Movimientos Sociales
Grabois anuncia una «guardia comunicacional y legal de protección de los DDHH» durante la marcha
La iniciativa funcionará como veedora de los derechos humanos durante la movilización. Grabois hace un llamado al diálogo y la empatía, instando a respetar la ley y defender el derecho a la disidencia y las garantías sociales de la Constitución.
El referente del frente Patria Grande y excandidato presidencial Juan Grabois anunció hoy la conformación de una «guardia comunicacional y legal de protección de los derechos humanos» que funcionará durante la protesta y movilización convocada para esta tarde por la Unidad Piquetera, que marchará hacia la Plaza de Mayo.
La iniciativa oficiará «como veedora de los derechos humanos» durante la movilización, y estará ubicada en la intersección de la avenida 9 de Julio y Alsina desde las 15, según anunció Grabois en un posteo en su cuenta de la plataforma X.
Para Grabois, el protocolo de orden público que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, implementará en la movilización convocada para esta tarde está «fuera de la ley» y afirmó que «marchar no es delito, pero el abuso de poder, sí».
En referencia a los dichos de varios funcionarios del Gobierno sobre que «el que corta no cobra», el dirigente sostuvo que «no cobren los ladrones de Edesur y Edenor entonces».
Grabois destacó que, en esta oportunidad no convocará a la movilización, pero que «como abogado comprometido con los derechos humanos y la justicia social«, estará junto a Nacho Levy, comunicador del colectivo La Garganta Poderosa, realizando una guardia comunicacional y legal durante la marcha para «cuidarnos entre todos» y «defender el derecho inalienable a la disidencia y las garantías sociales de los artículos 14 y 14 bis de la Constitución».
«La ostentación de fuerza y la represión nunca fue el camino. Ábranse al diálogo y a la empatía. Y si no pueden, por lo menos respeten la ley», le respondió Grabois a la titular de la cartera nacional de Seguridad.
La guardia comunicacional y legal de protección de los derechos humanos estará compuesta por abogados, periodistas y comunicadores que se encargarán de registrar cualquier abuso policial o violación a los derechos humanos que se produzca durante la marcha.
Los organizadores de la movilización convocaron a una movilización pacífica y sin cortes de calles. Sin embargo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que se implementará un protocolo de orden público que incluye la posibilidad de reprimir los cortes de calles.
La marcha de la Unidad Piquetera se realizará en rechazo a la política económica del Gobierno y en reclamo de aumento de los planes sociales, trabajo genuino y salario mínimo universal.
Gremiales
Gremios y organizaciones marchan contra el fallo de la Corte que “abre” el territorio a extranjeros
Un fallo de la Corte Suprema habilitó la venta ilimitada de tierras a extranjeros e impidió que ex combatientes de Malvinas demanden contra el DNU 70/23. Gremios, organizaciones sociales y ambientalistas marcharon este martes hacia Tribunales, mientras la oposición busca el quórum para derogar el decreto que la izquierda y las CTA califican de inconstitucional.
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia habilitó la venta ilimitada de tierras a ciudadanos extranjeros, dejando sin efecto las restricciones que imponía la Ley de Tierras, y desató una respuesta inmediata de gremios, organizaciones sociales y agrupaciones ambientalistas que se movilizaron este martes hacia Tribunales para rechazar la decisión del máximo tribunal.
La marcha, que partió a las 16 horas, reunió a las dos centrales de la CTA, el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) y decenas de organizaciones que, además de repudiar el fallo judicial, exigieron la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, al que califican de «inconstitucional». El DNU, firmado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión, desreguló amplios sectores de la economía argentina, incluyendo aspectos vinculados al mercado de tierras y la propiedad rural.
Una decisión que habilita la extranjerización
El secretario general de la CTA-Autónoma (CTA-A), Hugo Godoy, fue uno de los primeros en marcar la gravedad de la resolución. «El fallo es grave porque, además de habilitar la venta ilimitada de tierras a extranjeros, invalidó el derecho de los ex combatientes de Malvinas a poder presentar una demanda contra este decreto», sostuvo. La advertencia pone sobre la mesa una paradoja que sacudió el debate público: quienes arriesgaron la vida por defender el territorio nacional quedan excluidos de los mecanismos judiciales para protegerlo.
«Parece ser que los ex combatientes de Malvinas pueden ir a dar la vida para defender la patria, pero no pueden presentar un trámite judicial para evitar que la tierra se extranjerice y que los argentinos vivamos como inquilinos en nuestra propia tierra», graficó Godoy. Y convocó a la movilización hacia Tribunales, a la que definió como «esa cueva de la injusticia que está covalidando semejantes escenarios de entrega».
La oposición busca quórum para derogar el DNU
El secretario general de la CTA de las y los Trabajadores (CTA-T), Hugo Yasky, también adhirió a la convocatoria y articuló la disputa callejera con la batalla legislativa. «Los distintos bloques de la oposición estamos haciendo todo lo posible para reunir quórum y poder discutir tres puntos», explicó: la continuidad de la ley de discapacidad, el endeudamiento de las familias y, en tercer lugar, la derogación del DNU 70/23. «Lo que implicaría resolver de fondo el tema de la extranjerización de las tierras», precisó Yasky.
La dificultad para alcanzar el quórum en la Cámara de Diputados expone la fragmentación de la oposición y la capacidad del oficialismo de La Libertad Avanza para bloquear iniciativas parlamentarias que contradigan la hoja de ruta desreguladora del Ejecutivo. En ese contexto, el fallo judicial llega a actuar como un sustituto de lo que la coalición gobernante no logró imponer por vías legislativas.
Bregman apunta al corazón político del fallo
La diputada nacional Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, fue la voz más directa al cuestionar los resortes políticos detrás de la sentencia. «La Corte Suprema no puede valer más que el rechazo masivo que se expresó contra la venta del país», afirmó. Y fue más lejos: «La gran pregunta ahora es quién llamó a la Corte Suprema para que saquen este fallo sobre Ley de Tierras. No fue casualidad que algo que no pudieron resolver por el Congreso aparece como un fallo», sentenció.
La lectura de Bregman conecta el fallo con un patrón que la oposición viene denunciando: la utilización del Poder Judicial para avanzar con reformas que el Ejecutivo no logra consolidar en el Parlamento. En ese esquema, la Corte no resuelve un litigio; define una política.
Lo que tenés que saber:
- La Corte Suprema emitió un fallo que habilita la venta ilimitada de tierras a extranjeros y deja sin efecto las restricciones de la Ley de Tierras.
- El fallo también anuló la legitimidad de los ex combatientes de Malvinas para demandar judicialmente contra el DNU 70/23.
- Gremios, organizaciones sociales y ambientalistas marcharon este martes hacia Tribunales para rechazar la decisión judicial.
- La oposición busca reunir quórum en Diputados para derogar el DNU 70/23, que también incluye disposiciones vinculadas a la extranjerización de tierras.
- La diputada Myriam Bregman cuestionó que la Corte haya actuado para resolver lo que el oficialismo no pudo imponer en el Congreso.
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