Civil “Ahora que sí nos ven” registra que entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026 hubo 80 víctimas fatales de violencia de género: un femicidio cada 36 horas. Casi el 20% de esas mujeres había denunciado previamente y en el 70% de los casos los agresores eran parejas o exparejas.
“Hasta que no subí al avión no sabía si iba a seguir con vida”
Después de aquél episodio, escapar fue la única alternativa posible. Valeria consiguió la autorización del padre para sacar legalmente a los chicos del país, vendió su casa y armó las valijas de madrugada. “Hasta que no subí al avión no sabía si iba a seguir con vida”, confiesa.
El refugio apareció a través de Facebook. Una familia española le ofreció alojamiento después de conocer su historia. Pero cuando llegó, asegura, todo fue distinto: “Me usaron”.
Según relata, le quitaron dinero, contactos y documentación y, cuando “se acabó el dinero”, los echaron de la casa en plena pandemia. “Dormíamos en el piso y nos tapábamos con nuestra propia ropa”.
Durante estos años distintas asociaciones y personas particulares les brindaron ayuda. Pero con el tiempo -dice- muchos terminaron alejándose por el desgaste emocional y económico que implicaba sostener una situación tan prolongada. La sensación de haber cometido un error la acompañó desde el comienzo: “Sentí que había cometido el peor error de mi vida”.
El miedo siguió en España
Los hijos de Valeria llegaron a España siendo apenas chicos. Tenían 9 y 11 años. Atrás habían quedado las denuncias, los patrulleros y la violencia cotidiana. Pero el miedo -asegura- nunca desapareció del todo.
El menor fue diagnosticado con un grave trastorno por estrés postraumático. “El desarraigo es enorme. Mi hijo extraña a su hermano mayor, que se quedó en Argentina, y no puede con todo lo que vivimos”, cuenta.
Según relata, las secuelas psicológicas se profundizaron con los años. El menor atravesó situaciones de bullying y discriminación escolar que terminaron afectando seriamente su salud emocional.
Pero lo peor volvió a ocurrir hace tres años. Valeria asegura que su expareja logró encontrarlos en España y secuestró durante varias horas a uno de sus hijos. “Creo que me desmayé cien veces en ese lapso”.
Todavía hoy recuerda esas horas como uno de los momentos más desesperantes de su vida. Para ella, hubo fallas graves que permitieron el ingreso de su agresor al país. “No falló el juez. Falló la policía”.
“No quiero dormir en la calle con mis hijos”
Siete años después de haber escapado de Argentina, Valeria asegura que volvió a sentir el mismo miedo: quedarse sola, sin protección y sin un lugar donde vivir. “La situación es cada vez peor. Vivimos el día a día. Prácticamente no tenemos para comer”, relata.
Hoy reclama que la Justicia española finalmente cierre el expediente y los reconozca formalmente como víctimas de violencia machista, algo que -según denuncia- permanece paralizado desde hace más de siete años en el Juzgado Nº3 de Sant Feliu de Guíxols.
En España, ese reconocimiento puede habilitar el acceso a asistencia económica, programas de vivienda, apoyo psicológico y otras ayudas sociales específicas. “Hasta que no nos reconozcan como víctimas, no podemos acceder a derechos básicos”, explica.
A eso se suma otra urgencia: desde febrero dejó de cobrar la pensión por discapacidad de uno de sus hijos. “Era lo único que me llegaba. Y hasta eso me sacaron”. Valeria asegura haber presentado toda la documentación requerida, incluida la fe de vida ante el consulado argentino en Barcelona, pero afirma que todavía no obtuvo respuestas.
La situación no es aislada. En distintos puntos de Argentina, familias vienen denunciando suspensiones de pensiones por discapacidad, demoras administrativas y falta de respuestas oficiales, en un contexto atravesado por auditorías impulsadas por el Gobierno nacional que alcanzaron a más de 110.000 beneficios durante el último año.
Pero detrás de los expedientes, las auditorías y las demoras administrativas, la urgencia de Valeria y sus hijos es mucho más simple y brutal: sobrevivir. Sin ingresos estables y con miedo constante a quedarse en la calle, intenta sostener a sus hijos como puede. “No quiero dormir en la calle con mis hijos”, repite.
Y aunque el miedo y el agotamiento parecen haber atravesado cada etapa de su vida, hay una ausencia que todavía le duele más que cualquier otra: la de su hijo mayor, que permanece en Argentina y al que no ve desde hace más de siete años. “¿Sabés lo que daría por un abrazo?”, dice con la voz quebrada.
Si queres colaborar con Valeria:
Banco BBVA a nombre de María Valeria De Bernardinis
“Hoy no sé quién soy”
La historia de Valeria también atraviesa otra búsqueda: la de su identidad. En Argentina, Abuelas de Plaza de Mayo estima que todavía quedan alrededor de 300 hombres y mujeres que podrían haber sido apropiados durante la última dictadura militar y aún desconocen su verdadera identidad. “Yo siempre supe que era adoptada”, cuenta.
Según relata, fue criada por un matrimonio italiano y sufrió violencia durante toda su infancia. “Yo siento que me criaron mis secuestradores”.
Años después, mientras revisaba viejas valijas familiares, encontró partidas de nacimiento y comenzó a investigar sus orígenes. Así fue como Valeria logró descubrir quién era su madre biológica. Se llamaba Teresa Sandoval y trabajaba en una casa de Capital Federal.
“Hay toda una historia oscura detrás”, que incluso la llevó a sospechar que pudo haber sido víctima de apropiación ilegal durante la última dictadura militar. “Cuando mi mamá dio a luz, el hijo de esa familia se fue a Israel y la abuela se suicidó. Hay muchas cosas que nunca pude entender”. Hoy, sigue buscando respuestas: “No sé quién soy”.
Línea 102 Si necesitas ayuda o conoces a alguien que esté expuesto a violencia, llamá al 102. Es un servicio gratuito y confidencial, de atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Podés llamar ante una situación de vulneración de derechos. Si vivís una emergencia llama al 911.
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