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Energía

El Gobierno prorroga la emergencia energética hasta julio de 2025

¿Solución o parche?.

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El Poder Ejecutivo Nacional oficializó la extensión de la emergencia energética a través del Decreto 1023/2024, prolongando hasta el 9 de julio de 2025 la medida inicialmente establecida por el Decreto 55/2023. La decisión abarca los sectores de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, en un intento de enfrentar la crisis estructural del sistema energético.

Objetivos de la prórroga

El decreto establece que la prórroga tiene como fin garantizar la sostenibilidad y continuidad de los servicios energéticos en condiciones técnicas y económicas aceptables tanto para los prestadores como para los usuarios. La Secretaría de Energía quedó instruida para:

  • Mantener los ingresos en términos reales de las empresas del sector.
  • Cubrir necesidades de inversión necesarias para asegurar la prestación continua de los servicios.
  • Aplazar hasta julio de 2025 la implementación de nuevos cuadros tarifarios, con mecanismos de participación ciudadana para la adecuación tarifaria.

Cambios en los organismos reguladores

El decreto también prorroga la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) hasta que entre en funcionamiento el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, creado por la Ley 27.742.

Se invita a las provincias a coordinar acciones con la Secretaría de Energía para reforzar la prestación de los servicios bajo su jurisdicción, estableciendo una visión unificada para afrontar la crisis.

La emergencia energética, decretada inicialmente en 2023, buscaba atender problemas críticos en la infraestructura y sostenibilidad del sistema energético nacional. No obstante, especialistas señalan que las soluciones estructurales avanzan con lentitud y que el aplazamiento de los aumentos tarifarios puede profundizar la fragilidad financiera de las empresas del sector.

Combustibles ⛽

Precio récord: la nafta super en Argentina supera los $2.000 y duplica la inflación

El litro de nafta super en Argentina superó los $2.000 y es 35% más caro que en Estados Unidos, producto de la política de vincular precios locales a la cotización internacional. Desde febrero, los combustibles acumulan un aumento del 15%, mientras el impuesto duplicó su incidencia en el surtidor.

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Lo que tenés que saber:

  • El precio de la nafta super llegó a $2.000 por litro en marzo
  • Argentina paga más que Estados Unidos por combustibles locales
  • Desde que asumió Milei, la nafta aumentó 514% nominal y 56,9% real
  • El impuesto a los combustibles pasó a representar el 20% del precio final
  • La ejecución de fondos de Vialidad Nacional cayó casi 40% respecto a lo recaudado

Precio récord de la nafta en Argentina

El litro de nafta super alcanzó en marzo los $2.000, un 35% más que el valor promedio en Estados Unidos, según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG). La suba responde al mecanismo de “micropricing” que vincula los precios locales al barril internacional, dejando al consumidor expuesto a conflictos globales como la guerra en Medio Oriente.

Impacto económico y social

Desde febrero, los combustibles aumentaron un 15%, mientras que la inflación general acumulada es del 291,9% desde la llegada del gobierno de Milei. La política de precios eliminó el Barril Criollo, un amortiguador que protegía a los consumidores, y el impuesto a los combustibles pasó de representar el 10% al 20% del precio final, afectando directamente al bolsillo de los argentinos.

Infraestructura vial en crisis

Aunque los ingresos fiscales derivados de los combustibles crecieron, la ejecución de fondos de Vialidad Nacional cayó un 39,8% respecto de lo recaudado. Esto ha generado un deterioro histórico de rutas y pavimentos, aumentando el riesgo de accidentes fatales en el país, mientras se profundiza el ajuste en obra pública.

Conclusión

La nafta argentina se encuentra entre las más caras del continente, superando los precios de Estados Unidos en 35%. El aumento de impuestos y la política de vinculación internacional presionan el bolsillo y deterioran la infraestructura vial, generando un riesgo directo para la economía y la seguridad de los ciudadanos.

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